jueves, 20 de septiembre de 2012

Un estudio revela la “alarmante” toxicidad en ratas alimentadas con transgénicos



El Universal

Las ratas alimentadas con maíz transgénico mueren antes y sufren cáncer con más frecuencia que las demás, indica un estudio publicado este miércoles por la revista internacional “Food and Chemical Toxicology”, que califica los resultados de “alarmantes”.

“Los resultados son alarmantes. Observamos por ejemplo dos o tres veces más mortalidad entre las hembras tratadas (con transgénicos).

Hay entre dos y tres veces más tumores en las ratas tratadas de los dos sexos, explicó a la AFP Gilles-Eric Seralini, profesor de la Universidad de Caen, que dirigió el estudio.

Para realizar el estudio, se alimentaron doscientas ratas durante un máximo de dos años de tres maneras distintas: únicamente con maíz transgénico NK603, con maíz transgénico NK603 tratado con Roundup (el herbicida más utilizado del mundo) y con maíz no modificado genéticamente tratado con Roundup. Durante el estudio el maíz formaba parte de una dieta equilibrada, en proporciones equivalentes al régimen alimenticio en Estados Unidos.

“Los resultados revelan una mortalidad mucho más rápida e importante durante el consumo de los dos productos”, indicó Seralini, un investigador que forma o formó parte de comisiones oficiales sobre los transgénicos en 30 países distintos.

“La primera rata macho alimentada con transgénicos muere un año antes que la rata indicador (es decir, que no se alimenta con transgénicos). La primera rata hembra ocho meses antes. En el 17º mes se observan cinco veces más machos muertos alimentados con 11% de maíz (transgénico)”, explica el científico.

En lo que concierne los tumores, aparecen en los machos hasta 600 días antes que en las ratas indicador (en la piel y los riñones). En el caso de las hembras (tumores en las glándulas mamarias) aparecen una media de 94 días antes en las hembras alimentadas con transgénicos.

Los investigadores descubrieron que el 93% de los tumores de las hembras son mamarios mientras que la mayoría de machos murieron por problemas hepáticos o renales.

El artículo de “Food and Chemical Toxicology”, del que la AFP pudo obtener una copia, muestra imágenes de ratas hembra con tumores más grandes que pelotas de ping-pong.

“Con una pequeña dosis de Roundup, que corresponde a la cantidad que se puede encontrar en Bretaña (norte de Francia) durante la época en que se esparce este producto, se observan 2,5 veces más tumores mamarios” que normalmente, explica Seralini.

El director del estudio explicó que los transgénicos agrícolas son organismos modificados para resistir a los pesticidas o para producirlos y recordó que el 100% de transgénicos cultivados a gran escala en 2011 fueron plantas con pesticidas.

PRIMERA VEZ“Por primera vez en el mundo, un transgénico y un pesticida han sido estudiados por su impacto en la salud a más largo plazo de lo que habían hecho hasta ahora las agencias sanitarias, los gobiernos y la industria”, dijo el director del estudio.

Según Seralini, los efectos del maíz NK603 sólo habían sido analizados hasta ahora en periodos de tres meses. Algunos transgénicos ya fueron analizados durante tres años, pero nunca hasta ahora con análisis tan en profundidad, dijo el científico.

También es la primera vez, según Seralini, que el pesticida Roundup ha sido analizado a largo plazo. Hasta ahora sólo su principio activo (sin sus coadyuvantes) había sido analizado durante más de seis meses.

“Son los mejores test que se pueden llevar a cabo antes las pruebas en humanos”, explica el científico.

El estudio fue financiado por la fundación CERES, financiada en parte por unas cincuenta empresas, algunas del sector de la alimentación que no producen OMG, así como por la fundación Charles Leopold Meyer par el Progreso de la Humanidad.

miércoles, 19 de septiembre de 2012

Documental: Terrícolas

Gasoducto Sur Andino: La historia de una promesa

Los dueños del mar chileno


Son cuatro grupos financieros que tienen acceso al 90% de lo que se pesca en el país. Y con la nueva ley de pesca, les quieren dar las concesiones sin límite de tiempo y hasta hereditarias. La situación afecta a 190 mil familias de pescadores artesanales y trabajadores del sector, así como limita los beneficios y la soberanía alimentaria de millones de chilenas y chilenos que ven mermado su derecho a gozar de lo que da el mar de todos.

Cuatro poderosos grupos económicos, en manos de no más de siete familias multimillonarias, con intereses financieros extranjeros, controlan hoy el mar chileno y la pesca del país, y con el gobierno de Sebastián Piñera podría aumentar su poder sobre esa riqueza que debería beneficiar a todos los habitantes de Chile.

Con Piñera, se avanza hacia la privatización profunda y la trasnacionalización de la pesca, a lo que se sumará el litio, mineral estratégico que ni Augusto Pinochet quiso sacar de manos del Estado.

La tramitación en el Congreso de la llamada Ley Longueira o ‘Ley Maldita’ como la identifican los pescadores artesanales, dejó en evidencia el control que poderosos grupos financieros tienen no sólo sobre la explotación de las zonas marítimas, sino también sobre los medios de comunicación, los partidos políticos y de paso, de la “bancada pesquera” que fue la que finalmente dio luz verde al proyecto oficialista pese a la oposición de los pescadores artesanales y de sectores políticos y sociales.

La industria pesquera busca mantener, a través de la Ley de Pesca, sus privilegios monopólicos apelando a un supuesto derecho histórico que tendrían por haber invertido en el sector durante 50 años. Así lo manifestó el director Ejecutivo de la ONG Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, respecto de los cuatro grupos económicos que controlan la industria y que representan a las siete familias más poderosas del país que pretenden seguir apropiándose del mar de todas y todos los chilenos.

¿Quiénes son los denominados dueños del mar chileno? ¿Cómo es posible que tengan tanta incidencia en la economía, en los políticos y parlamentarios, en la prensa tradicional y en otros sectores? Conociendo quiénes son, se puede tener una idea de los poderes e influencias que están en juego en torno de la actividad pesquera en Chile.

Se trata de grandes consorcios que controlan cerca del 90 por ciento de las cuotas globales de pesca y que encabeza la Pesquera Orizon, que surge en noviembre de 2010 de la fusión de SouthPacific Korp (SPK) del Grupo Angelini y pesquera San José, de la familia Lecaros, que controlan el 80 por ciento de la pesca de jurel y sardinas del norte del país.

El segundo grupo es Blumar, surgido de la unión de la empresa Itata de la Región del Bío Bío, de la familia Sarquis, con la empresa El Golfo, del grupo Yaconi-Santa Cruz. Este conglomerado extrae sobre el 20 por ciento de cuota industrial de jurel, el 26% de la cuota de sardina común, el 31 por ciento de merluza común y 20 por ciento de merluza de cola.

En enero de 2011, comienza la fusión de la empresa Camanchaca, de Jorge Fernández y Francisco Cifuentes con la pesquera Bío Bío de la familia Stengel, que controla el 30 por ciento de las acciones, dando origen a Camanchaca Pesca Sur, que tiene cerca del 18 por ciento de la cuota anual de jurel.

También en la Región del Bío Bío opera el cuarto conglomerado, Marfood, que surge de la mano de Alimentos Marinos S.A., Alimar, que pertenece a la familia Izquierdo y al grupo noruego FoodCorp, que controlan más del 22 por ciento de las cuotas de jurel.

Surgida en los años 50, Alimar es considerada una de las empresas más antiguas del rubro y es la matriz de las inversiones pesqueras del grupo económico que encabeza Roberto Izquierdo Menéndez y que, además, tiene intereses forestales, eléctricos e inmobiliarios.

