martes, 19 de junio de 2012
Perú: Newmont acepta condiciones para Conga
Tras una extensa evaluación, minera decidió acoger las recomendaciones incluidas en el peritaje internacional a megaproyecto aurífero en Cajamarca.
La transnacional Newmont Mining Corporation, cuya filial en el Perú es minera Yanacocha, aceptó las condiciones impuestas por el Gobierno para llevar adelante el proyecto aurífero Minas Conga.
Fuentes del ámbito empresarial informaron a Perú21 que la comunicación oficial de la corporación fue alcanzada el jueves 14 de junio al jefe de Estado, Ollanta Humala.
En la comunicación, firmada por el presidente de Newmont, Richard O’Brien, le informan a Humala que el directorio de la compañía, tras una extensa evaluación, ha decidido acoger las recomendaciones incluidas en el peritaje internacional al Estudio del Impacto Ambiental. Buscamos la versión de Yanacocha, pero no hubo respuesta.
“Ya se lo vamos a comunicar”, fueron, en cambio, las palabras de Humala al ser preguntado por Perú21 sobre el tema, tras participar en un evento sobre turismo. Fuentes del Ejecutivo confirmaron la versión pero desconocían si habria un mensaje a la nación.
lunes, 18 de junio de 2012
Marcha de la embarazadas anti-conga en Cajamarca
"El futuro de nuestros hijos y descendencia, depende de la defensa del medio ambiente"
Se convoca a toda la población cajamarquina, del campo y la ciudad; a las organizaciones sociales y sindicales; a los(as) estudiantes de todas las instituciones educativas (universidades públicas y privadas, Institutos pedagógicos y no pedagógicos, escuelas de artes, colegios, academis, etc. Etc.)
A participar de un novesoso mecanismo de lucha como es una marcha de embarazadas, donde saldrán las señoras embarazadas, quienes defienden el futuros de su hijo e hija en camino.
Lugar de concentración: Plazuela Bolognesi 8:a.m.
Recorrido: Plazuela Bolognesi, Amalia Puga, Plaza de Armas, Amalia Puga, José Gálvez, El Comercio, Plaza de armas.
Perú:Universitarios y ronderos inician huelga de hambre contra Conga
Cajamarca radicaliza sus medidas de protesta. A las 6pm de hoy, estudiantes de la UNC y dirigentes de las Rondas Campesinas de la región inician huelga de hambre.
Hasta el cierre de la presente edición, se informó que en esta medida de protesta participan el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca Vladimir Ruíz Caruajulca y el dirigente regional de Rondas Campesinas Hildebrando Mendoza.
Todos en una sola voz... "Conga no va"
Hasta el cierre de la presente edición, se informó que en esta medida de protesta participan el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca Vladimir Ruíz Caruajulca y el dirigente regional de Rondas Campesinas Hildebrando Mendoza.
Todos en una sola voz... "Conga no va"
Perú: Una raya más al tigre: Base de datos para decidir quién es indígena en el Perú
Por Javier La Rosa Calle
18 de junio, 2012.- Se ha publicado la Resolución Ministerial Nº 202-2012-MC que aprueba la “Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios”, la misma que se origina en el artículo 20º de la Ley de Consulta Previa (Ley 29785) y en el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento de la referida ley (Decreto Supremo 001-2012-MC), donde se señalaba que estaba a cargo del Viceministerio de Interculturalidad la responsabilidad de elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial. Nos encontramos entonces ante una nueva disposición que ayuda a completar la regulación jurídica que el Ejecutivo viene haciendo sobre consulta previa para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.
La pertinencia de esta Base de Datos es de índole mayor, ya que si bien se ha señalado que la misma no tiene carácter constitutivo de derechos, en la práctica si lo es por una razón sencilla: Los pueblos indígenas u originarios que no figuren en dicho instrumento no serán sujetos de consulta previa cuando se requiera su opinión frente a una medida que les afecte directamente.
Estamos, por lo tanto, ante una disposición administrativa que requiere el debido análisis y ponderación a la luz de los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas y de los débiles pronunciamientos del Tribunal Constitucional. A lo cual debemos agregar el ya difícil contexto peruano en el cual la definición de quién es sujeto indígena ha sido siempre materia de controversia y de una restrictiva interpretación desde el Estado e incluso de algunos sectores de sociedad civil.
Lo primero que habría que considerar es la validez jurídica de lo que se establece en la Base de Datos, para lo cual tendría que examinarse la consistencia de lo establecido en el numeral VII referido a “acciones de identificación de pueblos indígenas” con lo que se señala en el Convenio 169 de la OIT. Al respecto, en la Base de Datos se menciona que se están considerando los criterios objetivos y subjetivos que establece dicho tratado internacional.
Además, se desarrolla que los criterios objetivos aluden a continuidad histórica; a conexión territorial, entendida como la ocupación de una zona del país por los ancestros de las poblaciones referidas; a instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas conservadas total o parcialmente. Más adelante se dice que el criterio subjetivo está referido a la autoidentificación de las personas que forman parte de un colectivo humano como pertenecientes a un pueblo indígena u originario del territorio nacional.
Hasta aquí se aprecia una repetición de lo señalado en el Convenio 169 de la OIT o en la Guía sobre dicho texto (1). El aspecto crítico está más adelante cuando en el numeral 7.1.5 se señala que la Base de Datos tendrá dos elementos objetivos para el reconocimiento de un pueblo indígena: 1º la lengua indígena y 2º tierras comunales de los pueblos indígenas, debiendo concurrir ambos para evidenciar que existe continuidad histórica desde los momentos anteriores al establecimiento del Estado.
Por ende, si no concurriesen ambos elementos objetivos, un pueblo indígena no sería incorporado en la Base de Datos que le permita ser considerado en la aplicación del derecho a la consulta previa. De ripley.
Dicho de otro modo, para el Ejecutivo será el factor lingüístico y el factor territorial lo determinante para establecer el criterio objetivo que deberá concurrir con el criterio subjetivo de modo que se identifique quien es pueblo indígena u originario, tal como lo señala el artículo 7 de la Ley de Consulta Previa.
La primera pregunta que tendríamos que hacernos es por qué tendrían que considerarse sólo estos elementos para establecer los criterios objetivos. Una segunda pregunta es si se están ciñendo a lo establecido en el artículo 1º del Convenio 169 de la OIT, o si mas bien no se está generando una restricción indebida para una serie de pueblos indígenas u originarios que más allá de la denominación legal, no tienen una lengua diferente del castellano, o porque no tienen tierras comunales.
Les preguntamos a los funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad si han sido conscientes que con esta aplicación limitada están dejando de lado otras instituciones sociales, económicas, culturales o políticas de los pueblos indígenas que se mantienen en todo o en parte en el país y que permiten evidenciar la existencia de un colectivo étnico cultural diferente. Por ejemplo, el caso de las comunidades campesinas de la costa, o el caso de las rondas campesinas autónomas de Cajamarca o Piura.
Consideramos que esta manera de presentar la Base de Datos es una evidencia más de una serie de errores que sigue cometiendo el Ejecutivo que desnaturalizan la aplicación del derecho a la consulta previa que reconoce el Convenio 169 de la OIT. Muestra de ello, es que ni siquiera toman en cuenta los criterios que utiliza la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT cuando, refiriéndose a México en la 76° sesión del año 2005, señalaba que el idioma no podía constituir el único factor de identificación (2). Respecto al caso peruano, si bien no es el único elemento, se ha establecido que es ineludible, con lo que se está estableciendo una forzada interpretación limitativa a los derechos de los pueblos indígenas.
Por lo señalado, creemos que debe rectificarse este error en la medida que haya buena fe gubernamental y vocación sincera de respetar a los colectivos indígenas, evitando seguir marginalizándolos. De otro lado, pudiendo estar de acuerdo con el criterio objetivo de tierras comunales de los pueblos indígenas, éste tendría que entenderse en su interpretación más favorable a estos pueblos (art. 35 del Convenio 169), en el sentido que se alude a la idea de mantenimiento de “comunalidad” en un colectivo. Si esto no ocurriese así estaríamos ante una incoherencia entre el discurso oficial que ofrece cumplir estos derechos especiales y lo que ocurre en la práctica.
Notas:
(1) Organización Internacional del Trabajo. “Los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Práctica. Una Guía sobre el Convenio Num. 169 de la OIT”. 2009.
