Campodónico: Industrias extractivas se llevan las riquezas del país, a vista y paciencia, de gobernantes de turno

Este es un momento importante para que las peruanas y peruanos exijamos que las candidatas y candidatos a la presidencia de la república pongan en debate la posibilidad de un nuevo modelo de desarrollo. Necesitamos cuanto antes implementar un ordenamiento territorial para ver 'dónde sí' y 'dónde no' deben realizarse las actividades extractivas.

Presentamos la exposición del economista y columnista del diario La República, Humberto Campodónico quien analiza la actual situación de las industrias extractivas en el país.

Sobreganancias mineras y contratos de garantías

Por Humberto Campodónico

Uno de los temas que han ido ganando consenso es, de un lado, que las empresas mineras están obteniendo ganancias elevadísimas debido a los altos precios y, de otro, que el Estado no está percibiendo la participación que le corresponde, tanto por impuesto a la renta como por regalías.

Uno de los puntos clave a resolver para avanzar son los contratos de estabilidad firmados entre el Estado y las empresas mineras. ¿Por qué? Porque el Art.62 de la Constitución de 1993 establece que solo pueden ser modificados por acuerdo entre las partes. Por tanto, la discusión aquí debiera centrarse en las negociaciones que lleven a su modificación.

Antes de entrar a ese tema, veamos: los Contratos de Garantías y Medidas de Promoción a la Inversión Minera han sido firmados por las empresas y el Ministerio de Energía y Minas, al amparo del Art. 78 de la Ley General de Minería (DS Nº 014-92-EM).

Estos contratos duran 15 años y están en el Portal del MINEM (www.minem.gob.pe). Vemos que los contratos con Southern y con Yanacocha (por Maqui Maqui) ya vencieron en el 2010 y el 2011 (el cuadro no incluye contratos más antiguos que ya vencieron). Vemos también que el contrato de Barrick (por Pierina), el de Cerro Verde y el de Yanacocha (por Cerro Yanacocha) vencen en el 2012, 2013 y 2014, respectivamente.

Uno de los contratos más importantes es el de Antamina, por US$ 2,094 millones, que vence en el 2015. Luego viene Barrick (por Alto Chicama), vence el 2020, y también Toromocho de Chinalco, que debe comenzar su inversión en el 2012, por lo que su contrato expira recién en el 2027. A estos debe sumarse el de Xstrata por Las Bambas, firmado en el 2009 al amparo de los DL 662 y 757 del año 1991 (la inversión debe comenzar el 2011), motivo por el cual no aparece en el cuadro.

¿Cómo negociar? El punto de partida debiera ser explicarles a las empresas que las condiciones económicas y sociales de 1991 y 1992 (precios internacionales bajos, guerra interna, hiperinflación), no son las mismas que las de hoy (precios altísimos debido al fuerte crecimiento de los emergentes –sobre todo en Asia–, inflación baja).

Ese cambio da lugar a nuevas condiciones económicas y sociales que ameritan modificar los contratos en beneficio de la estabilidad económica y social de las partes. Algo parecido invocó el Presidente Piñera de Chile con respecto el terremoto y las necesidades de la reconstrucción, lo que fue aceptado por las empresas mineras (ver Impuestos mundiales a las sobreganancias mineras, www.cristaldemira.com, 26/2/11).

El tema de fondo es que la rentabilidad de las empresas no se va a afectar. Aquí la cuestión clave no es la carga impositiva existente, sino las exorbitantes tasas de retorno de la inversión que ya están obteniendo las mineras, con las que nunca ni siquiera soñaron. ¿Por qué no compartirían una parte de esa sobreganancia con el país receptor, como por ejemplo ya lo hicieron –aunque en una cantidad ínfima– con el óbolo minero que, justamente, vence a fin de año?

Para terminar, debe modificarse la ley de minería para que los nuevos contratos permitan un reparto adecuado de las utilidades y las sobreganancias entre las empresas mineras y el Estado. Esas modificaciones se pudieron hacer bajo Toledo y García y hoy son moneda corriente en todo el mundo. Pero nada. Esta es, por tanto, la oportunidad para hacerlo. Salvo peor parecer.