Según Ciper Chile, en 1983 “Alimar y Sociedad Pesquera San Antonio S.A. (Sopesa) -también del grupo Izquierdo Menéndez- se fusionaron bajo el nombre de Pesquera Sopesa-Alimar S.A. A los dos años, la nueva empresa se asoció con Pesquera San Vicente Ltda. (del mismo grupo) para formar la empresa Forestal Quilpolemu S.A. y para adueñarse en 1986 de Sociedad Pesquera Coquimbo Dos Ltda. En 1989, cuando Sopesa-Alimar volvió a llamarse Alimentos Marinos S.A. y su capital ya superaba los $3.615millones, se dividió en tres sociedades distintas. Su capital se redujo casi en un 50%, pero un año después ya superaba los $4.124 millones”.

En el trabajo se agrega que en los años ’90 se dio origen a “otras siete sociedades: cuatro junto a las demás empresas de los Izquierdo y tres con otras compañías. En 1997, la empresa volvió a fraccionarse, dando origen a Inmobiliaria Estoril S.A. y quedando con un capital por sobre los $5.515 millones”.

Estos grupos Orizon, Blumar, Camanchaca y Marfood, pertenecen a las siete familias más poderosas del país: Angelini, Cifuentes, Santa Cruz, Izquierdo, Jiménez, Sarquis y Stengel, con fuerte influencia política y obtienen ganancias por cerca de tres mil millones de dólares anuales libres de impuestos.

GOLPE A LA SOBERANÍA

Para el director Ejecutivo de la ONG Ecocéanos, Juan Carlos Cárdenas, existió una acción concertada de estos grupos contra el antiguo proyecto de Ley de Pesca que había propuesto el Presidente Sebastián Piñera a través del ex ministro Juan Andrés Fontaine y que contemplaba dejar el 50 por ciento de las cuotas de pesca del país para la licitación, permitiendo el ingreso de nuevas empresas al mercado y por tanto, mayores ingresos para el Estado.

“Estos cuatro grandes conglomerados dan un golpe político contra Fontaine, colocan a Longueira y elaboran un proyecto de ley que apunta a la entrega gratuita y a perpetuidad de las cuotas de pesca del país para estas siete familias, que por lo demás mantienen fuertes vínculos con sectores políticos de la Alianza y la Concertación, como quedó demostrado con la votación del proyecto en la Cámara de Diputados el miércoles 18 de julio pasado”, sostiene Cárdenas.

Estos grupos, agrega el dirigente ambientalista, “buscan mantener sus privilegios monopólicos y rentistas, apelando a un supuesto derecho histórico que tendrían estas compañías por haber invertido, y diría depredado, durante 50 años, y lo hacen a través de cuotas individuales transferibles de pesca de carácter perpetuo, plenamente transables, incluso heredables”. En palabras simples, se trata del despojo del patrimonio nacional, que hipoteca el futuro de las generaciones actuales y venideras.

El hecho de que estos grupos consideren que tienen un derecho histórico, responde a que ello fue reconocido en la Ley Corta de Pesca impulsada por el gobierno de Ricardo Lagos en 2002 y que les garantizó por 10 años los recursos pesqueros del país. Ahora quieren protección y seguridad jurídica a perpetuidad, situación que fue rechazada en su momento por los pescadores artesanales, las comunidades costeras y las ONGs que se oponen a la privatización de los recursos naturales.

Durante la última década, los gobiernos de la Concertación cooptaron a organizaciones de pescadores, provocando un quiebre entre los distintos sectores que integraban la Conapach, cuya dirigencia finalmente aceptó el plan del ministro Pablo Longueira que traspasó un porcentaje de cuotas de pesca desde la industria hacia los propietarios de lanchas pesqueras artesanales por 34 millones de dólares, a cambio de apoyar la llamada Ley Longueira.

A juicio de Cárdenas, con el proyecto en trámite, el gobierno de Piñera reactiva la antigua ley elaborada en dictadura. “Lo que está haciendo Longueira es finalizar una de las últimas transformaciones neoliberales de la economía, que es la privatización del mar, sus recursos y el borde costero y en esto (…) los partidos políticos y el Congreso, se articulan en torno a los intereses de estas siete familias, que representan al sector más retardatario de la sociedad. Una vez que tengan la concesión a perpetuidad no van a dudar en vender los productos a las transnacionales”, precisa Cárdenas.

Sostiene que la presión y el lobby de estos grupos económicos permitió sacar del proyecto el artículo que señalaba que el Estado era el dueño de los recursos pesqueros del país y los podía entregar por concesión por período de tiempo definido, con lo que no se generaba ningún derecho de propiedad para los usuarios.

En definitiva, lo que está en curso es una especie de legalización de la privatización y explotación de consorcios del mar chileno, con lo cual todas y todos los chilenos y principalmente más de 120 mil familias de pescadores artesanales y trabajadores de la pesca, se verán afectados al perder los beneficios que entrega el mar y la actividad de la pesca.

Con el gobierno de Sebastián Piñera se avanzará en la privatización y trasnacionalización del mar y la pesca y del litio, riquezas naturales del país, cuyos beneficios llegarán muy mermados a los ciudadanos chilenos, lo que incluye un atentado a la soberanía alimentaria de la gente de este territorio.

PECES TRASNACIONALIZADOS

Con más de cuatro millones de toneladas al año, Chile ocupa el quinto lugar a nivel mundial en captura de peces según la Organización de la Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO). Sin embargo, el 90 por ciento de los recursos son exportados a países desarrollados y ricos: Japón, Estados Unidos y de la Unión Europea, afirma el director de Ecocéanos.

Esto abre otro punto para atender y está relacionado con las deficiencias en la alimentación de los chilenos. “Casi el 70 por ciento de los menores de siete años tiene problemas de obesidad y el tema de la alimentación en base a recursos del mar es una de las opciones, por lo tanto también es un tema de salud pública y los productos pesqueros son la base de una alimentación sana, por tanto no sólo hay que luchar por ello, sino contra la expropiación de los bienes de la Nación que también pertenecen a las generaciones que aún no han nacido”, puntualiza Cárdenas.

En este marco se dio la extendida y fuerte protesta de los pescadores artesanales y trabajadores del sector, oponiéndose a la “Ley Maldita” de Longueira y a los inmensos privilegios que se le otorgan a los grupos financieros que controlan la industria de la pesca. Organizaciones de los pescadores y de la sociedad civil denunciaron que se va camino a desaparecer la pesca artesanal, golpear a los pequeños y medianos productores pesqueros y a la concentración y privatización de los derechos de acceso y uso de los recursos pesqueros, privilegiando a esos cuatro conglomerados.

Esta es una lucha “contra el exterminio” dijo el dirigente Nelson Estrada, presidente de la Comisión Nacional de Defensa de la Pesca, cuando comenzó la rebelión contra la ley del ministro de Economía, Pablo Longueira.

Es poco probable que la nueva ley no se apruebe. Será un duro golpe a cientos de miles de trabajadores de la pesca y también otro paso desgraciado hacia la pérdida de la soberanía y la posesión de territorio y riqueza natural que debiera estar en manos del Estado para beneficio de todas y todos los chilenos.

EL CASO ZALDÍVAR Y EL LOBBY

Fue el año 2002 cuando el economista Marcel Claude denunció al entonces Presidente del Senado, Andrés Zaldívar (DC), por sus vínculos con el Grupo Angelini en la tramitación de la Nueva Ley de Pesca que favorecía al conglomerado con más de mil millones de pesos. Era sólo el principio de un largo camino que comenzaron a pavimentar las empresas del rubro para concentrar la totalidad de recursos marítimos que reportan ganancias anuales por tres mil millones de dólares.

Aunque todo terminó con un proceso judicial contra Claude, éste fue absuelto de la querella por el delito de injurias graves con publicidad presentadas por el senador Zaldívar. En realidad, no era más que la certeza de las presiones, el lobby y la acción concertada de las empresas y las ligas parlamentarias y el poder político, para finalmente apoderarse de los pocos recursos naturales sobre los cuales el Estado ha ido perdiendo control y regulación ante el avance de la apropiación de consorcios de las riquezas naturales, incluido el mar chileno.

En aquel tiempo, Marcel Claude declaró: “no dije que fueran todos los parlamentarios, sino específicamente un grupo, los hermanos Zaldívar. La ley está estableciendo que se les van a pasar mil millones de dólares, porque se les va a entregar la propiedad, incluso, se está pidiendo que se entregue -sin que se pague nada- la privatización de los recursos pesqueros”. El proceso siguió su curso y en su resolución el juez Alejandro Madrid consignó la declaración de Anacleto Angelini Fabri que reconocía la relación con Felipe Zaldívar Prado, presidente del holding “Enerva”, accionista de “Corpesca”, con un 40 por ciento aproximadamente y que, efectivamente, “Andrés Zaldívar y su familia tienen acciones en la empresa Eperva, porcentaje que es mínimo, pero declara no haber influido en la tramitación de la Ley de Pesca”, según la resolución del Magistrado, de acuerdo a la versión de El Mostrador.

BBC: ¿La prueba de que Jesús tenía esposa?


Un hasta ahora desconocido papiro sugiere la posibilidad de que Jesús tenía esposa.

Una investigadora de la Universidad de Harvard presentó el martes en una conferencia en Roma fragmentos de un papiro que podría reabrir el antiguo debate en el cristianismo sobre si Jesús estaba casado.

Según los expertos, el fragmento -que data del siglo IV- es auténtico e incluye las palabras: "Jesús les dijo, mi esposa…", una frase que no aparece en los Evangelios.

"La tradición cristiana ha mantenido desde hace siglos que Jesús no tenía esposa, a pesar de no haberse encontrado ninguna evidencia de ello", dijo en un comunicado Karen King, del Escuela de la Divinidad de Harvard y responsable de haber presentado el documento.

Según el diario estadounidense The New York Times, la investigadora ha consultado con varios expertos y todos creen que el fragmento no es apócrifo, aunque hacen falta más pruebas concretas para confirmar su autenticidad.

El trozo de papiro, no más grande que una tarjeta de visita, contiene ocho líneas en tinta negra en uno de los lados, escritas en el idioma que hablaban los cristianos coptos que habitaban el actual Egipto.

Según King, el descubrimiento no es una prueba concluyente de que Jesús estaba casado, pero sugiere que la discusión sobre si tenía pareja o no llegó a tomar relevancia en el cristianismo como consecuencia de los intensos debates en torno de la sexualidad y del matrimonio.

Un vieja controversia

A pesar de la insistencia de la Iglesia Católica de que Cristo no tuvo esposa, la controversia sobre un posible matrimonio de Jesús ha reaparecido regularmente a lo largo de la historia y recientemente a tomado nuevo vigor con la publicación del best seller de Dan Brown "El código Da Vinci".

Esta novela está basada en la idea de que Jesús estaba casado con María Magdalena y tenía hijos.

En una entrevista que King le concedió a The New York Times, la autora repitió varias veces que, si bien el fragmento no es una prueba definitiva de un posible casamiento de Jesús, sí es un importante descubrimiento en torno de los conceptos de casamiento, matrimonio y sexualidad que durante siglos han predominado en la Iglesia Católica.

El Vaticano ha reiterado que el sacerdocio no está abierto ni a mujeres y hombres casados, según el modelo establecido por Jesús.

King afirmó que el texto podría haber sido escrito siglos después de la muerte de Jesús y que en la literatura cristiana no aparece ninguna mención similar.

¿Auténtico?

Roger Bagnall, director del Instituto para el Estudio del Mundo Antiguo en Nueva York, apoyó la autenticidad del fragmento basándose en un examen del papiro y la letra, y Ariel Shisha-Halevy, un experto copto en la Universidad Hebrea de Jerusalén, llegó a la misma conclusión tras examinar el idioma y la gramática.

La investigadora Karen King recibió el papiro de manos de un coleccionista en 2011.

A pesar de todo, King afirma que la conclusión sobre la autenticidad del papiro dependerá de más pruebas y exámenes, y sobre todo del análisis de los componentes químicos de la tinta con la que fue escrito.

El fragmento, que pertenece a un coleccionista anónimo que contactó a la investigadora para que le ayudase a traducirlo y analizarlo, podría ser originario de Egipto o tal vez de Siria.

King cree que forma parte de un Evangelio perdido, al cual ha nombrado "Evangelio de la esposa de Jesús", que fue probablemente escrito en griego en la segunda mitad del siglo II y posteriormente traducido al copto.

Este Evangelio podría atribuirse a uno de los discípulos más cercanos a Jesús, pero el verdadero autor sería desconocido aún incluso cuando se conservase el texto en su totalidad.

"El descubrimiento de este nuevo Evangelio ofrece una oportunidad de repensar el papel que el estado civil de Jesús jugó en las controversias cristianas sobre el matrimonio, el celibato o la familia", afirma King.

"La tradición cristiana solo preservó aquellas voces que aseguraban que nunca se había casado. El nuevo descubrimiento sugiere que algunos cristianos habrían podido tener una opinión diferente", concluye la investigadora.

Aún no se ha conocido la reacción del Vaticano.

Mahoma desnudo en plena ‘explosión’ de ira musulmana en una revista satírica francesa



El semanario satírico francés ‘Charlie Hebdo’ publicará este miércoles unas caricaturas de Mahoma desnudo en medio de la tensión latente en el mundo musulmán por el estreno en Internet de la película 'La inocencia de los musulmanes' que, según los 'indignados', "denigra al profeta".

La portada de la revista no presenta a Mahoma, sino a un musulmán en una silla de ruedas empujada por un judío ortodoxo bajo el título de 'Intocables 2: no hay que burlarse', en referencia a la exitosa película francesa 'Intocables'.

El director del semanario, Charb Esas, precisó que las imágenes de Mahoma serán publicadas en páginas interiores y en la última página de la revista, donde se colocarán dos caricaturas del profeta desnudo, a pesar de que según la tradición islámica, no puede ser representado físicamente.

Según Charb, estas imágenes "escandalizarán a los que quieran ser escandalizados leyendo una publicación que nunca han leído".

Temor de las autoridades

El hecho provocó una rápida advertencia por parte del Gobierno galo, que pidió "responsabilidad" ante el temor de que esos dibujos aticen la violencia en Francia y en el mundo musulmán.

Así, el primer ministro francés, Jean-Marc Ayrault, condenó en un comunicado "todo exceso" a propósito de las caricaturas de Mahoma en el "contexto actual" y llamó al "espíritu de responsabilidad común”, aunque no hizo referencia directa a la revista.

Ayrault recordó la existencia en Francia del "principio de la laicidad, es decir, los valores de la tolerancia y el respeto a las creencias religiosas, que están en el corazón del pacto republicano".

La revista ‘Charlie Hebdo’ cobró relevancia internacional y la ira de los musulmanes cuando se involucró en la controversia sobre las caricaturas de Mahoma en 2006, que el semanario republicó del periódico danés ‘Jyllands-Posten’. El 2 de noviembre de 2011 la sede del semanario fue atacada con cócteles molotov, provocando grandes daños tras publicar un número en referencia a la victoria de los islamistas en las elecciones de Túnez.

Una izquierda más allá del progresismo


Semanario Brecha

En América del Sur, allí donde existen gobiernos progresistas, las izquierdas que no participan de esas administraciones han navegado casi en solitario. Pero poco a poco se están reorganizando, alimentadas por las contradicciones de esos gobiernos. En Ecuador ese proceso se está acelerando, y una coordinadora de partidos y grupos de izquierda logró unificarse para presentar un candidato presidencial único para las próximas elecciones. Los gobiernos progresistas sudamericanos son un conjunto muy heterogéneo: van desde la impronta bolivariana de Hugo Chávez en Venezuela, hasta la moderación institucionalizada uruguaya. Todos ellos se han presentado como promotores de cambios, en unos casos revolucionarios –de acuerdo a las versiones de Bolivia, Ecuador y Venezuela–, y en otros más modestos, como el “protosocialismo” que defienden algunos integrantes del Frente Amplio.

En ese contexto, los grupos de izquierda que no integraron inicialmente esos gobiernos quedaron muy relegados, con un bajo perfil y en muchos casos con escasa adhesión electoral. Pero a medida que los años se sucedieron, acumularon contradicciones, sumaron unas cuantas desilusiones, y esa izquierda que estaba fuera de los gobiernos comenzó a reorganizarse. Este viene siendo un proceso lento y trabajoso, por ejemplo en Argentina y Brasil, pero ha cobrado un fuerte ímpetu en Ecuador.

Tensiones y desilusiones

Mirando la situación ecuatoriana con ojos uruguayos parecería que en ese país está en marcha un gobierno mucho más volcado a la izquierda.

El actual gobierno ecuatoriano es liderado por Rafael Correa, quien asumió inicialmente en 2008 tras un período de profunda crisis política y económica. Después de la caída de Lucio Gutiérrez, un grupo de líderes políticos y ciudadanos que durante años venía pujando por una renovación de la política partidaria conformó el movimiento Patria Altiva i Soberana [sic] (pais), desde donde catapultaron a Correa. Éste exhibió una gran capacidad para de-sempeñarse como candidato, con buenas dosis de carisma, complementando su formación como economista. Ya en el gobierno, logró avances iniciales significativos en varios frentes: lanzó con éxito la redacción de una nueva Constitución, fortaleció a un aparato estatal muy debilitado, aumentó su control sobre los recursos petroleros, redujo la pobreza, instaló programas de asistencia a los más pobres por medio de pagos mensuales, fortaleció la obra pública, y el país apareció como un destacado promotor de la integración latinoamericana. La retórica del gobierno es por momentos muy fuerte, en comparación con las escalas uruguayas, dados los repetidos llamados a la “revolución ciudadana” o el “socialismo del siglo xxi”.

Se hicieron muchas cosas, y en un lapso corto. Pero con el paso del tiempo la administración de Correa también comenzó a mostrar tensiones y no pocas contradicciones. Se mantuvieron estructuras económicas tradicionales, la reducción de la pobreza se enlenteció y se cayó en discutibles batallas contra el periodismo. El papel del país como exportador de materias primas se reforzó, y Correa se lanzó a promover la minería a gran escala a cielo abierto.

Reclamos y protestas ciudadanas comenzaron a volverse más frecuentes. La respuesta de Correa fue, en unos casos, burlarse de ellas, tratándolas de infantilismos de izquierda; en otros las criticó duramente, y más recientemente se enfrascó en judicializarlas y criminalizarlas.

Si se repasan estas y otras particularidades de la situación ecuatoriana, sin duda hay muchas diferencias con Uruguay, pero también aparecen unas cuantas similitudes, como el reforzamiento de una economía exportadora de materias primas o la insistencia en la minería.

Entre esos avances y retrocesos, distintos actores de la izquierda ecuatoriana que inicialmente fueron apoyos clave para el gobierno comenzaron a desilusionarse, y poco a poco abandonaron el gobierno, o quedaron en posiciones contrarias.

Es cierto que este fenómeno de la “desilusión” es una sombra que está presente en otras izquierdas gobernantes. Ocurre allí donde muchos actores políticos consideran que la marcha gubernamental no cumple con las expectativas de lo que podría llamarse un “espíritu de izquierda”. Esto puede deberse a muy distintos motivos; por ejemplo, que unos esperaban reformas económicas más profundas, mientras que otros consideran que su propio sueño de la revolución no se concretó.

Paralelamente, el progresismo gobernante alimenta esta situación al presentarse a sí mismo como la única opción viable de cambio, como la verdadera representación de la izquierda, y cerrando prácticamente todas las puertas al debate y la renovación ideológica. Esto hace que muchos militantes abandonen las cuestiones políticas.

Ese humor estuvo muy presente, para poner un caso, en Brasil durante la campaña de reelección de Lula da Silva en 2006, y es ahora muy claro en Bolivia, frente a la marcha del gobierno de Evo Morales. En este terreno hay similitudes con Uruguay, donde también se palpa una mezcla melancólica de desilusión y desinterés de una porción de la izquierda frente al gobierno de José Mujica.

De todos modos, muchos de los que se colocaron por fuera de los apoyos o participación en estos gobiernos en una primera etapa parecen evitar el debate público. Para varios de ellos la razón es muy simple: más allá de sus diferencias con esos gobiernos, entienden que la oposición conservadora es mucho peor, y no desean que sus cuestionamientos puedan fortalecerla. Esto sin duda está presente en Bolivia, donde la derecha política defiende ideas muy conservadoras, sigue añorando las reformas neoliberales y tiene unos cuantos reflejos autoritarios. En Brasil, en cambio, la situación es mucho más compleja, ya que parte de esos sectores conservadores son aliados del Partido de los Trabajadores en la coalición que sostiene al gobierno.

Pero esas actitudes no duran para siempre. La postura de muchos desilusionados cambia, regresan sus ánimos militantes, entienden que su número es cada vez mayor y por lo tanto ven posible el retorno a la militancia, renace la discusión ideológica, y se tejen nuevas alianzas con los movimientos sociales. Parecería que en algún momento se cruza un umbral, y muchos de esos actores desencantados o retraídos comienzan a reorganizarse, reaparece la pasión y retornan a la arena política. Eso es lo que estaría pasando en Ecuador.

Reorganización

Los distintos partidos de izquierda y movimientos sociales que no participan del gobierno de Correa iniciaron un proceso de acercamiento. Su primera meta fue lograr la unidad, lo que no siempre es sencillo. Ese esfuerzo fructificó en la Coordinadora Plurinacional por la Unidad de las Izquierdas, con una composición mixta. Por un lado la integran partidos consolidados, como el Movimiento Popular Democrático (mpd) o el Pachakutik (que es la expresión de las organizaciones indígenas), grupos políticos (que provienen por ejemplo del socialismo), y por otro lado movimientos como Montecristi Vive.

Ante la necesidad de comenzar a prepararse para las elecciones presidenciales de 2013, esta coordinadora apeló a una práctica novedosa: seis precandidatos presidenciales recorrieron el país conjuntamente para presentar sus propuestas. El proceso finalizó el 1 de setiembre, en una convención con unos 5 mil participantes, donde se eligió a Alberto Acosta como candidato presidencial.

