El mentado crecimiento, nuestro consumismo, la crisis y la minería a gran escala. No a la mina, sí a la vida

Cada vez más, la minería se desarrolla a cielo abierto. Para acceder a los yacimientos de mineral es necesario destruir plantas, animales y a menudo poblados humanos enteros. Materiales de menor valor como arena, grava, arcilla, se extraen en mayores cantidades destruyendo montañas enteras. Los minerales y metales preciosos se obtienen en cantidades mucho menores, pero conllevan la remoción de enormes cantidades de residuos y la utilización de metales pesados y tóxicos como el cianuro (lixiviación) y el arsénico que contaminan irreversiblemente el agua potable.

Rara vez la minería es un tema de portadas, salvo cuando acontecen grandes desastres o accidentes. Pero la oposición popular a los impactos de la extracción minera se multiplica en muchos rincones de Latinoamérica y del mundo. Miles de comunidades están preocupadísimas por los impactos de la gran expansión extractiva sobre la vida e intentan detener proyectos mineros y captar al tiempo la atención del gran público para ganar apoyos.

Tal vez porque cada vez se hace más difícil de seguir escondiendo el tema, algunos medios masivos han reportado las últimas semanas sobre la Marcha por el Agua en contra de los proyectos mineros en Perú, especialmente el llamado Conga de la minera norteamericana Newmont; también se ha mencionado la resistencia del pueblo de Famatina o el levantamiento y cortes de vía selectivos a los camiones de las mineras La Alumbrera y Agua Rica en varios pueblos de Catamarca en Argentina. La revuelta indígena Ngöbe por incumplir el gobierno panameño su palabra de no permitir la explotación de una mina en la comarca también ha sido sonada. A mayores, se avecina también en un trasfondo de oposición a la gran minería, la Marcha por el Agua, la Tierra y la Dignidad a partir del 8 de marzo en Ecuador. Y son solo unos pocos ejemplos de muchos cientos.

Sin embargo estas resistencias siguen presentándose como simples “anécdotas”, y los grandes medios de comunicación no muestran abiertamente la represión violenta de la protesta por parte de los diferentes gobiernos, que ha sido un lamentable denominador común.

¿Qué intereses detrás de las minas? ¿Para quién la minería?

Cada año se producen globalmente cerca de 23 billones de toneladas de minerales. Casi todos los países del mundo llevan a cabo uno u otro modo de explotación minera.

En muchos países del Sur global la minería representa una parte significativa del PIB y la entrada de inversiones extranjeras y divisas. Será por eso que se quiere hacer de la minería uno de los primeros motores de estimulación de la economía en muchos países, ya tradicionalmente como en Chile, Bolivia y Perú, en auge como en Colombia, Argentina o México o por la apuesta gubernamental como en Ecuador. Pero no sin costes para la población y el medio ambiente.

Mientras las transnacionales mineras se lucran hasta el infinito, las comunidades que no están de acuerdo con la destrucción que provoca la minería se dan de bruces con la violencia de las fuerzas militares o paramilitares preparadas por empresas mineras.

Crisis y bonanzas se suceden en el sector de la minería desde el 2000, año en que aumentaron los precios de las materias primas. Siguieron sucesivos altibajos. La crisis de deuda en los países periféricos de la zona euro y la incertidumbre sobre los límites de deuda en Estados Unidos influyen los precios. Influye la incertidumbre económica global de la grave crisis, y los inversores depositan su confianza en metales nobles como el oro, la plata o el platino. Se dice que los precios del oro y la plata permanecerán estables y no es siempre tan claro en el caso de otros metales como el cobre. Pero no cabe duda de que la tendencia general es al alza, y todos ellos son un excelente negocio para las transnacionales del sector y que desencadenan a nivel internacional una auténtica carrera por las materias primas primarias.

Y además se considera que los minerales son esenciales para el desarrollo y las políticas neoliberales apuntan a la explotación de los recursos naturales como medida para impulsar el crecimiento económico. Organismos de crédito como el Banco Mundial apoyan la construcción de infraestructura física y la adopción de nuevas tecnologías y contribuyeron a preparar el terreno apoyando la reforma de las leyes mineras en más de 70 países que permitiría la actual hiperpenetración de las transnacionales mineras.

Europa y las materias primas

El 70% de la industria europea depende de sustancias minerales del subsuelo para la producción de todo tipo de bienes de consumo. Para el transporte, las telecomunicaciones, la electrónica o la construcción, se estima que por término medio cada europeo consume anualmente entre 5 y 10 toneladas de productos minerales. Y a lo largo de su vida unas 400 toneladas de productos de la minería. No incluye los energéticos, que también en el caso de las renovables demandan gran cantidad de metales para su generación y transporte. Latinoamérica incrementó las exportaciones a Europa, y también a las economías fuertes del propio continente latinoamericano. Las inversiones mineras pasaron allí de un 12% del total mundial en los años 90 a un 33% en los 2000, llegando a los 48.140 millones de euros en 2009, según la oficina estadística de la Comisión Europea.

Estamos de acuerdo pues en que la demanda es alta y no dejará de aumentar en los próximos años debido a la crisis, al boom de las nuevas tecnologías, al crecimiento de la población mundial y muy especialmente en el crecimiento de los países emergentes. China es un actor clave al ser el primer productor mundial de materias primas ahora fundamentales como las tierras raras imprescindibles para la producción de muchos aparatos electrónicos, o los metales necesarios para la producción del acero y el aluminio. Todos temen al gigante asiático por su capacidad de acaparar el mercado estableciendo cuotas e impuestos a la exportación dificultando a otros países su participación y acceso a las materias primas.

La reacción de la Unión Europea a esta situación es la creación de políticas para asegurarse el abastecimiento de materias primas, y para enfrentar la dependencia de terceros países. Y para no quedarse atrás con respecto a Japón o Estados Unidos, que hace tiempo cuentan con ese tipo de políticas. Mediante su política exterior, cooperación al desarrollo o acuerdos comerciales con países mineros, con especial incidencia sobre las materias primas de acceso más crítico. Y con garantías estatales para las inversiones y los créditos.

Por su parte, las regiones exportadoras de materias primas no registran desarrollo asociado a la minería.

A gran escala

El tipo de extracción minera depende de factores económicos como el valor y demanda del mineral, el estado actual del mercado y la disponibilidad de capital. La gran escala en minería alude a minas de gran tamaño. La tecnología de punta permite acceder a lugares remotos y así también cada vez más a áreas frágiles y de alto valor de conservación.

Actualmente hay gran competencia por la búsqueda de áreas con potencial minero. En el mejor de los casos resulta en el descubrimiento de un filón rentable para explotar.

La prospección es la fase anterior a la explotación. En la segunda fase se instala un campamento equipado, la adquisición de los derechos de explotación y el uso de maquinarias y operaciones más complejas como perforaciones, zanjas y explosiones. Si los resultados son alentadores, se hace una proyección económica.

El 38% de la prospección minera mundial total y el 27% de la prospección de oro tiene lugar en Sudamérica, que encabeza desde 1994 la lista de regiones con mayor gasto en exploración minera. Sólo en 2011 y 2012 se canalizarán unos 29 billones de US$ a Chile y Perú, los dos primeros países mineros de la región. Argentina tuvo también cifras récord de perforaciónes exploratorias en 2011 (1).

La minería subterránea opera en una complejidad de pozos, galerías y cámaras de explotación conectados con la superficie, por las que se mueven los trabajadores, las máquinas y se transporta el mineral hacia la superficie. La tasa de accidentes es elevada especialmente en la minería de carbón.

Cada vez más, la minería se desarrolla a cielo abierto, removiendo la capa superficial de la tierra. Para acceder a los yacimientos de mineral es necesario destruir plantas, animales y a menudo poblados humanos enteros. Modernos equipos de excavación, cintas transportadoras, gran maquinaria, tuberías de distribución, toneladas de explosivos se usan para remover y triturar montañas enteras en poco tiempo. El resultado: enormes cráteres, que pueden llegar a tener más de 150 hectáreas de extensión y más de 500 metros de profundidad. Para los deshechos generados (2) se requieren además inmensas escombreras. Se está practicando o están concesionadas áreas de inmenso valor ecológico que deberían estar protegidas, como páramos de la cordillera de los Andes o el corazón de la selva Amazónica. Todo esto conlleva riesgos específicos que deben tenerse en cuenta. Pero no se hace.

Conflictos mineros

La actividad minera tiene importantes repercusiones económicas, ambientales, laborales y socioculturales tanto a nivel local como a escala global. Uno de los problemas que enfrenta es la gran cantidad de energía que precisa. Los precios de la energía están al alza. Pero no sólo eso. Las condiciones laborales son malas. Las minas son lugares peligrosos, la seguridad precaria y la mayoría de los trabajos son muy duros. En las minas suceden el 8% de los accidentes laborales mortales -unos 15.000 al año- así como incapacidad prematura, lesiones -causadas por ejemplo por las vibraciones- y enfermedades como la pneumoconiosis o la pérdida de audición. Muy a menudo no hay ningún tipo de seguridad social ni indemnización. Así lo testimonian trabajadores de la bauxita, materia prima para el aluminio, en el estado brasilero de Pará (3).

Muchos gobiernos no realizan ningún esfuerzo para minimizar los riesgos para la salud y la integridad de los trabajadores. Cualquiera que lea esto pensará automáticamente en el caso extremo de los 33 mineros milagrosamente rescatados de la mina chilena de San José, cerca de Copiapó. Hasta en un caso tan mediático, la minera decretó la bancarrota un mes antes de concretar el rescate de los 33, con lo que estos y sus 300 compañeros de la mina quedaron sin trabajo y sin compensación de ningún tipo. Los incumplimientos de esta minera eran muchos, los controles pocos. Las empresas mineras quieren disminuir costes y aumentar la productividad y la rentabilidad. Y así, muchas veces quedan relegados los derechos, la salud y seguridad de los trabajadores (4). Economistas sostienen que Chile tiene un mercado laboral estructurado de tal forma que mientras las mineras reportan ganancias millonarias, los trabajadores del sector reciben sueldos ínfimos. La subcontratación es utilizada por las grandes mineras para ahorrar costos en el despido de trabajadores, estabilidad laboral y seguridad social (5).

Y debido a la reestructuración de la industria, la alta tecnificación y la privatización, la minería ofrece cada vez menos empleo: hoy día, aproximadamente el 1% de la mano de obra mundial, unos treinta millones de personas, diez de estos en las minas de carbón. Los principios básicos de libertad de asociación y negociación colectiva son cada vez más frágiles. Y a menudo se reporta la utilización de mano de obra infantil, como en el caso de Cerro Rico, en Bolivia (6). Los mineros trabajan sin luz natural, sin ventilación, con poca higiene, excavando la tierra para extraer el material y debiendo al mismo tiempo atender al cambio constante de condiciones para evitar accidentes.

Impactos ambientales y sociales enormes

Pero la preocupación no es sólo la precariedad laboral, sino también la considerable ruina ambiental. A largo plazo. No sólo la mera extracción, sino también el transporte, la producción, el uso de las materias primas y la eliminación de los residuos. Muchos recursos minerales se encuentran en zonas altamente biodiversas y habitadas por comunidades. Ya desde las fases de perforación para localizar los filones, los impactos son considerables. Las extensiones de suelo, tierra y roca removidas modifican y desertifican la superficie terrestre.

Materiales de menor valor como arena, grava, arcilla, se extraen en mayores cantidades destruyendo montañas enteras, dejando menos residuos. Los minerales y metales preciosos se obtienen en cantidades mucho menores, pero conllevan la remoción de enormes cantidades de residuos y la utilización de metales pesados y tóxicos como el cianuro (lixiviación) y el arsénico. Estos contaminan irreversiblemente el agua potable. Seis gramos de oro y seis kilogramos de cobre por cada tonelada de roca se obtienen en el proyecto Bajo la Alumbrera en Argentina. Muchos mineros legales e ilegales utilizan como agente de fusión el mercurio altamente tóxico (7). En Brasil, se reportaron niveles de mercurio un 30% por encima de los estándares de la Organización Mundial de la Salud en trabajadores de las minas (8).

También a través del aire se depositan los agentes contaminantes en lugares remotos. Y durante la explotación, el agua residual de la actividad minera, contaminada con metales pesados y agentes tóxicos, se depositará en pilas llamadas diques de cola. Si se rompen o fracturan, lo cual sucede a menudo (9) por ejemplo por mala construcción, millones de litros de agua contaminada llegan a ríos, arroyos, y acuíferos.

El agua resulta contaminada: agua vale más que oro

Comunidades locales demandan la protección del agua imprescindible para la vida y cada vez más escasa. Una mina gasta en un día de extracción el agua que consume una ciudad de más de medio millón de habitantes. Para extraer una tonelada de cobre se necesitan unos 80.000 litros de agua, o mil litros de agua por segundo para obtener un gramo de oro (y se remueve al menos una tonelada de roca).

En este sentido, la situación legal es diferente según el país. En Latinoamérica, donde la legislación protectora es ineficaz, la minería industrial de lixiviado con cianuro provoca catástrofes ambientales. Los Estados otorgan las concesiones mineras pero carecen generalmente de medios para proteger a los afectados y al medio ambiente, para atender las tragedias en las minas, evitar el saqueo económico y la evasión de impuestos. Las transnacionales son las grandes beneficiadas.

Así en el caso de la mina Yanacocha, la mina de oro más grande de Latinoamérica. Desde que comenzó allí la extracción de oro, los indígenas andinos se han opuesto por los múltiples impactos sobre el abastecimiento del agua, la salud y los desplazamientos de población. La pobreza se ha exacerbado. A pesar de ello, la empresa minera quiere ampliar la extracción en una nueva mina, llamada Conga. De acuerdo al defensor del pueblo, Perú tiene actualmente más de 60 disputas por el impacto de la minería en las reservas de agua. Y mientras se escriben estas líneas, termina la Gran Marcha Nacional por el Agua 2012 en ese país, impulsada precisamente por la oposición a Conga. La voluntad de la mayoría de la población debe ser respetada. Las comunidades locales tienen derecho a la información y a la decisión previa, libre e informada. A veces impera incluso un clima de terror, la protesta social es reprimida y criminalizada.

Como dato importante, en mayo de 2010, el Parlamento Europeo solicitó a la Comisión Europea la prohibición total del uso del cianuro en la minería del oro en todos los países de la Unión, mediante una resolución que obtuvo una aplastante mayoría (10). Entre las motivaciones la gran toxicidad de la minería del oro, la elevada accidentalidad (se han conocido más treinta accidentes graves con cianuro en diversas partes del mundo), y la contaminación de las aguas con impacto transfronterizo. La Comisión Europea no aprobó la solicitud (11), al estar tan extendido el uso del cianuro que temían por el empleo en las minas. Existe una campaña Latinoamericana contra el uso del cianuro en minería (12).

Minería no es sostenible

Aunque la minería es una actividad en sí misma insostenible, empresas y gobiernos interesados en el acceso a las materias primas coinciden estratégicamente en presentar la minería como un motor para el desarrollo y el progreso y con un discurso salpicado de palabras como “sostenible” y “responsable”. Reducción del impacto ambiental y rehabilitación de espacios es lo que ofrecen las puras propagandas corporativas sobre la “minería sostenible”. La última tecnología -dicen- sería la manera de evitar el impacto, la destrucción y la contaminación.

Por la destrucción ambiental, social y cultural que implica y los conflictos que genera, minería y desarrollo sustentable no son términos compatibles. No hay tecnología punta en el mundo capaz de evitar la destrucción minera.

La del millón: la pregunta por la alternativa

La actitud más responsable es un uso racional de los recursos existentes, así como el reciclaje y la reutilización de materias primas. Una opción adicional lo constituye una apuesta por el decrecimiento o rechazo del crecimiento buscando modos lógicos y convencidos de vivir mejor con menos, y de modo más acorde y respetuoso con el entorno y con los demás.

Guadalupe Rodríguez, Salva la Selva, http://www.salvalaselva.org - Febrero de 2012

Notas:

(1) 41,3% más que en 2010 y un 664% con respecto al inicio de 2003, según la Secretaría de Minería de la Nación, ver: http://www.pagina12.com.ar/diario/sociedad/3-186665-2012-02-01.html

(2) Por ejemplo en Canadá, más de dos millones de toneladas diarias de desechos sólidos, y más de 650 millones de toneladas al año.

(3) Testimonios en el video: http://www.cartamaior.com.br/templates/materiaMostrar.cfm?materia_id=19162

(4) Mineros: Inseguridad bajo tierra, en:http://radio.uchile.cl/noticias/78207/

(5) “La subcontratación es una táctica de dominio”, en: http://radio.uchile.cl/noticias/133266/

(6) Los niños que trabajan como esclavos, en:http://es.kindernothilfe.org/Rubrik/Donde+trabajamos/Latinoam....

(7) La toxicidad del mercurio se asocia a problemas de salud que incluyen malformaciones congénitas y desórdenes neurológicos. Ver: http://es.wikipedia.org/wiki/Mercurio_%28elemento%29

(8) Mercurio, otra amenaza amazónica, en: http://www.geonoticias.com/noticias/general/-mercurio,-otra-amenaza-amaz%F3nica.html

(9) Roturas de los diques de cola explican más de un tercio de los accidentes mineros ocurridos en las últimas dos décadas.

(10) 488 votos a favor, 57 abstenciones y 48 votos en contra

(11) Solicitud del Parlamento Europeo a la Comisión, en: http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/LexUriServ.do?uri=OJ:C:2011:081E:0074:0077:ES:PDF y respuesta, en: http://www.europarl.europa.eu/sides/getAllAnswers.do?reference=P-2010-3589&language=EN

(12) http://www.conflictosmineros.net/contenidos/90-campana....

(13) http://es.wikipedia.org/wiki/Decrecimiento

Es necesario cambiar patrones de consumo, para salvar a la Tierra

El consumo insostenible por parte de los sectores sociales y los países más ricos, además de alimentar los indicadores de producción y comercio con que se mide usualmente la prosperidad, fomenta la depredación de recursos naturales y el deterioro ambiental sin ayudar en la reducción de la pobreza. El Informe de Social Watch 2012 profundiza en la comprensión del fenómeno y en propuestas para ponerle límites concretos en junio, cuando sesione en Rio de Janeiro la Conferencia de las Naciones Unidas sobre Desarrollo Sustentable (Río 2012).

Las propuestas apuntan a una transición hacia un modelo sustentable de producción y consumo, mediante el establecimiento de controles y sanciones de los insostenibles, en especial a través de impuestos que desalienten el dispendio y la eliminación de subsidios a actividades ambientalmente nocivas o que consoliden o promuevan las inequidades. Pero también a través de subvenciones a las industrias locales, el consumo de los hogares pobres y las tecnologías “ambientalmente amigables” en materia de energía, transporte, vivienda e infraestructura social.

Todos los capítulos del Informe coinciden en que el nuevo enfoque, sobre todo en estos tiempos de crisis, no puede conspirar contra la estabilidad del mercado de productos básicos, fundamental para el Sur en desarrollo, ni contra la recuperación del mercado laboral y el trabajo decente de los países pobres.

Se requiere, en ese sentido, “una comprensión más amplia del desarrollo sustentable, que abarque una revisión de las tendencias generales de producción y consumo actuales”, y que se prioricen “principios como la equidad, la justicia y las responsabilidades comunes pero diferenciadas”, resume, en un capítulo del Informe, la Red Árabe de Organizaciones No Gubernamentales de Desarrollo (ANND). “Será necesario reorientar las inversiones, el comercio y las políticas financieras para que apuntalen estos objetivos, además de aprovechar la cooperación regional en estas áreas para aumentar la producción y la demanda a niveles nacionales y regionales.”

Hace 20 años, los jefes de Estado y de gobierno declararon en la Cumbre de la Tierra celebrada en Rio de Janeiro que “las causas principales de que continúe el deterioro del ambiente mundial son los patrones insostenibles de consumo y producción, particularmente en los países industrializados […] que agravan la pobreza y las disparidades”. “Esto es tan cierto hoy como lo fue en 1992”, observa en el resumen que prologa el Informe Roberto Bissio, coordinador internacional de Social Watch.

En la Cumbre de la Tierra de 1992, los países industrializados prometieron “tomar la delantera en el esfuerzo por alejarse de los patrones de consumo insostenibles”, pero “éstos han cambiado muy poco y, en cambio, se han extendido a los países en desarrollo, donde los ricos adoptan estilos de vida similares mientras la erradicación de la pobreza es difícil de conseguir”, observa en otro capítulo del Informe Chee Yoke Ling, de la Third World Network.

“A medida que las desigualdades en el ingreso aumentan en todos los países, el consumo excesivo e insostenible domina las opciones de producción (con consecuencias en la utilización de recursos naturales y la asignación de recursos financieros), mientras los pobres y marginados no pueden acceder a una vida digna”, indica el estudio de Chee Yoke Ling.

El desarrollo económico de Europa, por ejemplo, “se ha alimentado de manera creciente por el consumo y agotamiento de los recursos mundiales, lo que redunda en generación de riqueza para la región, pero también en degradación ambiental interior y exterior. Gran parte de este desarrollo se ha basado sobre la adquisición de recursos en terceros países” en “provecho propio”, advierten Mirjam van Reisen, de la Universidad de Tilburg, Simon Stocker y Georgina Carr, ambos de Eurostep, en un capítulo del Informe de Social Watch.

También el trabajo elaborado por Eurostep alerta que “los países más ricos ha explotado de modo desproporcionado los recursos naturales no renovables del planeta”, lo cual impone “una transformación radical y urgente del enfoque del crecimiento y la estabilidad económica, y de los modelos de producción y consumo”.

Sin ingreso alto, pero limpios y virtuosos

En el Sur en desarrollo, la consecuencia ha sido un “saqueo” que “sigue hoy” y acarrea “problemas tales como el cambio climático, la degradación de los suelos y la escasez de agua, que se constituyen en amenazas a la biodiversidad, la soberanía y la seguridad alimentarias, los medios de subsistencia de diversas comunidades en todo el mundo y el derecho general al desarrollo”, indica en el capítulo sobre el mundo árabe producido por la ANND.

“Poco se ha hecho” para reducir los excesos en el consumo y la producción “que contaminan y erosionan la biodiversidad e inducen el cambio climático” y que conducen a la Tierra a “una catástrofe social y ecológica”, coincide la declaración preliminar rumbo a Rio 2012 del Grupo de Reflexión de la Sociedad Civil sobre Perspectivas de Desarrollo Global incluida en el Informe de Social Watch.

A pesar de que el consumo insostenible tiene su correlato en el dispendio de energía, del estudio del Índice de Capacidades Básicas (ICB) de Social Watch se desprende que, mientras 13% de la población del planeta produce 50% de las emisiones de dióxido de carbono, 45 países que suman 1.200 millones de habitantes lograron un desempeño social “mejor que el promedio mundial con emisiones inferiores” también al promedio mundial.

Ninguno de ellos “está clasificado como país de ‘ingreso alto’”, observa Bissio en el prólogo del Informe. “Sin embargo, los miembros de ese grupo de los ‘limpios y virtuosos’ no reciben reconocimiento ni compensación por este logro. Al contrario, en forma semejante a otros países de ingresos medianos y los considerados ‘menos adelantados’, con frecuencia sucede que el espacio en que pueden hacer opciones de políticas nacionales para alcanzar un desarrollo sustentable se ve comprimido por demandas externas, condiciones e imposiciones que los empujan a tomar medidas como el recorte de impuestos y del gasto en servicios sociales”, agrega.

Bissio indica que “no hay relación directa entre más progreso en los indicadores sociales y las emisiones de dióxido de carbono”, pues, por ejemplo, Costa Rica y Uruguay, con tres toneladas por habitante y por año, “han logrado reducir su tasa de mortalidad infantil al mismo nivel que un país que emite 20 toneladas al año: Estados Unidos”. Y “con el mismo nivel de emisiones que Noruega, Sudáfrica tiene indicadores sociales similares a los de Indonesia, que consume cinco veces menos combustibles fósiles”, añade.

Las soluciones

“Hemos superado los límites ecológicos e ignorado los límites planetarios. Debido a la amenaza del cambio climático, ya estamos viviendo en un tiempo prestado. Los modelos actuales no sustentables de producción y consumo deben cambiar en el interés de nuestro bienestar futuro y el de nuestros descendientes”, según el Grupo de Reflexión, integrado por miembros destacados de Social Watch, la Fundación Friedrich Ebert, terre des hommes, Third World Network, la Fundación Dag Hammarskjöld, DAWN y el Global Policy Forum.

Entre las soluciones propuestas figuran las de tipo fiscal, agrega el estudio. “Cualquier forma de impuesto indirecto debe ser diseñado de manera tal que sea sensible al bienestar de los pobres mediante la introducción de la progresividad (por ejemplo, gravando el consumo de lujo) y mitigando los elementos regresivos. Redefinir las prioridades de la política del gasto público puede convertirse en una poderosa herramienta para reducir las desigualdades sociales y eliminar la discriminación, y para apoyar la transición hacia modelos de producción y consumo sustentables”, explicó.

Entre esas medidas, ese capitulo menciona la “abolición de los subsidios perjudiciales”, como algunos destinados a las exportaciones agrícolas, a las inversiones internacionales y a los sectores del agua, la energía (por ejemplo, para reducir el precio de los combustibles), la silvicultura y la pesca.

Al mismo tiempo, los Estados deberían elevar los subsidios beneficiosos, que estimulen “la producción y el consumo sustentables” y la redistribución de la riqueza, mientras apoyan a “las incipientes industrias locales y la introducción de tecnologías ambientalmente amigables” en áreas como “la energía renovable, los sistemas de transporte público sustentable y asequible, la vivienda eco-eficiente, la infraestructura social y los subsidios al consumo de los hogares pobres”.

“El principio de responsabilidad mutua y la sustentabilidad –especialmente en relación con el ambiente y el uso de la tierra, el agua, la electricidad y otros recursos básicos– resulta decisivo. Son necesarios controles y sanciones aplicables para el uso excesivo”, coincide el capítulo del informe elaborado por Miloon Kothari, ex relator especial de Naciones Unidas sobre Vivienda Adecuada, y Shivani Chaudhry, director asociado de la Red de Vivienda y Derechos a la Tierra de India.

Entre los “controles y sanciones”, Kothari y Chaudhry mencionan “el impuesto al consumo de ciertos recursos esenciales como el agua y otros recursos energéticos más allá de un cierto nivel para establecer niveles mínimos de consumo para todos y para garantizar la seguridad del ambiente. Este principio también requiere una gestión responsable y sustentable de los recursos naturales, incluida la energía”, concluyen.

Cunde el miedo por la reapertura de una planta potencialmente tóxica en Perú

Por Simeon Tegeles*

2 de marzo, 2012.- En una región andina, una planta de fundición de metales era la causante de que más del 90 por ciento de sus niños mostraran niveles excesivos de plomo en sus cuerpos, según un estudio de la Universidad St. Louis. Cerrada desde hace dos años, la planta amenaza con volver a abrir.

Durante casi 90 años la fundición de La Oroya, en los Andes peruanos, expulsaba al aire un cóctel tóxico de metales pesados que lentamente envenenó a los habitantes de la ciudad.

La contaminación se volvió tan grave que La Oroya ha sido comparada a Chernóbil e incluida entre los 10 lugares más contaminados del mundo, según la lista del Instituto Blacksmith (una organización sin ánimo de lucro dedicada a constatar los problemas medioambientales de países en desarrollo).

La planta lleva dos años sin funcionar debido a problemas financieros, según sus propietarios.

Pero ahora (pese a las dudas sobre si la empresa estadounidense que gestiona la planta, Rengo Group, ha instalado la nueva tecnología necesaria para prevenir la emisión de nubes tóxicas), la fundición parece que podría volver a abrir.

“Estamos totalmente expuestos, especialmente los pobres, los niños y los ancianos”, asegura la profesora jubilada Rosa Amaro, que encabeza el Movimiento por la Salud de La Oroya (MOSAO).

Esta planta de fundición es una de las pocas que hay en el mundo que pueden procesar varios metales, incluyendo cobre y plomo, así como refinar zinc. Pero su tecnología anticuada emite contaminantes como arsénico, cadmio, plomo y dióxido de azufre, que provocan serios problemas de salud.

En un estudio realizado por la Universidad St. Louis en 2005, más del 90 por ciento de los niños de La Oroya mostraban niveles excesivos de plomo en sus cuerpos. Y los niveles de dióxido de azufre en el ambiente, que provoca lluvia ácida, han alcanzado la cifra récord de 27.000 partes por metro cúbico, casi 100 veces el límite establecido por la ley peruana.

La fundición terminó su actividad después de que los bancos le cerrasen el crédito a Doe Run Perú, la subsidiaria local de Renco, en 2009. La empresa alegó dificultades económicas y no implementó el plan de gestión medioambiental, una condición impuesta por el Gobierno cuando le vendió la fundición de propiedad estatal en 1997.

Preguntado sobre si Doe Run engañó a las autoridades peruanas durante el proceso de compra de la compañía, Luis Hernández, su portavoz, lo niega e insiste en que “se cumplieron todas las leyes relevantes”.

Ahora, tres años después de su cierre, el congresista Casio Huaire está intentando que el Congreso de Perú apruebe una nueva ley que conceda a Doe Run Perú dos años de prórroga para que termine sus tareas de limpieza medioambiental y que le permita operar mientras tanto.

Si se aprueba la ley, será la tercera vez que la compañía consigue permiso para retrasar la implementación de un plan de gestión medioambiental.

Pese a la contaminación, muchos vecinos de hecho apoyan a Doe Run, que desde que cerró ha mantenido a cuatro mil empleados de La Oroya en nómina, lo que supone un importante incentivo para una región empobrecida a 12.000 pies de altura en los Andes.

José de Echave, ex viceministro de Gestión Ambiental que ahora lidera la ONG CooperAcción, asegura que Perú debería de tener más cuidado respecto a cómo permite a las empresas extranjeras operar en su suelo.

“Enviaría un terrible mensaje sobre el tipo de inversiones que Perú, como país, está buscando”, asegura. “Las nuevas emisiones tendrían un efecto negativo inmediato sobre la población de La Oroya”.

Detrás de la falta de modernización de la planta por parte de Doe Run Perú y su ineficacia para frenar su contaminación hay una complicada y polémica historia de problemas económicos.

Propiedad del magnate neoyorquino Ira Renners y su familia, las ventas globales de Renco en 2011 se calculan en unos 7.750 millones de dólares, según la revista Forbes.

Eso sin embargo no ha impedido a Doe Run Perú declararse insolvente y dejar de pagar una serie de deudas multimillonarias, incluyendo sus impuestos en Perú.

Recientemente, la empresa incluso pidió al Gobierno peruano que le subvencione los gastos de la limpieza medioambiental.

Según los términos de la operación de venta de la fundición a Renco, la compañía tenía que haber reservado 100 millones de dólares para el plan de gestión medioambiental. Pero, según informaciones locales, ese plan nunca se materializó.

Doe Run insiste en que ha tomado numerosas medidas para mejorar la fundición y ayudar a los habitantes de la zona. Pero pocos en Perú creen a la compañía, que al ser de propiedad privada tan sólo difunde información financiera limitada.

“El problema es que la compañía no es transparente”, dice Echave.

Hugo Villa, un médico que trabajó en una clínica privada en La Oroya durante tres décadas, no está convencido de que la empresa haya cumplido la ley peruana. “Aquí hay una epidemia silenciosa”, denuncia. “Los efectos en los niños no se ven fácilmente, pero tienen todo tipo de problemas serios de salud, que empeorarán si la fundición reabre”.

Una persona que ya lo está sufriendo. Es Moisés, el hijo de 18 años de Rosa Amaro. Moisés tiene serios episodios de fatiga, dolores, cambios de humor y problemas respiratorios.

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* Simeon Tegeles un periodista británico con sede en Lima, Perú. Anteriormente, vivió y trabajó en la Ciudad de México por cuatro años y tiene una maestría en Estudios Latinoamericanos de la Universidad de California, Berkeley.

Carlos Monge: “se debe cambiar de esquema minero”

Carlos Monge, investigador del Centro de Estudios y Promoción del Desarrollo (Desco), afirma que el esquema minero creado por Fujimori y mantenido por Toledo y García, no da más y debe ser cambiado para evitar conflictos como el de Conga.

Carlos Alonso Bedoya

Entrevista

-Muchos políticos y analistas afirman que la consigna “Conga no va” es extremista; ¿Ud. cree que ella significa lo mismo que: “minería no va”?

-No, para nada. Decir “Conga no va” es decir “no” a dos cosas. En primer lugar, a un proyecto específico que plantea problemas específicos. ¿Cómo hacer minería de tajo abierto en una zona de páramos andinos, en donde lamentablemente, el mineral se encuentra disperso en la tierra; entonces para obtener un gramo de mineral tienes que mover toneladas de tierra, en una zona en la cual esa tierra, está en el centro del proceso de producción de agua?

-Es decir que la afectación ambiental no será leve…

-El drama de la cordillera norte del Perú que abarca la sierra de La Libertad, Cajamarca y Piura, es que el agua se forma mediante la captura de humedad por la vegetación nativa de los páramos altoandinos y por retención, captura de agua de lluvia por los sistemas de lagunas de esos páramos altoandinos. El agua no se forma por glaciación porque allí ya no hay nevados. Esos páramos son la principal reserva de agua. Además, el oro no está en veta concentrada, está disperso en la tierra. Entonces el “Conga no va” no es un “no” filosófico, es un “no” muy concreto porque necesariamente se debe escoger entre agua y oro.

-¿A qué otra cosa le dice “no” esa consigna?

-El “Conga no va” también es un “no” simbólico a la herencia de Fujimori/Toledo/Alan García.

-¿En qué sentido?

-Un marco institucional en el que la promoción de la inversión lo es todo. Pesa más que cualquier otra consideración ambiental o social y se expresa en el hecho de que el ministerio de Energía y Minas (Minem) concentra todas las decisiones, incluida la evaluación y aprobación de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA); el ministerio del Ambiente está pintado en la pared; y los gobiernos regionales y locales no existen.

-¿Y qué se debe hacer entonces?, ¿otra Ley General de Minería?

-Reformular la Ley General de Minería, la Ley Orgánica del Sector Energía y Minas, y la Ley Orgánica de los Gobiernos Locales y Regionales.

Desde que se inicio el proceso de descentralización hasta ahora, no se ha descentralizado Energía y Minas. Lo único que se ha transferido a los gobiernos regionales, son competencias en materia de pequeña minería artesanal, pero los grandes proyectos minero energéticos se han quedado en el ministerio.

Luego, se creó el ministerio del Ambiente, pero el único sector en el cual no dieron ninguna competencia fue en Energía y Minas.

-Hay una versión que afirma que le fue difícil al propio exministro del Ambiente, Ricardo Giesecke, acceder a información sobre el EIA de Conga…

-Cuando el equipo de Giesecke pidió copia del EIA de Conga, no se la dieron fácilmente. Las consultas que hizo el ministerio de Energía y Minas fueron solo a la Autoridad Nacional del Agua y al ministerio de Agricultura. ¿Puedes creer que la aprobación de un EIA no se consulte al ministerio del Ambiente?

-No tiene lógica.

-A los gobiernos regionales tampoco. Tenemos un marco institucional, herencia de un manejo sectorialista y centralista creado por Fujimori, mantenido por Toledo y por García, y es eso lo que está reventando. La solución estructural es cambiar de esquema.

-Pero eso requiere un tiempo, una moratoria de concesiones mineras hasta redefinir el esquema, ¿eso es factible?

-En primer lugar no hay que dar más concesiones mineras en este esquema. Se debe cerrar la puerta del Ingemmet con llave y luego tirarla al mar. En segundo lugar, cancelar las concesiones a las que no se les haya dado ningún uso productivo y que simplemente están pagando su derecho de vigencia, porque, o no tienen detrás a nadie que en serio quiera hacer minería, o han sido adquiridas para fines especulativos.

-Hay técnicos que sostienen que ya no es conveniente seguir con el esquema de concesiones, sino pasar a un esquema de licitaciones internacionales en el que siempre participe una empresa estatal peruana, y en el que los proyectos sean integrales a fin de desarrollar industria metalúrgica, metal mecánica, etc.

-Ese es el modelo petrolero predominante en América Latina menos en el Perú. Incluso en Chile - que produce unos cuantos barriles-, existe una empresa estatal de petróleos fuerte; se llama ENAP e invierte en Perú, Ecuador y varios países. En el modelo de hidrocarburos prevalente, además la existencia de una empresa estatal, se da un bloque para exploración como resultado de una negociación bilateral o de una licitación pública, en la cual para comenzar la empresa estatal compite; y otros compiten pero presentando una cosa seria, con respaldo, experiencia y técnicos. Se cumplen además condiciones ecológicas y sociales. Se detalla la inversión en exploración y si todo sale bien, recién se da un derecho preferencial para pasar a explotación. Estoy de acuerdo con caminar hacia eso en el caso de minería.

-¿Cuál sería el procedimiento más adecuado para la exploración y explotación minera en un nuevo esquema?

-Zonificación, ordenamiento territorial y plan concertado de desarrollo. A partir de allí recién la mezcla de concesión con certificado ambiental y ley de consulta. Cuando ya se tiene un proyecto que pasa por el filtro de la zonificación, está contemplada en el ordenamiento territorial, es parte del plan de desarrollo, de la visión de que hacer con ese territorio, tiene licencia social y se da un proceso de consulta, entonces se otorga la concesión. La concesión se vuelve una negociación de un proyecto serio para hacer exploración primero, y explotación después.

-¿Y las instituciones?

-Definido un procedimiento, hay que definir que roles juegan el gobierno central, el gobierno regional, el gobierno local y la población. Lo que hay ahora es que por un lado los gobiernos regionales se han lanzado a hacer zonificación y ordenamiento territorial, como Cajamarca, y por otro lado el ministerio reparte concesiones como quien reparte naipes en una borrachera con los amigos. Esa es una receta para el conflicto.

-¿Con ese nuevo procedimiento se podría determinar que en algunas zonas la minería sea inviable?

-Es posible que los procesos de zonificación y ordenamiento territorial bien hechos te digan que hay extensas zonas donde no debe haber minería. Eso de oro y agua como una afirmación filosófica general está bien pero no siempre es posible. Yo también quisiera que se pudiera sacar el oro con alguna cañita, pero si no se puede, no se puede.

-¿Como ve lo del peritaje para solucionar el conflicto de Conga?

-Si uno se pone estricto, se da cuenta de que está enfrentando una situación sui generis y hasta cierto punto ilegal. ¿Por qué está suspendido el proyecto Conga si había cumplido con todas las normas? De acuerdo a la ley ya deberían estar secando las dos primeras lagunas para usarlas de basurero cuando revienten las dos segundas, pero el proyecto está parado por una decisión política que va más allá de cualquier marco normativo. El gobierno pidió que paren mientras veía como solucionar el conflicto social y el problema político que se armó.

-¿Es decir que el peritaje está por fuera del esquema minero actual?

-De hecho lo que estamos viendo es que el marco institucional reventó, ya estamos operando fuera de él. Estamos tomando decisiones de política que trascienden un marco institucional agotado que ya no da más. Para mí esa es la principal lección.

-¿Y qué cree que salga de esto?

-Pienso que el gobierno ha decidido que Conga va de todas maneras. Lo ha dicho de varias formas, y respecto del peritaje como tal, siento que dependiendo de que persona del gobierno hable, se da un mensaje diferente. Por ejemplo, el premier dice que el peritaje es para disipar las dudas de la población…

-Población que supuestamente ha sido manipulada...

-Entonces, estamos gastando un cuarto de millón de dólares para traer a tres fulanos a dar charlas a la ciudad de Cajamarca, a explicar a la gente que están confundida, que ha sido engañada, que son ignorantes o que no entienden nada. Otros dicen que el peritaje es para hacer mejorar el EIA. ¿En 40 días se puede revisar seriamente un EIA que tomó cuatro años, que tiene treinta mil páginas y que tomó ocho meses de evaluación? Pero el gobierno además insiste que se arranque en marzo, entonces, las matemáticas ya no me cuadran. Cuarenta días útiles no te dan para que se inicie el proyecto en marzo.

-Pero además hay que sumar el tiempo necesario para que la empresa implemente las recomendaciones del peritaje...

-Digamos que en cuarenta días se tienen las recomendaciones; si son serias, la empresa tendrá que hacer un análisis técnico de las mismas. Durante años han diseñado un proyecto que dice que se van a tumbar cuatro lagunas, y si la recomendación dice túmbese ésta y no la otra...

-Tendrán que reformular el proyecto…

-Y eso supone no solo una cuestión técnica, sino también financiera. Tendrá que incorporar y analizar los costos que estas modificaciones supongan. Si el gobierno insiste en que se arranca en marzo, el peritaje tiene que ser una burla porque tendrías que producir recomendaciones tan light que la empresa pueda en 48 horas, evaluarlas técnicamente, incorporarlas en un nuevo diseño, resolver su costo financiero y arrancar.

Creo que esto está atado a una visión más general: se necesita toda esta gran minería, con los 29 proyectos que están detrás, Conga y los otros 40 mil millones de inversión, porque eso financia la inclusión social. Ese fue el sentido de la negociación de los 3 mil millones de soles adicionales.

-¿Se refiere al nuevo gravamen minero y la modificación de las regalías?

-El concepto fue: te saco más y con eso financio la inclusión social. Si esa es la visión, entonces Conga garantiza la gran transformación. Para mí, esa es la frase que mejor resume el enfoque. Es la madre del cordero. Yo no estoy hablando de corrupción, no creo que Conga se compró al presidente o al ministro. Esto no es Alan García, lo que hay es una discrepancia de visiones que se traduce en marcos institucionales.

Argentina reglamenta ley que limita la venta de tierras a extranjeros

Argentina, pese a ser un país con inmensas pampas, está limitando la venta de tierras a los extranjeros, medida que debería imitar el Perú, en especial ante la invasión de indeseables y peligrosos chilenos.`

Los capitales extranjeros no podrán tener más del 15% del predio que compren en Argentina.

El Gobierno reglamentó ayer la denominada Ley de Tierras, por la cual se limita al 15 por ciento del territorio nacional la venta a extranjeros, en tanto que las provincias deberán informar en los próximos 60 días la totalidad de los predios de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras.

A través del decreto 274/2012, publicado ayer en el Boletín Oficial con la firma de la presidenta Cristina Fernández, el jefe de Gabinete, Juan Manuel Abal Medina, y los ministros de Agricultura, Norberto Yauhar, y de Justicia, Julio Alak, se aprobó la reglamentación de la ley 26.737, que establece el Régimen de Protección al Dominio Nacional sobre la Propiedad, Posesión o Tenencia de las Tierras Rurales.

Las provincias

La norma --que reglamenta la ley sancionada por el Congreso el 22 de diciembre pasado-- estipula que en el plazo de 60 días, las provincias deberán comunicar fehacientemente a la autoridad de aplicación, que será el Registro Nacional de Tierras Rurales, la superficie total de cada una de ellas, sus departamentos, municipios o divisiones políticas equivalentes, discriminando las correspondientes a tierras rurales y urbanas.

También deberán informar la totalidad de predios rurales de titularidad de personas físicas o jurídicas extranjeras, según surja de los organismos provinciales competentes, o en posesión de extranjeros, ordenados por departamento, municipio o división política equivalente y, en su defecto, remitir el índice completo de titulares de dominio y de poseedores obrantes en sus órganos competentes, en caso de contar con tales registros.

De igual modo, deberán informar la nómina completa de sociedades extranjeras o con participación extranjera inscriptas en su jurisdicción, así como toda información adicional que la autoridad de aplicación requiera.

La norma indica que la situación de posesión será determinada a partir de la información obrante en los registros de poseedores en las provincias en que estos existan, o por aquellas fuentes de información que así considere la autoridad de aplicación.

Investigación lavado de dinero

En los casos en que se verifique la modificación de participaciones societarias que no sean informadas en tiempo y forma, el Registro Nacional de Tierras Rurales pondrá en conocimiento de la situación al organismo de registro societario competente, a la Administración Federal de Ingresos  Públicos (AFIP), y a la Unidad de Información Financiera (UIF), a los efectos de que investiguen si se encuentran cumplidas las obligaciones de registro, impositivas y de prevención de lavado de dinero relativas a las personas y bienes involucrados.

La investigación se extenderá a sus socios, administradores y representantes legales.

La norma puntualiza que a los fines de determinar el límite de titularidad extranjera del 15 por ciento sobre el territorio nacional se tendrá en cuenta la superficie continental americana y que el territorio de las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur será considerado en los cómputos a que se refiere la presente ley una vez cumplido el objetivo establecido en la disposición transitoria primera de la Constitución Nacional.

La reglamentación también indica que en las provincias con municipios, ciudad o de ejidos no colindantes, la determinación de la limitación del 15 por ciento atenderá a la superficie total de tierras rurales por departamento o división política equivalente, que será informada por la provincia a la autoridad de aplicación dentro de los 60 días de aprobada la presente reglamentación.

Sanciones

En el caso de incumplimientos a la ley por parte de los otorgantes y/o los profesionales intervinientes en las operaciones comprendidas por la Ley N.^o 26.737 o su reglamentación, se prevé tres tipos de sanciones: apercibimiento, multa e inhabilitación.

En ese sentido, se indica que el apercibimiento sólo será aplicado para faltas consideradas leves, siempre que no se verifiquen infracciones antecedentes dentro de los dos años inmediatos anteriores. En cuanto a las multas, serán por un monto equivalente hasta el uno por ciento del valor de la operación o de la valuación fiscal del inmueble, la que resulte mayor, a la que corresponda la infracción.

En tanto, en materia de inhabilitación, se estipula de seis meses a dos años para solicitar la expedición de los certificados de habilitación ante el Registro, aplicable a los profesionales intervinientes, que incumplan las obligaciones legales y reglamentarias, independientemente de la aplicación de otras sanciones.

Perú: Los derechos de la Pachamama

El “ecologismo jurídico y el derecho ambiental” expresado en las nuevas constituciones de dos países andinos, Bolivia y Ecuador, son un importante aporte para entender el derecho de la naturaleza como condición vital de protección a la dignidad humana.

Así lo destaca el último artículo de Diego García Sayán, presidente de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, en referencia al libro del jurista y magistrado argentino Raúl Zaffaroni, La Pachamama y el humano.

Acerca de la desconfianza política en el movimiento ecológico sostiene:

“Es muy fácil pervertir el discurso ecológico, en particular profundo, hasta caricaturizarlo y convertirlo en un discurso contrario a las declaraciones de derechos humanos y presentar el geocentrismo o cualquier otra tentativa de reconocer el carácter de sujeto de derechos a la naturaleza, como un discurso antihumanista que, por quitar al humano del lugar de titular del dominio absoluto de la naturaleza, lo degrada a microbio eliminable si se opone a su conservación.

(…)

En definitiva, la objeción contra el reconocimiento de la titularidad de derechos de la naturaleza en base a estas posibles perversiones discursivas no es más que la reiteración de la primaria reacción que a lo largo de la historia se ha registrado ante cualquier noticia que le advierte al humano que no es tan centro ni tan privilegiado como se ha creído: desde Copérnico hasta Darwin o Freud viene pasando lo mismo. El narcisismo humano tiende a radicalizar las posiciones supuestamente defensoras del humanismo hacia un antropocentrismo que raya en los límites del exabrupto cartesiano.”

El libro fue presentado el pasado 6 de febrero en Buenos Aires. Raúl Zaffaroni es también autor de La cuestión criminal.

17 de abril: Día Internacional de las luchas campesinas

El 17 de abril es el Día Internacional de las Luchas Campesinas, que conmemora la masacre de 19 campesinas y campesinos que luchaban por tierra y justicia en Brasil en 1996. Cada año se celebra este día en todo el mundo, en defensa de las campesinas y los campesinos que luchan por sus derechos.

Durante los últimos años hemos padecido la aplicación de nuevas políticas y de un nuevo modelo de desarrollo basado en la expansión y expropiación de terrenos, conocido como acaparamiento de tierras.

El acaparamiento de tierras es un fenómeno impulsado por inversores y personas con poder a escala local, nacional e internacional, con la connivencia de gobiernos y autoridades locales, para controlar los recursos más preciados del mundo.

El acaparamiento de tierras ha provocado la concentración de la tierra y recursos naturales en manos de grandes inversores, dueños de plantaciones, empresas madereras, hidroeléctricas y mineras, desarrolladres turísticos e inmobiliarios, autoridades portuarias y de infraestructuras, etc.

La consecuencia ha sido el desalojo y desplazamiento de poblaciones locales —generalmente campesinos y campesinas—, la violación de derechos humanos y de la mujer, el aumento de la pobreza, la fractura social y la contaminación ambiental.

El acaparamiento de tierras trasciende las estructuras imperialistas Norte-Sur: las corporaciones transnacionales involucradas están basadas en Estados Unidos, Europa, Chile, México, Brasil, Rusia, India, China, Sudáfrica, Tailandia, Malasia, Indonesia y Corea del Sur, entre otros.

Las instituciones financieras, como los bancos privados, los fondos de pensiones y otros fondos de inversión, se han convertido en agentes poderosos en el acaparamiento de tierras, mientras se siguen emprendiendo guerras para tomar el control de las riquezas naturales.

El Banco Mundial y algunos bancos regionales de desarrollo están facilitando el acaparamiento de tierras y agua mediante la promoción de medidas y legislaciones que favorecen a las corporaciones, como el suministro de capital y garantías para inversores corporativos y el fomento de un modelo económico de desarrollo destructivo y extractivo.

En el interín, el Banco Mundial y otras instituciones han propuesto siete principios para la Inversión Agrícola Responsable (IAR) que deberían prevenir los abusos, pero que en realidad dan legitimidad al acaparamiento de tierras por parte de inversores públicos y privados. La Vía Campesina, junto con aliadas y alidos claves, ha protestado en contra de esta iniciativa durante los últimos dos años.

El acaparamiento de tierras es un fenómeno global basado en la dominación corporativa de la agricultura a través del control de la tierra, el agua, las semillas y otros recursos. Muchos gobiernos y gabinetes estratégicos la justifican aduciendo que la agroindustria modernizará las prácticas agrícolas atrasadas y garantizará la seguridad alimentaria para todos. Sin embargo, por muy difundidas que sean estas aduciones, se ha demostrado que son completamente falsas en el mundo real.

Los agentes clave detrás del acaparamiento de tierras dan prioridad a las ganancias ganancias por encima del bienestar de las personas: producen agrocombustibles si ello resulta más rentable que la producción de alimentos; y exportan su producción alimentaria si ello resulta más lucrativo que venderla en el mercado local.

En esta carrera por lucrar, la agro-indústria está aumentando su control de los sistemás de producción de alimentos, monopolizando recursos y dominando en los procesos de toma de decisiones. Los grupos de presión corporativos poseen una fuerte inflencia política que a menudo embarga a las instituciones democráticas. Además, actúan con la complicidad de la clase dirigente local y nacional (comerciantes, políticos y líderes de comunidades), que no protegen a su propio pueblo del saqueo.

El acaparamiento de tierras ha desposeído a campesinas y campesinos y pueblos indígenas, especialmente a mujeres y jóvenes, de sus recursos y medios de sustento. También está dañando el medio ambiente. Los pueblos indígenas y las minorías étnicas se ven expulsados de sus territorios por fuerzas armadas, lo que aumenta su vulnerabilidad y en ciertos casos ocasiona incluso la esclavitud. Las falsas soluciones al cambio climático, basadas en el mercado, como el concepto en boga de la “economía verde”, están logrando separar para siempre a las comunidades locales de sus recursos agrícolas y naturales.

Así pues, La Via Campesina realiza un llamamiento a todas y todos sus miembros y aliados, movimientos de pescadores, organizaciones de trabajadores agrícolas, grupos de estudiantes y medioambiente, movimientos a favor de la justicia social, para organizar acciones en todo el mundo el dia 17 de abril para ejercer una masiva demostración de resistencia popular al acaparamiento de tierras y destacar la lucha contra el control corporativo sobre los recursos agrícolas y naturales.

Unámonos y luchemos:

• Para detener el acaparamiento de tierras y reclamar la tierra tomada. ¡La tierra debería estar en manos de quienes la trabajan!
• Para aplicar una reforma agraria integral a fin de llevar justicia social a las zonas rurales.
• Para acabar con el control de la vida de miles de millones de personas, ejercido por unos pocos inversores y empresas transnacionales.
• Para oponernos a los principios de las “inversiones agrícolas responsables” (IAR) propuestas por el Banco Mundial, ya que nunca puede ser “responsable” el hecho de que inversores y empresas acaparen tierras agrícolas.
• Para reforzar el sistema de producción agrícola basado en la agricultura campesina y la soberanía alimentaria.

Cerco, maquinaria y militares chilenos en territorio peruano

Continúa la presencia chilena en territorio peruano. Las integrantes de la Benemérita Sociedad de Señoras viajaron ayer hasta la frontera con Chile, a la altura del Hito Nº 1, y pudieron constatar que hasta el momento sigue el cerco de alambres que pusieron las fuerzas armadas del vecino país en territorio peruano, para efectuar las labores de desminado en esa zona.

Sin embargo la situación va más allá, pues también se constató (entre las 11 a.m. y 1:30 p.m.) que existe maquinaria chilena especial para el desminado y militares de ese país recorriendo tierras peruanas.

En el lado chileno también se pudo divisar una tanqueta, según afirmaron las señoras. “Hemos llegado hasta el Hito Nº 1, desde ahí se pudo divisar que el alambrado de los chilenos ha ingresado entre 50 a 70 metros de territorio peruano y dentro de esta área realizan los trabajos de desminado, dijo la presidenta de la Benemérita Sociedad de Señoras, Gina Lombardi Vargas.

CONSTATACIÓN
Indicó que el viaje de su gremio hasta esa zona se realizó con la finalidad de constatar si lo dicho por la Cancillería peruana sobre el retiro de los militares chilenos era cierto.

“Lamentablemente hemos constatado que la situación sigue igual, y es realmente preocupante. Mañana (hoy) deberemos estar sacando un pronunciamiento en rechazo a esta situación, que será enviado a la Cancillería y al presidente de la República Ollanta Humala”, indicó.

Como se recuerda, un comunicado de la Cancillería del Perú emitido el pasado martes indicó que las fuerzas armadas de Chile habrían ingresado a territorio peruano el 23 de febrero para efectuar labores de señalización del curso del deslizamiento ocasionado por el desborde de la Quebrada de Escritos.

El comunicado aseguraba que en esos momentos no había personal militar chileno en territorio peruano.

CANCILLERÍA
Consultado sobre este tema, el congresista Juan Pari Choquecota se refirió a la posición adoptada por el Ministerio de Relaciones Exteriores. “No es tan contundente como debería ser”, anotó.

Para el parlamentario, la posición de la Cancillería debería estar orientada a presionar para que se efectúe de modo inmediato el desminado de la zona fronteriza, en cumplimento con el acuerdo de Ottawa del que Chile es suscriptor desde el año 2002.

“Debemos defender la soberanía y evitar la intromisión, pero al mismo tiempo debemos ser más enérgicos y exigir a Chile que acabe con el desminado lo antes posible, porque el plazo inicial para esta acción venció el 2010 y ellos han pedido un ampliación por 10 años más”, sostuvo.

Perú: ¿El desenlace legal del Proyecto Minero Conga?

Por: Jesus Gomez Urquizo

El Proyecto Minero Conga se localiza a aproximadamente 73 km. al noreste de la ciudad de Cajamarca, en los distritos de Sorochuco y Huasmín de la provincia de Celendín; y en el distrito de La Encañada en la provincia de Cajamarca. El titular del proyecto Conga es la Minera Yanacocha S.R.L., cuyos principales accionistas son Compañía de Minas Buenaventura, Newmont Mining Corporation y la Corporación Financiera Internacional. Los principales componentes del Proyecto Conga consisten en dos depósitos porfiríticos a explotar, Perol y Chailhuagón con contenido de cobre, oro y plata mediante métodos de procesamiento convencional de chancado, molienda y flotación, en una planta con una capacidad nominal de 92 000 toneladas por día, lo que permitirá procesar el contenido mineral de 3,1 billones de libras de cobre y 11,6 millones de onzas de oro. El Estudio de Impacto Ambiental detallado de éste proyecto está aprobado por la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros del Ministerio de Energía y Minas.

En noviembre del año pasado un informe del Ministerio del Ambiente (MINAM) cuestionaba seriamente el Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga. El documento presentado indicaba que el proyecto “transformará de manera significativa e irreversible la cabecera de cuenca, desapareciendo varios ecosistemas y fragmentando los restantes, de tal manera que los procesos, funciones, interacciones y servicios ambientales serán afectados de manera irreversible”. Igualmente se sostenía que el vaciado de las cuatro lagunas solo dos, Perol y Mala serán vaciadas para extraer el oro. Las otras dos, Azul y Chica, “serán vaciadas y utilizadas como depósitos de desmontes”. También se sostenía que “la vulnerabilidad de la zona de emplazamiento del proyecto por ser una cabecera de cuenca requiere un análisis hidrológico e hidrogeológico detallado“, que no “han realizado estudios que de manera fehaciente demuestren que los depósitos de relaves no producirán filtraciones, toda vez que en el EIA se confirma la existencia de flujos hídricos subterráneos“. Finalmente se da una serie de recomendaciones para que el proyecto pueda llevarse a cabo. Se sugiere que en lugar de vaciar las lagunas Azul y Chica, para utilizarlos como depósito de desmonte, “se evalúe la reubicación de dichos depósitos en zonas distintas a las ocupadas por dichas lagunas”, que deben ser declaradas intangibles.

Los sucesos de Cajamarca y el proyecto minero Conga generaron la primera crisis política en el gobierno de Ollanta Humala. Su desenlace fue la caída del Gabinete Lerner y la renuncia de varios de sus ministros. La situación se tornó tan complicada que muchos de quienes respaldaron inicialmente al mandatario, optaron por tomar distancia o, incluso, cambiar de bandera y hablar en forma inmediata de un “viraje”, cuando no de una “traición” a las promesas hechas en la campaña electoral por el presidente nacionalista. Incluso aliados más antiguos de Humala se apartaron. El desenlace fue un nuevo gabinete encabezado por Oscar Valdez y obviamente nuevos ministros del Ambiente y Energía y Minas con un mensaje diferente en relación a éste proyecto minero.

El año pasado mediante Ordenanza Regional Nº 036-2011-GR.CAJ-CR, el Gobierno Regional de Cajamarca declaro “inviable la Ejecución del Proyecto CONGA en las cabeceras de cuenca donde se ubican las lagunas Perol, Azul, Cortada y Mamacocha, en razón de las inconsistencias técnico – legales del Estudio de Impacto Ambiental aprobado mediante Resolución Directoral Nº 351-2010-MEM/AAM, de fecha 27 de octubre del 2010, por contravenir normas constitucionales y tratados internacionales a los cuales está adscrito el Perú”. Igualmente se declaró de interés público regional la conservación, protección e intangibilidad de las cabeceras de cuenca en toda la jurisdicción de Cajamarca.

A finales del año pasado, en reunión convocada por la Presidencia del Consejo de Ministros se acordó la realización de un “peritaje internacional” del Estudio de Impacto Ambiental del Proyecto Minero Conga, cuyo objetivo general es “identificar y proponer las medidas que permitan el mejoramiento de las acciones de mitigación de los impactos ambientales del proyecto”, así como “determinar si las medidas de mitigación plateadas en el EIA del proyecto Conga mitigan suficientemente los impactos al agua que se generarían en la zona y en las microcuencas, proponer alternativas que permitan generar mayor disponibilidad de aguas, su calidad y priorización para las microcuencas donde se ubica el proyecto Conga y asegurar compensaciones para el desarrollo sostenible, con sistemas de reservorios y riegos”.

A mediados de enero del presente año, ante el Tribunal Constitucional, José Antonio Peláez Bardales, Fiscal de la Nación, ha interpuesto demanda de Inconstitucionalidad en contra del Consejo Regional de Cajamarca y el Presidente Regional para que se declare inconstitucional la Ordenanza Regional Nº 036-2011, ésta acción ya fue admitida formalmente por el TC.

Diversos especialistas han opinado que según la Ley de Recursos Hídricos, las cabeceras de cuenca y la administración de aguas son problemas “de competencia nacional”, igualmente se ha señalado que no es posible que por Ordenanza Regional se usurpen competencias nacionales. Se ha llegado a calificar que la Ordenanza Regional de Cajamarca “es una ordenanza que invade y se apropia de una competencia del Poder Ejecutivo”. Pero también hay opiniones que respaldan la constitucionalidad y legalidad de la Ordenanza Regional, aunque sus argumentos son débiles y más políticos.

Finalmente, hay que recordar casos similares en las regiones Cusco, Huánuco y Puno. En todas estas, se aprobaron Ordenanzas Regionales a fin de legalizar el cultivo libre de la hoja de coca y suspender el otorgamiento de concesiones mineras. En todos los casos, fue el Tribunal Constitucional el que declaró inconstitucionales las respectivas Ordenanzas Regionales. Habrá que esperar el desenlace de esta demanda, aunque todo apunta que se declarará inconstitucional la Ordenanza Regional de Cajamarca Nº 036-2011, lo que dará sólidos argumentos a favor de la minera Yanacocha, mientras tanto en paralelo avanza el peritaje internacional promovido por el Gobierno Central, sin la participación de los representantes del Gobierno Regional de Cajamarca. El desenlace legal ya se avizora.

Arzobispado de Huancayo exige que Doe Run cumpla con su PAMA antes de volver a operar

Chávez desde Cuba: "Estoy recuperándome aceleradamente"

"Estoy bien, estoy recuperándome aceleradamente", destacó este jueves el presidente de la República, Hugo Chávez, durante su primera comunicación con Venezuela, vía telefónica, tras ser operado en Cuba, el lunes pasado.

El Jefe de Estado se comunicó mientras el coordinador del Órgano Superior de Vivienda y Hábitat, Rafael Ramírez, encabezaba un acto de entrega de viviendas en el Zulia.

Durante la comunicación, transmitida en vivo por Venezolana de Televisión, Chávez Frías felicitó el avance de la Gran Misión Vivienda Venezuela, cuyo cronograma incluye la entrega de 4 mil casas y apartamentos en todo el país este jueves, entre las 200 mil que comprenden la meta del año en curso.

“Buen día, MundoBueno! Estoy muy feliz viendo por nuestra VTV cómo avanza la Gran Misión Vivienda Venezuela! Qué bonitos edificios! VivirViviendo”, publicó el mandatario a través de su cuenta en Twitter.

Encuesta: Chávez aventaja en más de 30 puntos a su adversario Capriles

La encuestadora International Consulting Services presentó, a través de una entrevista en el canal privado Televen con su Presidente Juan Vicente Scorza, los resultados de encuestas a los venezolanos realizadas entre el 23 y el 26 de febrero de 2012. Según los sondeos, el Presidente Chávez acudiría a la próxima elección presidencial con un 58,7% de popularidad, mientras que su rival, Henrique Capriles Radonski, apenas con un 25,7%.

“La enfermedad del presidente Chávez no ha impactado su popularidad -puntualizó Scorza-, pero donde sí ha habido una merma es en Henrique Capriles, y quisiera explicarlo: el hecho de no debatir, lo llevó a disminuir su popularidad, porque pensamos que el venezolano lo que espera es el debate”, puntualizó Scorza.

En otros resultados relevantes, la mayoría de la ciudadanía dijo estar satisfecha con la información sobre la salud del Presidente Chávez, y consideraron que el mandatario ofrecía a su pueblo datos oportunos y veraces en torno a su evolución. Casi un 80% de los venezolanos confía en que su Presidente mejorará luego de la última intervención quirúrgica practicada en Cuba, y el 84.5 % dijo estar seguro de que no habría inconvenientes para que Chávez fuera el candidato a las elecciones presidenciales del próximo 7 de octubre.