Brasil: Gran manifestación contra el capitalismo verde

Decenas de miles de manifestantes recorrieron el centro de Río de Janeiro para exigir a los gobernantes reunidos en la Conferencia de la ONU Río+20 que defiendan los derechos sociales y no apoyen el llamado “capitalismo verde”.

Activistas de centenares de movimientos diferentes venidos desde distintos puntos del globo se dieron cita en Río auspiciados por la Cumbre de los Pueblos, el más importante evento paralelo a la reunión de la ONU sobre Desarrollo Sostenible.

Asociaciones ecologistas, feministas, anticapitalistas, sindicatos, militantes de partidos políticos, indígenas y estudiantes se mezclaban con gente que exigía reformas agrarias, más derechos para los niños o el fin del hambre en el mundo.

La organización Vía Campesina reunió a representantes de distintos países latinoamericanos como Argentina, Paraguay, Bolivia, Colombia y Brasil.

Varios centenares de jóvenes ataviados con máscaras antigás, sierras mecánicas o esposas en las muñecas caminaban junto a una gran pancarta de la ONG Greenpeace que pedía la revocación del nuevo Código Forestal recientemente aprobado en Brasil.

La demagogia de Ollanta en Rio + 20

Brasil: Cumbre de los Pueblos

Entrevista a Francois Houtart en la Cumbre de los Pueblos, Río+

Se presentó libro de Fidel en RIO+20-El derecho de la humanidad a existir

Cumbre de los pueblos Río+20

Si hubiera que señalar como central, a una de las actividades de la Cumbre de los Pueblos, esa serían las Plenarias de Convergencia. Un espacio en el que las organizaciones participantes hacen un diagnóstico de la situación que viven en los distintos lugares de América y el mundo. Identifican al enemigo común en la forma de transnacionales que contaminan la tierra y usurpan los territorios. Y finalmente es un espacio para avanzar en materia de elaboración de propuestas para transformar esa realidad.

La dinámica de las Plenarias de Convergencia convierte lo que en otros espacios son solo ponencias, en análisis previos, en sistematizaciones que permiten encaminar la discusión posterior. Una discusión en la que se construye una agenda común de lucha, con líneas estratégicas diseñadas por todas y todos.

El siguiente paso, en este camino de convergencia que arranca son las asambleas, en las que se presentarán los acuerdos que cada plenaria alcanzó. Estos avances programáticos en conjunto, con compañeras y compañeros de organizaciones de base de todo el mundo, son el puntapié inicial para la internacionalización de la lucha por la vida del planeta. Frente a un enemigo que desde hace tiempo desplegó su ataque contra los pueblos y contra la vida en todo el mundo.

Economía verde frente a economía solidaria

Leonardo Boff

Alainet

El documento cero de la ONU para la Río +20 todavía es rehén del viejo paradigma de la dominación de la naturaleza para extraer de ella los mayores beneficios posibles para los negocios y para el mercado. A través de él y en él el ser humano busca sus medios de vida y subsistencia. La economía verde radicaliza esta tendencia, pues como escribió el diplomático y ecologista boliviano Pablo Solón «ella busca no sólo mercantilizar la madera de la selva sino también su capacidad de absorción de dióxido de carbono». Todo esto puede transformarse en bonos negociables por el mercado y por los bancos. De esta manera el texto se revela definitivamente antropocéntrico, como si todo se destinase al uso exclusivo de los humanos y la Tierra los hubiese creado solo a ellos y no a otros seres vivos que exigen también la sostenibilidad de las condiciones ecológicas para su permanencia en este planeta.

En resumen: "El futuro que queremos", lema central del documento de la ONU, no es otra cosa que la prolongación del presente. Éste se presenta amenazador y niega un futuro de esperanza. En un contexto como este, no avanzar es retroceder y cerrar las puertas a lo nuevo.

Hay además un agravante: todo el texto gira en torno a la economía. La pintemos de verde o de marrón, ella guarda siempre su lógica interna que se formula en esta pregunta: ¿cuánto puedo ganar en el menor tiempo, con la menor inversión posible, manteniendo una fuerte competitividad? No seamos ingenuos: el negocio de la economía vigente es el negocio. Ella no propone una nueva relación con la naturaleza sintiéndose parte de ella y responsable de su vitalidad e integridad. Muy al contrario, le hace una guerra total como denuncia el filósofo de la ecología Michel Serres. En esta guerra no tenemos ninguna posibilidad de vencer. Ella ignora nuestros intentos, sigue su curso incluso sin nuestra presencia. Tarea de la inteligencia es descifrar lo que ella nos quiere decir (por los eventos extremos, por los tsunamis, etc), defendernos de los efectos perjudiciales y poner sus energías a nuestro favor. Ella nos ofrece informaciones pero no nos dicta comportamientos. Estos debemos inventarlos nosotros mismos. Solamente serán buenos si están en conformidad con sus ritmos y ciclos.

Como alternativa a esta economía de devastación, si queremos tener futuro, necesitamos oponerle otro paradigma de economía de preservación, conservación y sostenimiento de toda la vida. Necesitamos producir, sí, pero a partir de los bienes y servicios que la naturaleza nos ofrece gratuitamente, respetando el alcance y los límites de cada biorregión, distribuyendo con equidad los frutos alcanzados, pensando en los derechos de las generaciones futuras y en los demás seres de la comunidad de vida. Ella adquiere hoy cuerpo a través de la economía biocentrada, solidaria, agroecológica, familiar y orgánica. En ella cada comunidad busca garantizar su soberanía alimentaria: Produce lo que consume, articulando a productores y consumidores en una verdadera democracia alimentaria.

La Río 92 consagró el concepto antropocéntrico y reduccionista de desarrollo sostenible, elaborado por el informe Brundland de 1987 de la ONU. Se transformó en un dogma profesado por los documentos oficiales, por los estados y empresas sin ser nunca sometido a una crítica seria. Secuestró la sostenibilidad sólo para su campo y así distorsionó las relaciones con la naturaleza. Los desastres que causaba en ella eran vistos como externalidades que no cabía considerar. Pero ocurre que estos se volvieron amenazadores, capaces de destruir las bases fisicoquímicas que sustentan la vida humana y gran parte de la biosfera. Esto no ha sido superado por la economía verde. Esta configura una trampa de los países ricos, especialmente de la OCDE (Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico) que produjo el texto teórico del PNUMA, Iniciativa de la Economía Verde. Con esto descartan astutamente la discusión sobre la sostenibilidad, la justicia social y psicológica, el calentamiento global, el modelo económico fracasado y el cambio de punto de vista, una mirada distinta sobre el planeta que pueda proyectar un futuro real para la humanidad y para la Tierra.

Junto con la Río +20 sería muy positivo rescatar también la Estocolmo+40. En esta primera conferencia mundial de la ONU realizada del 5 al 15 julio de 1972 en Estocolmo (Suecia) sobre el Ambiente humano, el foco central no era el desarrollo sino el cuidado y la responsabilidad colectiva por todo lo que nos rodea y que está en acelerado proceso de degradación, afectando a todos y especialmente a los países pobres. Era una perspectiva humanística y generosa, que se perdió con la carpeta cerrada del desarrollo sostenible y, ahora, con la economía verde.

Río+20: Capital natural se abre paso en el mundo financiero

Por Fabiana Frayssinet

Responsables del sector financiero de varios países asumieron el compromiso de incorporar el concepto capital natural en sus productos y servicios para defender un patrimonio que, según entienden, necesita un precio para impedir más devastación.

La “Declaración de Capital Natural” fue firmada por 37 ejecutivos de instituciones bancarias, compañías de seguros y de agencias de inversiones de 13 países durante el Foro Corporativo Sustentable, promovido por la Organización de las Naciones Unidas como una de las actividades paralelas a la cumbre Río+20.

El objetivo es entender y hacer entender que “activos” como el agua, el aire, el suelo y los bosques son un “capital fundamental” y advertir cómo esos recursos afectan los negocios de las empresas, explicó a TerraViva la coordinadora del Programa de Financiamiento Sostenible de la Fundación Getulio Vargas (FGV), Roberta Simonetti.

Las instituciones se proponen, en una segunda instancia, implementar una metodología para incorporar el valor de esos activos en los productos y servicios, y luego habrá que establecer cómo reflejar el impacto en los informes de riesgo para, finalmente, contabilizarlo, explicó.

La declaración sobre el capital natural es promovida por la FVG, la Iniciativa Financiera del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente y Global Canopy Programme.

Simonetti precisó que la expresión capital natural fue “tomada prestada” del mundo económico. De la misma forma que un inversionista quiere preservar su patrimonio y vivir de la ganancia que le genera, el desafío es ahora no depredar recursos naturales para obtener un beneficio, apuntó.

“Lo que proponemos es construir colectivamente una metodología que no fue creada todavía. Pero, al adherir a la declaración, se reconoce la importancia del capital natural y que se intenta entender los riesgos y cómo impactan, cómo informarlo y cómo calcularlo”, resumió.

La experta brasileña destacó, además, que hay compañías que ya evalúan ecológicamente sus negocios por su propio interés empresarial.

“Lo ideal sería que todos fuésemos altruistas, que reconozcamos que estamos usando más de lo que debemos, dilapidando el patrimonio del planeta, y que aceptemos que no queremos aumentar las producción”, indicó. Pero existen intereses diversos y eso no es posible, razonó.

Hasta ahora prevalece el concepto empresarial

Simonetti dio el ejemplo de una empresa de bebidas ubicada en regiones donde no hay disponibilidad de agua suficiente, por lo cual no podría continuar su negocio. La única alternativa que le queda en ese caso es pensar cómo ayudar a mantener los manantiales y el patrimonio hídrico del lugar, ilustró.

Sin embargo, este modelo es criticado por organizaciones sociales participantes de la Cumbre de los Pueblos en Río+20 por Justicia Social y Ambiental.

Expertas como Larissa Packer, de la organización Terra de Dereitos, temen que al darle un valor financiero a un recurso natural, en vez de cumplir su función de conservar la naturaleza, estimule la depredación. Es que, según esa lógica, un bien cuanto más escaso, más valioso.

Para Simonetti, las críticas se deben a que el concepto de capital natural es “malentendido”. “No es vender la naturaleza, sino que es entender que un servicio ‘ecosistémico’ tiene un valor y que, si por ejemplo un hacendado conserva la floresta (bosques), tiene que tener una compensación para sobrevivir sin talarla”, argumentó.

En entrevista con TerraViva, el vicepresidente de Desarrollo Organizacional y Sustentabilidad de Natura, Marcelo Cardoso, consideró necesaria e importante la discusión, aunque tiene reparos.

“Como los recursos naturales son un bien común, me parece fundamental la valoración de los servicios ambientales y de los ecosistemas, pero creo que todavía tenemos que discutir límites y marcos legales”, sostuvo el ejecutivo de esta empresa multinacional brasileña de cosméticos, pionera en la producción sustentable en este país.

En ese sentido, Cardoso entendió la inquietud de las organizaciones sociales sobre estos activos

“Existen sistemas como el del agua o la cuestión de los residuos que, si no ponemos claros límites a su utilización, si no buscamos ciclos cerrados, y si solo se hace una valoración sobre los servicios ambientales y su uso, vamos a terminar creando más devastación y destrucción que lo que queremos construir”, advirtió.

Por su parte, Ricardo Villaveces, de la colombiana Confederación Nacional de Cafeteros, sostuvo que, “en la medida en que los activos ambientales tengan valor, todos los vamos a cuidar”.

“Pero también vamos a beneficiarnos de ellos, porque parte del tema es que hay que lograr un ingreso por los servicios ambientales”, señaló a TerraViva este directivo empresarial, uno de los 37 firmantes de la Declaración de Capital Natural.

Río+20: Organizaciones indígenas andinas piden excluir minería como actividad sostenible

En unas horas se iniciará el debate del texto final de la Cumbre de Naciones Unidas sobre Desarrollo Sostenible, Río+20, y organizaciones como la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) marcaron su posición frente a lo que la minería representa para los pueblos originarios.

En este sentido a través de un comunicado CAOI exigió se deje de considerar a la minería como actividad de desarrollo sostenible. Pidió por tanto dejar fuera de los acuerdos finales de Río+20 a los párrafos que ven a esta actividad “como importante para todos los países con recursos minerales, en particular los países en vías de desarrollo”.

En el texto CAOI recuerda que en los Andes particularmente la minería es la que mayores conflictos sociales provoca al imponerse en territorios indígenas.

Señala además que los más beneficiados con la minería no son precisamente los países pobres. Por el contrario, explica el comunicado, éstos se ven aún más perjudicados al ser condenados a una economía primario-exportadora, sin posibilidades de industrialización y sustentando su crecimiento en recursos agotables.

Para la CAOI es importante que las organizaciones se pronuncien sobre este tema, por eso llamó al movimiento indígena internacional, a los movimientos sociales y a los organismos de derechos humanos a movilizarse en defensa de la vida y en rechazo a la minería.

A continuación el texto completo:

Río+20: La minería debe excluirse como actividad sostenible

El texto que se negocia en Río+20, propuesto por Brasil, insiste en incluir la minería como actividad del desarrollo sostenible. Los pueblos indígenas planteamos claramente que la minería es incompatible con el desarrollo sostenible. En los Andes, particularmente, esta actividad es la que mayores conflictos sociales provoca al imponerse en los territorios indígenas.

Esto desmiente lo que dice el documento respecto a que la minería “es importante para todos los países con recursos minerales, en particular los países en vías de desarrollo”. Por el contrario, son los países industrializados y sus multinacionales los que se enriquecen con los recursos minerales y condenan a los países pobres a una economía primario-exportadora, sin posibilidades de industrialización y sustentando su crecimiento en recursos agotables.

Tampoco es verdad que se respete “el derecho soberano de explotar sus recursos minerales de acuerdo a sus prioridades nacionales, y la responsabilidad con respecto a la explotación de los recursos descritos”, porque el modelo neoliberal extractivista impone las condiciones que establecen las corporaciones multinacionales, a las que los Estados nacionales otorgan todas las facilidades tributarias, laborales y de mínimos requisitos ambientales y sociales. En este contexto, resultan totalmente debilitadas las “capacidades para desarrollar, gestionar y regular sus industrias de la minería”.

La minería depreda, contamina, vulnera derechos. Los Estados no cumplen con el requisito de la consulta y consentimiento previo, libre e informado para otorgar concesiones mineras. Siglos de saqueo territorial, de contaminación de las fuentes de agua, de impactos culturales, de desplazamiento y de criminalización de los pueblos indígenas confirman la incompatibilidad de la minería con el derecho a la vida.

La Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI) llama al movimiento indígena internacional, a los movimientos sociales y a los organismos de derechos humanos para movilizarnos en defensa de la vida y exigir que la minería la excluida como actividad para el desarrollo sostenible.

He aquí los parágrafos del documento en negociación referidos a la minería y que deben ser eliminados de los acuerdos finales de Río+20:

Minería

230. Reconocemos que los minerales y los metales hacen una importante contribución a la economía mundial y las sociedades modernas. Tomamos nota de que la minería es importante para todos los países con recursos minerales, en particular los países en vías de desarrollo. También tomamos nota de que la minería ofrece la oportunidad de catalizar un amplio desarrollo económico, reducir la pobreza y ayudar a los países en reunión de desarrollo convenidos internacionalmente, incluidos los ODM, cuando una gestión eficaz y adecuada. Reconocemos que los países tienen el derecho soberano de explotar sus recursos minerales de acuerdo a sus prioridades nacionales, y la responsabilidad con respecto a la explotación de los recursos descritos en los Principios de Río. Reconocemos asimismo que las actividades mineras deberían maximizar los beneficios sociales y económicos, así como abordar eficazmente los impactos negativos ambientales y sociales. En este sentido, reconocemos que los gobiernos tienen fuertes capacidades para desarrollar, gestionar y regular sus industrias de la minería en el interés del desarrollo sostenible.

231. Reconocemos la importancia de los fuertes y eficaces marcos legales y regulatorios, políticas y prácticas para el sector minero que ofrecen beneficios económicos y sociales, e incluyen salvaguardias efectivas que reduzcan los impactos sociales y ambientales, así como a conservar la biodiversidad y los ecosistemas incluyendo la fase de cierre después de la minería. Hacemos un llamamiento a gobiernos y empresas para promover la mejora continua de la rendición de cuentas y transparencia, así como la eficacia de los mecanismos existentes para evitar que los flujos financieros ilícitos de las actividades mineras.

Cajamarca: 2 día de huelga de hambre

IDL Reporteros: Trampas y engaños

El 28 de abril, IDL-Reporteros publicó el informe: “Cómo subsidiamos un oligopolio”, que sacó a luz y demostró las abusivas prácticas del “oligopolio financiero que controla los bancos en el Perú”. En la presente nota, IDL-R continúa con la investigación sobre ese sector.

Por Patricio Ortega.-

¿Te enseñaron las virtudes del ahorro, lector, cuando eras un chiquitín? ¿Te regalaron un chanchito de alcancía para que fueras metiendo ahí tus soles primero y tus intis después? Seguro que ahí aprendiste tus primeras lecciones de Economía, aunque es otro asunto si las olvidaste o no.

¿No te enseñaron a partir de los 90 que si era un banco privado el que te ponía el chanchito (y no el Estado, fuchi), entonces todo estaba bien? ¿Viste la publicidad donde una sonriente pareja (en la que no te molestaría estar) celebra feliz al ver cómo su dinero ha crecido tanto en la cuenta de ahorros, que se pueden ir a las vacaciones all included en Punta Cana? ¡Y encima les dan una tarjeta de crédito! ¿No escuchaste o adivinaste entonces, como una vaga música de fondo, el ladrido triste del perro de Pavlov?

Si ahora te sientes como el susodicho perro, con anteojos quizá, mientras revisas tus cuentas para ver si hubo un error (pero la aritmética de la usura no miente), y lees el estado de cuenta de la tarjeta, lo que gastó tu pareja, y piensas culposamente en los costos de un divorcio, entonces quizá valga la pena que le hagas una visita a Jaime Delgado, en el Congreso, para que te enteres que tú, incluso en tu dimensión pavloviana, tienes algunos derechos y mereces protección.

Delgado es un pionero del todavía incipiente, pero enérgico y entusiasta, activismo por los derechos del consumidor en el Perú. El año pasado fue elegido congresista y, como es natural, pasó pronto a ser presidente de la Comisión de Defensa del Consumidor. 


Una de las tareas en las que Delgado pone más empeño es en defender los derechos de ciudadanos de a pie, como tú, que pensó que esa cuenta de ahorro ¡y la tarjeta! eran la llave de ingreso a un mundo pleno de sonrisas de ortodoncia y que ahora no sabe qué diablos pasó. ¿No era que en las cuentas de ahorro la plata crece (porque con la plata el tamaño sí importa, no es verdad)? ¿Y por qué ahora se ha achicado, tan patética, tan peligrosamente?

El primer consuelo que puedes tener es que no estás solo. Una de las cosas que Delgado podría enseñarte, atribulado deudor, es la petición (casi la exigencia) que hizo en marzo a la SBS para “retirar del mercado” un ‘producto financiero’ del Banco Falabella.

Se trata de una ‘Cuenta de Ahorro Programado’, que, si te descuidas,  con facilidad puede convertir en resta lo que te dijeron que iba a ser suma.

¿Cómo funciona? El banco Falabella, según la petición de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso a la SBS, atrajo a los clientes ofreciéndoles el 5% anual por sus depósitos. Pero en los hechos, denunció la Comisión, la oferta tenía vigencia solo hasta el 20 de marzo pasado. A partir de esa fecha, el interés se redujo a solo el 3.5%.

El ofrecimiento de que no se cobraría comisión por mantenimiento no resultó precisamente cierto tampoco. Había una comisión de S/. 7.90. Si alguien se animó a preguntar y a reclamar se le contestó en su momento que esa comisión no era por el mantenimiento de cuenta, sino por el de la tarjeta de crédito que, como denunció la Comisión de Defensa del Consumidor, “va asociada necesariamente, sin que el público sea consciente de ello”.

Después, como encontró Delgado, varios otros mecanismos se ponen en juego. En el caso que un ahorrista se olvide de depositar el monto de ahorro pactado mensualmente, el banco le presta automáticamente ese monto y lo deposita en su cuenta. Pero le carga un interés del 79.38% de interés (75% más de lo que le paga), y además le clava una comisión de S/ 25 a partir del sexto día, “por gestión de cobranza”. Si se atrasa un día más allá del mes, otros 25 soles.

En el caso de que se demore dos meses y un día en el siguiente aporte, se añade el cargo “el 15% del monto vencido”. Y, por supuesto –recalca la nota oficial del mensaje de la Comisión de Defensa del Consumidor a la SBS– “se suman los S/. 7.90 por mantenimiento de cuenta”.

El resultado es, remacha la comunicación del Congreso, “que el usuario termina debiéndole al banco muchísimo más de lo que ganan sus intereses, e incluso perdiendo su capital”.

Si el sufrimiento compartido duele menos, ya tienes un poco de anestesia local para sobarla sobre la caries de la usura.

¿Cuál fue el resultado de la gestión de la Comisión de Defensa del Consumidor del Congreso frente a la SBS?  La respuesta de la Superintendencia fue involuntariamente reveladora. Mañana la conocerá, junto con la parte final de este informe donde se describe cuán desprotegido está el consumidor, el ciudadano, ante el oligopolio financiero.
(continúa el martes 19 de junio)

Carta a Ollanta Humala de activistas y movimientos sociales de A. L.

Señor: Ollanta Humala TassoPresidente de la República de Perú

Mediante la presente nosotr@s ciudadan@s, activistas, militantes y organizaciones sociales de diversos países del mundo frente a la creciente represión, criminalización y militarización de las protestas sociales en Espinar-Cuzco y Cajamarca, nos dirijimos a usted para manifestar lo siguiente:

PRIMERO: Condenamos y rechazamos los hechos violentos, acontecidos hace dos semanas en Espinar-Cuzco, y expresamos nuestra solidaridad con los familiares de los fallecidos, heridos, detenidos y torturados, perpetrados por los efectivos policiales y militares.

SEGUNDO: Solicitamos el inmediato levantamiento del Estado de Emergencia en Espinar por ser atentatorio contra los derechos humanos de las personas y de los pueblos indígenas afectados.

TERCERO: Exigimos se tomen en serio las preocupaciones de la población acerca de los altos niveles de metales pesados encontrados en los suelos, el agua, la sangre y la orina de la población en la proximidad de las operaciones mineras. Se considere el tema de la calidad y escasez de agua que afecta ya a gran parte de la población que es una preocupación central de la población respecto a los diferentes proyectos mineros que se desarrollan en la zona y se realicen en forma objetiva y científica nuevos estudios e investigaciones ambientales participativas, legitimadas por todas las partes involucradas en el conflicto.

CUARTO: Nuestra solidaridad el pueblo de Cajamarca en su lucha contra el mega proyecto Minas Conga de la empresa norteamericana Newmont Mining Corporation Minera Yanacocha, lucha que consideramos digna y legítima pues reclaman el reconocimiento del derecho al agua, la consulta para los pueblos y la prohibición de minería en las cabeceras de cuenca y una moratoria a las concesiones mineras.

QUINTO: Sostenemos, como la mayoría de los pueblos del mundo, que el agua es un bien común y público. Por lo tanto, el derecho al agua y el derecho a la consulta previa para los pueblos campesinos e indígenas, son fundamentales para una democracia que promueve la libertad y bienestar de su población.
Decimos esto teniendo en cuenta que, como ya es de conocimiento público, dicho megaproyecto destruiría lagunas, cabeceras de cuenca y pondría en riesgo el equilibrio ecológico de la región, equilibrio indispensable para la conservación de la vida y el desarrollo de las comunidades directamente afectadas.

SEXTO: Solicitamos enérgicamente cese la persecución que el Estado peruano viene ejerciendo en contra de los líderes de las comunidades y rondas campesinas, líderes ambientalistas, y autoridades locales que han decidido escuchar la voz del pueblo y defender el medioambiente, el territorio, el agua y la vida.

SEPTIMO: Invocamos a su gobierno Presidente Humala, que haga caso a la voluntad mayoritaria del pueblo cajamarquino que exige la inviabilidad del proyecto Conga, que promueva una ley de acceso al agua como derecho humano, y que implemente un proceso democrático y participativo de consulta y ordenamiento territorial en beneficio de la población.FINALMENTE: exhortamos a su gobierno impulsar una urgente y verdadera reforma legal en materia de políticas de inversión para las industrias extractivas, el óptimo aprovechamiento de vuestros recursos naturales y los estándares ambientales, que recoja las prioridades de desarrollo de los pueblos y comunidades indígenas con plena participación, según lo establecido en los compromisos internacionales asumidos por el Estado Peruano.Atentamente,

Nombre y apellido/organización/país

Walter Israel da Silva. Diretorio Nacional MPA. Movimento dos pequenos Agricultores MPA (Brasil)
Aparecida Fonte. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST (Brasil)
Mesilene Gorete. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST (Brasil)
Cida Gomes. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST  (Brasil)
Lindomar Expedito. Darós   Perspectiva Histórica (Brasil)
Cassio Brancaleone. Professor (Brasil)
Freddy Congo. Fenocin (Ecuador)
Alfons Bech. La Aurora- POR (España)
Nicolás Filipic Masso. Movimiento Humanista (Argentina)
Roberto Fornari. Centro Cultural Suarez (Argentina)
Hugo Crosatto. "Asociación De Ex-Trabajadores y Familiares de Desaparecidos de Mercedes Benz (Argentina)
Jorge Sánchez. Revolta Global-Esquerra Antaicapitalist (España)
Héctor Melean. Colectivo Cimarron (Venezuela) 
Margarita Estela Mendes do Nascimento. COMDIM-conselho Municipal dos Direitos da Mulher Goitazcases (Brasil)
Tiago Régis de Lima. CRP/RJ (Brasil)
Maria Elena Olivares Illesca. Núcleo de Educação Ambiental da Bacia de Campos (Brasil)
Viviane Ramiro da Silva. Comissão Pastoral da Terra / RJ (Brasil)
Juliana Biondi Guanais. Seviço Pastoral do Migrante (SPM) (Brasil)
Adelma ferreira de souza. UNICAMP (Brasil)
Glauco dos Santos Gouvêa. Ingeniero Civil (Brasil)
Nenina Boulliet. Instituto Espacio para la Memoria de la ciudad de Buenos Aires (Argentina)
Fausta Camilo de Fernandes. Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário (Brasil)
Miriam Barreto da Silva. CPT (Brasil)
Olmedo Beluche. MPU (Panama)
Sara Tesrtard. Memoire des luttes (Francia)
Pablo Peréz. Fundación Abya Ayala (Venezuela)
Mariana Toscana .Escuela Campesina Francisco Morazan (Nicaragua)
Roxana Miranda. Andha Chile/Partido de la Igualdad (Chile)
Pablo Solana. Frente Popular Darío Santillan (Argentina)
Arley Escher. Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra MST (Brasil)
Mauro Ramos. Asociación Campesina Valle del Río Cimitarra (Colombia)
Cristian Ariel Peña. Frente Popular Darío Santillán (Argentina)
Yásser Gómez Carbajal. Mariátegui. La revista de las ideas (Perú)

Gobierno aceptó dialogar con Santos sobre proyecto Conga

En una conferencia de prensa realizada tras el consejo de ministros del día, el titular de la cartera de Viviena, René Cornejo, anunció que el Ejecutivo acepta la solicitud de diálogo del presidente regional de Cajamarca, Gregorio Santos, al primer mandatario, Ollanta Humala, “para ser escuchado” y dar solución a los problemas suscitados por el proyecto Conga.

“Esperamos que esta muestra de apertura al diálogo del presidente de la región Cajamarca sea el camino que se trace hacia el futuro. Nosotros estamos atentos y a disposición para escuchar lo que sean las propuestas de las autoridades de Cajamarca. Queda sentarse, conversar y definir el tema”, refirió Cornejo.

En tanto, el primer ministro, Óscar Valdés, explicó que Humala Tasso ha designado dos “Comités de crisis”, cada uno de los cuales debe abordar las tratativas para frenar la convulsión en Cajamarca y Espinar. El comité que tiene a cargo el caso Espinar está encabezado por el ministro de Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, mientras que el grupo destinado para el tema Conga en Cajamarca ha sido encargado al titular de Vivienda.

Perú: Gigantesca bandera ecológica recorrio las calles de Cajamarca

Gregorio Santos envió carta a Humala para hablar sobre Conga

Cajamarquinas embarazadas le tapan la boca a Ollanta Humala

Ollanta rechazó que se utilice a mujeres embarazadas en las protestas

Perú: Newmont acepta condiciones para Conga

Tras una extensa evaluación, minera decidió acoger las recomendaciones incluidas en el peritaje internacional a megaproyecto aurífero en Cajamarca.

La transnacional Newmont Mining Corporation, cuya filial en el Perú es minera Yanacocha, aceptó las condiciones impuestas por el Gobierno para llevar adelante el proyecto aurífero Minas Conga.

Fuentes del ámbito empresarial informaron a Perú21 que la comunicación oficial de la corporación fue alcanzada el jueves 14 de junio al jefe de Estado, Ollanta Humala.

En la comunicación, firmada por el presidente de Newmont, Richard O’Brien, le informan a Humala que el directorio de la compañía, tras una extensa evaluación, ha decidido acoger las recomendaciones incluidas en el peritaje internacional al Estudio del Impacto Ambiental. Buscamos la versión de Yanacocha, pero no hubo respuesta.

“Ya se lo vamos a comunicar”, fueron, en cambio, las palabras de Humala al ser preguntado por Perú21 sobre el tema, tras participar en un evento sobre turismo. Fuentes del Ejecutivo confirmaron la versión pero desconocían si habria un mensaje a la nación.

Nacionalismo ¿Mito o realidad?

Perú: Huelga de Hambre: Presidente de la FEP Universidad Nacional de Cajamarca, Vladimir Ruíz Caruajulca

Marcha de la embarazadas anti-conga en Cajamarca

 

"El futuro de nuestros hijos y descendencia, depende de la defensa del medio ambiente"

Se convoca a toda la población cajamarquina, del campo y la ciudad; a las organizaciones sociales y sindicales; a los(as) estudiantes de todas las instituciones educativas (universidades públicas y privadas, Institutos pedagógicos y no pedagógicos, escuelas de artes, colegios, academis, etc. Etc.)

A participar de un novesoso mecanismo de lucha como es una marcha de embarazadas, donde saldrán las señoras embarazadas, quienes defienden el futuros de su hijo e hija en camino.

Lugar de concentración: Plazuela Bolognesi 8:a.m.

Recorrido: Plazuela Bolognesi, Amalia Puga, Plaza de Armas, Amalia Puga, José Gálvez, El Comercio, Plaza de armas.

24 de junio ¿día del indio?

Perú:Universitarios y ronderos inician huelga de hambre contra Conga

Cajamarca radicaliza sus medidas de protesta. A las 6pm de hoy, estudiantes de la UNC y dirigentes de las Rondas Campesinas de la región inician huelga de hambre.

Hasta el cierre de la presente edición, se informó que en esta medida de protesta participan el presidente de la Federación de Estudiantes de la Universidad Nacional de Cajamarca Vladimir Ruíz Caruajulca y el dirigente regional de Rondas Campesinas Hildebrando Mendoza.
Todos en una sola voz... "Conga no va"

Perú: Profesores del Sutep deciden en Cajamarca continuar con la huelga indefinida

Por el agua y la vida...en pie de lucha

Perú: Una raya más al tigre: Base de datos para decidir quién es indígena en el Perú

Por Javier La Rosa Calle

18 de junio, 2012.- Se ha publicado la Resolución Ministerial Nº 202-2012-MC que aprueba la “Directiva que regula el funcionamiento de la Base de Datos Oficial de Pueblos Indígenas u Originarios”, la misma que se origina en el artículo 20º de la Ley de Consulta Previa (Ley 29785) y en el numeral 29.2 del artículo 29 del Reglamento de la referida ley (Decreto Supremo 001-2012-MC), donde se señalaba que estaba a cargo del Viceministerio de Interculturalidad la responsabilidad de elaborar, consolidar y actualizar la Base de Datos Oficial. Nos encontramos entonces ante una nueva disposición que ayuda a completar la regulación jurídica que el Ejecutivo viene haciendo sobre consulta previa para dar cumplimiento al Convenio 169 de la OIT.

La pertinencia de esta Base de Datos es de índole mayor, ya que si bien se ha señalado que la misma no tiene carácter constitutivo de derechos, en la práctica si lo es por una razón sencilla: Los pueblos indígenas u originarios que no figuren en dicho instrumento no serán sujetos de consulta previa cuando se requiera su opinión frente a una medida que les afecte directamente.

Estamos, por lo tanto, ante una disposición administrativa que requiere el debido análisis y ponderación a la luz de los estándares del derecho internacional de los pueblos indígenas y de los débiles pronunciamientos del Tribunal Constitucional. A lo cual debemos agregar el ya difícil contexto peruano en el cual la definición de quién es sujeto indígena ha sido siempre materia de controversia y de una restrictiva interpretación desde el Estado e incluso de algunos sectores de sociedad civil.

Lo primero que habría que considerar es la validez jurídica de lo que se establece en la Base de Datos, para lo cual tendría que examinarse la consistencia de lo establecido en el numeral VII referido a “acciones de identificación de pueblos indígenas” con lo que se señala en el Convenio 169 de la OIT. Al respecto, en la Base de Datos se menciona que se están considerando los criterios objetivos y subjetivos que establece dicho tratado internacional.

Además, se desarrolla que los criterios objetivos aluden a continuidad histórica; a conexión territorial, entendida como la ocupación de una zona del país por los ancestros de las poblaciones referidas; a instituciones políticas, culturales, económicas y sociales distintivas conservadas total o parcialmente. Más adelante se dice que el criterio subjetivo está referido a la autoidentificación de las personas que forman parte de un colectivo humano como pertenecientes a un pueblo indígena u originario del territorio nacional.

Hasta aquí se aprecia una repetición de lo señalado en el Convenio 169 de la OIT o en la Guía sobre dicho texto (1). El aspecto crítico está más adelante cuando en el numeral 7.1.5 se señala que la Base de Datos tendrá dos elementos objetivos para el reconocimiento de un pueblo indígena: 1º la lengua indígena y 2º tierras comunales de los pueblos indígenas, debiendo concurrir ambos para evidenciar que existe continuidad histórica desde los momentos anteriores al establecimiento del Estado.

Por ende, si no concurriesen ambos elementos objetivos, un pueblo indígena no sería incorporado en la Base de Datos que le permita ser considerado en la aplicación del derecho a la consulta previa. De ripley.

Dicho de otro modo, para el Ejecutivo será el factor lingüístico y el factor territorial lo determinante para establecer el criterio objetivo que deberá concurrir con el criterio subjetivo de modo que se identifique quien es pueblo indígena u originario, tal como lo señala el artículo 7 de la Ley de Consulta Previa.

La primera pregunta que tendríamos que hacernos es por qué tendrían que considerarse sólo estos elementos para establecer los criterios objetivos. Una segunda pregunta es si se están ciñendo a lo establecido en el artículo 1º del Convenio 169 de la OIT, o si mas bien no se está generando una restricción indebida para una serie de pueblos indígenas u originarios que más allá de la denominación legal, no tienen una lengua diferente del castellano, o porque no tienen tierras comunales.

Les preguntamos a los funcionarios del Viceministerio de Interculturalidad si han sido conscientes que con esta aplicación limitada están dejando de lado otras instituciones sociales, económicas, culturales o políticas de los pueblos indígenas que se mantienen en todo o en parte en el país y que permiten evidenciar la existencia de un colectivo étnico cultural diferente. Por ejemplo, el caso de las comunidades campesinas de la costa, o el caso de las rondas campesinas autónomas de Cajamarca o Piura.

Consideramos que esta manera de presentar la Base de Datos es una evidencia más de una serie de errores que sigue cometiendo el Ejecutivo que desnaturalizan la aplicación del derecho a la consulta previa que reconoce el Convenio 169 de la OIT. Muestra de ello, es que ni siquiera toman en cuenta los criterios que utiliza la Comisión de Expertos en Aplicación de Convenios y Recomendaciones de la OIT cuando, refiriéndose a México en la 76° sesión del año 2005, señalaba que el idioma no podía constituir el único factor de identificación (2). Respecto al caso peruano, si bien no es el único elemento, se ha establecido que es ineludible, con lo que se está estableciendo una forzada interpretación limitativa a los derechos de los pueblos indígenas.

Por lo señalado, creemos que debe rectificarse este error en la medida que haya buena fe gubernamental y vocación sincera de respetar a los colectivos indígenas, evitando seguir marginalizándolos. De otro lado, pudiendo estar de acuerdo con el criterio objetivo de tierras comunales de los pueblos indígenas, éste tendría que entenderse en su interpretación más favorable a estos pueblos (art. 35 del Convenio 169), en el sentido que se alude a la idea de mantenimiento de “comunalidad” en un colectivo. Si esto no ocurriese así estaríamos ante una incoherencia entre el discurso oficial que ofrece cumplir estos derechos especiales y lo que ocurre en la práctica.

Notas:

(1) Organización Internacional del Trabajo. “Los Derechos de los Pueblos Indígenas en la Práctica. Una Guía sobre el Convenio Num. 169 de la OIT”. 2009.

(2) Idem p. 12

Gremios agrarios exigen participar en debate sobre límite a la propiedad de la tierra

A través de un pronunciamiento, diversos gremios agrarios rechazaron las propuestas legislativas de los congresistas Virgilio Acuña, José León rivera y Juan Carlos Eguren para limitar la propiedad de las tierras. Exigieron se elabore una nueva propuesta con la participación de los agricultores(as) y sus organizaciones representativas con miras a una verdadera inclusión social.

Indican que se debe limitar la extensión de la propiedad de la tierra tomando en cuenta el derecho de consulta a todas las organizaciones agrarias nacionales y regionales; y establecer límites diferenciados en función de la dimensión, ubicación y realidad de cada cuenca o zona, considerando además los tipos de tierra.

Asimismo, esa nueva propuesta debe establecer un impuesto gradual a la concentración de tierras que desmotive la acumulación; garantizar la seguridad jurídica de las tierras comunales e indígenas; y abordarse bajo un enfoque de género que visibilice el problema de las mujeres rurales en el acceso a la tierra y considere su implementación.

El pronunciamiento fue suscrito por representantes de la Confederación Nacional Agraria (CNA), la Asociación Nacional de Productores Ecológicos del Perú (ANPE PERÚ), la Confederación Campesina del Perú (CCP), y La Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (Femucarinap).

El documento se leyó en la sesión de la Comisión Agraria efectuada el 13 de junio, en la que se debatieron los proyectos de ley: N° 545/2011-CR, que propone promover la democratización y el acceso de las tierras agrícolas en el Perú y el N° 763/2011-CR, que propone establecer límites de extensión de la propiedad de la tierra agrícola y/o con aptitud agrícola.

Se abordó además el proyecto de ley N° 201/2011-CR, que propone modificar el artículo 13 de la Ley 26505 Ley de la inversión privada en el desarrollo de las actividades económicas en las tierras del territorio nacional y de las comunidades campesinas y nativas. Los asistentes a la sesión acordaron votar en una próxima sesión.