¡NI UN MUERTO MÁS!
CNDDHH ANTE EJECUCIÓN EXTRAJUDICIAL DE ADOLESCENTE
EN QUILLABAMBA
La
Coordinadora Nacional de Derechos Humanos lamenta profundamente la muerte del
adolescente Jhapet Huillca Pereyra (16) producto del uso abusivo de la fuerza
por parte de la Policía Nacional del Perú en Quillabamba, Cusco, el pasado
martes 2 de setiembre. El adolescente falleció al impactarle en el abdomen un
proyectil de arma de fuego de largo alcance. El uso de tales armas frente a
civiles desarmados que ejercen su derecho a la protesta, o inclusive para el
control de disturbios, constituye una grave violación de las obligaciones en
materia de derechos humanos asumidas por el Perú y cuestiona la solidez de
nuestro sistema democrático. Cabe recordar que con Jhapet son 35 los civiles
fallecidos por la acción policial en protestas durante lo que va de gobierno,
por lo que nos encontramos en la práctica ante una política de Estado, más que
frente acciones aisladas.
Por otra
parte, la muerte ocurrida pudo ser evitada mediante una atención oportuna de
las legítimas demandas que han llevado a la población de Quillabamba a un paro
indefinido. Antes de dar este paso, la población ha tratado de usar durante
varios años los canales institucionales sin obtener respuesta oportuna frente
al problema de la corrupción, la falta de adecuada participación en los
beneficios económicos derivados de la operación del gaseoducto sur andino, y
los graves impactos ambientales frente a la construcción de una hidroeléctrica
en Santa Teresa, entre otras demandas.
Desde el
movimiento de derechos humanos requerimos que se lleve a cabo una investigación
exhaustiva que permita sancionar a los responsables de la muerte de Jhapet
Huillca Pereyra. En ese sentido, reconocemos que la dirección de la PNP ha
actuado de manera rápida al relevar al Jefe Policial de la Convención y a los
comisarios de Maras y Chinchero, pero es preciso individualizar a quienes
dirigieron y coordinaron el operativo que costó la vida de un escolar peruano.
Independientemente de las responsabilidades penales resultantes, el Estado
debería indemnizar a los familiares del fallecido a la mayor brevedad.
Hacemos
además un llamado a implementar las recomendaciones de la Defensoría del Pueblo
y de los diversos organismos internacionales en la materia, garantizando
dotación de armamento no letal y entrenamiento adecuado a los policías,
regulando de manera precisa los procedimientos para el control de disturbios,
garantizando el acceso a la justicia y reparación de los afectados, y derogando
las normas que favorecen la impunidad de los abusos policiales contra
manifestantes. Pedimos también al gobierno que dé una salida sustancial a las
demandas del pueblo de Quillabamba, dentro de un contexto de diálogo democrático.
Lamentamos
que en el marco de los disturbios al hacerse pública la muerte del escolar
quillabambino, varios efectivos policiales resultaran heridos.
Por
último, consideramos que esta muerte constituye una nueva evidencia de la falta
de idoneidad de Daniel Urresti Elera para ejercer el cargo de Ministro del
Interior. Ello se suma a su procesamiento por la ejecución del periodista Hugo
Bustíos, y las graves violaciones de derechos humanos perpetradas en Madre de
Dios en el marco de la interdicción de la minería informal, incluyendo la
muerte del también quillabambino Américo Laura Zambrano. Por todos los hechos
mencionados, Daniel Urresti debería renunciar.
4 de
setiembre de 2014
Secretaría
Ejecutiva
Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos
