Ante los
lamentables sucesos ocurridos el día de ayer, 28 de septiembre, en la localidad
de Chalhuahuacho, Apurímac, donde cuatro ciudadanos peruanos perdieron la vida,
veintitrés personas resultaron heridas y varias decenas detenidas, en el
enfrentamiento entre pobladores y la Policía Nacional del Perú; la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos se dirige a la opinión pública y autoridades para
expresar lo siguiente:
1. Lamentamos
profundamente la pérdida de cuatro vidas humanas en los hechos de violencia
ocurridos el día de ayer, así como la situación de extrema gravedad de algunas
de las personas heridas, incluyendo a los efectivos de la PNP. En este sentido,
hacemos un llamado a la calma a la población de la zona de influencia del
proyecto minero Las Bambas, y exhortamos al Estado a evitar el uso de métodos
represivos, que incluyen proyectiles de armas de fuego, para controlar los
actos de protesta. Recordamos a ambas partes la necesidad de restablecer lo más
pronto posible los canales de diálogo y
de erradicar el uso de la violencia en sus intervenciones.
2. El paro iniciado
el 25 de septiembre por pobladores de las provincias de la región Apurímac,
Cotabambas y Grau, así como la provincia cusqueña de Chumbivilcas, tiene como
una de sus principales causas la modificatoria del Estudio de Impacto Ambiental
(EIA) realizado sin consulta previa con la población. La empresa habría
cambiado la ubicación de las plantas de procesamiento y la modalidad del
sistema de transporte de minerales, hechos que en opinión de las y los
pobladores afectarían sus recursos
naturales.
3. Exigimos la
pronta y exhaustiva investigación de los hechos a fin de establecer las
circunstancias en que se produjeron y quiénes son las instancias y personas
responsables. Demandamos la necesidad que el Ministerio Público, en
cumplimiento de su rol constitucional de conducir las investigaciones
respectivas, esté presente en el lugar de los hechos. Insistimos en la
necesidad de fortalecer la institucionalidad democrática para evitar el
estallido de los conflictos sociales.
4. Asimismo hacemos
de conocimiento que hace unas semanas se aprobó el Decreto Legislativo N° 1186,
el mismo que regula el uso de la fuerza de parte de la PNP. Los principios
previstos por esta norma no se han aplicado en Chalhuahuacho, y muy por el
contrario, el uso desproporcionado de la fuerza por miembros de la PNP habría
contribuido a un clima de mayor violencia.
5. Advertimos que
la restricción de los derechos fundamentales originados en la declaratoria de
estado de emergencia, tiene que cumplir con los criterios de razonabilidad y proporcionalidad. El estado
de emergencia no justifica bajo ningún motivo la arbitrariedad de parte de las
instituciones del Estado.
Finalmente,
recordamos a la opinión pública que durante el actual gobierno se han producido
49 muertes por el uso indebido de la fuerza, en contextos de conflicto social.
El estado debe promover una política responsable, de prevención y diálogo, que
garantice los derechos de las partes así como la vida de las personas.
Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos
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