Acosta es un economista nacido en Quito en 1948 y con más de tres décadas de militancia junto a los movimientos sociales y las izquierdas ecuatorianas. En esto se diferencia de Correa, quien es un recién llegado a la política. Pero a la vez, Acosta estuvo muy cerca de Correa, ya que fue uno de los ideólogos clave de la conformación inicial del movimiento pais, fue ministro de Energía y Minas en el primer gobierno del actual jefe de Estado, seguidamente fue el candidato más votado a la Asamblea Constituyente, de la que fue designado presidente.

En los trabajos de esa Constituyente, a inicios de 2008, se acentuaron las contradicciones entre Acosta y Correa, y entre una izquierda renovada y un progresismo convencional. Mientras que Acosta deseaba profundizar el esquema de derechos y garantías de la nueva Constitución, Correa buscaba acelerar las deliberaciones para poder retomar su campaña política. En aquellas circunstancias, Acosta renunció a la presidencia de la Asamblea Constituyente. A partir de ese momento se acentuó el perfil de Correa volcado al progresismo extractivista, calificó a quienes lo critican por izquierda como “infantiles”, indicó que la nueva Constitución tiene demasiadas garantías, y aplicó medidas de judicialización contra sus críticos (según algunos análisis hay más de 200 líderes ciudadanos con causas judiciales abiertas).

A pesar de sus antecedentes, Acosta no es un político clásico. Algunos dirían que es casi uruguayo: es sobrio, no canta ni baila en los actos políticos, algo que otros candidatos han vuelto tan común. Es uno de los economistas más respetados de Ecuador, ha sido docente universitario pero también acompañó a los movimientos sociales, por ejemplo aquellos que denunciaban la deuda externa. Mantiene relaciones estrechas con los movimientos indígenas, defiende posturas de pluralidad cultural, y es también un defensor de los derechos de la naturaleza. Estos rasgos son muy difíciles de encontrar en Uruguay, donde los más encumbrados economistas en el gobierno han dejado de discutir algunos temas de la izquierda clásica, como el endeudamiento extranjero, y ahora celebran a las calificadoras de riesgo. Y por cierto, están muy lejos del ambientalismo.

Todo esto hace que la candidatura de Acosta posiblemente represente uno de los primeros ejemplos de una divergencia entre izquierda y progresismo. La primera mirada busca una renovación de los compromisos con la justicia social y ambiental, desde una visión crítica del desarrollo contemporáneo, mientras que la segunda se mantiene enfocada en lograr el crecimiento económico y asegurar la inversión extranjera como ingredientes clave para una justicia muy recostada en la redistribución económica.

Colombia: Noam Chomsky exhorta a Santos a proteger el Cauca de la gran minería


El reconocido intelectual norteamericano Noam Chomsky consciente del peligro que representa para las fuentes naturales de agua del departamento del Cauca la minería a gran escala, principlamente en La Vega,  le escribió una carta al presidente Juan Manuel Santos.

Hace algunos días los campesinos del Cauca, cercanos al destacado intelectual  desde un homenaje que le hicieron a su esposa en 2010, revelaron el contenido del escrito en el que le pide al mandatario que proteja esa zona de la mineria por ser un tesoro incomparable para Colombia y para el mundo.

Noam Chomsky es profesor emérito de Lingüística en el MIT (Instituto Tecnológico de Massachusetts) y una de las figuras más destacadas de la lingüística del siglo XX. Con 84 años de edad, es toda una autoridad en geopolítica y derechos humanos. Es conocido también por sostener una posición crítica respecto de la política exterior de los EE.UU.

Carta al presidente colombiano Juan Manuel Santos

Agosto 08 de 2012

Presidente Juan Manuel Santos Calderón

Casa de Nariño
Carrera 8 # 7-26
Bogotá, Colombia

Estimado Presidente Santos,

Me dirijo a usted por una preocupación general, que comparto con muchos otros, sobre los planes de operaciones mineras a gran escala, que, al parecer, suponen una grave amenaza para el delicado ecosistema del Macizo Colombiano. Pero escribo también por razones personales, que espero sean apropiadas para llamar su atención.

He visitado Colombia varias veces, algunas para conferencias en universidades y comunidades (y un doctorado honoris causa en la Universidad Nacional de Colombia). La mayoría de las visitas, sin embargo, fueron junto a grupos internacionales de derechos humanos y activistas de derechos humanos. Mi primera visita fue en una misión de Amnistía Internacional, en la apertura de una campaña mundial para la protección de los defensores de los derechos humanos. En esta y en posteriores ocasiones las visitas fueron principalmente para investigar, junto con los defensores de los derechos humanos, los abusos que sufren los campesinos, afrocolombianos y las comunidades indígenas, principalmente en La Vega, en el Departamento del Cauca, al igual que en otros lugares.

Hace algunos años, mi esposa murió. Poco tiempo después, los habitantes de Santa Rita en La Vega decidieron dedicar un bosque a su memoria, en la montaña que está ubicada en la parte alta de su pueblo. Fui a la ceremonia con amigos, y con la cortés e invaluable ayuda de la Defensoría. Participar en la inauguración de “El Bosque Carol Chomsky” fue una de las experiencias más emocionantes de mi vida. Esto forma parte de un proyecto bien diseñado por los líderes de Santa Rita y cuidadosamente explicado en una reunión pública, para el desarrollo y la protección de los recursos hídricos y la riqueza del medio ambiente en general,  los que seguramente serán gravemente perjudicados o destruidos por las operaciones mineras.

No necesito especificar sobre la importancia de preservar estos valiosos recursos, no sólo para las comunidades locales, sino también fuera de sus fronteras.  Si bien para usted mi interés es principalmente de carácter personal, las iniciativas amables y compasivas de los habitantes del pueblo de Santa Rita deben ser altamente significativas para estimular la participación internacional en los esfuerzos cruciales necesarios para proteger los territorios amazónicos y las regiones circundantes, que no tienen paralelo por su extraordinaria biodiversidad y su importancia para el medio ambiente global.

Espero que sea posible tomar medidas para asegurar que estos esfuerzos locales sean un éxito y salvaguarden estos tesoros incomparables para Colombia y para el mundo.

Atentamente,
Noam Chomsky

martes, 18 de septiembre de 2012

Gregorio Santos se queda sólo ante denuncia por corrupción



En diálogo con RPP, el presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca, Wilfredo Saavedra pidió que se investigue la denuncia y reveló que la gestión de Santos no ha hecho nada para luchar contra la corrupción.

“Gregorio Santos está gastando su tiempo en cosas mejores para él: promoviendo su partido, utilizando el conflicto a su favor. Hoy está comprometido en hechos que han puesto en tela de juicio su accionar político como progresista o de izquierda. (…) Nosotros hemos cuestionado siempre esa actitud porque no se ha hecho nada para luchar contra la corrupción. Aquí se sigue el mismo estilo de los gobiernos regionales anteriores”, mencionó.

“Esperamos que la contraloría intervenga y que en un debido proceso se justifique o no la responsabilidad, bien de Gregorio Santos o de alguno de sus funcionarios, el hecho es que el acto denunciado debe ser investigado lo más pronto posible”, agregó.

Por otro lado, hoy se supo que la alianza entre los partidos Tierra y Libertad de Marco Arana y el Movimiento de Afirmación Social liderado por Gregorio Santos, decidieron distanciarse después de tener aspiraciones diferentes en relación a las próximas elecciones.

Victoria Popova sobre terremoto en Perú

El Sol al ataque: La Tierra podría enfrentarse a un colapso energético el 22 de septiembre

Una serie de explosiones solares producirán supertormentas geomagnéticas que podrían acabar con sistemas de comunicación.