(2) Idem p. 12
Gremios agrarios exigen participar en debate sobre límite a la propiedad de la tierra
A través de un pronunciamiento, diversos gremios agrarios rechazaron las propuestas legislativas de los congresistas Virgilio Acuña, José León rivera y Juan Carlos Eguren para limitar la propiedad de las tierras. Exigieron se elabore una nueva propuesta con la participación de los agricultores(as) y sus organizaciones representativas con miras a una verdadera inclusión social.
Indican que se debe limitar la extensión de la propiedad de la tierra tomando en cuenta el derecho de consulta a todas las organizaciones agrarias nacionales y regionales; y establecer límites diferenciados en función de la dimensión, ubicación y realidad de cada cuenca o zona, considerando además los tipos de tierra.
Asimismo, esa nueva propuesta debe establecer un impuesto gradual a la concentración de tierras que desmotive la acumulación; garantizar la seguridad jurídica de las tierras comunales e indígenas; y abordarse bajo un enfoque de género que visibilice el problema de las mujeres rurales en el acceso a la tierra y considere su implementación.
El pronunciamiento fue suscrito por representantes de la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE PERÚ), la Confederación Campesina del Perú (CCP), y La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap).
El documento se leyó en la sesión de la Comisión Agraria efectuada el 13 de junio, en la que se debatieron los proyectos de ley: N° 545/2011-CR, que propone promover la democratización y el acceso de las tierras agrícolas en el Perú y el N° 763/2011-CR, que propone establecer límites de extensión de la propiedad de la tierra agrícola y/o con aptitud agrícola.
Se abordó además el proyecto de ley N° 201/2011-CR, que propone modificar el artículo 13 de la Ley 26505 Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Los asistentes a la sesión acordaron votar en una próxima sesión.
domingo, 17 de junio de 2012
Perú: El caso de la carretera Iñapari – Puerto Esperanza
Por Marc Dourojeanni (*)
Unos días atrás se conoció el proyecto de Ley N° 1035/2011-CR proponiendo se declare de Interés Público y Necesidad Nacional construir una carretera o una línea férrea entre Iñapari (Tahuamanu, Madre de Dios) y Puerto Esperanza (Purús, Ucayali). Esta vía, bastante larga, correría estrechamente paralela a la frontera con el Brasil y en su recorrido atravesaría el Parque Nacional Alto Purús y afectaría asimismo la Reserva Comunal Purús. Además, en esa región existen indígenas en aislamiento voluntario.
La propuesta es justificada en base: (i) al indiscutible aislamiento de la pequeña población residente en esa punta lejana del territorio peruano y, (ii) a la pérdida de identidad nacional que esa población estaría sufriendo. Es verdad que la cesión de inmensos territorios peruanos a favor del Brasil, a consecuencia de tratados vergonzosos firmados hace algo más de un siglo, dejó una frontera con líneas angulosas que dejó ese pedacito de tierra peruana en medio del Acre que ahora es brasileño. Es decir que, en esos términos es verdad que algo debe ser hecho a favor de ese pueblo que con tanta dificultad sigue siendo peruano.
Los autores del proyecto de ley reconocen implícitamente que su propuesta es muy peligrosa. Ante la evidencia de la destrucción sin precedentes de la Amazonia peruana, que a fines del 2000 ya había perdido y desperdiciado sus bosques sobre más de 7 millones de hectáreas de las que se usan menos de un millón para agricultura y ganadería, que no consigue resolver problemas de minería ilegal de oro, ni controlar el aumento explosivo de cultivos de coca, ellos pretenden garantizar que eso no ocurrirá en este caso porque en el artículo tres de ese proyecto “se prohibirá toda actividad económica, bajo responsabilidad civil o penal”.
Merece aplauso el hecho de que los proponentes se preocupen por ese tema crucial. Pero los autores del proyecto olvidan que hay numerosas leyes en el Perú, reiteradas desde hace un centenar de años, que prohíben bajo penas severas y hasta prisión, invadir tierras publicas y privadas, extraer madera sin permiso, matar indígenas, cazar sin licencia, extraer oro y otros minerales sin concesiones, etc. Jamás, nunca jamás, en ningún lugar de nuestra Selva ni tampoco en los demás países amazónicos, esas reglas fueron siquiera parcialmente cumplidas.
