Entrevista a Javier Arellano Yanguas. Investigador de la Universidad de Deusto, España. Experto español afirma que el canon minero no generó desarrollo. Y que el “óbolo minero” causó más conflictos. Impuesto a sobreganancias sería parte de la solución.
Por Richard Manrique.
¿Por qué suceden conflictos mineros como el de Islay (Arequipa)?
Yo creo que la población tiene razones de peso. Si viven de la agricultura y este proyecto los afectará, es normal que se opongan. Lo peor que puede hacer el Gobierno es utilizar la represión. Está claro que la minería en el Perú no va ser sostenible si se hace contra la voluntad de la población.
¿Cuál es el problema de fondo?
Esto sucede cuando el Gobierno está capturado por intereses de las empresas (mineras). Si no ocurriera eso, todo sería más fácil para el sector. Deben tomarse en cuenta los Estudios de Impacto Ambiental y la participación de la población a través del derecho a la consulta. La mayoría de conflictos relacionados con la minería no son por gente que se opone radicalmente a dicha actividad, sino por la redistribución del canon.
¿Y el canon ha traído buenos resultados?
En el periodo 2001-2009, según un estudio que realicé, las regiones que recibieron mayor canon minero no se desarrollaron económicamente respecto al resto. Esto no quiere decir que no hayan avanzado, sino que no han avanzado más que las otras regiones.
¿La realidad es la misma a nivel distrital?
He comparado los 97 distritos que recibieron más canon en el periodo 1993-2007, es decir, las localidades aledañas a los grandes proyectos extractivos, y tampoco han crecido más en comparación con otros distritos con iguales indicadores económicos y sociales.
¿No hay ninguna mejora?
Sí. La tendencia general es que el conjunto de distritos tiene una cobertura eléctrica mayor en 4% o 5% que el resto de localidades. Pero ese efecto desaparece si le restamos los 23 distritos de Áncash, en donde la empresa Antamina tiene un aporte positivo. Y más bien, se acentúan los resultados negativos respecto al acceso de agua potable en el hogar: entre 8% y 9% peor que el resto del país.
¿Cómo explica esa situación?
Las grandes mineras tienen muy poca capacidad de movilizar la economía de sus alrededores. Puede mejorar la economía de la capital de la región, en las zonas urbanas, pero no de los distritos aledaños, porque no dan trabajo a la gente del entorno, y las compras no se hacen en el entorno. Entonces, no hay capacidad de encadenamiento. Lo que queda de nexo entre las grandes extractivas y el desarrollo es el vínculo fiscal a través del canon minero, y allí es donde se producen los graves problemas en los últimos años.
¿Cuáles son?
Radica en el discurso del Gobierno y las empresas (mineras). El discurso oficial es que los gobiernos regionales son ineptos y corruptos, y no ejecutan bien el canon. Sin embargo, es errónea esa explicación. Se trata de un círculo vicioso más complejo.
Tienes por una parte que la población de alrededor de las minas sabe que las empresas perciben unas ganancias extraordinarias y se las están quedando, además tienen en sus manos el aporte voluntario (denominado óbolo minero). Entonces, las comunidades locales tienen muchos incentivos políticos para generar conflictos para capturar parte de esa renta. Y a ello se les suman las peleas de distintos sectores de la población para capturar el canon.
¿Al final, cómo se logra distribuir el dinero?
Ante los conflictos sociales descritos, el Gobierno central y las empresas extractivas presionan a los gobiernos regionales para que gasten el dinero del canon lo más rápido posible, sumado también a la presión de la población. Así, al gobierno regional no le queda otra que generar empleo público, sea útil o improductivo, porque lo que importa solo es gastar el dinero. Lo que se busca es contentar a la gente en el corto plazo, y entonces no se logra un desarrollo (regional).
¿Un impuesto a las sobreganancias contribuiría a resolver estos problemas?
Es parte de la solución. Pero más importante es modificar el régimen tributario y la regulación de las industrias extractivas. ¿Por qué? Para dar legitimidad al Estado, porque no todo es recaudar más impuestos. El Estado debe tener legitimidad, que los ciudadanos vean que defiende los intereses de los ciudadanos y que simplemente no está capturado por intereses empresariales.
¿En cuánto contribuyó el óbolo minero?
El óbolo minero estaba pensado como un mecanismo rápido para disminuir los conflictos. Pero lo que ha hecho es exacerbar un tipo de conflicto distinto, al poner a las empresas mineras en el frente de todas las demandas sociales. El óbolo ha deslegitimado al Estado.
¿Gravar más a las mineras ahuyentaría la inversión?
No. Las empresas quieren estabilidad. Quieren hacer bien las cosas, y se encontrarían más a gustas con un modelo más estable, con menos conflictos y con más regulación del Estado.
“El próximo Gobierno tendrá que ser inclusivo”
¿Ha notado alguna propuesta electoral que resuelva los conflictos mineros?
Se han centrado solo en lo tributario. Y me parece insuficiente. Eso tan solo es una parte. Yo creo que el candidato que gane tendrá que abordar este tema con seriedad. Ir a un diseño de políticas que sean más inclusivas, que no se centren en las empresas extractivas, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Energía y Minas, como cosas muy técnicas, con las cuales se encierran en una habitación y de manera técnica llegan a una conclusión.
La población debe participar...
Hay que escuchar a la gente, porque la gente no es tonta. Deben participar diversos sectores, con políticas inclusivas. Eso generará un marco de estabilidad para que las mineras puedan operar.
Se acusa a las protestas de la población como reacciones ideológicas. ¿Es así?
Yo creo que algo mal están haciendo las extractivas y el Gobierno para que sucedan casos como el de Islay. La gente es calculadora y sabe bien qué les puede perjudicar. Las mineras no deben empujar proyectos en contra de la voluntad de la población, porque por sacar adelante un proyecto más, van a poner en riesgo proyectos que sí podrían ser importantes para el Perú.
FUENTE: La República (10/04/2011)