El próximo 22 de septiembre millones de personas en el planeta podrían no solo experimentar en carne y hueso el efecto de las tormentas geomagnéticas, sino también quedarse sin electricidad a causa del fenómeno.

Esta alarmante información  ha sido divulgada ampliamente en Internet por varios medios de comunicación que citan a los expertos de la NASA, quienes hace años predijeron esta catástrofe energética, aunque no precisaron la fecha exacta.

Así, en el estudio titulado ‘Amenazas de la meteorología del espacio: consecuencias económicas y sociales", publicado en el 2009, los científicos anunciaron que cualquier día en el Sol se producirán una serie de explosiones que darían lugar a “supertormentas geomagnéticas” que "dejarían indefensa a toda la Humanidad".

Ahora varios medios, dedicados a publicar materiales científicos, precisan que durante toda la jornada del 22 de septiembre una parte de los habitantes de la Tierra podrán admirar las auroras boreales. Sin embargo, después de contemplar el espectáculo natural, según advierten, los terrícolas se arriesgarán a enfrentarse a un verdadero colapso energético: la fuerza de las explosiones sería tan grande que la mayoría de los generadores y transformadores podrían quedarse fuera de servicio o, incluso, fundirse.

"La energía eléctrica es la tecnología de la sociedad moderna, la piedra angular, de la que dependen prácticamente todas las demás infraestructuras y servicios", señala el informe, precisando que es particularmente vulnerable al clima espacial.

"Algo normal"

Sin embargo, no todos los especialistas creen que el fenómeno pueda suceder en general o que sea posible  predecirlo con tanta exactitud.

“Se trata de una situación normal, cuando explosiones solares vienen acompañadas por un vertido del plasma”, sostiene Nikolái Chugai, de la Academia de Ciencias de Rusia. “No obstante, para que este proceso afectara a los terrícolas,  deben coincidir varios factores: que el plasma solar llegue hasta la órbita terrestre, y que nuestro planeta se encuentre en ese momento en la trayectoria de su 'bombardeo'. Pero hay que reconocer que el fenómeno ya sucedió varias veces", concluyó el experto.

“¡Menuda barbaridad! ¡Es imposible predecir un fenómeno natural de este tipo, que todavía no ha pasado!”, opina otro científico ruso del Instituto de Astronomía, Nikolái Samus.

La tormenta solar más potente registrada ocurrió en 1859, cuando tras unas espectaculares auroras boleares  se produjo un fallo de los sistemas de telégrafo en toda Europa y América del Norte. Entonces, los cables sufrieron cortes y cortocircuitos, que provocaron numerosos incendios en ambas regiones.  

Monsanto, entre la apropiación indebida y la publicidad engañosa




La transnacional podría encontrar en Brasil un límite hasta ahora impensado: cinco millones de productores de soja le reclaman una fortuna por “apropiación indebida” de regalías.

En juego están unos 7.500 millones de dólares que los sembradores de soja de todo tamaño (pequeños, medianos y grandes), podrían cobrar de manos de la mayor empresa de agroquímicos del planeta.

En abril pasado, un juez de primera instancia de Rio Grande do Sul, Giovanni Conti, que entendía en un pleito presentado tres años antes por productores sojeros de ese estado, ordenó a la transnacional estadounidense dejar de cobrar regalías por la patente que detenta sobre una semilla de soja transgénica.

La patente, falló el magistrado, estaba vencida desde 2003. Conti intimó entonces a la empresa no solo a dejar de percibir el canon correspondiente (2 por ciento de la producción generada a partir de esa semilla) sino a devolver el dinero recaudado desde 2004, es decir unos 2.000 millones de dólares.

La transnacional apeló, pero a mediados de junio la Suprema Corte de Justicia de Brasil extendió la validez del fallo del tribunal riograndense a todo el territorio nacional.

Si la resolución de abril quedara firme, Monsanto debería pagar a los cinco millones de productores brasileños de soja –ya no únicamente a los miles de Rio Grande- unos 7.500 millones de dólares.

Todavía se está lejos de una resolución definitiva –se estima que antes de fines de 2013 no habrá novedades- pero la transnacional, que figura en la lista de las más resistidas y boicoteadas por los pequeños y medianos agricultores de todo el planeta, podría llegar a conocer un revés que jamás soñó.

De demandante a demandada

Habitualmente sucede a la inversa: es Monsanto la que denuncia a los agricultores ante la justicia para cobrar las regalías sobre los paquetes tecnológicos que les vende.

“Cuando no gana, presiona, chantajea, atemoriza, pero es raro que no termine saliéndose con la suya, porque allí donde se instala acaba montando un circuito redondo del que es difícil que alguien pueda salir”, dice Marie Monique Robin, una periodista francesa “especializada” en esta transnacional y autora de investigaciones como “El mundo según Monsanto”.

La historia de la transnacional en Brasil es, acaso, curiosa. Su soja genéticamente modificada, que comenzó a producir en los primeros años noventa en Estados Unidos, ingresó al país de contrabando desde Argentina hacia finales de esa década.

Durante varios años las semillas transgénicas de la oleaginosa estuvieron prohibidas en Brasil, pero no hubo esfuerzo que las frenara.

En 2005, el gobierno del presidente Lula da Silva legalizó el cultivo, según alegó porque no podía combatir el hecho consumado de su imposición, y después destinó millones y millones de dólares a desarrollarlo. A tal punto, que Brasil es hoy el segundo productor y exportador mundial de soja transgénica, que 17 de los 25 estados del país están sembrados con ella y que la famosa hojita verde de laboratorio genera el 26 por ciento de las exportaciones agropecuarias brasileñas.

La soja Roundup Ready (RR), genéticamente modificada para resistir al herbicida Roundup, fabricado por la propia transnacional, ocupa casi el 90 por ciento de los 25 millones de hectáreas de territorio brasileño sembradas con la oleaginosa.

Por usar esa semilla patentada, los productores brasileños deben pagarle un 2 por ciento de su cosecha anual en royalties al comprarla, y otro 2 por ciento cuando venden su cosecha.

"La ley prevé el derecho de los productores de multiplicar las semillas que compran, y en ninguna parte del mundo se cobra con la producción final. Los productores están pagando un impuesto privado sobre la producción", comentó una de las abogadas de los productores demandantes, Jane Berwanger.

Paradójicamente, Monsanto no debe hacer frente esta vez en Brasil a ninguno de sus oponentes tradicionales (agricultores familiares, productores de otros rubros, sindicatos, grupos ambientalistas, movimientos sociales, comunidades nativas) sino a quienes son objetivamente sus aliados, los productores sojeros que han incorporado sin mayor drama una tecnología que multiplica sus ganancias.

“No hay como Monsanto para esquilmar”, decía recientemente la francesa Robin.

Más allá de esta situación, no se escucha entre los sojeros reclamos por los daños sanitarios y ambientales generados por los productos que Monsanto elabora y ellos utilizan, o por el desplazamiento hacia las periferias urbanas de decenas de miles de campesinos expulsados por el avance de la soja, o por la amenaza que la oleaginosa representa para el Cerrado, un área de 2 millones de quilómetros cuadrados que concentra el 5 por ciento de la biodiversidad mundial.

Aun así, dijo un productor lechero de una pequeña localidad de Rio Grande, “toda dificultad de Monsanto hay que celebrarla”. Máxime cuando no es la única que la transnacional enfrenta en Brasil, y en especial en ese estado del sur del país.

