En conferencia de prensa realizada hoy por Aurelio Ochoa, presidente de Perupetro, la institución estatal informó que Repsol, miembro del Consorcio Camisea (Lote 88 y 56) y de Perú LNG (Planta de Licuefacción Pampa Melchorita), había reexportado el gas de 10 embarcaciones, lo cual le habría permitido pagar menos regalías al Estado. Ello debido a que los mercados en los cuales terminaba finalmente el gas cuentan con precios muy superiores al destino al cual Repsol declaraba que enviaba el recurso. Mientras Repsol informaba que el destino final eran puertos estadounidenses como Freeport, Sabine Pass y Cameron en Estados Unidos donde el precio es de US$2,5 por MBTU, el gas terminaba en realidad siendo reexportado a Europa y Asia, donde los precios alcanzan hasta los US$12 en el primer caso y hasta el US$18 en el segundo.
Como se recordará, en la edición de PODER de abril de este año, se afirmó que este hecho, el de la reexportación del gas, había sido determinante en las negociaciones que el gobierno llevó a cabo con el Consorcio Camisea para que se devolviesen las reservas del gas del Lote 88 que estaban puestas en garantía para la exportación del gas y que no podían ser utilizadas para el mercado interno. En dicha investigación, Poder reveló la reexportación del gas de tres embarcaciones, pero según lo informado hoy por Perupetro, fueron en total 10.
Perupetro llegó a esta conclusión luego de contratar a una reconocida consultora internacional en la materia, según lo afirmado por Ochoa. Luego de ello, se procedió a solicitar los descargos del caso al Consorcio Camisea. Si bien Repsol es la encargada de la exportación y quien otorga la información sobre el destino final del gas, contractualmente el Consorcio Camisea es también responsable de velar por el cumplimiento del contrato de exportación.
Este hecho habría llevado a que, ante la falta de respuesta del Consorcio Camisea sobre lo ocurrido, Perupetro, en cumplimiento de los procesos legales, les anunciase en su momento la posible resolución del contrato. Según lo declarado por Ochoa esta mañana, dado que esa no es la intención del gobierno, se ha procedido a extender el plazo para que el Consorcio otorgue las respuestas necesarias.
Fuga de gas
La historia detrás del gas de Camisea. Varias preguntas pendientes. ¿Cuántos recursos comprometerá el Estado para que intervenga Petroperú? ¿Repsol está siendo investigada por reexportación ilícita de gas?
Por Ricardo Uceda
Un miembro del gobierno describe así los anuncios de abril sobre el Lote 88 de Camisea:
—Teníamos que hacer algo: o aumentar el salario mínimo o recuperar el gas. Algo que realmente hiciera ruido en el sector que influye en los conflictos sociales.
Aquello de ‘recuperar el gas’ es una frase sobre la que hay que volver en esta nota, pero ante todo suena y se vende muy bien. El punto es que la adopción de una medida que identificara a su gobierno con sus postulados originales empezó a hacerse necesaria para Ollanta Humala desde comienzos de año, cuando sintió que requería detener el desencanto de bases populares organizadas que le permitieron pasar a la segunda vuelta en el 2011. Estas bases, identificadas con el primer programa, La Gran Transformación, no son humalistas ni tampoco en su mayoría responden a la izquierda legal procedente del marxismo. Las movilizan diversas reivindicaciones, a menudo regionales, y una vocación irrenunciable de hacer sentir su poder. Su descontento coincidió con eventos característicos del segundo semestre del 2011 como el desembarco de izquierdistas del gabinete y el apoyo al proyecto Conga.
Precisamente el apremio se debía a que en abril el gobierno anunciaría que el proyecto minero de Yanacocha es viable ambientalmente con mejoras, de acuerdo con los peritos. Estaba previsto que ello produjera una colisión con buena parte de las bases de La Gran Transformación: los partidarios del presidente regional Gregorio Santos y sus aliados antimineros de todo el país, más la mayoría de facciones izquierdistas reunidas. El 31 de marzo, los partidos Tierra Libertad, de Marco Arana; Patria Roja, de Gregorio Santos; Fuerza Social, de la alcaldesa Susana Villarán; el Partido Socialista, de Javier Diez Canseco; y el movimiento Ciudadanos por el Cambio, que aún tiene miembros en el gobierno, suscribieron un pacto político. El epígrafe del documento lo dice todo: ¡Conga no va! Por ello, la oportunidad del anuncio de que las reservas del Lote 88 ya no estarían comprometidas para avalar las finanzas de compañías contratistas sino para abastecer el mercado interno fue decidida pensando en lo que ocurrirá en Cajamarca.
No fue una decisión oportunista. El tema era una oferta emblemática de la campaña. Pero una vez en el poder, el nacionalismo se encontró con que las empresas comprometidas con la explotación y comercialización del gas de Camisea no avanzaban para atrás ni para adelante. El gobierno esperaba que buscaran otras formas de garantizar la exportación del gas para no comprometer reservas del Lote 88. Las actas de las diversas reuniones demuestran que comenzaban y terminaban en el mismo punto. A finales del 2011 el gobierno dijo que esperaría hasta abril de este año, como plazo final. En el fondo, entre ellas no se ponían de acuerdo. En el camino, Repsol recibió una carta de Perupetro sobre supuestas infracciones cometidas en las exportaciones de gas, detalladas más adelante. Coincidentemente, esta empresa jugó un papel muy favorable al acuerdo con Perupetro. Junto con el mejoramiento de ciertas condiciones financieras del negocio, en el sector energético hay quienes creen que ello tuvo que ver con el desenlace.
Al llegar abril la mesa estaba servida. En la evaluación política se consideró que cumplir con la oferta de garantizar el gas del Lote 88 para el mercado interno representaba, junto con el anuncio de un gasoducto hacia Ilo, una medida de mayores alcances que el aumento del salario mínimo, otra de las ofertas electorales pendientes. Esa fue desde un comienzo la opinión del asesor brasileño Luis Favre. Una vez que se conoció todo, sin embargo, surgieron preguntas sobre el alcance real de los anuncios, presentados como el advenimiento del gas para todos y la primera piedra de un gran complejo petroquímico en el sur. Algunas no han sido respondidas porque el responsable del sector, el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, aún no sabe cómo. Por ejemplo, cómo participará concretamente la petrolera estatal Petroperú.
El anuncio pone punto final a la agria discusión nacional originada por un cambio del contrato inicial del Lote 88 entre el Consorcio Camisea y Perupetro sobre el destino del gas. En la zona de Camisea, Shell había descubierto los tres yacimientos del proyecto en 1983. Dos veces revirtieron al Estado luego de que Shell no consiguiera acuerdos ni con el primer gobierno de García ni con el segundo de Fujimori. Además había descubierto gas en Pagoreni, en el Lote 56, que también abandonó. Para quedarse y recompensar su inversión total de US$466 millones –que finalmente perdió– quería exportar libremente el gas a Brasil, entre otras demandas. La exportación, uno de los filones del negocio, seguiría siendo un motivo de controversia después de su partida, cuando en el 2000 el Consorcio Camisea entró en escena.
Inicialmente la sociedad la componían Pluspetrol, Hunt Oil y SK. Luego se sumaron Sonatrach y Repsol. Recibieron el Lote 88 con una condición: la exportación estaba supeditada al abastecimiento del mercado interno, según una ley de 1999 que obligaba a prever su satisfacción durante un ‘horizonte permanente’ de veinte años. En la práctica, un lapso de cuarenta años.
En el 2004 el mismo consorcio ganó la licitación del Lote 56, cuyo gas podía exportar sin restricciones, puesto que ya estaba retenido el del Lote 88. Al mismo tiempo, Hunt, SK y Repsol, aliados con Marubeni, diversificaron el negocio: crearon Perú LNG para exportar gas natural licuefactado. Perupetro les aseguró un contrato para ampliar el gasoducto y construir un terminal marítimo y una planta industrial en la costa. Los bancos, sin embargo, les exigieron para financiar el proyecto reservas por 4,4 TCF (trillones de pies cúbicos): Tenían solo 2,4 TCF del Lote 56. Entonces el gobierno de Toledo y el Congreso le permitieron utilizar como prenda parte de las reservas del Lote 88 (2,5 TCF).
Fue una jugada de dos tiempos. Primero se eliminó de la ley el concepto de ‘horizonte permanente’ para dejarlo en veinte años a secas, con lo que el tiempo de aseguramiento del mercado interno se calculaba una sola vez en veinte años. Luego se autorizó a Perupetro a renegociar su contrato con el Consorcio Camisea, operador del campo de explotación del gas, bajo este nuevo concepto. Finalmente, los bancos aceptaron parte de las reservas del Lote 88 como aval y Perú LNG pudo llevar adelante su proyecto.
Desde el momento en que las reservas del Lote 88 fueron prendadas hubo abundante argumentación y retórica respecto de la naturaleza de esta decisión. Tanta, que es necesario desbrozarla para aquilatar en su justa dimensión los anuncios gasíferos del presidente Humala. Al régimen de Toledo se le acusó de haber regalado el gas a Perú LNG, y a los responsables directos de haber incurrido en corrupción. “¿Camisea o Coimasea?”, escribió Javier Diez Canseco. Humberto Campodónico, actual presidente de Petroperú, dijo:
—Uno de los despojos más grandes y audaces de la historia del Perú.
Campodónico y otros dos expertos que han trabajado con Humala, el exministro de Energía y Minas Carlos Herrera Descalzi y el actual presidente de Pluspetrol, Aurelio Ochoa, fueron los críticos más connotados de las medidas desde un ángulo que podría llamarse político-técnico. Pero, con el tiempo, la demanda de renegociar el nuevo contrato del 2005 y concretamente de garantizar, o regarantizar, el gas para el consumo interno, se convirtió en un consenso político. La planteó el gobierno aprista durante sus últimos años de mandato. En el 2011 Keiko Fujimori la hizo parte de su campaña electoral. Este discurso político tuvo un correlato legal: varios ministros de Toledo fueron denunciados por haber, supuestamente, violado la ley.
La mayor acusación la hizo Alan García, en su discurso por Fiestas Patrias, el 2009. “Lo que sí deberán investigar el Ministerio Público y el Poder Judicial –dijo, refiriéndose al temor del desabastecimiento interno de gas– es por qué antes, sacrificando y entregando el mercado nacional, se cambiaron las leyes con normas de menor jerarquía, lo que constituye un delito”. Unos días más tarde el procurador de Energía y Minas denunció a los ex ministros Pedro Pablo Kuczynski, Jaime Quijandría y Glodomiro Sánchez por concusión, colusión desleal y abuso de autoridad. Aunque el procurador reiteró la denuncia un año más tarde, no pasó a mayores.
—Nunca me citó ningún fiscal, ningún procurador, y esa denuncia murió porque simplemente fue una pose para las tribunas—, dijo para este informe el exministro Glodomiro Sánchez.
Hace poco el Congreso archivó un expediente para acusar constitucionalmente a los exministros por las infracciones mencionadas por García. Pero no ocurrió lo mismo con la impugnación de las medidas por supuesta inconstitucionalidad. Resolviendo una demanda de Acción Popular, en diciembre pasado la Corte Superior de Lima hizo pública una sentencia que anuló los decretos que permitieron prendar parte de las reservas del Lote 88. El procurador del Estado apeló la sentencia: ya estaba en marcha la idea de entenderse por las buenas con el Consorcio Camisea y Perú LNG.
En ese contexto, fue una señal de buena voluntad y así se les hizo saber a sus representantes. Una de los dos firmantes del recurso de Acción Popular fue Susana Vilca, exviceministra de Minas y hoy presidenta de Ingemmet. Antes de convertirse en funcionaria pública, Vilca envió un escrito al Poder Judicial desistiéndose. Pero Mario Hanco, un nacionalista del Cusco, el segundo autor de la demanda, espera la resolución final de la Sala Constitucional de la Corte Suprema. Hanco afirma que él y Vilca recibieron el apoyo de Humala, y considera que los rimbombantes anuncios de abril no han cambiado nada.
—Si los decretos no servían para modificar el contrato, otro decreto que los anule tampoco sirve— dijo. Quiero que el Poder Judicial vuelva todo a fojas cero.
De modo que es posible que aún se escriba el último capítulo de la parte judicial de esta historia, si la Corte Suprema le da la razón a Hanco y anula los decretos del régimen de Toledo y, por consiguiente, también los de Humala, y obliga a las partes a hacer un nuevo contrato, algo a estas alturas intrascendente. Pero puede que también sostenga que Hanco estaba equivocado, en lo que sería el punto final de toda la cadena de acusaciones.
Entonces, tiene sentido considerar los siguientes hechos en honor a la exactitud: nunca estuvo prohibido exportar reservas del Lote 88 ni nunca se las exportó: no fue necesario. Por otro lado, también es cierto que si bien los 2,5 TCF no fueron exportados nunca, tampoco podían ser usados para abastecer el mercado interno. De ahí que algunos consideren que la palabra correcta para lo que ha conseguido el gobierno sea ‘liberación’ de las reservas que habían sido prendadas para la exportación.
El gas extraído, por último, sigue perteneciendo a los contratistas. En realidad, no se ha recuperado el recurso, o el Lote 88, en el sentido del discurso oficial. Lo más importante es que sus reservas pueden desde ya ser asignadas a cubrir una demanda nacional reprimida. Esto tiene que ver con el verdadero problema: la falta de reservas probadas.
Cuando el gobierno de Toledo tomó reservas prestadas del Lote 88 para que Perú LNG llevara a cabo su proyecto de exportación, lo hizo confiando en que en el futuro se encontraría gas en suficiente medida para el consumo interno y la exportación. Sin embargo, no se les exigió a las empresas compromisos de exploración, hasta la gestión de Pedro Sánchez en el 2009. Por entonces (2005-2006), las reservas probadas nacionales se habían estimado en 10,9 TCF, frente a una demanda de 4,0 TCF para los siguientes veinte años.
En el 2009, cuando las expectativas de demanda eran mucho mayores, un estudio de Gaffney, Cline & Associates (GCA) para las contratistas situó las reservas probadas en 8,7 TCF. El informe reavivó el clima de objeciones a la exportación, especialmente en el Cusco. Las protestas alcanzaron su clímax en agosto del año siguiente, cuando se materializó una huelga de medio mes en La Convención, con epicentro en Quillabamba, y el primer ministro Velásquez Quesquén hubo de ir hasta allá para asegurar que el Lote 88 garantizaba gas para todos. El Ministerio de Energía y Minas, mientras tanto, encargó otro estudio a Netherland, Sewell & Associates (NSAI), cuyo estimado fue más optimista: 11,1 TCF. Sin embargo, aun en este escenario la situación era incierta. La demanda interna había crecido en una forma imprevisible.
De acuerdo con un estudio sobre oferta y demanda de gas que el gobierno encargó en agosto del 2011, las reservas probadas que se establecieron en el estudio de GCA no alcanzarían a satisfacer el mercado interno con los usuarios actuales del gas que son abastecidos por el Lote 88 ni tampoco tomando en consideración parcialmente las reservas del 57. Tanto en un horizonte hasta el 2040 cuanto simplemente hasta el término de sus contratos. Puestos en el caso del más prometedor pronóstico de NSAI, las reservas solo serían suficientes hasta el 2040, igualmente sin nuevos usuarios. El estudio consideró todos los contratos existentes entre el Consorcio Camisea y sus compradores, decenas de empresas de las más diversas industrias, y asignó un consumo mínimo diario a cada una de ellas de acuerdo con sus patrones observados entre el 2004 y el 2010.
No es un secreto en la industria que la demanda interna está insatisfecha. El Consorcio Camisea no suscribe contratos con nuevos compradores. A finales del 2009 se produjo una licitación para ofrecer el gas del Lote 88, y el registro de los interesados fue impresionante. El volumen que los contratistas se comprometieron a entregar, 86 millones de pies cúbicos diarios, era muy inferior al que demandaron los participantes en la licitación. El resultado fue que la demanda de usuarios probables disminuyó progresivamente. Considerando lo requerido en aquella ocasión, la demanda potencial cayó de 15,3 a 4,4 TCF. Hay una larga lista de empresas inicialmente interesadas que dejaron el país y que decidieron abandonar sus proyectos de establecimiento o reconversión de sus plantas. Constructoras, generadoras de electricidad, petroquímicas, y otras diversas. La explicación es sencilla: la actividad exploratoria no fue exitosa.
Para contrarrestarlo, ya en el 2009 el Ministerio de Energía y Minas promovió inversiones por cerca de US$2 mil millones en la expansión de la capacidad de procesamiento y transporte del gas y comprometió 200 millones del Consorcio Camisea en una enérgica exploración en el Lote 56. Además, Repsol aceptó destinar al mercado interno sus reservas del Lote 57. Así, hacia el final de su mandato, el gobierno de Alan García estaba optimista respecto de las reservas por descubrir. En noviembre del 2009 el propio presidente anunció el hallazgo de un gran yacimiento en el Lote 56, en el que “podría haber hasta más allá de los 5 TCF”, lo que garantizaba un gasoducto hacia la costa. La propia contratista, Petrobras, salió a desmentirlo. Un año después Petrobras confirmó 1,7 TCF en dos pozos.
En aquella ocasión, Aurelio Ochoa, hoy conductor de Perupetro, dijo que era prematuro hablar del gasoducto con esas reservas, pues para construirlo se necesitaban por lo menos 5 TCF. Con menos reservas no habría financiamiento posible. No es casualidad que ahora, más de dos años después, estas cifras vuelvan al debate. Porque los anuncios que hizo Ollanta Humala el 3 de abril en Quillabamba tienen que ver con reservas que todos suponen que van a ser descubiertas pero que no se han demostrado.
El plato fuerte del anuncio presidencial fue la garantía de que todas las reservas del Lote 88 servirán para el abastecimiento interno. 2.5 TCF de ellas ya no están prendadas, por decisión del Consorcio Camisea y Perú LNG después de un largo ciclo de diálogos infructuosos con el gobierno. En el momento del anuncio en realidad quedaban prendadas 1,6 TCF, porque a finales del año pasado fueron liberados 0,9 TCF, a cambio de reservas de gas halladas y certificadas en el Lote 56.
Las conversaciones comenzaron durante el gobierno aprista y se interrumpieron a finales del 2011. Fueron retomadas por la nueva administración a la espera de una decisión definitiva de las empresas. Esta se prolongó demasiado. El único integrante tanto del Consorcio Camisea como de Perú LNG que manifestó su voluntad de liberar los recursos prendados del Lote 88 fue Repsol. Su presidente, Antonio Brufau, dijo en Lima, luego de visitar a Ollanta Humala, que su compañía haría todo lo posible para liberar el Lote 88, y que animaría a sus socios con ese propósito. La declaración no le cayó bien a Hunt, porque esto podía implicar sacar dinero y no precisamente de la caja de Repsol sino de la suya. Repsol tiene solo el 20% del proyecto de exportación, mientras que Hunt el 50%, y por tanto la mitad de la garantía de US$2.200 millones descansa en sus espaldas.
La firmeza política del régimen no fue el único mecanismo persuasivo. Más importante que eso, el avance del proyecto y el inicio de las exportaciones hacia México. Según las condiciones establecidas en el contrato con los bancos, al reducirse el riesgo, la garantía comenzaba paulatinamente a dejar de estar respaldada por las reservas de gas para pasar a hacerlo en los activos del proyecto. Así, desde enero del 2011 Perú LNG necesitaba buscar garantías equivalentes a 1 TCF, lo que juzgaron factible sin necesidad de pedírselos al Lote 88.
Como parte de los tira y afloja dentro de Perú LNG, se le dijo a Repsol que, por ejemplo, podía prendar su parte del gas del Lote 57. El proceso no ha estado exento de roces entre los miembros del consorcio, porque todos no hacen o han hecho el mismo esfuerzo. Según fuentes confiables, los socios del consorcio todavía no han terminado de cerrar el acuerdo interno sobre cómo negociarán con los bancos el cambio de la garantía. Al cierre de esta edición, estaban coordinando la fecha de la primera reunión donde tratarían el tema.
Esta no fue la única variable de tensión dentro del Consorcio Camisea y Perú LNG. Las especulaciones de que Repsol estaría reexportando el gas hicieron temer algún tipo de acción legal por parte del gobierno. Repsol es la exportadora del gas de Perú LNG y debe venderlo en México de acuerdo con un contrato preexistente. Pero en Manzanillo, estado de Colima, la planta receptora no estaba lista, y desde junio del 2010 la empresa exportó principalmente el gas a Asia y Europa, donde los precios son varias veces mayores que en México y Estados Unidos. Si informó adecuadamente a Perú LNG y a Perupetro para pagar más regalías por el diferencial, la operación fue lícita e incluso mejor para el Estado.
De hecho uno de los problemas que el gobierno ha afrontado en paralelo al del Lote 88 es precisamente el de las bajas regalías que recibirá del gas que irá a la planta de Manzanillo, y por ello desea que México compre gas barato en los Estados Unidos (donde el precio ha caído 52% en los últimos doce meses hasta alcanzar el nivel más bajo en los últimos diez años) y permita que el de Repsol se venda mejor en otros mercados.
La negociación, en la que ganan todos, está a punto de culminar. Pero la crispación con Repsol fue que en abril del año pasado el boletín especializado LNG Markets Daily dijo que algunas embarcaciones de la empresa que llegaban a Estados Unidos desde Pampa Melchorita terminaban en un continente distinto al comprometido. En otras palabras, Repsol podría estar beneficiándose de un mayor precio sin pagar las regalías correspondientes. LNG Markets Daily brinda el nombre de las embarcaciones: STX Frontier y Castillo Santiesteban, que llegaron a Freeport, en el golfo estadounidense, en abril y mayo, respectivamente.
El informe detalla que la estrategia de Repsol sería no honrar sus compromisos con España y dejar de enviar cargamentos a Bilbao. De hecho, según la web de Perupetro, donde aparecen detalladas las exportaciones, estos barcos iban a España pero el mismo portal indica que la empresa no confirmó su destino final. En un segundo informe, el boletín de ICIS Heren LNG afirma: “Perú LNG se mantiene como un proveedor consistente de reexportaciones al enviar su tercer buque al golfo de Estados Unidos para la reexportación”. Así, el buque Ribera del Duero Knutsen habría partido el 31 de marzo del 2011 con ese propósito, y se cree que Golar Commodities es la firma encargada de recolocar los cargamentos en Asia.
Es decir, Repsol no se encargaría solo de colocar el barco en Freeport sino que también negociaría el envío desde Freeport hacia el destino final, siempre según la misma fuente. En este sentido, el estudio detalla que Repsol además habría abierto un proceso de licitación para un grupo limitado de postores con el propósito de que adquieran el cargamento que llegó al golfo de Estados Unidos en mayo de ese año. ¿Tendrá esto que ver con la buena disposición manifestada en Lima por el presidente de Repsol durante su visita al presidente Humala?
Fuentes de Repsol negaron que esto haya ocurrido. Otras del consorcio indicaron que de ser cierto, sería un hecho aislado pero de ninguna manera una política sistemática. Estas mismas fuentes explican que –supuestamente– no es posible afirmar que la molécula de gas que Repsol entregaba en Estados Unidos era precisamente la que luego era exportada a otro destino; que las exportaciones de gas desde el Perú son perfectamente trazables (rastreables); que fueron entregadas a contrapartes independientes; y que solo un 13% del total de envíos efectuados tuvo como destino el golfo de Estados Unidos.
Como se ha visto, el boletín especializado contradice lo que afirma Repsol. Ese es el motivo por el que Perupetro le envió una carta al respecto, así como al Consorcio Camisea, y abrió una investigación, según fuentes gubernamentales que no quisieron decir más. Hoy habría una negociación en curso para prever contractualmente que esto no vuelva a ocurrir. El clima de tensión dentro del Consorcio Camisea y Perú LNG se mantiene vivo.
Lo concreto es que la nueva situación le deja al gobierno un amplio margen de maniobra política en el Cusco, origen de siete de sus parlamentarios, y en el sur andino, donde la demanda de garantizar el Lote 88 para el abastecimiento de la zona era un punto que Humala no podía ignorar sin correr el riesgo de perder una importante base de apoyo. Tiene lógica política también la construcción de una pequeña planta de fraccionamiento en Kepashiato, contigua al yacimiento, de una fábrica envasadora de GLP, en Quillabamba, ambas a cargo de Petroperú; y, finalmente, en esta misma localidad, de una termoeléctrica de 200 MW, a cargo de Electroperú.
Aunque un primer estudio de la planta de Kepashiato la demostró inviable –el mercado era muy reducido– y se dispone de poca información sobre los otros dos proyectos, su envergadura no se compara con la cuarta iniciativa del gobierno: asociar a Petroperú con el consorcio Kuntur para la construcción del gasoducto sur andino hacia Ilo, donde se levantaría un polo petroquímico. La inversión calculada es enorme: US$16 mil millones. Aunque la brasileña Brasquen se ha puesto en primera fila para la inversión, el ministro Merino ha dicho que se quiere muchos más inversionistas que Brasquen. En Petroperú y Perupetro piensan que las plantas deberían ser licitadas. La idea en el gobierno es que todo este proyecto sería posible rápidamente si el Estado pone dinero para echar a rodar la rueda del gasoducto.
De momento, sin embargo, esta idea no basta. Aunque hay voces especializadas que aseguran que si llega el gas a Ilo la petroquímica llegará sola, vale recordar que el 90% de la producción de Camisea es metano y solo el 10%, etano. El metano sirve para las industrias de combustibles, fertilizantes y explosivos, mientras que el etano, para los plásticos. Salvo que ocurra algo extraordinario, los bajos precios internacionales harán extremadamente difícil que despegue la industria del metano en el sur. Sin metano no hay etano, y viceversa.
El grupo CFI, que iba a instalarse en Marcona y ganó la licitación para construir una planta, desistió porque hay precios mejores de gas metano en Estados Unidos y porque Shougang le impidió instalarse en la zona que había planificado. Petromar, que quedó segunda, no ejecutó su opción y también se fue. La planta de los Brescia, que producirá amoniaco y nitrato de amonio, utilizará gas metano, pero no en Ilo sino en Pisco, donde pretende recibirlo barato del Lote 88 de Camisea. El gas de este lote tiene precios muy bajos porque vino subsidiado por la inversión que hizo Shell para descubrirlo.
Una opción sería exportar el metano al norte de Chile. Pero la segunda mejor opción sería construir generadoras térmicas a gas para exportar energía eléctrica también a Chile. La pregunta que se hacen los especialistas es si se deberían usar estas reservas para exportarlas como energía y sin mayor valor agregado, más aún cuando existe en el Perú un importante potencial hidroenergético. Tal vez no haya otra salida, salvo que el gobierno decida también poner dinero en esta etapa a través de alguna de sus empresas públicas.
Si se confirmara el mercado disponible, en el fondo habría las reservas suficientes para financiar el gasoducto, según el ministro Merino. Pero bien en el fondo. Asumiendo que se necesitan entre 4 y 6 TCF para justificarlo, actualmente solo están disponibles 3 TCF: 1 del Lote 88, 1,7 del Lote 58 de Petrobras y 0,3 del Lote 57 de Repsol. En este último, el próximo año se produciría la confirmación de 1 TCF, y tal vez haya 1 TCF más en Fitzcarraldo, contiguo al Lote 88, con lo que habría hasta aquí entre 4 y 5 TCF destinados al proyecto. La mayor expectativa está centrada en el lote de Petrobras, el 58. Se espera allí, de acuerdo con Merino –y en señal de que Alan García no estaba descaminado–, entre 5 y 10 TCF. Pero esto recién se sabría en diciembre del 2015. Si todo lo anterior se cumple, el oleoducto no será inaugurado por Ollanta Humala.
Hay varias preguntas sin respuesta porque solo se ha anunciado la idea de hacer el megaproyecto. Petroperú está a la espera de un estudio de la CAF con recomendaciones sobre cómo embarcarse, posiblemente con un crédito puente de Cofide. Este crédito, de concretarse, ingresaría a un circuito cerrado brasileño: Petrobras, con sus grandes reservas del Lote 57; Odebrecht, en la empresa Kuntur que construirá el oleoducto; y Brasquen, en la petroquímica de Ilo. No obstante, el gasoducto sur andino nació como una iniciativa privada y cuando lo presentó Kuntur –aún no era dueña Petrobras– afirmó que no requería ningún tipo de garantía o financiamiento del Estado. En el proceso apareció Energy Transfer, que, a diferencia de Kuntur, desde un inicio afirmó que se requería de una garantía o cofinanciamiento estatal. No vaya a ser que aparezca de pronto y pida convocar a un nuevo concurso.
