Masacre del maíz mexicano

Grupo ETC *

Los gigantes de los agronegocios Monsanto, DuPont y Dow, están conspirando para realizar uno de los mayores golpes de la historia contra un cultivo alimentario de importancia global. En las próximas dos semanas, el gobierno saliente de Felipe Calderón podría aprobar las solicitudes de esas empresas para plantar un área enorme de maíz transgénico en México. Este “regalo de despedida” para las empresas sería una puñalada en el corazón del centro de origen y diversidad del maíz. Las consecuencias serán graves –y globales.

Ante la aprobación en ciernes, los movimientos y organizaciones de la sociedad civil exigen que se ponga un alto total al maíz transgénico en México. La Unión de Científicos Comprometidos con la Sociedad (UCCS) de México, emitió una fuerte declaración demandando al gobierno revocar todos los permisos de siembra y cancelar todas las siembras experimentales de maíz transgénico en el país.[1] El Grupo ETC se suma a estas demandas y llama a la FAO (Organización de Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura) y al CDB (Convenio de Naciones Unidas sobre Diversidad Biológica), como los organismos mandatados por la comunidad internacional para apoyar la seguridad alimentaria y proteger la diversidad biológica, a tomar acción inmediata para evitar el desastre.

La indignación y el estado de emergencia recorre la sociedad mexicana luego de conocer que las dos empresas semilleras más grandes del mundo, Monsanto y DuPont –(cuya filial mexicana se conoce como Pioneer Hi-Bred o PHI México), así como Dow Agrosciences (8ª empresa semillera en el ranking global) solicitaron al gobierno plantar cerca de 2,5 millones de hectáreas de maíz transgénico en México. [2] El área solicitada es tan grande que rebasa la superficie de países enteros: por ejemplo es más grande que todo El Salvador.

Los científicos han identificado miles de variedades campesinas originadas en México, lo que lo convierte en el repositorio global de la diversidad genética del maíz. Si se aprobaran estas solicitudes de las trasnacionales, sería la primera liberación masiva y a escala comercial de transgénicos que afectará directamente un cultivo alimentario global en su centro de origen.

“Si el gobierno de México permite este crimen de significado histórico, los transgénicos llegarán rápidamente a las tortillas y a la comida cotidiana de toda la población mexicana ya que el maíz de los estados solicitados provee mayoritariamente a las ciudades. Además, la contaminación genética de las variedades campesinas será inevitable. Se trata de un daño gravísimo a más de 7000 años de trabajo indígena y campesino que creó el maíz –uno de los tres cultivos más difundidos de la alimentación mundial” dijo Verónica Villa del Grupo ETC en México.

“Por si fuera poco, las empresas quieren plantar el maíz tolerante a herbicidas de Monsanto [Mon603] en más de 1,400,000 hectáreas. Este es el mismo tipo de maíz que ha producido cáncer en ratas según un estudio científico revisado y publicado recientemente.” [3]

Los campesinos y población rural de América Latina, de Asia y África estarán entre los más afectados, ya que el maíz se ha convertido en una de las principales fuentes de subsistencia en muchos países, y la diversidad del grano es lo que permite adaptarlo a condiciones locales y enfrentar los desafíos del cambio climático. Además de México, los países surafricanos Lesotho, Zambia y Malawi tienen el porcentaje de consumo de maíz per cápita más alto del mundo. [4]

El gobierno mexicano insiste en que las áreas solicitadas en el Norte de México, no son parte del “centro de origen” del maíz, porque no han encontrado variedades campesinas allí. Pero esto no es verdad, se han recolectado variedades campesinas en esos estados, aunque en menor cantidad que en estados más al Sur. Varios científicos y hasta la propia Comisión Nacional para el Conocimiento y Uso de la Biodiversidad (Conabio) estima que todo el territorio mexicano debe ser considerado centro de origen del maíz. [5]

Según un informe nuevo del Centro de Estudios para el Cambio en el Campo Mexicano (Ceccam), el mapa de centros de origen publicado recientemente por el gobierno no es científicamente correcto y fue diseñado para justificar las plantaciones de maíz transgénico de las transnacionales. [6]

Las plantaciones a escala comercial (y las siguientes resiembras) de maíz transgénico contaminarán las variedades campesinas mucho más allá del área de plante, tanto a través del polen transgénico llevado por el viento e insectos, como por la mezcla en los silos y el escape accidental de los camiones de transporte a granel que llevan maíz a todas partes de México. Los científicos de la UCCS y otros señalan que los impactos negativos de la contaminación transgénica sobre las variedades campesinas “podrían ser irreversibles y progresivos, debido a la acumulación paulatina de transgenes en este germoplasma”, llevando a una erosión de la biodiversidad. [7]

Cientos de agrónomos y otros científicos mexicanos, así como organizaciones de campesinos, agricultores y consumidores, han expresado su oposición a la siembra de transgénicos, pero la administración de Felipe Calderón, que terminará este primero de diciembre, no tiene nada que perder en su recta final y se espera que acceda a las solicitudes de las empresas.

Si se autorizan las siembras, los agricultores del maíz podrían encontrarse “violando” las patentes sobre maíz transgénico sin saberlo, es decir, sus parcelas podrían contaminarse inadvertidamente y Monsanto podrá acusarlos de “usar genes patentados” sin pagar por ellos, obligándolos a compensar a los dueños de las patentes, como ya ha ocurrido en cientos de casos en Estados Unidos y Canadá.

“Sería una injusticia monumental para los creadores del maíz, —uno de los alimentos primordiales de la humanidad— que les obligaran a pagar regalías a corporaciones trasnacionales, que son explotadoras de ese conocimiento ancestral”, dijo Silvia Ribeiro, directora para América Latina del Grupo ETC.

En 1999, la Comisión Nacional de Bioseguridad Agrícola de México estableció una moratoria sobre las pruebas de maíz y su siembra comercial debido a la situación única de México como centro de origen y diversidad genética del maíz. El gobierno de Calderón rompió arbitrariamente la moratoria en 2009 aunque las condiciones que la motivaron prevalecen. Desde entonces la nueva comisión (CIBIOGEM) ha autorizado 177 pruebas de maíz transgénico a cuatro empresas trasnacionales (Dow Agrosciences, DuPont, Monsanto y Syngenta). Las pruebas en campo han sido criticadas por su falta de rigor en bioseguridad, pues ni siquiera cumplen con lo estipulado por la débil ley de bioseguridad de México.

Silvia Ribeiro argumenta: “Las consultas públicas han sido una farsa, puesto que las pruebas fueron autorizadas sin tomar en cuenta las críticas fundamentadas, incluso aunque representaran la mayoría de los comentarios enviados. Muchas de las críticas y comentarios las hicieron conocidos agrónomos y otros científicos. Como si no bastara, los resultados de las pruebas se han mantenido en secreto, pero se usan como justificación para permitir la siembra comercial”.

Después de su visita oficial a México en 2011, el Relator Especial de Naciones Unidas para el Derecho a la Alimentación, Olivier de Schutter, recomendó al gobierno mexicano reinstalar la moratoria, tanto por su impacto sobre la biodiversidad como sobre los Derechos de los Agricultores. [8] El gobierno mexicano ignoró la recomendación.

Ana de Ita del CECCAM señala que el área para la cual se solicitaron permisos en los estados de Sinaloa y Tamaulipas, en el norte de México, excede la superficie actualmente sembrada con maíz de riego. “Al parecer las compañías están planeando usar toda el área destinada al maíz y a otros cultivos. Esto es ofensivo, no hay razón para que México arriesgue su historia y su biodiversidad con el maíz transgénico. México produce maíz suficiente para cubrir las necesidades de todo el consumo humano, con excedentes, y podría producir mucho más si hubiera apoyo a los campesinos y productores de pequeña escala, sin entregar su soberanía alimentaria a las compañías trasnacionales”.

El maíz es central a las culturas, las economías y el sustento de la población mexicana, pues la mayoría se alimenta de maíz en diferentes formas todos los días. La cantidad que los mexicanos ingieren excede con mucho el promedio de consumo individual de la mayoría de los demás países (en México, 115 kilos por persona por año). 85% de los productores mexicanos de maíz son campesinos y agricultores en pequeña escala, con parcelas menores a 5 hectáreas. Esos productores proveen más de la mitad de la alimentación de la población, especialmente la alimentación de los pobres. Al mismo tiempo, cuidan la diversidad genética del cultivo y la enriquecen debido a la forma descentralizada en la que siembran el maíz —cultivando muchas variedades diferentes, adaptándolas a las condiciones locales y junto con varios otros cultivos y especies silvestres.

En 2009, la Red en Defensa del Maíz, [9]junto con La Vía Campesina América del Norte enviaron una carta abierta firmada por cientos de organizaciones e individuos a la FAO y al CDB, pidiéndoles que tomaran acciones para evitar la contaminación de maíz transgénico en México, su centro de origen. [10] Los entonces directores de ambas organizaciones internacionales soslayaron la petición, aunque ambas instituciones tienen el mandato de proteger los centros de origen y diversidad de los cultivos. [11] Ahora, exigimos a los nuevos directores de la FAO y del CDB a tomar acciones inmediatas para proteger el centro de origen y diversidad del maíz.

Notas:

1.UCCS, Llamado a la acción contra la siembra de maíz transgénico a campo abierto en México <http://www.uccs.mx/doc/g/planting-gmo-corn_es>

2. La lista de las solicitudes de experimentos y liberación al ambiente de cultivos transgénicos está aquí: http://www.senasica.gob.mx/?id=4443. (PHI México es parte de DuPont)

3. Gilles-Eric Séralini <http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0278691512005637> et al., “Long term toxicity of a Roundup herbicide and a Roundup-tolerant genetically modified maize,” en Food and Chemical Toxicology <http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915> , Volumen 50, Número 11 <http://www.sciencedirect.com/science/journal/02786915/50/11> , Noviembre 2012, pp. 4221–4231. Ver también John Vidal, “Study linking GM maize to cancer must be taken seriously by regulators,” The Guardian, 28 septiembre 2012, disponible en línea:

http://www.guardian.co.uk/environment/2012/sep/28/study-gm-maize-cancer. En castellano: Silvia Ribeiro, “Caza de Ratas”, La Jornada, México, 6/10/12, http://www.jornada.unam.mx/2012/10/06/opinion/024a1eco

4.Alfred W. Crosby, revisión de James C. McCann, Maize and Grace: Africa’s Encounter with a New World Crop, 1500-2000 en Technology and Culture, Vol. 47, No. 1, Enero 2006, pp. 190-191.

5.A. Serratos, El origen y la diversidad del maíz en el continente Americano, 2nd edición, Septiembre 2012, Universidad Autónoma de la Ciudad de México y Greenpeace, disponible en línea: http://www.greenpeace.org/mexico/es/Footer/Descargas/reports/Agricultura-sustentable-y-transgenicos/El-origen-y-la-diversidad-del-maiz-2a-edicion/Conabio: Proyecto Centros de Origen y Diversidad Genética. http://www.biodiversidad.gob.mx/genes/centrosOrigen/centrosOrig.html

6. Ceccam, La determinación de los centros de origen y diversidad genética del maíz, Mexico, 2012, available online: http://www.ceccam.org/publicaciones?page=1

7. UCCS, Extrañamiento al Presidente de la República Mexicana, México, 2009, disponible en línea: http://www.unionccs.net/doc/g/sciencetrmaize_es

8. Olivier de Schutter, Informe de su Misión a México, párrafos 53, 54 y 55. Ver párrafo “g” de las Conclusiones y Recomendaciones. http://www.srfood.org/index.php/en/country-missions (Ver Mission to Mexico, 2011)

9. La Red en Defensa del Maíz incluye a más de 1000 comunidades indígenas y organizaciones de la sociedad civil. Se creó en 2001, cuando se descubrió por vez primera que el maíz nativo en México se había contaminado con maíz transgénico. Desde entonces la Red ha resistido el avance del maíz transgénico. Tanto el Grupo ETC como el CECCAM son miembros de la Red (http//:endefensadelmaiz.org)

10.La carta puede verse en línea: http://www.etcgroup.org/es/content/carta-de-la-red-en-defensa-del-maíz-contra-la-liberación-de-maíz-transgénico-en-méxico

11. El anterior Secretario General del CDB, Ahmed Djoghlaf no respondió a la carta abierta. El director general de la FAO tampoco lo hizo, pero Shivaji Pandey, Director de la División de Producción y Protección Vegetal sí lo hizo. Pandey, un abogado conocido por su posición a favor de los cultivos genéticamente modificados, escribió que la FAO podría ofrecer asesoramiento, pero que la bioseguridad era una cuestión de México.

Dictamen de minoría de la Ley de Reforma Magisterial

Sin censura: Vea las fotos más devastadoras y criminales de Gaza en llamas

Dictamen de mayoría de la Ley de Reforma Magisterial

Perú: Tensiones por el gas de Camisea. Comunidades acorraladas por expansión gasífera

Por Marc Gavaldà*

15 de noviembre, 2012.- Perú vive inmerso en un modelo extractivista que, promesas electorales aparte, no ha logrado convivir con el respeto de los derechos fundamentales de la población. Ya en 2010, a pocos meses de asumir el mandato Ollanta Humala, la represión volvió a ser herramienta de uso para aplastar la oposición al proyecto minero Conga. En la Amazonía, las expectativas vertidas por el movimiento indígena hacia el nuevo presidente, se  diluyen como el petróleo que fluye impunemente por los ríos Corrientes, Marañón y Trompeteros.Diferentes organizaciones no gubernamentales (ONG) peruanas e iniciativas de seguimiento comunitario como el Observatorio Petrolero de la Amazonía Norte, alertan de cómo la ampliación de la frontera petrolera multiplica los impactos en los ecosistemas amazónicos y genera conflictos territoriales con las comunidades nativas.

Cuadrícula amazónica

En la última década, se ha acelerado la entrega de  lotes petroleros en la Amazonía afectando ya a más del 72% del territorio y la mitad de estas concesiones se han otorgado en zonas donde nunca hubo actividad. A lo largo de la historia, sólo un 16% del territorio de la Amazonia peruana se ha salvado de tener en algún momento un bloque petrolero.

Actualmente son más de 50 compañías petroleras operando en un centenar de lotes en territorio peruano. Según datos del Ministerio de Energía y Minas, sólo en  2010 se registraron 7.405 km de líneas sísmicas 2D y 4.108 Km² de líneas sísmicas 3D, que comparados con el año anterior representó un incremento de 24,1% y 77,9% respectivamente.

En el departamento de Loreto, al norte del país, se cumplen cuatro décadas de explotación petrolera arrojando nefastos cuadros epidemiológicos en los pueblos ribereños por consumir agua y pescado con metales pesados. El pasado 3 de octubre , un comunicado de las federaciones indígenas FECONACO, FEDIQUEP y FECONAT bloqueaba la concesión del lote 192, hasta que sean remediados los sistemáticos vertidos del lote 1AB, cuyo titular, Pluspetrol Norte, pretende deshacerse de los pasivos ambientales como ya lo hizo Texaco en Ecuador.

Por otro lado, tras la resaca de los levantamientos amazónicos de 2008 y 2009, se aprobó en el país una Ley de Consulta que obliga a pedir permiso a las comunidades afectadas por una concesión anteriormente a que ésta sea licitada. Pero en la práctica se repiten las malas prácticas que omiten la voluntad de la población, como se ha visibilizado en los conflictos que enfrenta por ejemplo Repsol con los pueblos Harakmbut (lote 76), Awajún y Shawi (lote 109) y Kakinte (lote 57).

Camisea: gas con sabor a caucho

Al sur del país, la selvática cuenca del Bajo Urubamba fue escenario hace un siglo  de las correrías de la explotación cauchera que diezmó a los pueblos amazónicos. En la actualidad, cinco empresas se reparten un botín gasífero que ha empezado a reportar extraodinarias ganancias. En total, más de un millón y medio de hectáreas, repartidas en cuatro concesiones acorralan los territorios de los pueblos matsiguenga, yine yami, nahua, nantis, ashaninka y kakintes.

Protagonistas de un desembarco industrial si precedentes, las compañías Pluspetrol, Repsol, Hunt , Sk y Petrobras, no dudan en presumir los trillones de pies cúbicos de gas descubiertos al borde de reservas naturales de importancia mundial por su biodiversidad, como son el Parque Nacional Manu, el Parque Nacional Otishi y el Santuario Megantoni.

El lote 88, más conocido como Camisea, fue explorado y perforado por Shell en la década de 1980. El ingreso de la compañía en aquella zona inexpugnable, fue fatal para el aislado pueblo Nahua,  que sufrió una mortalidad del 50% de la población por la pasa gripal provocada en el contacto. Tras el abandono de Shell por desacuerdos contractuales, Pluspetrol, compañía argentina accionariada por Repsol, lidera el consorcio que opera los lotes 88 y 56, donde en 2003 construyó un gasoducto hasta la costa para abastecer de gas el mercado interno y exportarlo al mercado global.

El lote 88, superpuesto a la Reserva Territorial Nahua Kugakapori Nantis – creada para proteger al millar de indígenas en aislamiento voluntario que habitan la zona – constituye una permanente amenaza para estos pueblos. Inmersa en una campaña no declarada de expansión de actividades dentro de la reserva, en julio de 2011 Pluspetrol contrató a indígenas en contacto inicial de la etnia nahua para realizar tareas de vigía y mediar en posibles contactos con los pueblos indómitos que encontrara a su paso. Un documento confidencial, interceptado al gerente de operaciones de Camisea demostraba que Pluspetrol pretende construir una antena parabólica para que los comunarios nahua sintonicen Direct TV en el interior de la Reserva.

Repsol opera el vecino lote 57, en las inaccesibles montañas que separan los ríos Tambo y Urubamba. Con más de 600.000 hectáreas barridas por el trazado de líneas sísmicas 2D y 3D, la  invasión de la comunidad matsiguenga de Nuevo Mundo para construir un campamento con pista de aeropuerto y los planes de perforar 23 pozos, el proyecto ha generado oposición entre el pueblo en contacto inicial kakinte. En agosto de 2011, la Organización de Desarrollo del Pueblo Kakinte (ODPK) emitía un comunicado denunciando el divisionismo fomentado por Repsol al negociar con una representación ilegítima de este pueblo. Más al sur, Petrobras opera en solitario el lote 58, desde donde construye el Gasoducto Andino Sur, de 1.078 kilómetros para suminstrar gas al amplio sur peruano, donde se aprestan a construir petroquímicas para fabricar explosivos y otros insumos para la minería.

Militarización del gas

Desde abril del presente año, diferentes actos adjudicados a una facción reconstituida de Sendero Luminoso han atacado a personal e infrestructura de la compañía transportadora del gas de Camisea (TGP), empresa accionariada por Repsol. Tras el secuestro y posterior rescate de trabajadores de la empresa, el gobierno de Ollanta Humala ha desplazado miles de efectivos militares a la zona… para quedarse. El pasado mes, se reportó otro ataque a las válvulas del gasoducto en  Kepashiato y el 13 de octubre fueron quemados tres helicópteros de la compañía.

En plena escalada bélica, autoridades locales y la Defensoría del Pueblo ha denunciado la insistencia del gobierno en ubicar las bases antisubversivas en los colegios de las zonas de conflicto, poniendo así en riesgo estudiantes y docentes. Por otro lado, miembros del Centro Cultual Harawi de Cuzco, alertan de la instalación de batallones del Ejército en el interior de comunidades nativas matisiguengas para resguardar los intereses de las companías gasíferas en las riberas del río Urubamba.

A medida que las compañías anuncian nuevos descubrimientos y millonarias inversiones, es de esperar que el Ejército seguirá aumentando la presencia en la zona, no en vano esta institución se queda con el 18.8% de las regalías que genera el gas de Camisea.

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*Marc Gavaldà es miembro de Repsolmata y Alerta Amazónica

Perú: Guardianes de las lagunas de Cajamarca denuncian engaño del gobierno sobre Conga

El programa virtual Radicales Libres, de Lamula.pe entrevistó ayer a representantes de los denominados “Guardianes de las Lagunas” que resguardan las lagunas que serían destruidas por el proyecto minero Conga de la empresa Yanacocha, en Cajamarca.

Aproximadamente cien guardianes se encuentran en la capital del Perú efectuando diversas demostraciones de protesta y demandando la solidaridad ciudadana. ”Preferimos morir a bala que a morir contaminados por la minería” expresaron.

Ellos denuncian que es totalmente falso que el proyecto Conga se encuentro suspendido y que por el contrario la empresa prosigue actuando con el auxilio de grandes contigentes policiales.

Ellos fueron entrevistados por Alexandro Saco, conductor de Radicales Libres, programa que se difunde por Internet desde la plataforma de contenidos Lamula.pe.

Uno de los entrevistados perdió la vista a consecuencia de la represión policial el año pasado. También participa Máxima Acuña, víctima de abuso de la minera y de la DINOES quién intentó ser desalojada de su terreno supuestamente vendido a la empresa minera.

Denuncian en Argentina que ley de semillas de Monsanto está escrita en "idioma kirchnerista”

Observatorio Sudamericano de Patentes

Especialista argentino considera que el proyecto de Ley de Semillas o Ley Monsanto ha sido redactado con una semántica similar a la utilizada las orientaciones discursivas del gobierno argentino para que pueda pasar por el Congreso y ser aprobado por senadores y diputados sin mucho conocimiento del tema. Esta escrito en "idioma kirchnerista". De acuerdo al especialista, Marcos Piña, “quienes redactaron la Ley de Semillas utilizaron un idioma kirchnerista para que esta normativa pueda ser aprobada por diputados y senadores pero es una Ley a la medida de Monsanto”, afirmó..

“La ley bien analizada es a todas luces el primer paso de Monsanto para patentar las semillas y el germoplasma es una trampa , pues Monsanto presentará luego las semillas “Terminator” y las “ZOMBIES” , estas últimas harán que la esterilidad de las semillas Terminator sea "reversible", y la fertilidad podrá recuperarse con la aplicación de un químico que solo Monsanto producirá”. La ley de semillas es la puerta de entrada para estas las peligrosas variedades que Monsanto ya tiene desarrolladas pero que aún no ha presentado por la resistencia que produciría en los agricultores y los campesinos en especial en Sudamérica y Asía. Las semillas TERMINATOR son semillas de segunda generación que son estériles. Esto significa que los agricultores y campesinos que siembran estas semillas tienen que comprar semillas nuevas cada temporada porque las anteriores no germinarán.

Ley de Semillas

La redacción de la ley aún no tiene el nombre de quienes la presentan pero fuentes del gobierno aseguran que el Secretario de Agricultura Yahuar es quien llevó adelante las negociaciones con Monsanto. La ley presenta una un semántica que a primera vista parece ir en contra de las transnacionales y a favor de los agricultores, los ingresos y el crecimiento económico. La “semilla” es el primer eslabón de la producción primaria y de la cadena agroalimentaria.

A partir de ella nuestro país desarrolla un proceso de producción que tiene un alto impacto social, laboral, tecnológico, económico y político El ingreso de divisas por las exportaciones agropecuarias constituye un factor clave para el crecimiento económico de la argentina. Tanto el mercado de semillas nacional, (que según cálculos oficiales rondarían los 900 millones de dólares), como el internacional, adquieren cada vez más relevancia. Una muestra de esta situación es que un puñado de empresas biotecnológicas multinacionales, se disputan un mercado mundial de semillas de 30.000 millones de dólares anuales.

Con esta ley, damos respuesta a la problemática del sector semillero que precedentemente desarrollamos, por lo que en términos propositivos la presente norma se basa en las siguientes directrices: a) Institucionalizar el funcionamiento del sector semillero nacional: b) Integrar en forma dinámica y equilibrada los representantes y actores públicos y privados en las políticas para el sector semillero. c) Propender a una mayor participación y representación de los distintos eslabones de la cadena semillero en los ámbitos de decisión. d) Reforzar principios y derechos de las distintas partes de la cadena de semillas. e) Proporcionalidad del derecho al “uso propio de semilla” del agricultor: Este principio, tiende a evitar abusos en el derecho al uso propio de semillas por parte de las grandes explotaciones agropecuarias, f) Garantizar el acceso a la tecnología g) Actualizar e incorporar nuevos conceptos para una clara comprensión del alcance de la presente ley: siguiendo la doctrina y las legislaciones vigentes del MERCOSUR.

La maniobra parece haber tenido exíto desde un comienzo pues la presidenta argentina, Cristina Fernández, parece haber comprado el discurso introducido por funcionarios del CONICET y la Secretaría de Agricultura bajo promesas de inversiones y ganancias para el Estado Argentino, pero que son altamente improbables de ocurrir.

Política ambiental de los países “progresistas”: Buen Vivir vs. Neo-Extractivismo

Por Rebecca Hollender*

Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, principalmente Bolivia y Ecuador (con cierto nivel de apoyo desde Venezuela, Nicaragua, Cuba, Argentina y Perú) han introducido un nuevo concepto al debate sobre modelos alternativos de desarrollo que resuena desde los Andes y la Amazonía hasta los Alpes: el concepto del Buen Vivir (1). La propuesta de construcción de un nuevo sistema socio-político-económico sobre los principios de Buen Vivir y el rechazo del modelo neoliberal que llevó a los países industrializados a la opulencia ha formado la plataforma electoral de los actuales presidentes Rafael Correa y Evo Morales. Además, les ha llevado a destacarse internacionalmente por su liderazgo socio-ambiental y su potencial para construir alternativas viables al sistema capitalista devastador e insostenible.

Pero mientras las academias europeas estudian y debaten el concepto del Buen Vivir, la sociedad civil de estos países, que tanto apoyó la llegada al poder de los gobiernos “progresistas” y la construcción (desde lo ancestral) de las propuestas que alimentan la visión moderna de Buen Vivir, se desilusionaba con las contradicciones que estaban ocurriendo entre el discurso y la práctica.

Poco a poco llegó a ser innegable la orientación de estos gobiernos hacia un modelo neoextractivista, que sólo contempla unos pocos avances sobre lo que le precedía: el modelo clásico extractivista que, desde hace quinientos años, ha dejado una estela de devastación social y ambiental y una dependencia económica de los países en la exportación de materiales primas.

Abandono del camino al buen vivir

Los gobiernos progresistas de Latinoamérica, en lugar de realizar una transición para alejarse del modelo extractivista y la herencia subsecuente de ruina ambiental, exclusión social, desigualdad, dependencia económica y erosión de soberanía estatal, han optado por el neoextractivismo. Este modelo se diferencia de la etapa previa por una mayor participación y regulación por parte del Estado: incremento en regalías recibidas desde las empresas transnacionales y cambios en la redistribución (principalmente a través de bonos sociales) de las ganancias de la extracción masiva de recursos naturales no-renovables y no-procesados (2).

El poder e influencia de las empresas transnacionales y los gobiernos que les apoyan no ha cambiado mucho, y menos aún el cumplimiento de estas instancias con normativas sociales y ambientales. A pesar de las políticas de nacionalización de algunas empresas privadas de extracción y producción, estas siguen apuntando sus ingresos en el corto plazo, basando sus operaciones en la rápida explotación y exportación del recurso sin invertir en infraestructura o exploración. Además, siguen disfrutando de condiciones óptimas y preferenciales para su inversión y operación.

Por otro lado, estos gobiernos están cediendo más aún a nuevas influencias que deterioran el marco normativo de los países, alejándolo del Buen Vivir. Tomando el ejemplo de Bolivia, han creado un marco normativo favorable para la expansión de la frontera agrícola en la Amazonía, la explotación de recursos naturales en áreas protegidas y la apertura del país a organismos genéticamente modificados. Todas estas actividades representan una amenaza al logro de los principios fundamentales del Buen Vivir en Bolivia, como los Derechos de la Madre Tierra, la soberanía y seguridad alimentaria y el derecho al agua (3).

El descontento de la sociedad civil frente a estas violaciones de sus derechos humanos, constituciones y esfuerzos de construir y vivir formas alternativas se refleja en el creciente rechazo del modelo neoextractivista y las discrepancias entre el discurso y las acciones de los gobiernos. La sociedad civil se está manifiestando cuestionando el poder de los líderes con los cuales lucharon en sus procesos políticos. La respuesta de los gobiernos frente al aumento de la oposición social confirma su apuesta por el neoextractivismo y el abandono del camino hacía el Buen Vivir: criminalizan y deslegitiman todo tipo de oposición de grupos indígenas, movimientos sociales y ONG, incrementan el control, monitoreo y censura de estos actores y hasta ejercen la violencia física.

Es más, los criticados bonos sociales, que representan una medida de corto plazo para redistribuir las ganancias de actividades extractivistas hacia programas sociales, sin enfrentar las causas estructurales que hacen necesario esas programas, llegan a ser la mayor herramienta de los gobiernos para defender y justificar el incremento del extractivismo. Mientras, el Estado se hunde más aún en la dependencia de estas actividades a pesar de sus impactos catastróficos sociales y ambientales (4).

A pesar de que los gobiernos de Bolivia y Ecuador han abandonado el camino hacía el Buen Vivir en la práctica (en el discurso continúa), esta propuesta ha llamado la atención de personas y movimientos del mundo entero que están en búsqueda de alternativas viables al modelo convencional basado en el consumismo y crecimiento económico ilimitado.

¿Pero qué es exactamente el Buen Vivir? No hay una sola definición. Como nos muestran claramente Gudynas y Acosta (5) el Buen Vivir es una propuesta en plena construcción que incorpora y está abierto a una pluralidad de conceptos donde los saberes indígenas se encuentran con la sociedad occidental. Existen varias versiones e interpretaciones del Buen Vivir, como las que se encuentran en las constituciones de Bolivia y Ecuador. Entre los puntos que tienen en común están: el enfoque en el bienestar de las personas y una “plenitud de vida”, la necesidad de convivir con un nuevo tipo de relación con la Naturaleza que reconoce su valor intrínseco y limitaciones físicas, y cambiar el rol, posición y mecanismos del mercado y las formas de relacionarnos económicamente.

Más fácil que definir el Buen Vivir es identificar lo que no es: el Buen Vivir no es un nuevo modelo de desarrollo, sino una alternativa al desarrollo que va más allá del mismo concepto de desarrollo, concepto que ha sido degradado y manipulado en los últimos 40 años hasta llegar a su extremo perverso actual, en el cual sirve como herramienta de empresas transnacionales, instituciones multilaterales, gobiernos y la elite económica para defender y justificar el consumismo y crecimiento económico a todo costa. El concepto de desarrollo reaparece cada cierto tiempo junto a nuevos términos para asociarlo a características de respeto ambiental y social como lo que fue el desarrollo sostenible y lo que ahora es la economía verde.

Economia verde: otra estrategia para enverdecer el extractivismo

Los planes de reestructuración económica, la ineficacia de la Responsabilidad Social Corporativa en garantizar que las empresas transnacionales respeten el medio ambiente, los derechos humanos y leyes de los países donde operan y el fracaso del llamado “desarrollo sostenible” en mejorar los problemas de desigualdad, exclusión y pobreza sin empeorar el deterioro del medioambiente demuestran que los principios neoliberales y el crecimiento económico no llevan al progreso que busca la mayoría (6).

Sin embargo, a pesar de las obvias y múltiples pruebas, constatadas a lo largo de décadas, que demuestran que el mercado no representa la solución a las metas sociales de desarrollo ni que el crecimiento económico, y el consumo ilimitado, son posibles en un planeta con recursos finitos, las empresas transnacionales, gobiernos y elites que se benefician de estas ideas siguen buscando nuevas maneras de hacer incuestionable la singularidad del crecimiento económico como solución a las múltiples crisis a la que nos enfrentamos.

Así, en el mes de junio de 2012, en Río de Janeiro (Brasil), en la Conferencia de las Naciones Unidas sobre el Desarrollo Sostenible (Río+20), se buscará aprobar un nuevo término: la “economía verde”. Igual que la Responsabilidad Social Corporativa ha sido utilizada para el lavado verde de las empresas transnacionales, la “economía verde”, pretende hacer lo mismo, pero ahora con un respaldo institucional mucho más extenso: empresas transnacionales, gobiernos, agencias de cooperación, instituciones multilaterales y hasta la misma ONU. Estos actores están cada vez más alineados y aliados para garantizar las ganancias y aumentar el poder del sector privado. A través de los mecanismos de la “economía verde”, como la valorización y la internalización de “capital natural” en la economía (léase mercantilización y privatización de la naturaleza y servicios ambientales), inversiones en nuevas “tecnologías verdes” (con enormes riesgos ambientales) y un enfoque en la reducción de emisiones (sin priorizar el equilibrio ecológico) estos poderes económicos renovarán el modelo que les mantienen, a la vez de aumentar su potencial para nuevas ganancias desde la explotación y privatización de la naturaleza e inversiones en el sector verde (7).

Brasil es un actor crucial en Latinoamérica, y en el mundo, en la conformación y promoción de las propuestas que componen la “economía verde”, a la vez de jugar el rol de modelo para la puesta en práctica de los principios de este nuevo concepto. El modelo que está implementando Brasil ha permitido que sea una potencia económica en América Latina (aunque también ha determinado que sea el país con mayor desigualdad en la región) y está resultando en una serie de catástrofes ambientales y sociales (8). Además, para poder satisfacer la demanda insaciable de recursos naturales y energía que alimenten sus industrias y mercados, Brasil (y China (9)) está ejerciendo su influencia, conjuntamente con empresas brasileras, bancos de desarrollo e instituciones multilaterales, sobre los demás países de la región.

Sus políticas en América Latina incluyen la apertura de mercados a productos brasileros, la promoción y financiamiento de una serie de megaproyectos para la generación de energía y transporte de productos, la expansión de la frontera agrícola y el acceso a materias primas. El requerimiento de Brasil de grandes cantidades de materias primas y el impulso de las mencionadas políticas incentivan a países como Bolivia y Ecuador a seguir basando sus economías en el neoextractivismo, en detrimento de sus sociedades, el medioambiente y el avance hacia el concepto suscrito por estos gobiernos, el Buen Vivir (10).

La viabilidad del buen vivir

Frente a los escenarios de la “economía verde”, la presión desde Brasil, y la tendencia de los gobiernos progresistas de abandonar sus discursos y principios a favor del neoextractivismo, existe la urgente necesidad de una población concienciada y movilizada para rechazar todo aquello que favorece este modelo: el consumismo ilimitado y el crecimiento económico a todo costa. Es necesario formar a una población para construir y llevar adelante nuevas alternativas viables más allá del concepto de desarrollo, como es el Buen Vivir.

La viabilidad del Buen Vivir viene de su capacidad de ir más allá del crecimiento económico como sinónimo, mecanismo e indicador del desarrollo y de aceptar la realidad y limitaciones físicas de los ecosistemas y el carácter finito de los recursos naturales de nuestro planeta. Su viabilidad, igualmente, viene de su capacidad de reconocer que la diversidad no solo es importante en la Naturaleza, sino en nuestras sociedades y culturas también. Su base se asienta en la priorización del equilibrio con la Naturaleza, el respeto a los derechos humanos y la redefinición de la relación con el mercado. Por ello, el Buen Vivir nos ofrece la flexibilidad de construir alternativas desde el nivel local y regional.

Quizás más importante que la potencia y el potencial conceptual del Buen Vivir es su viabilidad de llevar el debate a la práctica (11). En Bolivia, Ecuador y varios otros países de Latinoamérica y el mundo, movimientos sociales, pueblos indígenas y comunidades conscientes están llevando a la práctica alternativas que entran dentro del marco del Buen Vivir. Entre estas alternativas existen modelos de gestión de recursos naturales locales, modelos locales/regionales de producción y consumo de alimentos ecológicos, la revalorización y uso de saberes tradicionales y ancestrales, el trueque, redes de apoyo mutuo comunitario basado en necesidades locales y la provisión de servicios básicos (educación, salud, etc.), la formación de cooperativas comunitarios industriales y para servicios financieros, etc.

Lamentablemente, la sostenibilidad en el largo plazo de cada una de estas alternativas está amenazada por la invasión continua del modelo capitalista y sus intentos de maquillarse con el nuevo paquete de la “economía verde”, lo cuál no propone los cambios estructurales necesarios para tratar los temas de fondo de las múltiples crisis. También, los mismos gobiernos “progresistas”, a pesar del discurso en favor del Buen Vivir, una propuesta que rechaza el crecimiento económico como indicador del bienestar de la población, en la práctica se siguen favoreciendo los intereses que promueven y se benefician de este modelo. Los gobiernos de Bolivia y Ecuador se alejan cada vez más de su retórica y dependen económicamente de la extracción y exportación de sus recursos naturales, lo cuál significa la continuación del saqueo y devastación que empezó con la llegada de la colonia española hace más de 500 años.

Lo bueno es que los círculos de debate y construcción ya existen y la comunidad internacional está debatiendo la propuesta del Buen Vivir, lo cual facilita un idioma y unos conceptos en común para construir propuestas y alternativas entre sociedades y tiempos, empoderando la construcción de modelos desde lo local. Muchas propuestas nacen como resistencia, o como forma de sobrevivir frente al modelo actual, pero todos van creciendo y adquiriendo apoyo e iniciativa propia.

Notas:

(1) También conocido como Vivir Bien, sumak kawsay (en Kichwa y Quechua) y suma qamaña (en Aymara).

(2) Eduardo Gudynas, Behind New Extractivism: New Attitudes, Old Development, Presentación para seminario Environmental Politics in Bolivia: Buen Vivir vs. New Extractivism, New York University, 24 abril de 2012.

(3) Dos casos concretos de nuevas normativas aprobadas por el Gobierno boliviano que contradicen los principios constitucionales del Buen Vivir son: la Ley de la Revolución Productiva Comunitaria Agraria 2011 y la entrega, exploración y, en algunos casos, explotación de concesiones petroleras en áreas protegidas (Parque Nacional Madidi, Territorio Indígena y Parque Nacional Isiboro-Sécure, Parque Nacional Aguarague).

(4) Eduardo Gudynas, “Debates sobre el desarrollo y sus alternativas en América Latina: Una breve guía heterodoxa”, en Grupo Permanente de Trabajo sobre Alternativas al Desarrollo, Más allá del desarrollo, Fundación Rosa Luxemburgo y Abya Yala, 2011. Y Raúl Prada Alcoreza, Crítica a la economía política del extractivismo, diciembre 2012.

(5) Eduardo Gudynas y Alberto Acosta, “La renovación de la crítica al desarrollo y el buen vivir como alternativa”, The Journal of Sustainability Education, 19 marzo de 2012.

(6) Que el concepto de desarrollo ni entra en el idioma de los pueblos indígenas es muestra de la irrelevancia que el modelo de desarrollo convencional tiene para numerosas poblaciones.

(7) Sandra Guzman, “Transición hacia una economía verde: de la forma al fondo”, y Silvia Ribeiro, “Los verdaderos colores de la economía verde” en Especial de Alai El cuento de la economía verde, septiembre y octubre de 2011.

(8) En su presentación “El cuento de la economía verde o como no solucionar la crisis”, 12 abril 2012, Cochabamba (Bolivia), Camila Morena desmitifica las virtudes de la “economía verde” con una serie de ejemplos que demuestran sus impactos devastadores sociales y ambientales en Brasil. Por ejemplo: la expulsión de comunidades de sus territorios y prohibición de acceso a sus recursos naturales debido a la creación de reservorios de carbono que fundamentan los bonos de carbono en las bolsas de valores, el aumento en contaminación y emisiones de gases de efecto invernadero resultando de proyectos industriales y extractivistas promocionados y subvencionados pero sin actualmente cumplir con criterio verde, el reemplazo de bosques nativas con plantaciones de especies genéticamente modificados más eficientes en la captura de carbono, etc.

(9) Un análisis de las actividades, rol e influencia de China en la región es fuera del alcance de este artículo.

(10) Entre los impactos de estas políticas son la desplazamiento de miles de personas y comunidades, la pérdida de biodiversidad y diversidad cultural, la contaminación del medioambiente, crisis energéticas internas debido a la exportación de recursos y energía, el aumento en la desigualdad, exclusión y pobreza de la población, la violación de Derechos Humanos, el atentado contra la soberanía y derecho de autodeterminación de los países, la dependencia económica de los países en un modelo exportador insostenible y la participación de ciudadanos en la construcción de sus propios modelos de vida, etc.
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*Rebecca Hollender es miembro del Grupo de Trabajo sobre Cambio Climático y Justicia (Bolivia).

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Fuente: El presente artículo fue el ensayo final del curso online Repensar el desarrollo: Cooperación, derechos humanos y empresas transnacionales impulsado por OMAL y que se desarrolló del 16 de abril al 11 de mayo de 2012 para alumnado de Bolivia, Nicaragua, El Salvador y Colombia. Omal: http://omal.info/spip.php?article4661#nb2

Mundo: 14-N: Seguimiento mayoritario del paro, manifestaciones masivas y la violencia policial marcan la jornada de huelga

La Huelga General ha sido secundada por una amplia mayoría de trabajadores y trabajadoras del estado español, especialmente en la industria y en los principales centros de trabajo de las grandes ciudades. Millones de personas salieron a las calles. Hay 142 detenidos y mucha violencia de la policía.

Millones de personas han participado en las distintas manifestaciones celebradas en el Estado español por la huelga general, según los datos de los convocantes. 

Las manifestaciones más numerosas han sido las celebradas en Barcelona, Valencia  y Madrid. Cerca de un millón y medio de personas, según las cifras dadas por los sindicatos, se han manifestado solo en la suma de estas tres ciudades. En el resto de ciudades del estado han habido también multitudinarias marchas. En Andalucía, por ejemplo, más de medio millón de personas han participados en estos actos que han puesto fin a la jornada de lucha iniciada a las 00.00 en todo el estado.

En varias ciudades se han celebrado manifestaciones alternativas a las convocatorias oficiales, respaldas por sindicatos como CGT, CNT, SAT, etc., que han contado también con presencias multitudinarias, en especial las de Madrid, Barcelona y Granada, entre otras. En otros sitios los sindicatos más reivindicativos se han sumado, junto a Asambleas del 15M, como bloques críticos a las manifestaciones de CCOO y UGT. 

Por su parte, varios miles de personas convocadas por la Coordinadora 25S se han concentrado frente al Congreso español, donde han tirado una de las vallas de seguridad que impide el acceso a la Cámara Baja, lo que ha provocado momentos de tensión entre Policía y manifestantes. La Policía ha cargado con pelotas de goma y varias personas han resultado heridas.

En la cuarta y última comparecencia informativa sobre el seguimiento del paro, celebrada pasadas las 19.30, la directora general de Política Interior, Cristina Díaz, ha dicho que a lo largo de la jornada se han practicado 142 detenciones. Hay también varias decenas de heridos entre las personas que han participado en los piquetes informativos y las manifestaciones. 

La violencia policial contra piquetes y manifestaciones ha sido la tónica generalizada durante toda la jornada, con enfrentamientos y cargas policiales graves en diferentes puntos del estado español. Las imágenes de dicha violencia ya están dando la vuelta al mundo a través de las redes sociales, poniendo una vez más de manifiesto que eso que los pòlíticos capitalistas llaman "Marca España" no es más que el nombre que le han venido a poner a un estado represor cuya violencia recuerda a los tiempos de la nunca muerta del todo dictadura franquista. "Los ajustes con sangre entran", se podía leer en una de las muchas pancartas que los manifestantes han mostrado hoy por las calles del estado. Tal es la mejor definición que actualmente se puede dar de dicha "Marca España". 

En cuanto al seguimiento de la huelga propiamente dicha, los sindicatos CCOO, UGT y USO, han cifrado en un 80% el seguimiento de la protesta y han señalado que es mayor que el del 29 de marzo. Las cifras de la demanda eléctrica muestran un comportamiento similar a las acaecidas durante el pasado 29M, si bien es verdad que en estas fechas otoñales la demanda de energía es normalmente superior a la demanda dada en fechas primaverales como fue el caso del 29 de Marzo. 

Las cifras dadas por "Economistas frente a la crisis", que utiliza medidas de cálculo con una mayor rigurosidad científica que las aportadas por Red Eléctrica de España (REE) para poder valorar el impacto real de la huelga en esta variable, ponen de manifiesto que el consumo de electricidad imputable a la actividad productiva ha caído, desde la 00h hasta las 23:00 del día 14N, un 66%.

Igualmente, la huelga ha sido un éxito en Portugal y ha tenido un fuerte apoyo social en el resto de países europeos donde había convocados paros y movilizaciones de apoyo.

Se cierra así un día histórico para la clase trabajadora europea, con la esperanza de que pronto quede superado, en apoyo e importancia movilizadora, por las olas de huelgas y movilizaciones que están por venir, si es que de verdad los pueblos de Europa, especialmente de los países de la periferia europea, quieren tener futuro y no ser meros actores pasivos de la tragedia capitalista. 

Aprueban reglamento de la ley de moratoria al ingreso de transgénicos

El Consejo de Ministros aprobó hoy el Reglamento de la Ley N° 29811, que establece la Moratoria al Ingreso y Producción de Organismos Vivos Modificados (OVM) al Territorio Nacional por un Periodo de 10 años, el cual entrará el rigor de manera inmediata.

Al respecto, el Ministerio del Ambiente (Minam) señaló que con este reglamento el gobierno cumple fortalecerá “la investigación y la competitividad del país en base a sus cultivos nativos y agrobiodiversidad”.

“Este reglamento tiene dos partes importantes, la parte regulatoria y la de construcción de capacidades. El Minam será el centro focal nacional y la autoridad competente para hacer cumplir el reglamento, estableciendo los protocolos y coordinando con las autoridades competentes acciones de control de los movimientos transfronterizos”, dijo el titular del Minam, Manuel Pulgar-Vidal.

Junto con el Ministerio de Agricultura (Minag) y el Ministerio de la Producción (Produce); el Minam identificará los centros de origen y diversificación de la biodiversidad nativa, aspecto en lo que el Perú destaca gracias a su tradición milenaria en la domesticación de especies.

El reglamento también establece infracciones, así como de las medidas correctivas y sanciones para evitar la liberación al ambiente de OVM. En este sentido, contempla infracciones leves, graves y muy graves, así como amonestaciones, multas no mayores a las 10 mil UIT vigentes y el decomiso temporal o definitivo; este último tendrá como destino final la destrucción de lo decomisado.

Asimismo, destaca la creación de una Comisión Multisectorial de Asesoramiento conformada por: el MINAM en su calidad de presidente, el CONCYTEC como secretaría técnica, y organismos como la Presidencia del Consejo de Ministros, PCM; entre otros ministerios, gobiernos regionales, provinciales; así como CONVEAGRO, CONFIEP y organizaciones civiles.

Construcción de capacidades

Según el reglamento, el Minam impulsará el Programa para el Conocimiento y Conservación de los Recursos Genéticos Nativos con fines de Bioseguridad, a través del cual se trabajará una línea base sobre biodiversidad nativa y se promoverán alternativas a los OVM.

Asimismo, el Instituto Nacional de Innovación Agraria, INIA, estará a cargo del Programa de Biotecnología y Desarrollo Competitivo, mediante el cual se generarán instrumentos legales y mecanismos financieros para fomentar la Biotecnología en base a los recursos genéticos nativos.

Finalmente, el CONCYTEC estará a cargo del Proyecto Especial para el Fortalecimiento de Capacidades Científicas y Tecnológicas en Biotecnología Moderna Relativas a la Bioseguridad, con el cual se impulsará la formación científico – técnica orientada al fortalecimiento del talento humano en materia de investigación, desarrollo biotecnológico e innovación.

DATOS

• El reglamento consta de seis (6) títulos, doce (12) capítulos, cuarenta y cinco (45) artículos, seis (6) disposiciones complementarias finales y una (1) disposición complementaria transitoria única.

• La Ley N° 29811, busca impedir el ingreso y producción en el territorio nacional de OVM con fines de cultivo o crianza, incluidos los acuáticos, a ser liberados en el ambiente, por el riesgo de contaminación de las especies nativas del Perú, que esto implica.

• La finalidad de la ley es fortalecer las capacidades nacionales, desarrollar la infraestructura y generar las líneas de base respecto de la biodiversidad nativa, que permitan un adecuado control de los riesgos de liberación de OVM al término de la moratoria, esto es una adecuada evaluación de las actividades de liberación al ambiente de OVM.

• Esta norma no limita el ingreso de OVM para fines de alimentación humana y animal, así como para uso farmacéutico y veterinario. Tampoco prohíbe la investigación de OVM en espacios confinados.

14-N, primera huelga internacional del siglo XXI

Hoy Europa vive una Jornada Europea de Acción y Solidaridad por el empleo y contra las medidas de austeridad, que incluye protestas y manifestaciones en diversos países así como una convocatoria de huelga general en España, Portugal, Italia y Grecia. En España, además, se sumarán múltiples colectivos y movimientos sociales, con lo cual la medida de lucha trasciende el ámbito estrictamente laboral.

El 14-N es la primera huelga internacional del siglo XXI. Los ciudadanos europeos, especialmente los de los países periféricos, han experimentado un significativo retroceso de sus condiciones de vida desde que comenzó la crisis. Los trabajadores griegos han visto cómo sus salarios y pensiones se recortaban entre un 30% y un 40%, cómo se suprimían el 15% de los empleos públicos, cómo se retrasaba en cuatro años la edad de jubilación y cómo se cerraban cientos de colegios y hospitales.

En Portugal se suprimieron las pagas extra de empleados públicos y pensionistas, se han eliminado 100.000 puestos de funcionario y una reforma laboral ha reducido las indemnizaciones por despido, las vacaciones, los subsidios de desempleo y la remuneración de las horas extraordinarias. En tanto, el gobierno italiano incrementó el IVA del 21% al 23%, elevó la edad de jubilación hasta los 66 años y congeló las pensiones, al tiempo que ha procedido a la privatización de numerosas entidades públicas.

En España se han sentido las recetas exigidas por la Troika: los recortes salariales y los despidos han afectado de forma generalizada a los trabajadores tanto en el sector público como en el privado, se ha retrasado la edad de jubilación y se ha alargado el periodo de cómputo para su cálculo, la reforma del mercado de trabajo facilitó y abarató el despido al tiempo que quebraba la negociación colectiva, y los recortes en sanidad y enseñanza han sido generalizados y masivos (eliminación de derechos de asistencia, cierre de servicios y unidades, copago de medicamentos, incremento de las tasas universitarias, despidos de personal, etc.).

Estas políticas, implementadas bajo la presión de Bruselas y en nombre de la recuperación económica, no han hecho más que profundizar la crisis, empobrecer a millones de ciudadanos en toda Europa e incrementar las desigualdades sociales. Además, estas medidas se han adoptado sin respaldo social y de forma fraudulenta, ya que no estaban contempladas en los programas electorales de los gobiernos que las han impuesto.

En este contexto, las organizaciones sindicales europeas han convocado la primera huelga general del siglo XXI. Pues consideran que ya que la agresión es contra los derechos laborales, sociales y democráticos es continental, también la respuesta tiene que serlo, en lo que constituye un importante hito en la historia sindical europea.

Según los organizadores, este es el camino a seguir si se quiere frenar la ofensiva que se experimenta actualmente contra los derechos sociales y si se pretende impulsar una política económica alternativa, que tome como punto de partida el abandono de los recortes fiscales y camine hacia moratorias, renegociaciones y quitas significativas en el pago de las deudas.

“Por todo ello, seremos millones las trabajadoras y trabajadores, los ciudadanos, que –desde Lisboa hasta Atenas, pasando por Madrid y Roma– no daremos clase, no pasaremos consulta, no acudiremos a los talleres ni encenderemos las fundiciones, no sacaremos las escobas de los armarios, no encenderemos los ordenadores de las oficinas, no abriremos nuestras tiendas ni descolgaremos los teléfonos de los centros de atención al cliente, no nos pondremos a los mandos de metros, trenes o autobuses ni tampoco consumiremos. En definitiva, las personas que hacemos que nuestra sociedad se ponga en marcha cada mañana no lo haremos en esta ocasión. Porque parar significa generar las condiciones para que una alternativa política sea posible. Nuestro futuro y el de los nuestros depende de ello”, detalla Nacho Álvarez, profesor de Economía Aplicada de la Universidad de Valladolid.

Corte Suprema de Chile amplía extradición de Fujimori por caso “Diarios Chicha”

La Corte Suprema de Chile ratificó su fallo y decidió incluir el caso de los ‘Diarios Chicha’ en la carpeta de extradición del ex presidente y reo Alberto Fujimori, por lo que se podrá abrir un nuevo proceso en su contra.

En fallo dividido, los ministros de la Segunda Sala Milton Juica, Hugo Dolmestch, Carlos Künsemüller, Haroldo Brito y el abogado integrante Jorge Lagos, acogieron la ampliación solicitada por el Estado peruano en esta investigación.

La Corte Suprema determina que “respecto del denominado caso ‘Diarios Chicha’, los hechos por los cuales se ha formalizado el pedido consisten en que para la campaña de reelección del expresidente para el período 2000 al 2005 se dispuso el manejo de los medios de prensa escrita, y para el financiamiento de dicho objetivo los ex comandantes generales de las Fuerzas Armadas, por órdenes del ex asesor Presidencial y del requerido Alberto Fujimori Fujimori, desviaron fondos de los institutos de la Fuerza Aérea del Perú y Ejército Peruano al Servicio de Inteligencia Nacional, bajo la modalidad de gastos reservados”.

Según el derecho internacional, cuando un preso es extraditado, debe ser juzgado sólo por los delitos incluidos por el país de origen en su carpeta de extradición. Con este fallo de la Corte Suprema chilena, la inclusión del caso de los ‘Diarios Chicha’ en la carpeta abre la puerta a que la justicia peruana juzgue al expresidente por un nuevo delito.

Cabe mencionar que a Fujimori se le acusa de conocer y permitir el desvío de fondos públicos hacia las publicaciones ‘chicha’ como parte de su campaña de re-reelección en el 2000. Esto fue confesado por el ex asesor Vladimiro Montesinos.

La justicia chilena incluyó este caso en setiembre, sin embargo la defensa de Fujimori apeló.

113090427 Extradicion Fujimori Overhaul[1]

Grupos económicos son principales opositores a las reformas ambientales

En el Perú hay una fuerte presión de los grupos económicos para evitar que las reformas ambientales se produzcan bajo el argumento de que las inversiones se van a ir, afirmó José de Echave, ex viceministro de gestión ambiental.

Poderosos grupos de poder como el que se encuentra articulado en la Sociedad Nacional de Minería, Petróleo y Energía (SNMPE) son los más influyentes y tienen un alto nivel de penetración en las decisiones políticas del país, expresó el investigador miembro de la asociación Cooperacción.

Lo preocupante es que en los últimos quince años -desde Fujimori hasta Humala- no ha cambiado el concepto de desarrollo y “la política minera sigue siendo todo el extractivismo posible en el más breve tiempo posible, y eso no es sostenible desde el punto de vista social y ambiental”, sostuvo De Echave.

Recordó que el Perú ocupa el cuarto lugar entre los países de América Latina con mayores inversiones de la industria extractiva y el sexto lugar en el mundo.

“Sin embargo, a diferencia de otros países todavía tenemos un sistema de certificación ambiental sectorial. Son los ministerios los que fiscalizan. El país tiene que avanzar y diseñar una estrategia de evaluación y fiscalización ambiental fuerte” señaló el especialista.

La asociación Cooperacción, a la cual pertenece De Echave, cumplió este año quince años de acción solidaria para el desarrollo en el Perú.

El poder de la minería

La minería es el sector económico más rentable, dinámico y el que capta la mayor más inversión extranjera, equivalente al 60 por ciento de las exportaciones. Da cuenta del 8 por ciento del producto bruto interno (PBI) nacional, y se calcula que dentro de algunos años la inversión crecerá en más de US$ 50 mil millones de dólares.

“Es falso que la minería se va a ir del país pues no hay minas rentables así no más en otro sitio”, señala De Echave. “Pero, evidentemente, la minería es el sector productivo que más conflictividad social produce en el Perú”.

Una reforma de etiquetas pero sin contenidos

José de Echave se mostró escéptico frente al anuncio de una minería del siglo XXI de la que habla Ollanta Humala. Afirmó que “se ha puesto la etiqueta pero no hay muchos contenidos. Todavía se hace difícil entender lo que el presidente está planteado como nueva minería.”

“Se anunció que esos cambios se presentarían en 30 días, desde el 4 junio. Estamos acabando octubre y hasta ahora no hay nada visible” indicó.

La primera reforma fue la creación del Servicio Nacional de Certificación Ambiental (Senace), adscrito al Ministerio del Ambiente y cuya función principal será revisar y aprobar los EIA.

Sin embargo, el Senace presenta varios problemas. Por ejemplo, deja la posibilidad abierta para que los ministerios tengan la última palabra sobre la aprobación o no de los EIA de los proyectos extractivos.

“Si se considera a un proyecto extractivo como “estratégico”, la propuesta será debatida en el propio Ministerio de Energía y Minas. No todos los proyectos pasarán por el Senace”, sostiene.

“Lo que el país necesita –dijo De Echave- es que haya rigurosidad exhaustiva en la evaluación de los EIA. El reto es recobrar la confianza para que la población vuelva a creer en la capacidad del Estado para revisar los EIA y dar una evaluación real sin ningún tipo de inclinaciones hacia las industrias extractivas”, dijo.

El experto recomendó fortalecer la capacidad del personal del Estado que será encargado de evaluar los EIA. En el caso del Senace, el Estado tendrá que fortalecer la capacidad y el número de personal para la aprobación de los EIA”, dijo.

Un ministerio sin autoridad ni competencias

“El Perú es uno de los pocos países de América Latina donde los estudios de impacto ambiental (EIA) los aprueba el propio ministerio de Energía y Minas. En Chile los aprueba una autoridad ambiental independiente”.

Al Minam le falta autoridad y competencias. “No concibo que un Ministerio del Ambiente no sea el que apruebe los Estudios de Impacto Ambiental (EIA), que es el instrumento que le dará luz verde a un proyecto minero” indica De Echave.

“Es inaceptable que el agua, tema fundamental en la agenda ambiental del país, no forme parte de sus competencias. Es evidente que le faltan competencias que cualquier autoridad ambiental debería tener” prosigue.

“De otro lado, intenta hacer cosas. Por ejemplo, tiene la Oficina de Evaluación y Fiscalización Ambiental (Oefa) adscrita, pero sin los recursos suficientes para una gestión adecuada, y se continúa haciendo una gestión desde Lima”.

En resumen, “el Minam tiene que ampliar sus facultades, definir e imponer la agenda ambiental con visión de país”, señala De Echave.

Retos pendientes en la gestión ambiental

Entre los retos pendientes se encuentra la institucionalidad de la gestión ambiental y sus herramientas, la ley de ordenamiento territorial, la minería informal, la transparencia financiera de cuánto aporta la industria minera -lo que debería ser una política pública- entre otros.

“Un gran tema pendiente es la tributación minera, donde debería haber una reforma sustantiva. “Hace dos campañas presidenciales se discute si el país debe colocar impuestos a la sobreganancia minera, y hemos perdidos diez años de un impuesto que es un derecho que el país debería tener por entregar un recurso que no es renovable a las empresas mineras”.

Otro tema pendiente es el tema laboral, pues el 70 por ciento de los trabajadores mineros no reciben beneficios laborales de las empresas mineras.

Un ministerio que nivele la balanza

La gestión ambiental nace en el Perú antes del gobierno de Fujimori con la aprobación del Código del Medio Ambiente. La principal reforma de Fujimori fue sectorizar la gestión ambiental y dispersarla en varios sectores.

“La gran reforma que se esperaba del gobierno de Gana Perú era que el ministerio del Ambiente deje de ser un ministerio decorativo, y que se convierta en la autoridad ambiental que el país necesita”. Lamentable esto aún no ha ocurrido, observa De Echave.

El gran problema actual es que el ministerio del Ambiente (MINAM) no ha logrado revertir los problemas de la sectorización” y lograr que la gestión sectorial se convierta en una gestión transectorial, una verdadera autoridad ambiental que trascienda a los demás sectores. Este reto sigue pendiente”, agrega.

La necesita de una autoridad ambiental fuerte radica en que el Perú es un país que tienen sectores extractivos muy fuertes y se necesita un ministerio del Ambiente también fuerte que ayude a nivelar la balanza. “El sector minero es un poder económico fuerte que necesita estar contrarrestado”, dice.

Escenarios futuros

La región Latinoamericana será escenario de una disputa muy fuerte por los recursos en los próximos quince años debido a la riqueza diversa que posee.

“Hay regiones en el mundo donde hay petróleo, gas, minería metálica o no metálica, reservas de agua dulce, pero la única región donde hay todo eso junto es América del Sur. Por eso se darán disputas globales por el control de esos recursos que cada vez son más escasos” expresó.

Arequipa: Pachamama promueve taller sobre el reciclaje creativo

Lima: Plantón de los guardianes de las lagunan en las puertas de newmont Yanacocha

Caso Conga: el Gobierno anunció reanudación del diálogo en Cajamarca

El ministro del Ambiente, Manuel Pulgar Vidal, anunció que se está reanudando el diálogo en Cajamarca a través de los facilitadores Miguel Cabrejos y Gastón Garatea, en torno al proyecto minero Conga.

“Creo que ahora hay que hablar de desarrollo y le dije al monseñor Cabrejos que este tema de Conga es como si nos hubiéramos metido en una gruta y no tenemos cómo salir. Encontramos un posible túnel donde hay una piedra que se llama Conga, y que si la muevo se cae el túnel y si no la muevo me quedo en el túnel y en eso nos hemos quedado discutiendo”, comentó el ministro en entrevista con el programa de TV “Agenda política”.

Pulgar Vidal dijo que los reservorios de agua están en construcción, siguen avanzando y ha vuelto a haber una reunión con los facilitadores para generar mayor información. Además, afirmó que es importante la presencia del titular de la región Cajamarca, Gregorio Santos, uno de los opositores a la inversión del proyecto Conga.

“Lo esperamos. Es más, tiene que estar porque es un actor relevante en este caso, así como el monseñor Cabrejos y el padre Gastón Garatea“, indicó Pulgar Vidal.

Cesar Hildebrant: Ollanta Humala es la suma de Fujimori, Toledo y García

El agua se agota, gota a gota

10 de noviembre: un día para conmemorar a los activistas contra la minería, el gas y el petróleo

El 10 de noviembre, Amigos de la Tierra Internacional conmemora la muerte de Ken Saro-Wiwa. Esta fecha señalada se constituye como un día de solidaridad con las víctimas de las actividades de la minería, el gas y el petróleo en todo el mundo. Y es un día para celebrar el trabajo de tantos activistas que siguen luchando para evitar las injusticias sociales y medioambientales ocasionadas por estos sectores.

Hace dieciséis años, el activista Ken Saro-Wiwa y otras ocho personas fueron ejecutadas durante la dictadura de Abacha en Nigeria por sus protestas contra Shell. Tras la condena, muchas personas afirmaron que la empresa petrolera interfirió en el juicio que las condenó a muerte. Durante los últimos 50 años, Shell ha extraído petróleo en Nigeria provocando graves impactos en la población local del Delta del Níger.

Por este motivo, el 10 de noviembre, Amigos de la Tierra Internacional conmemora la muerte de Ken Saro-Wiwa como un día de solidaridad con las víctimas de las actividades de la minería, el gas y el petróleo.

Desde que se publicó el informe de 2011 'Memoria, verdad y justicia para los héroes' (1), el número de muertes y el nivel de persecución de los líderes comunitarios, que defienden sus territorios de los abusos de las industrias extractoras, continúan inalterables (2).

La destrucción de comunidades y ecosistemas perpetrada por las industrias extractoras ha desencadenado un movimiento mundial de resistencia que lucha por la justicia y la defensa de la vida, la tierra, los recursos, la biodiversidad y las culturas.Las empresas de extracción han provocado algunos de los peores desastres ambientales y han desplazado a decenas de miles de personas de sus tierras. Los abusos perpetrados han costado la vida a muchos
defensores del medio ambiente.

Este año, Amigos de la Tierra Internacional conmemora el aniversario durante su asamblea general bianual de noviembre en El Salvador. Tras la asamblea, quince delegados internacionales visitarán comunidades que se han visto afectadas por la minería en Guatemala y El Salvador, como parte de una gira de solidaridad del 13 al 20 de noviembre (3).

Amigos de la Tierra Internacional reafirma su apoyo a las comunidades que resisten a los proyectos de extracción destructivos, en sus luchas contra las injusticias sociales y para lograr justicia ambiental y económica.

El 11 de octubre de 2012, Amigos de la Tierra y cuatro ciudadanos  nigerianos presentaron una demanda contra la gigante petrolera Shell ante el Tribunal de La Haya por los daños provocados por la empresa en Nigeria. Se trata de un hito en décadas de lucha del pueblo del Delta del Níger y un homenaje a la lucha de Ken Saro-Wiwa. (4)

Triunfo ante el Tribunal Latinoamericano del Agua en contra el proyecto Conga

Hoy 09 de noviembre se dio lectura de veredictos en la sexta audiencia publica 2012 en el aula magna de la facultad de derecho, en la universidad de Buenos Aires.

El Tribunal Latinoamericano del Agua, exhorta al Estado peruano a la Suspensión definitiva del proyecto minero Conga. La Sentencia denuncia las irregularidades en la aprobación del proyecto; cuestiona el desempeño de las instituciones como el Ministerio del Ambiente (MINAM) y la Autoridad Nacional del Agua (ANA) en el caso; condenan la represión del movimiento social (criminalización) de la protesta y la violación de los derechos humanos; en función a los tratados internacionales firmados por el Perú garantizar los derechos humanos en Cajamarca y el acceso al agua.

El Tribunal Latinoamericano del Agua es una instancia internacional de justicia ético-ambiental. El Jurado de su Sexta Audiencia Pública estuvo integrado por Philippe Texier, miembro redactor del Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales; Alexandre Camanho de Assis, Magistrado Público la República de Brasil; el muralista mexicano Ariosto Otero; la Dra. En derecho Silvia Nonna, secretaria académica de la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires y Giselle Boza Solano, abogada y periodista, directora del Sistema Radiofónico UCR de Costa Rica.

Veredicto proyecto Conga, Perú - VI Audiencia TLA 2012