Alrededor de Iñapari ya están concentrados millares de buscadores de oro, extractores ilegales de cedro y caoba y campesinos de Puno y Cuzco ávidos por tierras. Es decir que no hay ninguna duda de que una carretera entre Iñapari y Purús será el fin del Parque, de sus indígenas aislados, de su maravillosa diversidad biológica y de su tremendo potencial económico para el turismo.
La mención que los autores hacen a los parques nacionales de países desarrollados, como el famoso Parque Nacional Yellowstone, en los que existen numerosas carreteras asfaltadas, es válida. Es verdad que carreteras y parques nacionales pueden convivir. Es más, las áreas protegidas necesitan de carreteras para la visitación y para el control. Pero, ningún ciudadano americano instala plantaciones de maíz, caza bisontes, mete vacas, extrae madera o busca oro en Yellowstone.
El Perú necesita aun muchas décadas de educación cívica para que la población se comporte así. Pero, si se pretende hacer eso realidad debería comenzarse por financiar adecuadamente el sistema nacional de áreas naturales protegidas que apenas sobrevive esencialmente de la mendicidad internacional que paga más del 80% de sus costos.
Financiar adecuadamente las áreas naturales protegidas es, sin duda, una cuestión de “interés público y necesidad nacional”. Más aún, como todos los países lo hacen desde que el Perito Moreno delimitó los grandes parques nacionales argentinos, los parques peruanos responden sí, a criterios geopolíticos. El Parque Nacional del Alto Purús, más que ninguno. Pero, otra vez, para que ese Parque funcione como espacio de peruanidad, debe tener financiamiento adecuado.
Ya el caso de un ferrocarril sería diferente. Otra vez hay que reconocer que los autores del proyecto fueron cuidadosos y que pensaron mucho antes de hacer el proyecto. No hay duda que un ferrocarril podría romper el aislamiento, fomentar el turismo y, de paso, evitar o controlar la depredación. Pero, si ya es difícil, en verdad imposible en plazos previsibles, justificar económicamente una carretera, conseguirlo para una ferrovía, aunque deseable, es una utopía, salvo que el criterio geopolítico prime sobre cualquier otro y que alguien esté dispuesto a pagar la cuenta.
De cualquier modo el proyecto ya enfrentó oposición, inclusive local. Tanto la Aidesep regional, como la Municipalidad de Tahuamanu y la Comisión Ambiental Regional de Madre de Dios se han opuesto con argumentos sólidos. La defienden, obviamente los grandes intereses madereros nacionales y regionales, aunque eso no sea exhibido. También, curiosamente, el proyecto es ardorosamente defendido por la Parroquia de Purús. Habida cuenta de la certeza de que la tal carretera además de los ambientales, acarreará problemas sociales gravísimos, como ha ocurrido con todas las demás, es difícil de entender esa posición. Esa vía, sin duda, reúne las condiciones necesarias para la proliferación de cultivos ilícitos y para el narcotráfico y el contrabando, entre otros males sociales.
Entonces ¿Si no se construye una carretera porque el riesgo, así como el costo, son demasiado altos y tampoco se hace una ferrovía porque económicamente parecería ser inviable, cuál es la solución? Hay solución, sí. Durante mucho tiempo existió en la Amazonia peruana un llamado servicio cívico, que proveía a los centros poblados aislados con vuelos gratuitos o subvencionados.
Los gobiernos de las últimas tres o cuatro décadas han abandonado completamente esa práctica, dejando a su suerte a los pueblos distantes. Este tipo de apoyo, bien organizado, es la mejor solución a corto y medio plazo para Puerto Esperanza y otras localidades igualmente aisladas. Es barato y puede combinarse con el turismo, haciendo que este último financie el costo de viaje de los pobladores locales. Hacer eso implica, obviamente, mejorar la infraestructura turística de la región, incluyendo salud, educación, etc. y como dicho, habilitar el Parque Nacional del Alto Purús, que está casi abandonado. Quizá, después de algunos años de promoción del turismo internacional, se justifique construir un tren panorámico entre Iñapari y Puerto Esperanza.
Un argumento importante es que la población de Purús no tiene porqué subvencionar, con su sacrificio, el bienestar de los demás peruanos. Eso es correcto. Los bosques del Purús, además de biodiversidad, almacenan enormes cantidades de carbono que permaneciendo así evitan agravar el cambio climático. Eso representa miles de millones de dólares en términos de negocios de carbono por deforestación y degradación evitadas, de los que ya hay muchas opciones disponibles en el mercado. El gobierno debería, pues, iniciar de inmediato los estudios que permitan transformar eso en realidad y reinvertir el beneficio en el Purús, en Puerto Esperanza y en otros poblados tradicionales o indígenas y, obviamente, en el propio Parque Nacional.
No hay duda que la geopolítica subyace en esa propuesta. Y esa preocupación también es justa. Pero espanta que después de declararse de “utilidad pública y necesidad nacional” entregar la mejor parte de nuestro potencial hídrico energético al Brasil (Inambari, Paquitzapango, etc.) y estando el Congreso ahora mismo revisando un acuerdo sobre ese mismo tema, se esté tan preocupado con el Alto Purús. Como van las cosas en las relaciones entre el Brasil y el Perú, la mejor vía para unir Iñapari con Puerto Esperanza es a través del Acre, con lo que la obra se acortaría a la mitad y, por lo menos, los daños ambientales quedarían del otro lado de la frontera.
—
(*) Marc Dourojeanni es ingeniero agrónomo, ingeniero forestal, doctor en ciencias y profesor emérito de la Universidad Nacional Agraria de La Molina, Lima. Ha dedicado la mayor parte de su vida a temas relativos a la Amazonía en Perú y Brasil y a otros bosques tropicales en tres continentes.
sábado, 16 de junio de 2012
Tres encuestas registran estrepitosa caída de Humala
Falta un poco más de un mes para que el presidente de la República, Ollanta Humala, cumpla su primer año de gobierno y, al parecer, las encuestas ya no le sonríen como antes. Según tres estudios de opinión pública de empresas diferentes (Imasen, Datum y CPI) realizados a inicios de junio, la aprobación del jefe del Estado ha sufrido una caída considerable y, en algunos casos, estrepitosa.
Por ejemplo, el sondeo que llevó a cabo Imasen solo en Lima Metropolitana y el Callao, revela que la aprobación de Humala cayó nada menos que 12.5 puntos porcentuales. De 56.7% que tenía en marzo de este año, el jefe de Estado pasó a tener 44.2% de respaldo ciudadano en junio.
Pero según la misma encuesta, la aprobación presidencial a nivel nacional es aún más baja. El sondeo muestra que Humala es respaldado por el 39.7% de entrevistados, mientras que un 49.7% desaprueba su gestión.
También a nivel nacional, Datum registra un descenso de 12 puntos porcentuales en solo un mes. Si en mayo Humala la pasaba relativamente tranquilo con las encuestas, ahora ya no debería de estarlo porque ha pasado de tener 55% de aprobación en mayo a solo 43% en junio.
Un detalle importante es que el 43% de aprobación que actualmente tiene, según Datum, es el más bajo en los más de diez meses que tiene como presidente de la República.
Como se recuerda, el momento más crítico del gobierno de Humala se registró en diciembre pasado cuando estalló el conflicto minero en Cajamarca y el gobierno decretó el estado de emergencia, que posteriormente derivó en la salida del gabinete presidido por Salomón Lerner. Sin embargo, en esa ocasión la aprobación presidencial, según Datum, fue de 48%. Cinco puntos más que hoy en día.
Por su parte, el estudio de CPI muestra que la caída de Humala es una constante en los últimos meses. Si bien concluye que solo ha perdido 3.4% en el último mes, en enero, el jefe del Estado tenía un 54.5% de aprobación a nivel nacional. Hoy en día solo el 45.7% le da su respaldo. En cinco meses ha caído 9 puntos.
viernes, 15 de junio de 2012
Mundo: Diputada francesa cuestionó a Humala por su política minera
“Los ciudadanos no ven los beneficios de los proyectos, porque los recursos no se quedan en las comunidades. La reforma al gravamen minero, que Usted mencionó en su discurso, es muy insuficiente: las mineras pagan una propina al estado, y se llevan la ganancia. Los problemas de salud, de agua contaminada se quedan", remarcó.
En el marco de un encuentro con la Asamblea Parlamentaria Euro-Latinoamericana (Eurolat), la diputada francesa del Partido Verde, Catherine Gréze, cuestionó al presidente Ollanta Humala por la política climática empleada durante su gobierno, así como su cambio de actitud respeto al Tratado de Libre Comercio (TLC).
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