miércoles, 21 de noviembre de 2012
Perú: Estudio jurídico pro empresarial gana consultorías sobre Ley de Consulta Previa
Un estudio jurídico especializado en asesorar y atender a grandes empresas y corporaciones mineras obtuvo cinco de doce adjudicaciones para elaborar consultorías referidas a la Ley 29785, de derecho a la consulta previa a los pueblos indígenas u originarios.
Se trata del Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados que obtuvo cinco adjudicaciones en la convocatoria: “Elaboración de informes de inventario y análisis de medidas administrativas de los sectores, Gobiernos Regionales, así como el mapeo de actores que deben ser consultados en el marco de la Ley 29785”.
Los resultados fueron publicados el viernes 16 de noviembre en el sitio web del Consorcio de Investigación Económica y Social (CIES) y las adjudicaciones corresponden al ministerio de Agricultura (Minag), la Autoridad Nacional del Agua (ANA), ministerio de Cultura (Mincu), ministerio de Energía y Minas/Perupetro (Minem-Perupetro) y ministerio de Salud (Minsa).
La convocatoria tiene por objeto levantar y sistematizar información sobre las medidas administrativas que deben ser consultadas a los pueblos indígenas u originarios para ser utilizada por la Defensoría del Pueblo en sus tareas de supervisión sobre la implementación del derecho a la consulta previa.
La convocatoria se efectuó en el marco de la cooperación técnica que recibe la Defensoría del Pueblo de la República Federal de Alemania, como aporte a la prevención de conflictos. Para esta convocatoria se solicitó la colaboración del CIES.
La participación de un estudio jurídico cuya función privada principal es servir al interés gran empresarial responde a la decisión de algunos organismos públicos de tercerizar actividades que tienen relación con la protección de derechos humanos.
¿El gato de despensero?
El estudio jurídico señalado patrocina y tiene como principales clientes representativos a empresas mineras como Yanacocha, Barrick Gold, Newmont Mining Corporation, Compañía Minera Milpo, Shougang Hierro Perú, Xtrata Perú, entre otras.
Asimismo, asesora al sector empresarial en adquirir derechos superficiales para proyectos mineros, centrales hidroeléctricas, centrales térmicas, tendidos de tuberías de gas natural y ductos de conexión a puertos.
En tal sentido su labor incluye la celebración de acuerdos con propietarios y posesionarios de terrenos en zonas rurales para la ejecución de contratos de opción, adquisición, servidumbres y celebración de transacciones extrajudiciales.
Abogados consultados por Servindi observaron posibles conflictos de interés que se podrían desencadenar a partir de las consultorías y el sesgo privatista que podrían adquirir las políticas públicas sobre los pueblos indígenas.
La interrogante que surge ante todo esto es si es adecuado que un estudio de abogados cuyos clientes representativos son grandes empresas y corporaciones mineras, tenga injerencia directa o indirecta en determinar los temas, normas y procedimiento de consulta a los pueblos indígenas que deberán ser supervisados por la Defensoría del Pueblo. Al respecto esta institución tiene la palabra.
| Clientes representativos del Estudio Rubio, Leguía, Normand y Asociados | |
| Saneamiento de tierras | Minería |
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Arequipa: Bases del SUTEP no quieren a SUTEP Patria Roja
Un sector de las bases del SUTEP salió hoy a las calles de Arequipa para protestar contra la Ley de Reforma Magisterial que hoy debate el Pleno del Congreso. Al llegar a la Plaza de Armas, se manifestaron en contra los dirigentes del SUTEP Patria Roja, y deslindaron cualquier relación con movimientos radicales. Profesores de Patria Roja también llegaron a la plaza.
martes, 20 de noviembre de 2012
Mundo: Gaza, la prisión al aire libre más grande del mundo
Por Noam Chomsky
Incluso una sola noche en la cárcel es suficiente para tener una idea de lo que significa estar bajo el control total de alguna fuerza externa. Y difícilmente se requiere más de un día en Gaza para apreciar lo que debe ser tratar de sobrevivir en la prisión al aire libre más grande del mundo, donde alrededor de 1,5 millones de personas en una franja de territorio de aproximadamente 140 millas cuadradas (unos 360 kilómetros cuadrados) están sometidas al terror y al castigo arbitrario, al azar. Sin más propósito que humillar y degradar.
Esa crueldad es para asegurarse de que las esperanzas palestinas de un futuro decente sean destrozadas, y que el abrumador apoyo mundial para un arreglo diplomático que conceda los derechos humanos básicos sea nulificado. El liderazgo político israelí ha ilustrado de manera dramática este empeño en los últimos días, advirtiendo que enloquecerá si los derechos de los palestinos reciben incluso un reconocimiento limitado por parte de Naciones Unidas. Esta amenaza de enloquecer (nishtagea) –es decir, lanzar una dura respuesta– está profundamente arraigada, remontándose a los gobiernos laboristas de los años 50, junto con el relacionado complejo de Sansón: Si nos desafían, derribaremos los muros del templo a nuestro alrededor.
Hace 30 años, los líderes políticos israelíes, incluidos algunos notables militaristas, presentaron al primer ministro Menajem Begin un asombroso informe sobre cómo los colonos en Cisjordania regularmente cometían actos terroristas contra los árabes ahí, con total impunidad. Disgustado, el prominente analista político-militar Yoram Peri escribió que la tarea del ejército israelí, al parecer, no era defender al Estado, sino demoler los derechos de personas inocentes sólo porque son araboushim (un duro epíteto racial) que viven en territorios que Dios nos prometió.
Los gazatíes han sufrido un castigo particularmente cruel. Hace 30 años, en su biografía The Third Way, el abogado Raja Shehadeh describió la desesperada tarea de tratar de proteger los derechos humanos fundamentales dentro de un sistema legal diseñado para garantizar el fracaso, y su experiencia personal como samid, un inquebrantable, que vio su casa convertida en prisión por obra de ocupantes brutales y no pudo hacer nada, sino soportarlo de algún modo. Desde entonces, la situación ha empeorado mucho.
Los Acuerdos de Oslo, celebrados con mucha pompa en 1993, determinaron que Gaza y Cisjordania son una sola entidad territorial. Para ese entonces, Estados Unidos e Israel ya habían iniciado su programa para separar a Gaza y Cisjordania, así como para bloquear la solución diplomática y castigar a los araboushim en ambos territorios. El castigo para los gazatíes se volvió incluso más severo en enero de 2006, cuando cometieron un crimen importante: Votaron de la manera equivocada en la primera elección libre en el mundo árabe, eligiendo a Hamas.
Mostrando su anhelo de democracia, Estados Unidos e Israel, respaldados por la tímida Unión Europea, inmediatamente impusieron un estado de sitio brutal, junto con ataques militares. Estados Unidos recurrió de inmediato a su procedimiento operativo estándar cuando una población desobediente elige al gobierno equivocado: preparar un golpe de Estado militar para restablecer el orden. Los gazatíes cometieron un crimen aún mayor un año después al bloquear el intento de golpe de Estado, lo que condujo a una intensificación del estado de sitio y los ataques. Estos culminaron en el invierno de 2008-09, con la Operación Plomo Fundido, uno de los más cobardes y viciosos ejercicios de fuerza militar en la historia reciente: una población civil indefensa, atrapada, fue sometida a un ataque incesante por parte de uno de los sistemas militares más avanzados del mundo, dependiente de armas estadounidenses y protegido por la diplomacia de Washington.
Por supuesto, hubo pretextos; siempre los hay. El común, sacado a relucir cuando se necesita, es la seguridad: en este caso, contra cohetes de fabricación casera lanzados desde Gaza. En 2008, se estableció una tregua entre Israel y Hamas. Ni un solo cohete de Hamas fue disparado hasta que Israel rompió la tregua bajo la cubierta de la elección estadounidense el 4 de noviembre, invadiendo Gaza sin una buena razón y matando a media docena de miembros de Gaza. Sus más altos funcionarios de espionaje aconsejaron al gobierno israelí que la tregua podría ser renovada relajando el bloqueo criminal y poniendo fin a los ataques militares. Pero el gobierno de Ehud Olmert –él mismo, según se dice, amante de la paz– rechazó estas opciones, recurriendo a su enorme ventaja en la violencia: la Operación Plomo Fundido.
El internacionalmente respetado defensor de los derechos humanos gazatíes Raji Sourani analizó el patrón del ataque bajo la Operación Plomo Fundido. El bombardeo se concentraba en el norte, haciendo blanco en civiles indefensos en las áreas más densamente pobladas, sin una posible base militar. El objetivo, sugiere Sourani, quizá haya sido impulsar a la población intimidada hacia el sur, cerca de la frontera con Egipto. Pero los samidin no se movieron. Un objetivo adicional podría haber sido empujarlos más allá de la frontera. Desde los primeros días de la colonización sionista se argumentó que los árabes no tenían razón real para estar en Palestina: pueden ser igual de felices en cualquier otra parte, y deberían irse; cortésmente transferidos, sugirieron los menos militaristas.
Esto seguramente no es de poca importancia para Egipto, y quizá sea una razón por la cual El Cairo no abre las fronteras libremente a los civiles o incluso a los suministros desesperadamente necesitados. Sourani y otras fuentes reconocidas han observado que la disciplina de los samidin oculta un barril de pólvora que podría explotar en cualquier momento, inesperadamente, como la primera Intifada en Gaza en 1987, después de años de represión. Una impresión necesariamente superficial después de pasar varios días en Gaza es el asombro, no sólo ante la capacidad de los gazatíes para seguir adelante con su vida, sino también ante la vitalidad entre los jóvenes, particularmente en la universidad, donde asistieron a una conferencia internacional.
Pero uno puede detectar signos de que la presión podría volverse demasiado difícil de soportar. Los reportes indican que se fermenta la frustración entre los jóvenes; un reconocimiento de que bajo la ocupación estadounidense-israelí el futuro no les depara nada. Gaza tiene la apariencia de un país del Tercer Mundo, con reductos de riqueza rodeados por una horrible pobreza. Sin embargo, no está poco desarrollada. Más bies está de-desarrollada y muy sistemáticamente, para tomar prestado el término de Sara Roy, la principal especialista académica sobre Gaza.
La Franja de Gaza pudiera haber llegado a ser una región mediterránea próspera, con una rica agricultura y una floreciente industria pesquera, maravillosas playas y, como se descubrió hace una década, buenas perspectivas de extensos suministros de gas natural dentro de sus aguas territoriales. Por coincidencia o no, fue entonces cuando Israel intensificó su bloqueo naval. Las perspectivas favorables fueron abortadas en 1948, cuando la Franja tuvo que absorber a una inundación de refugiados palestinos que huían del terror o fueron expulsados por la fuerza de lo que se convirtió en Israel; en algunos casos meses después del cese al fuego formal.
Las conquistas de 1967 de Israel y sus consecuencias asestaron golpes adicionales, y los crímenes terribles continúan hasta la actualidad. Los signos son fáciles de ver, incluso durante una breve visita. Sentado en un hotel cercano a la costa, uno puede oír el fuego de ametralladoras de lanchas cañoneras israelíes que ahuyentan a los pescadores de las aguas territoriales de Gaza y los obligan a acercarse a tierra, forzándolos a pescar en aguas que están fuertemente contaminadas debido a la negativa estadounidense-israelí de permitir la reconstrucción de los sistemas de drenaje y electricidad que destruyeron. Los Acuerdos de Oslo incluyeron planes para dos plantas de desalinización, una necesidad en esta región árida.
Una instalación avanzada fue construida: en Israel. La segunda está en Khan Yunis, en el sur de Gaza. El ingeniero a cargo en Khan Yunis explicó que esta planta fue diseñada de manera que no pueda usar agua de mar, sino que debe depender del líquido subterráneo, un proceso más barato que degrada más el escaso manto acuífero, garantizando problemas en el futuro. El suministro de agua sigue estando gravemente limitado. El Organismo de Obras Públicas y Socorro de las Naciones Unidas (OOPS), que atiende a los refugiados, pero no a otros gazatíes, dio a conocer recientemente un informe que advierte que el daño al acuífero podría volverse irreversible pronto, y que sin una rápida acción de remedio Gaza podría dejar de ser un lugar habitable para 2020.
Israel permite que entre concreto para los proyectos del OOPS, pero no para los gazatíes involucrados en los enormes esfuerzos de reconstrucción. El limitado equipo pesado permanece en su mayor parte ocioso, ya que Israel no permite el ingreso de materiales para la reparación. Todo esto es parte del programa general que Dov Weisglass, un asesor del primer ministro Olmert, describió después de que los palestinos no siguieron las órdenes en las elecciones de 2006: “La idea –dijo– es poner a dieta a los palestinos, pero no hacerlos morir de hambre”.
Recientemente, después de varios años de esfuerzos, la organización israelí de derechos humanos Gisha logró obtener una orden judicial para que el gobierno dé a conocer sus registros que detallan los planes para la dieta. Jonathan Cook, un periodista basado en Israel, los resume así: “Funcionarios de salud ofrecieron cálculos de la cantidad mínima de calorías necesarias para que el millón y medio de habitantes de Gaza evitaran la desnutrición. Esas cifras fueron luego traducidas a los cargamentos de alimentos que Israel permitiría que ingresaran cada día, un promedio de apenas 67 camiones –mucho menos de la mitad del mínimo requerido– entraría en Gaza diariamente. Esto comparado con más de 400 camiones antes de que empezara el bloqueo”.
El resultado de imponer la dieta, observa el experto en Medio Oriente Juan Cole, es que “alrededor de 10 por ciento de los niños palestinos en Gaza menores de cinco años han visto afectado su crecimiento por la desnutrición.
Además, la anemia está extendida, afectando a dos terceras partes de los infantes, a 58,6 por ciento de los niños en edad escolar, y a más de un tercio de las madres embarazadas”.
Sourani, el defensor de los derechos humanos, observa que lo que se debe tener en mente es que la ocupación y el cierre absoluto son un ataque constante contra la dignidad humana del pueblo de Gaza, en particular, y de todos los palestinos, en general. Son la degradación, humillación, aislamiento y fragmentación sistemáticas del pueblo palestino. Esta conclusión ha sido confirmada por muchas otras fuentes. En The Lancet, una importante publicación médica, Rajaie Batniji, un médico de Stanford visitante, describe a Gaza como una especie de laboratorio para observar la ausencia de dignidad, una condición que tienen efectos devastadores en el bienestar físico, mental y social. La vigilancia constante desde el cielo, el castigo colectivo a través del bloqueo y el aislamiento, la intrusión en las casas y las comunicaciones, así como las restricciones sobre quienes tratan de viajar, casarse o trabajar dificultan vivir una vida digna en Gaza, escribe Batniji.
Los araboushim deben ser enseñados a no levantar la cabeza. Había esperanzas de que el nuevo gobierno de Mohammed Morsi en Egipto, que es menos servil con Israel que la dictadura de Hosni Mubarak respaldada por Occidente, pudiera abrir el Cruce de Rafah, el único acceso de Gaza hacia el exterior que no está sujeto al control israelí directo. Ha habido una ligera apertura, pero no mucha. La periodista Laila el-Haddad escribe que la reapertura bajo el gobierno de Mosri “es simplemente un regreso al statu quo del pasado: solo los palestinos que porten tarjetas de identificación de Gaza aprobadas por Israel pueden usar el Cruce de Rafah”.
Esto excluye a muchísimos palestinos, incluida la propia familia de El-Haddad, donde sólo un cónyuge tiene una tarjeta. Además, continúa, el cruce no conduce a Cisjordania, ni permite el paso de bienes, el cual está restringido a los cruces bajo control israelí y sujeto a prohibiciones sobre los materiales de construcción y las exportaciones. El restringido Cruce de Rafah no cambia el hecho de que Gaza sigue bajo hermético estado de sitio marítimo y aéreo, y continúa estando cerrado a las capitales culturales, económicas y académicas en el resto (de los territorios ocupados por Israel), en violación de las obligaciones israelí-estadounidenses según los Acuerdos de Oslo.
Los efectos son dolorosamente evidentes. El director del hospital de Khan Yunis, que también es jefe de cirugía, describe con enojo y pasión cómo incluso faltan las medicinas, lo cual deja a los médicos impotentes y a los pacientes en agonía. Una joven habla sobre la enfermedad de su difunto padre. Aunque él hubiera estado orgulloso de que ella fuera la primera mujer en el campamento de refugiados en obtener un título avanzado, dice, “murió después de seis meses de combatir el cáncer, a los 60 años. “La ocupación israelí le negó un permiso para ir a hospitales israelíes en busca de tratamiento. Yo tuve que suspender mis estudios, mi trabajo y mi vida para ir a sentarme al lado de su cama. Todos nos sentamos, incluido mi hermano el médico y mi hermana la farmacéutica, impotentes e inútiles, observando su sufrimiento. Murió durante el inhumano bloqueo de Gaza en el verano de 2006 con muy poco acceso a servicios de salud.
Pienso que sentirse impotente e inútil es el sentimiento más aniquilador que puede tener un ser humano. Mata el espíritu y rompe el corazón. Se puede combatir la ocupación, pero no se puede combatir tu propia sensación de ser impotente. Ni siquiera se puede disolver ese sentimiento.
Un visitante en Gaza no puede evitar sentir disgusto ante la obscenidad de la ocupación, agravado por la culpa, porque está a nuestro alcance poner fin al sufrimiento y permitir que los samidin disfruten de las vidas de paz y dignidad que merecen.
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La más reciente colección de columnas de Noam Chomsky es Making the Future: Occupations, Interventions, Empire and Resistance. Es profesor emérito de Lingüística y Filosofía en el Instituto Tecnológico de Massachusetts (MIT) en Cambridge, Massachusetts.
El desempeño de Petrobras en América Latina: ¿Responsabilidad social?
Petrobras es una empresa semipública del estado brasileño que tiene unidades, empresas subsidiarias y representaciones comerciales y financieras, y opera en 27 países, además de Brasil. Según su web institucional lo más importante que tiene la empresa es su “responsabilidad social y ambiental” (1). Sin embargo, en el presente informe veremos que su historial en América Latina no es precisamente un ejemplo de buenas prácticas sociales y ambientales.
Argentina Santa Fe
Petrobras está presente en Argentina desde 1993 con tareas de exploración y producción de gas y petróleo. La adquisición durante 2003 de la empresa Pecom Energía posicionó a Petrobras como la segunda productora de petróleo de Argentina y al mismo tiempo confirmó su lugar de empresa líder en la exploración y producción petrolera en América Latina.
Sin embargo, en este país existen varios casos en que la empresa brasileña ingresó a comunidades, donando grandes cantidades de dinero para diferentes motivos, como reparar una escuela primaria o patrocinar proyectos educativos, y así neutralizar las quejas en su contra.
En la provincia de Santa Fe, Petrobras se unió a la organización no gubernamental, Agora Ludus, en un proyecto “que apunta a promocionar la riqueza del encuentro lúdico en las escuelas para resignificar el valor social de su incidencia en la comunidad”. Así lo apunta el diario “Sin Mordaza” de San Lorenzo, citado en el libro: “Petrobras, ¿integración o explotación?”(2).
“La empresa petrolera ha dispuesto una política de compromiso e integración con la comunidad desde su llegada a la región”, sentencia el citado diario. Y es que la firma brasileña tiene en el lugar una planta de producción de fertilizantes, otra de estirenos y un centro para el abastecimiento de combustible a navíos.
Además, es común que Petrobras organice cursos de “gestión educativa” en San Lorenzo o de educación vial en Neuquén, donde instruye tanto a niños como a docentes, y cuyos contenidos “adquieren la misma jerarquía que los planes de estudio públicos”.
Caso Medanitos
En abril de 2004, la Fundación Patagonia Natural realizó el relevamiento del yacimiento Medanitos y su informe difundido dos meses después sostiene que “en el pozo 1536 se observó suelo con petróleo. Existe un principio de remediación, pero el petróleo fluye a la superficie cada vez que llueve, muestra de que el saneamiento no ha sido adecuado”.
Asimismo, observó que “el repositorio, o zona de sacrificio con residuos hidrocarburados, permanece sin alambres en parte del predio. Se trata de un predio con una concentración elevada de hidrocarburos y suelos empetrolados”.
Señala que “se observa un cañadón con hidrocarburos muy intemperizados. Es una manifestación de antiguos derrames con poca intervención humana para su saneamiento” y, concluye: “Queda claro que los hidrocarburos que no se observan en el lugar han migrado hacia el río durante las lluvias”.
Bolivia
Petrobras Bolivia fue creada en 1995 y desde entonces opera casi en toda la cadena de gas natural en ese país, tanto la extracción, el transporte, como la comercialización. Tienen participación en seis bloques en tierra, de los cuales son operadores en tres. La empresa también se ha hecho de problemas en este país.
Caso Río Hondo Sur
El Bloque Río Hondo fue licitado a la empresa en enero de 2001, a pesar de que en ese territorio existía -y existe- la Reserva Biósfera y Territorio Indígena Pilón Lajas, creada en 1992, con la prohibición de establecer nuevas áreas de colonización agraria, forestal, minera y petrolera.
El millón de hectáreas que comprende el bloque petrolero fue adjudicado a Petrobras Bolivia (50 por ciento) y a Total Exploration Production Bolivia (50 por ciento).
Debido a que el estudio de impacto ambiental consideraba la sobreposición en un 63 por ciento a zonas de estricta protección y de amortiguamiento, el estudio fue observado. Entonces, Petrobras decidió no sólo cuestionar al Servicio Nacional de Áreas Protegidas sino también la zonificación de la Reserva.
Demandó a los ministerios de Hidrocarburos y Minería, de Desarrollo Sostenible y a la compañía estatal boliviana Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB), para que definieran las actividades sobre el bloque petrolero, en un intento de pasar por encima de los procedimientos legales para obtener licencia. La presión dio resultados y logró la aprobación de la licencia ambiental en enero de 2004.
La Reserva tiene la condición de Tierra Comunitaria de Origen (TCO), y se trata de un territorio habitado por los pueblos Tsimane, Moseten y Tacana. Según el Consejo Regional Tsiman Moseten, el proyecto de Sísmica Río Hondo Sur jamás fue consultado a las comunidades de acuerdo con la Ley de Medio Ambiente y el Convenio sobre Pueblos Indígenas 169 de la OIT, ratificado como ley de la República.
Sin embargo, Petrobras tomó fotografías de una asamblea de corregidores de las comunidades de la TCO y las adjuntó en el Estudio de Evaluación de Impacto Ambiental como si se tratase de una consulta a la comunidad. Por esta razón es que el Consejo se negó a recibir reiteradamente a los consultores para el segundo proyecto.
Caso Río Hondo Norte
El proyecto Río Hondo Norte se ubica en la cuenca alta de los Andes tropicales, un área de alta sensibilidad ambiental, donde se encuentra el 40 por ciento de la herpetofauna (reptiles y anfibios) neotropical y más de cien especies de mamíferos.
Por tales razones es que el informe “Petrobras en Bolivia: petróleo, gas y medio ambiente” de Patricia Molina señala: “A pesar de ser una empresa que responde a una política de Estado, Petrobras demuestra un comportamiento en Bolivia similar al de cualquier transnacional petrolera, en especial en lo que se refiere a responsabilidad ambiental y social” (3).
Y para ello la empresa suele utilizar “estrategias comunes a las demás empresas que operan en el país, tanto en la minimización de sus responsabilidades frente a los impactos generados, como en las estrategias para salvar obstáculos de orden social y también procedimental”, señala Molina.
Colombia Contaminación en Campo Guando
El Campo Guando, ubicado en la Cuenca del Valle Superior del Magdalena, se localiza a inmediaciones de la población de Melgar (Tolima), a 110 kilómetros al suroeste de Bogotá. Fue descubierto a fines de la década del noventa por las asociadas Ecopetrol, Nexen (de Canadá) y Petrobras. Esta última se desempeñaba como empresa operadora.
Según el sitio web de Ecopetrol (4), el Campo Guando es uno de los yacimientos de mayor importancia del país. Produce actualmente un promedio de 27 mil barriles de aceite por día, y tiene una alta probabilidad de obtener un recobro cercano a los 95 millones de barriles. Petrobras Colombia informó (5) que en enero de 2012 el campo tuvo una producción de 15.223 barriles diarios.
Pero su desarrollo ha ocasionado el malestar y el descontento de las poblaciones aledañas. Por ejemplo, el Movimiento de Trabajadores y Comunidades de Melgar (MTC) señaló que “la explotación irracional del recurso ha traído procesos acelerados de destrucción de nuestras fuentes de agua y agrícolas”.
Además, que “las prácticas autoritarias de las compañías petroleras extranjeras que, en la búsqueda del máximo de ganancias, han empezado a realizar prácticas, en un comienzo demagógicas en el manejo de las comunidades, pero que se pueden convertir en violentas en el momento que no puedan cumplir sus cometidos económicos”. (6)
Una de las denuncias más importantes hacia la petrolera indica que sus trabajos han secado los ojos de agua o nacimientos, en un lugar que se ha caracterizado siempre por ser rico en acuíferos, nacimientos y quebradas.
Según registró el diario El Tiempo (7) en el 2004, la alcaldía de Melgar buscó aplacar las críticas y denuncias hacia Petrobras pidiendo a la misma brindar ya no sólo pequeñas ayudas “como la instalación de sanitarios, cableados eléctricos y dotación de escuelas” sino patrocinando además proyectos como la producción de caucho, la siembra de cacao, la instalación de viveros agrícolas y la reforestación de quebradas.
Perú
Petrobras Energía Perú S. A. inició sus actividades en 1996. Hoy en día, la compañía extrae 15.300 barriles de petróleo del Lote X de la cuenca de Talara, en el noroeste del Perú, en el que Petrobras posee el 100 por ciento de participación.
En el Lote 57, ubicado en la región Madre de Dios, Petrobras posee una participación del 46,16 por ciento, y los resultados favorables en la evaluación de los recursos hallados impulsaron la planificación de un pozo más en la región Ucayali.
Los intereses de Petrobras en el Perú son crecientes. En el 2010 invirtió en este país US$ 235 millones en proyectos de prospección y exploración.
Amenaza sobre reservas de pueblos en aislamiento
La historia de Petrobras en el Perú también es conocida por sus intenciones de extraer petróleo en áreas de reserva territorial para indígenas en situación de aislamiento voluntario. Este es el caso del Lote 110 adjudicado para exploración a la firma brasileña y que ocupaba gran parte de la Reserva Territorial Murunahua.
Sin embargo, debido a la presión nacional de las organizaciones indígenas, la sociedad civil y la solidaridad internacional (8) la entidad estatal Perupetro decidió prohibir el ingreso de empresas petroleras a la reserva.
Por otro lado, en el año 2006, la estatal Perupetro licitó el Lote 117 a Petrobras Energía Perú, sobre el territorio ancestral de los pueblos Kichwa, Sekoya y Huitoto, en los distritos de Teniente Manuel Clavero, Putumayo, Torres Causana y el Napo, todos estos en la provincia de Maynas, región Loreto.
El territorio concesionado también comprende la Zona Reservada Güeppi (9), a pesar de que pocos meses antes se había firmado el Acuerdo de Pantoja (10), por el cual se acordaba la categorización de la Zona Reservada en un parque nacional y dos reservas comunales.
La Organización Kichwaruna Wankurina del Alto Napo (Orkiwan) denunció la falta de consulta a su pueblo (10), por parte de Petrobras y el Estado peruano, en relación a la concesión del lote (11).
En julio de 2012 Petrobras suscribe un convenio con la principal organización amazónica peruana, la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana, y le aporta US$ 76 000 para asesoría jurídica y realizar talleres que prevengan conflictos y familiaricen a las comunidades con los aspectos más relevantes de la industria hidrocarburífera (12).
Para el jurista español Bartolomé Clavero, ex vicepresidente del Foro de las Naciones Unidas para las Cuestiones Indígenas, el convenio equivale de manera práctica a “la renuncia a las garantías judiciales” pues “AIDESEP acepta el compromiso de privar a las comunidades indígenas de las garantías de sus derechos, esto es de los derechos mismos, a cambio de la subvención que recibe” (13).
De igual forma, el antropólogo Alberto Chirif considera que “los compromisos asumidos por las partes, están abiertamente orientados a fortalecer el punto de vista de la petrolera antes que los derechos de los pueblos indígenas representados por AIDESEP”. (14)
Conclusión
Por sus antecedentes debemos recordar que repartir dinero, doblegar voluntades y trasgredir normas ambientales o morales son parte del repertorio de recursos de Petrobras… De esta manera se inicia un nuevo capítulo en su afán por conquistar la Amazonía.
Notas:
(1) Sitio web de Petrobras: http://www.petrobras.com/es/quiene-somos/
(2) “Petrobras: Integración o explotación”: en http://servindi.org/pdf/Petrob_integr_explo.pdf
(3) “Petrobras: Integración o explotación”: en http://servindi.org/pdf/Petrob_integr_explo.pdf
(7) Diario El Tiempo: http://www.eltiempo.com/archivo/documento/MAM-1558583
(8) Por ejemplo carta de Survival: http://www.aidesep.org.pe/editor/documentos/562.pdf
(9) Zona Reservada Güeppi: http://www.sernanp.gob.pe/sernanp/zonaturismoi.jsp?ID=62
(10) Ver: http://servindi.org/actualidad/51367
(11) Ver carta de Orkiwan en: http://servindi.org/actualidad/48455
(12) Ver reportaje del programa de televisión Cuarto Poder en: http://www.americatv.com.pe/portal/programas/prensa/investigaci-n/cuarto-poder/multimedia/cuarto-poder-ed-n-en-peligro-260212
(13) Bartolomé Clavero: “Malas noticias sobre AIDESEP”, en: http://servindi.org/actualidad/76251
(14) Alberto Chirif: “AIDESEP, una crisis de principios”, en: http://servindi.org/actualidad/76564
Lo que ocurre en Palestina es la vergüenza del mundo
Por Jaled Ibarra*
He visitado en dos ocasiones Palestina e Israel. La primera en el 2004 donde tuve la oportunidad de entrar al palacio presidencial de la autoridad palestina en Ramala. La Mucata estaba totalmente destrozada por proyectiles de la aviación israelí. El presidente de los palestinos sobrevivía bajo tierra. revolver en mano para no ser cogido con vida. No sabía que lo estaban envenenando con polonio. Dos meses después murió agonizando en un hospital de París.
En mi primer viaje a Tierra Santa, el presidente israelí Ariel Sharón construía imparable “el muro de la vergüenza” con la ilegalidad que había interpuesto el Tribunal de la Haya y las resoluciones de Naciones Unidas, nunca cumplidas, siempre convertidas en papel mojado.
En esos días de verano presencié como el ejército israelí cerraba los pasos militares que ahogan a la población palestina y asesinaban a varios jóvenes con tanques y armamento de guerra. No hubo un ataque previo al asalto ni atentado en Israel. La justificación de defensa difundida por los medios de comunicación no existía. Los jóvenes palestinos se defendían con piedras de los tanques israelíes que destrozaban con entusiasmo los espacios públicos de la ciudad.
Cisjordania y Gaza son campos de concentración, que a nadie le quepa la menor duda. Todas las ciudades palestinas están amuralladas y electrificadas. Un ciudadano de Ramala no puede visitar libremente a su familia de Belén o Jericó por poner un ejemplo. Si un palestino de Jerusalén se quiere casar con otro de otra población cisjordana o de Gaza debe abandonar la ciudad y perder la residencia. Israel es una democracia para judíos no para los árabes que viven allí y parece que nadie quiere reconocerlo.
Mi segundo viaje fue en el otoño de 2011 y quise aprovechar la ocasión para conocer la vida cotidiana de judíos, musulmanes y cristianos con el fin de realizar un documental “Caminos Silenciados” en el que mostrar una cierta normalidad en la convivencia entre las distintas confesiones. La conclusión que saqué es lo lejana que está la política de la gente. La guerra se mueve por intereses geoestratégicos no por religiones. De hecho conocí a judíos ortodoxos a favor de la causa palestina.
Los gobiernos israelíes y palestinos siempre han puesto por delante sus intereses frente a su pueblo. A lo largo del conflicto el gobierno palestino tuvo varias ocasiones para encontrar una solución que no aprovechó. Ahora bien, no quiero comparar las acciones de unos y otros como hacen la mayoría de los medios de comunicación porque lo que tengo claro es que aquí sólo hay una víctima y es Palestina.
Los árabes de esta región de Oriente Próximo han visto como desde el siglo XX han sido asesinados con total impunidad, destruido sus pueblos, robado sus tierras y expulsados de su país. La mitad de la población está en el exilio sin poder regresar; en ningún futuro acuerdo se ha planteado la vuelta.
¿Y que hace la Comunidad Internacional? La mayoría reconoce el derecho que tiene el pueblo palestino de vivir en un Estado Soberano. ¿Entonces por qué no se toman medidas contundentes como si se ha hecho en otros conflictos? La respuesta de hoy son más asesinatos a sangre fría de inocentes; niños, mujeres, hombres y ancianos que no han podido defenderse de tan brutal agresión.
El ejército más destructor frente a un pueblo empobrecido que se defiende con misiles caseros de dudosa capacidad. Cuanto dolor justificado por los resultados de unas próximas elecciones que se le pueden complicar al presidente israelí.
El Mundo Islámico se debiera unir para parar esta sangría pero como siempre no lo hará. De Occidente que no esperen nada. Desgraciadamente puede que sólo les quede rezar.
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*Jaled Ibarra es un profesional de fotografía y medios audiovisuales, español y musulmán, Ha participado en distintas exposiciones nacionales e internacionales y sus fotos han sido publicadas en múltiples libros y publicaciones.
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*Jaled Ibarra es un profesional de fotografía y medios audiovisuales, español y musulmán, Ha participado en distintas exposiciones nacionales e internacionales y sus fotos han sido publicadas en múltiples libros y publicaciones.
lunes, 19 de noviembre de 2012
El ABCD de la crisis alimentaria
Palabre-Ando
Hace unas semanas, coincidiendo con el Día Mundial de la Alimentación, se nos alertó de una nueva subida de precio de los alimentos, con repercusiones que ya se contabilizan en los registros funerarios de los países más vulnerables, sobretodo en el Sahel. El argumento difundido, las malas cosechas que tuvo la agroindustria este año en Estados Unidos, ya sabemos que es mitad mentiroso, mitad incompleto, y por suerte la información se nos amplia y las verdaderas causas afloran: el precio de la materia prima sube -como en las anteriores crisis alimentarias- por (a) las grandes cantidades de cereales que se destinan a elaborar combustibles (¿recuerdan hace seis y siete años cuando se advirtió de los inconvenientes de esta nueva tecnología?); (b) por la especulación que de las futuras cosechas se hace en las bolsas financieras; y (c) -esto es más novedoso- por la cada vez mayor cantidad de tierra fértil que está pasando de las manos campesinas al patrimonio de bancos, empresas y fondos de inversión.
¿Quién está en todos esos negocios a la vez? ¿Quién hay detrás de la carne, del pan, de la pasta, de la leche… y no lo sabemos? ¿Quién tiene en el mismo local estanterías repletas de agrocombustibles hechos de maíz, lineales con piensos de soja para el engorde de animales y, un pasillo más allá, una mesa con un gestor que ofrece pensiones ligadas a la compra de hectáreas en Etiopia o bonos financieros referenciados al precio del trigo? Los cuatro ‘compro, vendo y especulo’ de la comida a los que me refiero son, por este orden: ADM, Bunge, Cargill y Dreyfus, conocidos por sus iniciales como los ABCD de la comercialización de materia prima. Cuatro empresas con sede en los Estados Unidos que, si inicialmente consiguieron dominar y controlar el mercado mundial de los granos básicos, cereales y leguminosas, han ido ampliando en los últimos años sus negocios a estas nuevas áreas.
Son cuatro establecimientos, cuatro bazares, como esos que tienen todo lo que puedas imaginar y lo que no. Desde una jarra con forma de vaca para servir la leche por sus ubres de cerámica, al siempre imprescindible cazamariposas entre la estantería de ropa íntima y las útiles llaves de ferretería o sacos de tierra de jardín. Sólo hay una diferencia, mientras en tiempos de crisis estos universos de barrio padecen la crisis como cualquier otro negocio, los ABCD de la comida, cuatro empresas monstruosas nacidas y crecidas en el regazo de mamá capitalismo y papa desregulación, ganan todo el oro del mundo diciendo que fabrican comida cuando en realidad se lucran hambreando a millones de seres humanos. Y lo hacen desde la invisibilidad.
Es muy difícil sumergirse en las entrañas de estas empresas y sus infinitas subsidiarias pero hay dos cosas obvias. Primera, si entre ellas cuatro controlan, como es el caso, el ¡90%! del mercado mundial de cereales; si el mercado no tiene ninguna regulación (ni aranceles o cuotas de importación/exportación, ni reservas publicas de cereales, ni políticas de precios); y si las pocas normas que se dictan son supervisadas por las propias ABCD, es fácil deducir que son sus decisiones quienes verdaderamente marcan el precio de dicha materia prima y por lo tanto de todos los alimentos que incluyen arroz, trigo, maíz, etc. Segunda, si las ABCD (junto con algunas entidades financieras) han degustado los brutales beneficios que les genera especular con la comida y la tierra de cultivo, como sangre para vampiros, seguirán chupando del hambre de los demás si nadie les pone coto. Dreyfus, por ejemplo, ha creado su propio instrumento de inversión Calyx Agro Ltc, para «obtener beneficios del creciente sector del agronegocio y del potencial de apreciación de la tierra, adquiriendo tierras que actualmente se explotan con baja tecnología o que se utilizan para el pastoreo».
Las últimas crisis alimentarias han permitido que la sociedad civil conociéramos y denunciáramos como de la comida y la tierra se ha hecho objetos de especulación. El foco se ha centrado en los bancos y sus actividades en los mercados financieros ligados a los alimentos, con campañas publicitarias del tipo ‘el negocio de alimentar el mundo’ que han merecido todo el rechazo de la sociedad. Aunque el papel que juegan los ABCD es complejo y lejano debemos tomar conciencia por su importancia en el precio de las materias primas. Por parte de los movimientos campesinos, en cualquier caso, la respuesta que ha llegado ha sido clara: Soberanía Alimentaria. También ahora hay que responder. No son normas para que las ABCD ganen menos dinero lo que necesitamos, lo que se requieren son políticas a favor de la Soberanía Alimentaria para que la alimentación, que no es una mercancía, nos llegue de muchas, pequeñas y humanas agriculturas.
De todo un abecedario alimentario.
sábado, 17 de noviembre de 2012
Masacre del maíz mexicano
Grupo ETC *
Los gigantes de los agronegocios Monsanto, DuPont y Dow, están conspirando para realizar uno de los mayores golpes de la historia contra un cultivo alimentario de importancia global. En las próximas dos semanas, el gobierno saliente de Felipe Calderón podría aprobar las solicitudes de esas empresas para plantar un área enorme de maíz transgénico en México. Este “regalo de despedida” para las empresas sería una puñalada en el corazón del centro de origen y diversidad del maíz. Las consecuencias serán graves –y globales.
Ante la aprobación en ciernes, los movimientos y organizaciones de la sociedad civil exigen que se ponga un alto total al maíz transgénico en México. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) de México, emitió una fuerte declaración demandando al gobierno revocar todos los permisos de siembra y cancelar todas las siembras experimentales de maíz transgénico en el país.[1] El Grupo ETC se suma a estas demandas y llama a la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y al CDB (Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica), como los organismos mandatados por la comunidad internacional para apoyar la seguridad alimentaria y proteger la diversidad biológica, a tomar acción inmediata para evitar el desastre.
La indignación y el estado de emergencia recorre la sociedad mexicana luego de conocer que las dos empresas semilleras más grandes del mundo, Monsanto y DuPont –(cuya filial mexicana se conoce como Pioneer Hi-Bred o PHI México), así como Dow Agrosciences (8ª empresa semillera en el ranking global) solicitaron al gobierno plantar cerca de 2,5 millones de hectáreas de maíz transgénico en México. [2] El área solicitada es tan grande que rebasa la superficie de países enteros: por ejemplo es más grande que todo El Salvador.
Los científicos han identificado miles de variedades campesinas originadas en México, lo que lo convierte en el repositorio global de la diversidad genética del maíz. Si se aprobaran estas solicitudes de las trasnacionales, sería la primera liberación masiva y a escala comercial de transgénicos que afectará directamente un cultivo alimentario global en su centro de origen.
“Si el gobierno de México permite este crimen de significado histórico, los transgénicos llegarán rápidamente a las tortillas y a la comida cotidiana de toda la población mexicana ya que el maíz de los estados solicitados provee mayoritariamente a las ciudades. Además, la contaminación genética de las variedades campesinas será inevitable. Se trata de un daño gravísimo a más de 7000 años de trabajo indígena y campesino que creó el maíz –uno de los tres cultivos más difundidos de la alimentación mundial” dijo Verónica Villa del Grupo ETC en México.
“Por si fuera poco, las empresas quieren plantar el maíz tolerante a herbicidas de Monsanto [Mon603] en más de 1,400,000 hectáreas. Este es el mismo tipo de maíz que ha producido cáncer en ratas según un estudio científico revisado y publicado recientemente.” [3]
Los campesinos y población rural de América Latina, de Asia y África estarán entre los más afectados, ya que el maíz se ha convertido en una de las principales fuentes de subsistencia en muchos países, y la diversidad del grano es lo que permite adaptarlo a condiciones locales y enfrentar los desafíos del cambio climático. Además de México, los países surafricanos Lesotho, Zambia y Malawi tienen el porcentaje de consumo de maíz per cápita más alto del mundo. [4]
El gobierno mexicano insiste en que las áreas solicitadas en el Norte de México, no son parte del “centro de origen” del maíz, porque no han encontrado variedades campesinas allí. Pero esto no es verdad, se han recolectado variedades campesinas en esos estados, aunque en menor cantidad que en estados más al Sur. Varios científicos y hasta la propia Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) estima que todo el territorio mexicano debe ser considerado centro de origen del maíz. [5]
Según un informe nuevo del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el mapa de centros de origen publicado recientemente por el gobierno no es científicamente correcto y fue diseñado para justificar las plantaciones de maíz transgénico de las transnacionales. [6]
Las plantaciones a escala comercial (y las siguientes resiembras) de maíz transgénico contaminarán las variedades campesinas mucho más allá del área de plante, tanto a través del polen transgénico llevado por el viento e insectos, como por la mezcla en los silos y el escape accidental de los camiones de transporte a granel que llevan maíz a todas partes de México. Los científicos de la UCCS y otros señalan que los impactos negativos de la contaminación transgénica sobre las variedades campesinas “podrían ser irreversibles y progresivos, debido a la acumulación paulatina de transgenes en este germoplasma”, llevando a una erosión de la biodiversidad. [7]
Cientos de agrónomos y otros científicos mexicanos, así como organizaciones de campesinos, agricultores y consumidores, han expresado su oposición a la siembra de transgénicos, pero la administración de Felipe Calderón, que terminará este primero de diciembre, no tiene nada que perder en su recta final y se espera que acceda a las solicitudes de las empresas.
Si se autorizan las siembras, los agricultores del maíz podrían encontrarse “violando” las patentes sobre maíz transgénico sin saberlo, es decir, sus parcelas podrían contaminarse inadvertidamente y Monsanto podrá acusarlos de “usar genes patentados” sin pagar por ellos, obligándolos a compensar a los dueños de las patentes, como ya ha ocurrido en cientos de casos en Estados Unidos y Canadá.
“Sería una injusticia monumental para los creadores del maíz, —uno de los alimentos primordiales de la humanidad— que les obligaran a pagar regalías a corporaciones trasnacionales, que son explotadoras de ese conocimiento ancestral”, dijo Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo ETC.
En 1999, la Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola de México estableció una moratoria sobre las pruebas de maíz y su siembra comercial debido a la situación única de México como centro de origen y diversidad genética del maíz. El gobierno de Calderón rompió arbitrariamente la moratoria en 2009 aunque las condiciones que la motivaron prevalecen. Desde entonces la nueva comisión (CIBIOGEM) ha autorizado 177 pruebas de maíz transgénico a cuatro empresas trasnacionales (Dow Agrosciences, DuPont, Monsanto y Syngenta). Las pruebas en campo han sido criticadas por su falta de rigor en bioseguridad, pues ni siquiera cumplen con lo estipulado por la débil ley de bioseguridad de México.
Silvia Ribeiro argumenta: “Las consultas públicas han sido una farsa, puesto que las pruebas fueron autorizadas sin tomar en cuenta las críticas fundamentadas, incluso aunque representaran la mayoría de los comentarios enviados. Muchas de las críticas y comentarios las hicieron conocidos agrónomos y otros científicos. Como si no bastara, los resultados de las pruebas se han mantenido en secreto, pero se usan como justificación para permitir la siembra comercial”.
Después de su visita oficial a México en 2011, el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, recomendó al gobierno mexicano reinstalar la moratoria, tanto por su impacto sobre la biodiversidad como sobre los Derechos de los Agricultores. [8] El gobierno mexicano ignoró la recomendación.
Ana de Ita del CECCAM señala que el área para la cual se solicitaron permisos en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, en el norte de México, excede la superficie actualmente sembrada con maíz de riego. “Al parecer las compañías están planeando usar toda el área destinada al maíz y a otros cultivos. Esto es ofensivo, no hay razón para que México arriesgue su historia y su biodiversidad con el maíz transgénico. México produce maíz suficiente para cubrir las necesidades de todo el consumo humano, con excedentes, y podría producir mucho más si hubiera apoyo a los campesinos y productores de pequeña escala, sin entregar su soberanía alimentaria a las compañías trasnacionales”.
El maíz es central a las culturas, las economías y el sustento de la población mexicana, pues la mayoría se alimenta de maíz en diferentes formas todos los días. La cantidad que los mexicanos ingieren excede con mucho el promedio de consumo individual de la mayoría de los demás países (en México, 115 kilos por persona por año). 85% de los productores mexicanos de maíz son campesinos y agricultores en pequeña escala, con parcelas menores a 5 hectáreas. Esos productores proveen más de la mitad de la alimentación de la población, especialmente la alimentación de los pobres. Al mismo tiempo, cuidan la diversidad genética del cultivo y la enriquecen debido a la forma descentralizada en la que siembran el maíz —cultivando muchas variedades diferentes, adaptándolas a las condiciones locales y junto con varios otros cultivos y especies silvestres.
En 2009, la Red en Defensa del Maíz, [9]junto con La Vía Campesina América del Norte enviaron una carta abierta firmada por cientos de organizaciones e individuos a la FAO y al CDB, pidiéndoles que tomaran acciones para evitar la contaminación de maíz transgénico en México, su centro de origen. [10] Los entonces directores de ambas organizaciones internacionales soslayaron la petición, aunque ambas instituciones tienen el mandato de proteger los centros de origen y diversidad de los cultivos. [11] Ahora, exigimos a los nuevos directores de la FAO y del CDB a tomar acciones inmediatas para proteger el centro de origen y diversidad del maíz.
Notas:
1.UCCS, Llamado a la acción contra la siembra de maíz transgénico a campo abierto en México <http://www.uccs.mx/doc/g/planting-gmo-corn_es>
2. La lista de las solicitudes de experimentos y liberación al ambiente de cultivos transgénicos está aquí: http://www.senasica.gob.mx/?id=4443. (PHI México es parte de DuPont)
3. Gilles-Eric Séralini <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637> et al., “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize,” en Food and Chemical Toxicology <http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915> , Volumen 50, Número 11 <http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915/50/11> , Noviembre 2012, pp. 4221–4231. Ver también John Vidal, “Study linking GM maize to cancer must be taken seriously by regulators,” The Guardian, 28 septiembre 2012, disponible en línea:
http://www.guardian.co.uk/environment/2012/sep/28/study-gm-maize-cancer. En castellano: Silvia Ribeiro, “Caza de Ratas”, La Jornada, México, 6/10/12, http://www.jornada.unam.mx/2012/10/06/opinion/024a1eco
4.Alfred W. Crosby, revisión de James C. McCann, Maize and Grace: Africa’s Encounter with a New World Crop, 1500-2000 en Technology and Culture, Vol. 47, No. 1, Enero 2006, pp. 190-191.
5.A. Serratos, El origen y la diversidad del maíz en el continente Americano, 2nd edición, Septiembre 2012, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Greenpeace, disponible en línea: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/El-origen-y-la-diversidad-del-maiz-2a-edicion/Conabio: Proyecto Centros de Origen y Diversidad Genética. http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/centrosOrig.html
6. Ceccam, La determinación de los centros de origen y diversidad genética del maíz, Mexico, 2012, available online: http://www.ceccam.org/publicaciones?page=1
7. UCCS, Extrañamiento al Presidente de la República Mexicana, México, 2009, disponible en línea: http://www.unionccs.net/doc/g/sciencetrmaize_es
8. Olivier de Schutter, Informe de su Misión a México, párrafos 53, 54 y 55. Ver párrafo “g” de las Conclusiones y Recomendaciones. http://www.srfood.org/index.php/en/country-missions (Ver Mission to Mexico, 2011)
9. La Red en Defensa del Maíz incluye a más de 1000 comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Se creó en 2001, cuando se descubrió por vez primera que el maíz nativo en México se había contaminado con maíz transgénico. Desde entonces la Red ha resistido el avance del maíz transgénico. Tanto el Grupo ETC como el CECCAM son miembros de la Red (http//:endefensadelmaiz.org)
10.La carta puede verse en línea: http://www.etcgroup.org/es/content/carta-de-la-red-en-defensa-del-maíz-contra-la-liberación-de-maíz-transgénico-en-méxico
11. El anterior Secretario General del CDB, Ahmed Djoghlaf no respondió a la carta abierta. El director general de la FAO tampoco lo hizo, pero Shivaji Pandey, Director de la División de Producción y Protección Vegetal sí lo hizo. Pandey, un abogado conocido por su posición a favor de los cultivos genéticamente modificados, escribió que la FAO podría ofrecer asesoramiento, pero que la bioseguridad era una cuestión de México.
viernes, 16 de noviembre de 2012
Perú: Tensiones por el gas de Camisea. Comunidades acorraladas por expansión gasífera
Por Marc Gavaldà*
15 de noviembre, 2012.- Perú vive inmerso en un modelo extractivista que, promesas electorales aparte, no ha logrado convivir con el respeto de los derechos fundamentales de la población. Ya en 2010, a pocos meses de asumir el mandato Ollanta Humala, la represión volvió a ser herramienta de uso para aplastar la oposición al proyecto minero Conga. En la Amazonía, las expectativas vertidas por el movimiento indígena hacia el nuevo presidente, se diluyen como el petróleo que fluye impunemente por los ríos Corrientes, Marañón y Trompeteros.Diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) peruanas e iniciativas de seguimiento comunitario como el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, alertan de cómo la ampliación de la frontera petrolera multiplica los impactos en los ecosistemas amazónicos y genera conflictos territoriales con las comunidades nativas.
Cuadrícula amazónica
En la última década, se ha acelerado la entrega de lotes petroleros en la Amazonía afectando ya a más del 72% del territorio y la mitad de estas concesiones se han otorgado en zonas donde nunca hubo actividad. A lo largo de la historia, sólo un 16% del territorio de la Amazonia peruana se ha salvado de tener en algún momento un bloque petrolero.
Actualmente son más de 50 compañías petroleras operando en un centenar de lotes en territorio peruano. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, sólo en 2010 se registraron 7.405 km de líneas sísmicas 2D y 4.108 Km2 de líneas sísmicas 3D, que comparados con el año anterior representó un incremento de 24,1% y 77,9% respectivamente.
En el departamento de Loreto, al norte del país, se cumplen cuatro décadas de explotación petrolera arrojando nefastos cuadros epidemiológicos en los pueblos ribereños por consumir agua y pescado con metales pesados. El pasado 3 de octubre , un comunicado de las federaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP y FECONAT bloqueaba la concesión del lote 192, hasta que sean remediados los sistemáticos vertidos del lote 1AB, cuyo titular, Pluspetrol Norte, pretende deshacerse de los pasivos ambientales como ya lo hizo Texaco en Ecuador.
Por otro lado, tras la resaca de los levantamientos amazónicos de 2008 y 2009, se aprobó en el país una Ley de Consulta que obliga a pedir permiso a las comunidades afectadas por una concesión anteriormente a que ésta sea licitada. Pero en la práctica se repiten las malas prácticas que omiten la voluntad de la población, como se ha visibilizado en los conflictos que enfrenta por ejemplo Repsol con los pueblos Harakmbut (lote 76), Awajún y Shawi (lote 109) y Kakinte (lote 57).
Camisea: gas con sabor a caucho
Al sur del país, la selvática cuenca del Bajo Urubamba fue escenario hace un siglo de las correrías de la explotación cauchera que diezmó a los pueblos amazónicos. En la actualidad, cinco empresas se reparten un botín gasífero que ha empezado a reportar extraodinarias ganancias. En total, más de un millón y medio de hectáreas, repartidas en cuatro concesiones acorralan los territorios de los pueblos matsiguenga, yine yami, nahua, nantis, ashaninka y kakintes.
Protagonistas de un desembarco industrial si precedentes, las compañías Pluspetrol, Repsol, Hunt , Sk y Petrobras, no dudan en presumir los trillones de pies cúbicos de gas descubiertos al borde de reservas naturales de importancia mundial por su biodiversidad, como son el Parque Nacional Manu, el Parque Nacional Otishi y el Santuario Megantoni.
El lote 88, más conocido como Camisea, fue explorado y perforado por Shell en la década de 1980. El ingreso de la compañía en aquella zona inexpugnable, fue fatal para el aislado pueblo Nahua, que sufrió una mortalidad del 50% de la población por la pasa gripal provocada en el contacto. Tras el abandono de Shell por desacuerdos contractuales, Pluspetrol, compañía argentina accionariada por Repsol, lidera el consorcio que opera los lotes 88 y 56, donde en 2003 construyó un gasoducto hasta la costa para abastecer de gas el mercado interno y exportarlo al mercado global.
El lote 88, superpuesto a la Reserva Territorial Nahua Kugakapori Nantis – creada para proteger al millar de indígenas en aislamiento voluntario que habitan la zona – constituye una permanente amenaza para estos pueblos. Inmersa en una campaña no declarada de expansión de actividades dentro de la reserva, en julio de 2011 Pluspetrol contrató a indígenas en contacto inicial de la etnia nahua para realizar tareas de vigía y mediar en posibles contactos con los pueblos indómitos que encontrara a su paso. Un documento confidencial, interceptado al gerente de operaciones de Camisea demostraba que Pluspetrol pretende construir una antena parabólica para que los comunarios nahua sintonicen Direct TV en el interior de la Reserva.
Repsol opera el vecino lote 57, en las inaccesibles montañas que separan los ríos Tambo y Urubamba. Con más de 600.000 hectáreas barridas por el trazado de líneas sísmicas 2D y 3D, la invasión de la comunidad matsiguenga de Nuevo Mundo para construir un campamento con pista de aeropuerto y los planes de perforar 23 pozos, el proyecto ha generado oposición entre el pueblo en contacto inicial kakinte. En agosto de 2011, la Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK) emitía un comunicado denunciando el divisionismo fomentado por Repsol al negociar con una representación ilegítima de este pueblo. Más al sur, Petrobras opera en solitario el lote 58, desde donde construye el Gasoducto Andino Sur, de 1.078 kilómetros para suminstrar gas al amplio sur peruano, donde se aprestan a construir petroquímicas para fabricar explosivos y otros insumos para la minería.
Militarización del gas
Desde abril del presente año, diferentes actos adjudicados a una facción reconstituida de Sendero Luminoso han atacado a personal e infrestructura de la compañía transportadora del gas de Camisea (TGP), empresa accionariada por Repsol. Tras el secuestro y posterior rescate de trabajadores de la empresa, el gobierno de Ollanta Humala ha desplazado miles de efectivos militares a la zona… para quedarse. El pasado mes, se reportó otro ataque a las válvulas del gasoducto en Kepashiato y el 13 de octubre fueron quemados tres helicópteros de la compañía.
En plena escalada bélica, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo ha denunciado la insistencia del gobierno en ubicar las bases antisubversivas en los colegios de las zonas de conflicto, poniendo así en riesgo estudiantes y docentes. Por otro lado, miembros del Centro Cultual Harawi de Cuzco, alertan de la instalación de batallones del Ejército en el interior de comunidades nativas matisiguengas para resguardar los intereses de las companías gasíferas en las riberas del río Urubamba.
A medida que las compañías anuncian nuevos descubrimientos y millonarias inversiones, es de esperar que el Ejército seguirá aumentando la presencia en la zona, no en vano esta institución se queda con el 18.8% de las regalías que genera el gas de Camisea.
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*Marc Gavaldà es miembro de Repsolmata y Alerta Amazónica
*Marc Gavaldà es miembro de Repsolmata y Alerta Amazónica
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