FUENTE: Cristal de mira

Tía María: 432 millones de razones

Por Humberto Campodónico

En lo que concierne a Tía María, la empresa ha enviado al gobierno peruano información adicional sobre este proyecto, lo que incluye la posibilidad de usar agua de mar. Se espera que el gobierno tome una decisión acerca del Estudio de Impacto Ambiental en abril del 2011, después de lo cual comenzará la construcción en el II Trimestre del 2011 y la producción comenzará en el IV Trimestre del 2010. La inversión estimada asciende a US$ 934 millones, de los cuales, al 31 de diciembre del 2010, ya se han desembolsado US$ 432.5 millones.

Es lo que dice el Informe Financiero del IV Trimestre del 2010 del Grupo México (1), propietario de Toquepala y Cuajone, que ahora desarrolla el proyecto Tía María, en Cocachacra, Arequipa. SPCC, subsidiaria del Grupo México, ya ha comprado, entre otros, 20 volquetes de 240 toneladas, 2 palas de 60 yardas de capacidad, 2 perforadoras, tractores, motoconformadores, cisternas para el riego de caminos, además de insumos para las chancadoras primarias, secundarias y terciarias.

Es necesario saber que, de acuerdo con la legislación vigente, cualquier proyecto minero –incluido Tía María– solo puede desarrollarse si, previamente, se ha aprobado el Estudio de Impacto Ambiental (EIA) por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros (DGAAM) del Ministerio de Energía y Minas (MEM).

El proyecto ha generado un fuerte y masivo rechazo de los agricultores, por diversos motivos que son de público conocimiento y que van desde la oposición a que la nueva mina utilice el agua de la zona hasta el rechazo puro y simple a la actividad minera en la zona (“Tía María: la plata es lo de menos”, www.cristaldemira.com, 19/04/2010).

La idoneidad del EIA (elaborado por una consultora contratada por SPCC) y la imparcialidad para su aprobación generan desconfianza porque hay aquí un evidente conflicto de intereses. En efecto, el MEM tiene como política, de un lado incentivar las inversiones en el sector minero y, de otro, aprueba los EIA a través de la DGAAM.

Dicho de otro modo, los agricultores no confían en la DGAAM porque sospechan que “desde arriba” los empujan a la aprobación del EIA, sí o sí. Debido a esa presión, en diciembre pasado el MEM le encargó a la Oficina de Naciones Unidas para el Servicio de Proyectos (UNOPS) que evalúe el EIA de Tía María “a fin de mejorar los procedimientos ambientales”.

Pues bien, el informe de la UNOPS indica que hay 138 observaciones que deben ser subsanadas. Dice la UNOPS que el EIA no considera la historia regional y local de la zona ni los últimos conflictos suscitados, entre otras informaciones que permitirían interpretar mejor la realidad. Agrega que la elaboración de un mapa de vegetación y otro de hábitats permitiría cuantificar las pérdidas –ambientales y a la población de la zona– que causaría Tía María. 

Lo reseñado nos indica que quienes alientan la inversión minera tienen la sartén por el mango. Recordemos que en los países vecinos los EIA petroleros y mineros son aprobados por el Ministerio del Medio Ambiente, lo que no sucede aquí porque los “lobbies” desean una “luz verde” permanente para los sectores extractivos.

En Tía María la empresa ya ha desembolsado US$ 432 millones (seguro pensó que el EIA se lo aprobaban sí o sí) y probablemente está haciendo todo lo que puede para no perder ese dinero. Un tema clave, entonces, es que las inversiones no pueden venir antes que se apruebe el EIA porque presiona a la aprobación sí o sí. Otro tema clave es que la aprobación del EIA la realice el Ministerio del Medio Ambiente.

El fondo del asunto es que tengamos un Plan de Ordenamiento y Desarrollo Territorial, elaborado con la participación de las regiones, que nos diga dónde puede haber explotación minera y petrolera y dónde no. Nada más, pero tampoco nada menos. Si eso fuera así, no estaríamos en el décimo día de huelga indefinida en Cocachacra.

(1)http://www.gmexico.com/files/CEO%20Reporte%204Q10%204feb11.pdfs.

FUENTE: