El líder aprista, Alan García, está en su hora más difícil. Las
acusaciones que afronta no se detienen y esta semana saldrían más casos a
la luz. A toda costa buscaría entorpecer el trabajo de la megacomisión
para que no se descubra el destino del dinero de los narcoindultos.
ESCRIBE: ANA BRICEÑO
El 27 de diciembre del 2007 aparecieron dos documentos pegados en
las paredes de los pabellones de todas las cárceles del país. Uno tenía
la firma del presidente Alan García, algo que llamó poderosamente la
atención de la mayoría de internos, sobre todo del penal San Pedro (ex
Lurigancho), el más hacinado del Perú. El documento era una singular
invitación de García para que los presos presenten solicitudes de
indulto y conmutación de penas.
“Corresponde al Instituto Nacional Penitenciario canalizar la
solicitud correspondiente a través del Ministerio de Justicia y formar
el respectivo expediente”, se lee en el escrito, que envió desde
Palacio. En otro párrafo García es más explícito: invito a usted
(preso) a solicitar la concesión de cualquiera de las gracias
presidenciales, en atención a su condición de sentenciado, tomando en
cuenta además que de adolecer alguna enfermedad terminal podrá solicitar
la concesión de indulto por razones humanitarias. La carta tiene la
firma del líder aprista y el sello de la Comisión de Indulto y Derecho
de Gracias Presidenciales.
El segundo documento era un tríptico, titulado: Camino a las gracias
presidenciales. Ahí se explica y orienta a los internos sobre los
requisitos que debían cumplir para solicitar los indultos ya sea por
razones humanitarias, conmutación de penas y para indultos comunes.
Tambien se especificaba quiénes estaban impedidos de gestionar ese
trámite: sentenciados por violaciones sexuales a menores de 18 años,
parricidio, homicidio calificado, secuestro, robo agravado, extorsión,
tráfico ilícito de drogas y prevaricato. Esos documentos fueron el
incio del festín de indultos y conmutaciones masivas con jugosos pagos
de por medio.
Cinco días después de la propagación de la carta y el tríptico, el 2
de enero del 2008, Miguel Facundo Chinguel, entonces amigo íntimo de
Alan, fue designado presidente de la comisión que supuestamente
evaluaría a quiénes les correspondía salir en libertad. Al pie del
tríptico sobresale un recuadro que indica que para gestionar la gracia
presidencial no se requería que el trámite se haga personalmente y
tampoco se necesitaba la firma del abogado del interno. Mejor, imposible
para los reos.
Al final del gobierno aprista, se dieron 5,478 gracias
presidenciales. De estas se conmutó la pena a 3,207 presos condenados
por tráfico ilícito de drogas, 1,627 fueron concedidos a sentenciados
por robo agrabado, 18 por homicidio calificado y una conmutación a un
sujeto que había violado a una adolescente de 14 años. Todas fueron
firmadas por el expresidente.
“La carta de Alan estaba en todos los pabellones de las cárceles y si
por algún motivo se rompía, Chinguel se encargaba de volver a sacarle
copia y pegarla. Decía que las conmutaciones y los indultos era una
política primordial de Alan”, según un preso del penal ex Lurigancho. A
más interesados en que se les conmute la pena, significaba más ganancia
para Chinguel y compañía.
TEMBLANDO
Las investigaciones de los narcoindultos aún no concluye en el
Ministerio Público y García sabe que en los próximos días se revelarán
nuevas evidencias que comprometerían a su entorno más cercano, como a
Luis Nava Guibert (ex secretario de Palacio de Gobierno) y a él. No en
vano presentó una acción de amparo el 24 de mayo contra los integrantes
de la comisión que investiga los presuntos actos de corrupción de su
segundo gobierno.
El objetivo sería entorpecer el trabajo para que no se descubra el
destino final del dinero que se cobró a los presos para que sean
“beneficiados” con las conmutaciones de penas, según afirmó una fuente
congresal. Sin embargo, esta no sería la única preocupación que agobia
al ex mandatario.
En las últimas reuniones que ha sostenido con sus partidarios, García
habría manifestado su intranquilidad por la avalancha de
cuestionamientos, de toda índole, y denuncias sobre nuevo actos de
corrupción que se aproximan. Uno de ellos, y el más fuerte, es el pago
sistemático que hicieron varios policías para ser ascendidos a
generales. Según una fuente que trabajó en el departamento de Seguridad
de Estado en Palacio de Gobierno durante la gestión de Alan García, el
general Miguel Hidalgo (amigo de Alan y exministro del Interior), Luis
Nava y los generales Raúl Salazar y Carlos Prada (médico del presidente)
coordinaban a quiénes favorecían con los ascensos a generales, de
acuerdo a los pagos que se hacían. “Toda la Policía Nacional sabe que se
han cobrado entre 20 mil y 30 mil dólares para que asciendan a los
puestos de generales en el gobierno aprista”, afirma la fuente. Los
ascensos en la Policía ocurren todos los años, y por supuesto, las
ganancias también eran anuales.
Incluso, dice la fuente, “los tres siempre estaban en el despacho de
Nava y hasta se escuchaban las discusiones porque Miguel Hidalgo quería
poner a sus amigos o contactos en los puestos de mayor jerarquía y Nava
tenía que definir de acuerdo a los pagos”.
Asimismo, la megacomisión investiga particularmente el caso de
Manuel Huamán Montenegro (53), integrante de la organización de
narcotraficantes ‘Los Norteños’ y que, posteriormente, en el 2009 formó
parte de la Comisión de Gracias Presidenciales. “Uno de ‘Los Norteños’
de apellido Mendiola sería familiar de alguien allegado al
expresidente. Estamos haciendo las averiguaciones aún”, asevera la
fuente. Nava Guibert también es investigado por el caso Business Track.
Un tema que se viene escuchando con más fuerza en este grupo de
trabajo y en la Procuraduría Anticorrupción es el indulto a José
Enrique Crousillat. Miguel Facundo afronta un proceso de investigación
por supuestamente haber manipulado el expediente de Crousillat para
favorecerlo con la gracia presidencial. El Ministerio Público pidió
seis años para él. “Estamos averiguando más indicios. no es un caso que
ha culminado y el exministro Pastor tendría responsabilidad”, dijeron
en la procuraduría.
NEGOCIOS DE ESTUDIOS DE ABOGADOS
A través de la Superintendencia de Registros Públicos pudimos
encontrar que varios comisionados, incluyendo Miguel Facundo Chinguel,
formaron estudios de abogados después de haber trabajado en la comisión.
La inversión no fue poca. El 13 de octubre del 2010, cuando ya no
formaba parte de la comisión, Facundo inscribió la empresa Facundo
Abogados con un capital de 10 mil soles. De igual manera, el 18 de
agosto del 2012, César Candela, exasesor del despacho presidencial, y
Julio Zavala, secretario del Consejo de Ministros, inscribieron la
asociación anónima VDG Abogados con un capital de 10 mil soles.
Asimismo, según la acusación fiscal, Dámaso Luyo Vicente (asistente
legal de la Comisión de Gracias Presidenciales implicado en la red de
los narcoindultos) y Manuel Huamán Montenegro, el sujeto que formó parte
de la peligrosa banda de narcotraficantes ‘Los Norteños’ también
compartirían un estudio de abogados.
Aparte de indagar sobre estas constituciones de estudios de
abogados, el fiscal Walther Delgado Tovar, quien investiga los
narcoindultos, está acopiando nuevas evidencias de los pagos que
hicieron los presos a la comisión para que les conmuten las penas. Una
de esas pruebas serían los vouchers donde se hicieron los depósitos
bancarios. El único voucher que tienen pertenece al Banco de Crédito,
que constataría el pago de 15 mil dólares para la conmutación de la pena
de Eugen Csorgo, sentenciado a 15 años y que salió a los 6 años. Este
caso compromete a Aurelio Pastor. A inicios del 2010, Pastor acudió como
ministro de Justicia al penal San Pedro, ex Lurigancho y un reo le
pidió que lo ayudara “con un tema”, el entonces ministro lo derivó con
su asesor congresal, José Manfredi Marrufo. El reo le comentó que tenía
un conocido que estaba dispuesto a pagar 15 mil dólares con tal que le
reduzcan la pena. Manfredi dijo que lo “ayudarían”, y así sucedió.