A fines de agosto, un tribunal de segunda instancia de la ciudad de Porto Alegre condenó a la empresa a pagar al Estado 500.000 reales (unos 250.000 dólares) por una “publicidad engañosa” sobre la soja transgénica.
El aviso, de 2004, promovía las “bondades” del producto de laboratorio cuando éste todavía estaba prohibido en Brasil.

Monsanto "enalteció un producto cuya venta estaba prohibida y no aclaró que sus pretendidos beneficios son muy cuestionados en el medio científico", dice el fallo del juez instructor del caso, Jorge Antonio Maurique.

Si la sentencia es ratificada, Monsanto deberá pagar el cuarto de millón de dólares y además difundir una publicidad en la que consten los efectos negativos de los productos con los que modifica las semillas de soja.

...Entrevista a Ulrich Brand: "No podemos pensar en el planeta si no pensamos en la emancipación social"

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Verónica Gago y Diego Sztulwark
Página 12
–¿Cómo se vincula hoy la crítica al desarrollo y la cuestión de la crisis?
–En la cumbre de Copenhague de 2009 sobre el cambio climático por primera vez se formuló desde los movimientos sociales, y más allá de las ONG, una crítica muy fuerte diciendo basta a este modo de gestión global de los recursos. Esto se articula de modo directo con la crisis actual, aunque ya encontramos en el siglo XIX el debate entre Marx y Sismondi referido a qué significa el crecimiento como solución a los problemas. Esta vez, el disenso se articuló también entre las elites. Por ejemplo, Amartya Sen y Joseph Stiglitz dijeron que había que reconocer estas críticas frente a lo que se proponía como salida dominante: redinamizar el crecimiento. Por supuesto, hay cierta historia y cierta preocupación por cómo salimos de la crisis. Está la respuesta neoliberal, que es hoy la dominante en Europa y que consiste en la receta de la austeridad. Luego, la respuesta keynesiana, que pide inversiones y consumo interno para empujar la economía. Y, más al margen, está el debate sobre qué hacemos con el crecimiento. Algunos iconos al respecto son personas como el inglés Tim Jackson, que propone una fórmula ya famosa: bienestar sin crecimiento.
–¿Qué opina de esta posición a favor del decrecimiento?
–La postura del decrecimiento restringe el crecimiento a un materialismo inocente, muy positivista, que cree resolver los problemas ecológicos a través de menos consumo, menos producción, más eficacia en el uso de recursos. Lo que se pierde en esta discusión es que el crecimiento supone la comodificación de relaciones sociales y de la naturaleza. Esto significa que desde el decrecimiento no se piensan las formas sociales del crecimiento, ya que no se las vincula con las formas capitalistas ni con la cotidianidad de la gente. Otro problema es que todavía en Europa no se debate en serio sobre el desarrollo porque se sigue viendo como un concepto destinado únicamente al sur. Es por eso que desde el norte no surge una crítica al desarrollo.
–¿La postura del decrecimiento se presenta como anticapitalista?
–Quienes argumentan a favor del decrecimiento hablan de una crisis del capitalismo, pero sin pensar cómo terminar con las formas sociales capitalistas. No es suficiente. Hace veinte años que Japón no crece y es una sociedad capitalista. Argentina en los ’80 y ’90 no creció. Pero la cuestión es cambiar la forma del valor, la forma de la mercancía, la forma política del Estado. El capitalismo no se acaba sin crecimiento. El capitalismo es acumulación de capital. Y si hay crecimiento económico esa acumulación es más suave porque se puede repartir. Si no hay crecimiento, como ahora en Europa, la respuesta del capital es la austeridad o las privatizaciones. El carácter hegemónico del capitalismo se reproduce mejor cuando hay crecimiento. Pero decir que el no crecimiento lleva a que el capitalismo se acabe para mí es una tontería.
–¿El término posdesarrollo es más abarcativo?
–Sí. Es un debate mucho más pequeño, pero tiene como eje criticar los fundamentos epistémicos del desarrollo como valor universal y las relaciones de fuerza que están allí implicadas. El desafío es llevar este debate más allá, hacia lo que llamo modo de vida imperial, es decir, a cómo se sustenta cierto desarrollo incluso desde el punto de vista de la vida cotidiana.
–¿Esto incluiría una crítica a la modernidad?
–Exactamente. Acá, en el sur, es posible hablar de crisis civilizatoria, como algo mucho más profundo. En el norte, en cambio, la perspectiva es más estrecha: desde la izquierda se habla de crisis del capitalismo y la mayoría de los analistas simplemente señala la crisis del neoliberalismo como una crisis coyuntural que se resolvería con una mayor intervención del Estado.
–¿Cómo la definiría usted?
–Diría, en primer lugar, que es una crisis múltiple. Esto significa que no es solamente una crisis económica ni una crisis financiera, como plantea la perspectiva keynesiana. Desde ese análisis se propone que hay que regular los mercados financieros, hacer más inversión pública y luego se llegará a otro modelo de crecimiento. Yo diría, en cambio, que hay que pensar en la transformación del modo de producción y del modo de vida. Si finalmente esto implica crecimiento o no, lo van determinando las luchas concretas en contra de ciertas formas de la economía que sólo se median por dinero.
–¿Qué otras economías desafían la noción clásica del crecimiento?
–Me interesa abrir el debate sobre qué significa una economía de lo común, o solidaria, que no es parte de un crecimiento formal, pero que es parte efectiva de una vida mejor. Por ejemplo, esto implica discutir qué significaría en una ciudad como Buenos Aires la posibilidad de cuadruplicar el transporte público con precios muy bajos y no pensarlo como algo contra el crecimiento, sino en términos de aumento de movilidad de la población. En Europa, las huertas comunitarias hacen que un 20 por ciento de la comida esté asegurada por esa vía, lo cual implica un decrecimiento puro desde cierta lógica, pero es sobre todo un mejoramiento concreto de la vida.
–Es muy difícil, de todas maneras, romper la idea de que el crecimiento es bienestar...
–El crecimiento no puede ser una cuestión de creencias de la que se está a favor o en contra. Es un efecto de un acumulado de luchas. La cuestión para mí es si somos capaces de ampliar el espacio de la producción común, de la producción no capitalista.
–¿Cuál es la capacidad efectiva de esas otras economías?
–La economía pública-estatal es mercantil, sólo que se maneja el precio de un modo más político. La economía común, en cambio, es no mercantil. En el 2004, la estadística alemana hizo un cálculo que decía que había 56 mil millones de horas de trabajo asalariado y 96 mil millones de horas de trabajo no asalariado. ¿Qué significa esto? Que la referencia cuando se habla de trabajo no puede ser únicamente el trabajo asalariado. Hay que abrir esta idea, como ya han hecho las feministas, incluyendo las horas de cuidado y de actividad política o comunitaria como actividades centrales para mantener la sociedad. Me parece importante la perspectiva “4 en 1” de la filósofa Frieda Haug, que propone la orientación de vivir cuatro horas de trabajo asalariado, cuatro horas de un trabajo para nosotros mismos, cuatro horas de cuidado y cuatro horas de trabajo para la comunidad o de trabajo político, como forma de rearticular los modos del hacer y la idea misma de lo común.
–Usted habla desde una perspectiva de la ecología política. ¿Qué implica?
–La economía neoclásica supone que la sociedad se aprovecha de la naturaleza y la tecnología resuelve los problemas y los límites que van apareciendo. Para la economía ecológica los límites sí son un problema y se concentra allí. La ecología política, que es mi punto de vista a partir de la Escuela de Frankfurt, va un paso más allá: sostiene que la reproducción material de las sociedades es un proceso de dominación de la naturaleza en el mismo sentido que las relaciones de dominación que estructuran la sociedad. No podemos pensar en salvar el planeta si no pensamos la emancipación social. Me niego a tomar los límites del planeta como punto de partida.
–¿Entonces...?
–El punto de partida es la dominación social, la cual por supuesto implica un modo de dominación de la naturaleza. Y esto lleva a la pregunta bien concreta de cómo nos reproducimos en el contexto de la movilidad, de las ciudades, de las viviendas, del campo, de la sexualidad, de la comunicación, de lo que comemos. Acá hay un campo de formas de reproducirse materialmente que no son parte del mercado capitalista. La pregunta entonces cambia: ¿cuáles serían las formas emancipatorias de tratar con la naturaleza cambiando los modos de vivir en la ciudad, de moverse, de construir vivienda, de producir, etc.? En este punto la cuestión de la decisión democrática es decisiva.
–¿En qué sentido?
–¿Quién decide, por ejemplo, las formas de salida de la crisis en Argentina del 2001? Podríamos decir: es la soja, una forma de comodificación de la naturaleza. También la minería. Que es un modo de ver a la naturaleza como recurso. ¿Quién decide, por ejemplo, los materiales con los que se van a construir los celulares de la próxima generación? Son los núcleos de investigación y desarrollo de algunas empresas, no es la investigación pública. Si no ponemos sobre la mesa la cuestión de la democracia, es decir, quién decide cuáles son los corredores de salida de la crisis, la salida tarde o temprano es la austeridad. Ustedes en Argentina lo saben mejor que nosotros. En esto es urgente juntar la perspectiva roja y verde: si no luchamos hoy a favor de la democratización y nos quedamos en una posición defensiva, como los keynesianos, la próxima crisis se resuelve por medio de la austeridad del capitalismo autoritario.
–Insiste en que no se trata de una cuestión formal, ¿cómo se logra?
–Vinculando esto con la experiencia cotidiana de la gente. Porque democracia acá no es algo formal, sino cómo yo me apropio de la vida, cómo vivo. El problema es cuando la cuestión ecológica y la cuestión democrática van por caminos diferentes.
–¿Qué significa lo que llama el modo de vida imperial?
–Es la pregunta por cómo se está universalizando un modo de vida que es imperial hacia la naturaleza y las relaciones sociales y que no tiene ningún sentido democrático, en la medida que no cuestiona ninguna forma de dominación. En este sentido preciso, el modo de vida imperial es no democrático. El modo de vida imperial no se refiere simplemente a un estilo de vida practicado por diferentes ambientes sociales, sino a patrones imperiales de producción, distribución y consumo, a imaginarios culturales y subjetividades fuertemente arraigados en las prácticas cotidianas de las mayorías en los países del norte, pero también, y crecientemente, de las clases altas y medias an los países emergentes del sur.
–¿Se trata de una generalización en distintas escalas?
–Cuando hablamos de generalización, no insinuamos que toda la gente esté viviendo igual, sino que existe una especie de lógica de desarrollo ampliamente aceptada, que se inscribe en estructuras coercitivas y dispositivos de acción. A pesar de que la crisis ecológica se politizó en los últimos tiempos y es también percibida como un problema en el discurso dominante, parece que los patrones de producción y consumo y los patrones culturales subyacentes se están consolidando y generalizando a nivel global con el apoyo del Estado y de la esfera política.
–¿No puede pensarse que en la medida en que el sur amplía sus patrones de consumo aparece desde el norte una preocupación por los límites y la crisis ecológica del planeta?
–Desde los conservadores, efectivamente, se trata de contener el crecimiento del sur. Los neoliberales, en cambio, dicen ¡qué bien que el sur crece, necesitamos ampliar los límites y una creciente sustitución de la naturaleza por el capital a partir de los avances tecnológicos! El déficit del debate viene dado también porque ciertas izquierdas medioambientales tienen una perspectiva catastrófica.
–¿Qué sostienen?
–Un aspecto central en este contexto es la superación de la dicotomía entre la sociedad y la naturaleza, ampliamente difundida también en las fuerzas sociales y políticas progresivas. Políticamente, esta dicotomía se refleja, entre otras cosas, para servirse de la cuestión ecológica en contraposición a la cuestión social. La tendencia de declarar a la ecología como contradicción secundaria se manifiesta precisamente en la actual crisis económica, en la cual el catastrofismo ecológico (“Nos queda muy poco tiempo”) y la ignorancia (“Ahora no hay tiempo para eso”) están formando una alianza peligrosa.
–¿Cómo se discute esto en Europa?
–Hay un consejo muy importante del gobierno alemán que cada año hace un informe y que ahora diagnostica que necesitamos una “gran transformación”. Se refieren, sin embargo, a una transición: la perspectiva es la renovación de un Estado que ahora se ve como capturado por los neoliberales. Esto supone que una vía de salida a la crisis es poner precio a la naturaleza. No es sólo una posición neoclásica, es también keynesiana y de la economía ecológica. Todos comparten un mismo argumento: la naturaleza necesita un precio. Hay un famoso informe sobre biodiversidad en 2008 que sostiene que la única manera de salvar la biodiversidad es que se sepa su precio.
–¿El eje queda puesto en el papel del Estado?
–El debate queda encapsulado en la renovación del Estado. El neoliberalismo se asocia únicamente al imperio del mercado y hoy se supone que con el Estado interviniendo en la economía estaríamos en otra fase. Pero cuando hablamos de transformación hablamos de algo mucho más profundo: de la transformación de los modos de vida y las relaciones de producción, lo cual no puede empezar por el Estado. El Estado asegura las relaciones existentes, claro que resuelve algunos problemas, pero siempre al interior de la lógica capitalista. Hablando teóricamente, hay que pensar cuáles son los actores de la gestión y cuál es el objeto de la gestión, qué se quiere gestionar.
–Volviendo el eje al sur. ¿Cómo pensar una alternativa?
–Hay un miedo a China. El sur se tematiza como competidor industrial, por ejemplo India. Y como lugar de donde provienen los recursos. Pero no se lo percibe más allá de la competitividad internacional, dentro del paradigma global actual. Hay que impulsar el debate sobre qué sería una regulación del mercado mundial a partir de las luchas sociales. Por ejemplo, ¿qué pasaría si Bolivia exportara un tercio de lo que exporta hoy, pero manteniendo una renta que le permita una distribución democrática? ¿Cómo pensar que el mercado mundial debe pagar mucho más por un recurso que se extrae del sur? Esto tiene que ver, por supuesto, con las relaciones de poder. Y por eso la respuesta a nivel latinoamericano puede ser organizar un cartel de precios, imponiendo que Europa deba pagar tres veces más. Y la justificación debería ser la presión que imponen las luchas en este continente a favor de distribución más justa de la riqueza y de un extractivismo moderado.
–¿Supondría que los Estados, presionados por las luchas, negocian a nivel global otros precios?
–Es lo que hace la Unión Europea con los productos agrarios, que son tres veces más caros que en el resto del mundo. Entonces, cada tonelada de carne que viene de Argentina a Europa inmediatamente se triplica en precio. Esto no es decisión pura del Estado, sino presión social.
–¿Por qué tiene tanta repercusión el concepto del “buen vivir”?
–Porque implica tomar en serio que hay otras formas de reproducción social, material y espiritual, que no son capitalistas. Lo cual abre un espacio para repensar, a la altura de la modernidad, eso que llamamos buen vivir. Tomando por supuesto en serio los avances tecnológicos, las nuevas experiencias, las redes internacionales, etc. El riesgo es petrificar el buen vivir como algo indígena, puramente autóctono.