Las autoridades federales y estatales que aprobaron la siembra experimental de maíz transgénico en Chihuahua incurrieron en una serie de violaciones a la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados y al Código Penal Federal.
Entre las irregularidades denunciadas a la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente se señala el incumplimiento de métodos de bioseguridad y monitoreo, la ausencia del registro de las acciones de control y seguimiento experimental y la omisión de incinerar el maíz transgénico cultivado.
La denuncia la efectuó la organización Greenpeace quién observó que una de las primeras anomalías es que la siembra se efectuó en predios privados cuando la autorización a las transnacionales para la siembra experimental era únicamente para realizarse en terrenos del Instituto Nacional de Investigaciones Forestales, Agrícolas y Pecuarias.
Los predios privados en los que se realizó la siembra pertencen a cooperantes de las empresas transnacionales Monsanto, Dow AgroSciences y Pioneer-PHI México, incluido el exsecretario de Desarrollo Rural, Reyes Ramón Cadena.
Un informe del Servicio Nacional de Sanidad Inocuidad y Calidad Agroalimentaria, manifiesta que las siembras solicitadas por la empresa Pioneer-PHI México no se efectuaron en el predio destinado para experimentar con las semillas modificadas en laboratorio.
Otra evidencia de que no se está cumpliendo con la legislación es que la investigación no concluye con incinerar los cultivos transgénicos, ya que “en su lugar trituraron y enterraron los materiales”.
De otro lado, Greenpeace puntualizó que la autoridad federal sigue sin expedir la Norma Oficial Mexicana (NOM), que establece la obligación de que la empresa solicitante entregue a la Secretaría de Agricultura un reporte, los resultados de la o las liberaciones realizadas en relación con los posibles riesgos para el medio ambiente y la diversidad biológica que estipula la Ley de Bioseguridad de Organismos Genéticamente Modificados.
Ante tantas anomalías la organización ambientalista concluyó que los resultados de las investigaciones tienen que invalidarse porque en ninguna manera se comprueban los beneficios o riesgos de la siembra de maíz transgénico en el territorio estatal.
“Toda solicitud que presenten las empresas debe ser denegada en estos momentos ante la falta de certidumbre jurídica que impera en materia de bioseguridad para el centro de origen y diversidad de dicho cultivo”, manifestó Greenpeace. “La experimentación de maíz transgénico es una farsa”.
