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domingo, 10 de abril de 2011

Tía María... ¿Es qué acaso siempre debe ser así?

Por Marfil Francke

Los integrantes de Bajo La Lupa estamos hoy desgarrados por sentimientos contradictorios: nos invaden, a la par una enorme alegría por el triunfo de los pobladores y pobladoras de Islay y Deán Valdivia, y una tristeza aun mayor por el costo inadmisible de dicho triunfo: 3 muertos y medio centenar de heridos.

Una vez más, el gobierno actual ha demostrado que los intereses de las empresas privadas, de los insaciables mercados internacionales de materias primas, le son más importantes que los deseos y sueños y proyectos de vida pacífica, en armonía con la naturaleza, de sus ciudadanos y ciudadanas. Una vez más, el gobierno aprista ha recurrido a la violencia indiscriminada para tratar de poner fin al legitimo reclamo de pueblos que se ven invadidos en sus territorios ancestrales por empresas privadas codiciosas de extraer a la tierra sus recursos minerales sin importarles el costo y las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre los modos de vida de los pobladores, sobre la salud de los niños y niñas que allí viven. Empresas trasnacionales, sin patria y sin más ley que la ganancia, que gastan enormes cantidades en publicidad y programas asistenciales para tratar de convencer a la población de que sus intervenciones no serán dañinas, que ofrecen premios y prebendas para corromper a sus dirigentes, que contratan estudios inescrupulosos y falsean la información, y que desesperadas cuando nada de eso funciona –porque los pobladores no son tontos- exigen a los gobernantes, leyes especiales, "orden y mano dura". Gobernantes que les hacen caso.
Tres muertos, más de cincuenta heridos. Hay quienes piensan que no es tanto. En el Perú es cada vez más aceptada la idea de que si una población tiene un reclamo no bastará que acuda a la Justicia con sus las firmas de la mayoría, que será necesario además marchar por las calles, cerrar el transito, enfrentar disparos y lacrimógenas, y aun así, es alto el riesgo de no ser escuchada. En Bajo La Lupa pensamos que tres muertos son demasiados: sobran tres. Cincuenta heridos son demasiados: sobran cincuenta.
Y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Porqué las ganancias de una empresa están por encima de las personas, de sus derechos más elementales, de la vida misma? ¿Porqué los ciudadanos no pueden contar con la ley para hacer valer sus derechos, porqué una y otra vez se ven obligados a usar la fuerza para defenderlos? ¿Porqué un gobierno que se dice democrático se atribuye la potestad de dar la orden de disparar y asesinar a personas que defienden sus derechos? Esta noche tres familias del valle del Tambo (y muchas más ) no celebrarán. No podrán estar alegres porque les han matado a un esposo, a un hijo, a un ser querido. ¿Quién les devolverá a esos peruanos la vida, quién a sus esposas, hijos, amigos, la alegría de su compañía?
Nos preguntamos, también: ¿Es qué acaso siempre debe ser así?

Equipo Editorial
Grupo Bajo La Lupa

Voto por Cocachacra

Por Hugo Blanco

Cocachacra (Islay) acaba de enseñarnos la correcta actitud política que los peruanos debemos adoptar si queremos salvar al país de la depredación de la naturaleza matando la agricultura y sumiendo a nuestro pueblo en la miseria.

Con acciones, no con palabras, ha manifestado: ¡Acá no manda la Southern ni su sirviente el gobierno peruano! ¡Acá manda democráticamente la asamblea de los pobladores de Cocachacra! ¡Vida sí, mina no!

Y triunfó, aunque le costó 3 muertos y más de 50 heridos.

Fueron persistentes, no quisieron “Ir a Lima para conversar con el gobierno”, no por soberbios, sino por el criterio democrático de que es la asamblea la que debe decidir y no los dirigentes. Respondieron: “Que vengan acá”, a conversar con la asamblea. Les pidieron “tregua hasta después de las elecciones”, correctamente se negaron a aceptar la engañosa “tregua”.

Es cierto que ellos decían que su lucha no era “política”, porque el pueblo peruano ha sido domesticado en que su única participación política debe ser “votar en las elecciones” y después dejar la política en manos de los “políticos profesionales” que seguirán defendiendo a los opresores.

El diccionario dice que política es cómo gobernar una sociedad, y esa es la lección que acaba de darnos Cocachacra: Es la sociedad en su conjunto la que debe gobernarse a sí misma.

¿Quién gobierna el Perú?

Los que lo gobiernan no son los que el Perú “elije”. Los verdaderos gobernantes son las voraces compañías multinacionales, a las que no les interesa un comino la población peruana ni la naturaleza. Se dedican a saquear nuestros “recursos naturales”, mediante la extracción del petróleo depredando la selva y contaminando sus ríos; depredando la sierra con la minería a tajo abierto, robando el agua de la agricultura y envenenándola; robando el agua y alterando la hidrografía para la construcción de hidroeléctricas para la minería (piensan desalojar miles de indígenas y campesinos de tres departamentos para construir una represa que dote de electricidad  a empresas establecidas en Brasil); instalando empresas agroindustriales que depredan el suelo con el monocultivo y el uso de agroquímicos, cultivando no para alimentar al Perú sino para exportar, cultivando agrocombustibles para alimentar a los carros, no a la gente; superexplotando a los obreros agrícolas.

Esas empresas tienen a su servicio a gobiernos, a la mayoría parlamentaria, a los grandes medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita), al ejército, a la policía (que acaba de asesinar impunemente a tres en Islay).

A todo eso llaman “progreso”, “El Perú avanza”. Y nos muestran cifras macroeconómicas de lo bien que está el Perú económicamente. Pero cuando vemos la situación de hambre, miseria y desocupación de la población entendemos lo que ese “progreso” significa: Saqueo de nuestras riquezas por las grandes compañías multinacionales (la bendita “inversión extranjera”), depredación de la naturaleza, aumento de la desocupación y el hambre de nuestro pueblo.

¿Quién ha de gobernar el Perú?

Ninguno de los 5 candidatos que están a la cabeza de las encuestas denuncia lo arriba expuesto ni dice que hay que acabar con eso.

Humala tímidamente ha dicho que respetará el derecho de consulta de los pueblos y que gravará a las empresas extractivas. Eso ha causado la furia del sistema que se lanza ferozmente contra él usando los grandes medios de comunicación en sus manos, acusándolo de “estatista” (él no ha planteado ni siquiera una tímida estatización). Alan García dice que 4 candidatos (Kuzinski, Castañeda, Toledo y Keiko) continuarán su “correcta política de progreso”.  Toledo lo llama “salto al vacío”. El gran capital siembra el miedo para que se mantengan inalterados sus privilegios.

Después de las elecciones

Lo que debemos hacer es aprender la lección que nos ha dado Cocachacra: “La lucha es el camino”.

Actualmente está luchando el pueblo de Espinar por defender el agua de la agricultura contra el robo del gobierno para la agroindustria, está luchando Canchis contra la hidroeléctrica de Salkapucara para la minería, están luchando los agricultores de Puno, Madre de Dios y Cusco contra la represa de Inambari que dará electricidad a capitalistas en Brasil, está luchando la población de Puno contra la minería, están luchando los amazónicos contra la contaminación del río Marañón, y muchos otros más.

Esperamos que esos luchadores se sientan fortalecidos e impulsados por el triunfo de Cocachacra, que coordinen entre sí.

Quien sea que entre al gobierno reprimirá al servicio de los grandes capitales. Probablemente si entra Humala le costará más, ya que la gente que quiere el cambio es la que ha de votar por él, pero también lo hará y así la gente aprenderá que sólo puede confiar en ella misma como lo hizo Cocachacra.

Cuando el Perú entero actúe como Cocachacra, conseguiremos el triunfo. Por eso: ¡Voto por Cocachacra! 

10 de abril de 2011


El Gobierno no debe ser capturado por los intereses empresariales

Entrevista a Javier Arellano Yanguas. Investigador de la Universidad de Deusto, España. Experto español afirma  que el  canon minero no generó desarrollo. Y que  el “óbolo minero” causó más conflictos. Impuesto a sobreganancias sería parte de la solución.

Por Richard Manrique.

¿Por qué suceden conflictos mineros como el de Islay (Arequipa)?

Yo creo que la población tiene razones de peso. Si viven de la agricultura y este proyecto los afectará, es normal que se opongan. Lo peor que puede hacer el Gobierno es utilizar la represión.  Está claro que la minería en el Perú no va ser sostenible si se hace contra la voluntad de la población.

¿Cuál es el problema de fondo?

Esto sucede cuando el Gobierno está capturado por intereses de las empresas (mineras). Si no ocurriera eso, todo sería más fácil para el sector. Deben tomarse en cuenta los Estudios de Impacto Ambiental y la participación de la población a través del derecho a la consulta. La mayoría de conflictos relacionados con la minería no son por gente que se opone radicalmente a dicha actividad, sino por la redistribución del canon. 

¿Y el canon ha traído buenos resultados?

En el periodo 2001-2009, según un estudio que realicé, las regiones que recibieron mayor canon minero no se desarrollaron económicamente respecto al resto. Esto no quiere decir que no hayan avanzado, sino que no han avanzado más que las otras regiones.

¿La realidad es la misma a nivel distrital?

He comparado los 97 distritos  que recibieron más canon en el periodo 1993-2007, es decir, las localidades aledañas a los grandes proyectos extractivos,  y tampoco han crecido más en comparación con otros distritos con iguales indicadores económicos y sociales.

¿No hay ninguna mejora?

Sí. La tendencia general es que el conjunto de distritos tiene una cobertura eléctrica mayor en 4% o 5% que el resto de localidades. Pero ese efecto desaparece si le restamos los 23 distritos de Áncash, en donde la empresa Antamina tiene un aporte positivo. Y más bien, se acentúan los resultados negativos respecto al acceso de agua potable en el hogar: entre 8% y 9% peor que el resto del país.

¿Cómo explica esa situación?

Las grandes mineras tienen muy poca capacidad de movilizar la economía de sus alrededores. Puede mejorar la economía de la capital de la región, en las zonas urbanas, pero no de los distritos aledaños, porque no dan trabajo a la gente del entorno, y las compras no se hacen en el entorno. Entonces, no hay capacidad de encadenamiento. Lo que queda de nexo entre las grandes extractivas y el desarrollo es el vínculo fiscal a través del canon minero, y allí es donde se producen los graves problemas en los últimos años.

¿Cuáles son?

Radica en el discurso del Gobierno y las empresas (mineras). El discurso oficial es que los gobiernos regionales son ineptos y corruptos, y no ejecutan bien el canon. Sin embargo, es errónea esa explicación. Se trata de un círculo vicioso más complejo.
Tienes por una parte que la población de alrededor de las minas sabe que las empresas perciben unas ganancias extraordinarias y se las están quedando, además tienen en sus manos el aporte voluntario (denominado óbolo minero). Entonces, las comunidades locales tienen muchos incentivos políticos para generar conflictos para capturar  parte de esa renta. Y a ello se les suman las peleas de distintos sectores de la población para capturar el canon.

¿Al final, cómo se logra distribuir el dinero?

Ante los conflictos sociales descritos, el Gobierno central y las empresas extractivas presionan a los gobiernos regionales para que gasten el dinero del canon lo más rápido posible, sumado también a la presión de la población. Así, al gobierno regional no le queda otra que generar empleo público, sea útil o improductivo, porque lo que importa solo es gastar el dinero. Lo que se busca es contentar a la gente en el corto plazo, y entonces no se logra un desarrollo (regional).

¿Un impuesto a las sobreganancias contribuiría a resolver estos problemas?

Es parte de la solución.  Pero más importante es modificar el régimen tributario y la regulación de las industrias extractivas. ¿Por qué? Para dar legitimidad al Estado, porque no todo es recaudar más impuestos. El Estado debe tener legitimidad, que los ciudadanos vean que defiende los intereses de los ciudadanos y que simplemente no está capturado por intereses empresariales.

¿En cuánto contribuyó el óbolo minero?

El óbolo minero estaba pensado como un mecanismo rápido para disminuir los conflictos. Pero  lo que ha hecho es exacerbar un tipo de conflicto distinto, al poner a las empresas mineras en el frente de todas las demandas sociales. El óbolo ha deslegitimado al Estado.

¿Gravar más a las mineras ahuyentaría la inversión?

No. Las empresas quieren estabilidad. Quieren hacer bien las cosas, y se encontrarían más a gustas con un modelo más estable, con menos conflictos y con más regulación del Estado.

“El próximo Gobierno tendrá que ser inclusivo”

¿Ha notado alguna propuesta electoral que resuelva los conflictos mineros?

Se han centrado solo en lo tributario. Y me parece insuficiente. Eso tan solo es una parte. Yo creo que el candidato que gane tendrá que abordar este tema con seriedad. Ir a un diseño de políticas que sean más inclusivas, que no se centren en las empresas extractivas, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Energía y Minas, como cosas muy técnicas, con las cuales se encierran en una habitación y de manera técnica llegan a una conclusión.

La población debe participar...

Hay que escuchar a la gente, porque la gente no es tonta. Deben participar diversos sectores, con políticas inclusivas. Eso generará un marco de estabilidad para que las mineras puedan operar.

Se acusa a las protestas de la población como reacciones ideológicas. ¿Es así?

Yo creo que algo mal están haciendo las extractivas y el Gobierno para que sucedan casos como el de Islay. La gente es calculadora y sabe bien qué les puede perjudicar. Las mineras no deben empujar proyectos en contra de la voluntad de la población, porque por sacar adelante un proyecto más, van a poner en riesgo proyectos que sí podrían ser importantes para el Perú.
  
FUENTE: La República (10/04/2011)

sábado, 9 de abril de 2011

¡Urgente! Ahora preocupa situación de heridos, los más delicados están en hospitales de Arequipa

La salvaje represión policial del día jueves 7 de abril dejo un saldo de 3 muertos y aproximadamente 60 heridos. Tras el levantamiento de la huelga indefinida, se necesita dirigir ahora la atención en los heridos, los casos más críticos se encuentran en hospitales de Arequipa.
Son ciudadanos valientes que también estuvieron directamente vinculados con la justa lucha del Valle de Tambo, que necesitan ser intervenidos de urgencia porque están en una situación delicada.
Según informe del Comité de Apoyo a los Heridos del Valle de Tambo, 6 se encuentran en el hospital Honorio Delgado Espinoza, 1 en el hospital Goyeneche y 1 en la Clínica San Miguel.
Relación de heridos que se encuentran en Arequipa: (9 de abril 2011)
1.    Bruno Gutiérrez Condori
Diagnóstico: Bala en el ojo derecho. Trauma ocular derecho. Ya perdió el ojo.
Hospital: Honorio Delgado Espinoza.

2.    Luis Ángel Pino Gutiérrez
Diagnóstico: Herido de bala, presenta hemotórax, lesión pulmonar y daño en la parte abdominal. Médicos piden urgente 2 tomografías.
Hospital: Honorio Delgado Espinoza.

3.    Simón Parque Ramos
Diagnóstico: Traumatismo encéfalo craneano. Necesita tomografía y operación de tabique.
Hospital: Honorio Delgado Espinoza.

4.    Mario Paye Condori
Diagnóstico: Trauma ocular, fractura de huesos propios. Está pendiente una operación del tabique y necesita una tomografía para determinar por qué vomita sangre.
Hospital: Honorio Delgado Espinoza

5.    Luis Quispe Chara
Diagnóstico: Una bala ingreso por la espalda y salió por el pecho. Daño de pulmones y necesita sangre Rh positivo, por cuadro bajo de hemoglobina.
Hospital: Honorio Delgado Espinoza.

6.    Santos Flores Carbajal
Diagnóstico: Bala en el glúteo izquierdo. Necesita tomografía y médicos evalúan la posibilidad de sacharle la bala de la pierna.
Hospital: Honorio Delgado Espinoza.

7.    Juan Perea Quispe
Diagnóstico: Bala en la pierna izquierda, se encuentra estable.
Hospital: Goyeneche  

8.    Carlos Zevallos Medina
Diagnóstico: bala en el estómago. Hoy fue operado, está en recuperación.
Clínica: San Miguel.
A pesar de haberse comprometido públicamente, ni el gobierno central ni el presidente del regional de Arequipa,  no se hacen cargo hasta el momento de la recuperación de los heridos que se encuentran en los hospitales mencionados. Prácticamente los heridos se encuentran abandonados, los familiares se encuentran muy indignados.
Los únicos que se hicieron presentes hasta la fecha son los representantes del Comité de Apoyo de los Heridos del Valle de Tambo, que han hecho llegar un aporte económico considerable, producto del apoyo solidario del pueblo arequipeño en los últimos días.
FOTOS DE ALGUNOS HERIDOS DE BALA


¡Por fin! la CGTP se pronuncia sobre Islay…tuvo que acabar la huelga indefinida para hacerlo

CGTP demanda al gobierno indemnizar a las víctimas de las protestas de Islay contra el proyecto Tía María

Cancelación del proyecto aduciéndose peligros ambientales demuestran que el gobierno pudo evitar muertes y decenas de heridos

La cancelación del Proyecto Minero Tia María por parte del gobierno aprista deja esclarecido que el Presidente García y el Ministro de Energía y Minas, Pedro Sánchez, pusieron por encima de los intereses sociales y ambientales de la población, los beneficios económicos de la transnacional mexicana Southern Perú provocando la muerte de tres lugareños y herido a decenas de ciudadanos que rechazaban la iniciativa minera.

 La huelga de más de 15 días que precedieron a otras luchas en defensa del medio ambiente de la región, fue consecuencia de la indiferencia del gobierno de atender las demandas de diálogo para lograr una solución al conflicto, además de la campaña de desprestigio a los dirigentes que condujeron las exigencias.

 Cabe mencionar, que las organizaciones sociales presentaron diversas observaciones al estudio de impacto ambiental de las empresas, algo que fue corroborado por una institución internacional contratada por el gobierno, que fue desestimada con el fin de imponer con violencia una iniciativa minera rechazada por la población con las consecuencias conocidas.

 La CGTP demanda al régimen indemnizar a los familiares de las víctimas y atención especializada a los heridos de una protesta que se pudo evitar. Este gesto sería la forma de reconocer el nuevo error fatídico por parte del Presidente García al querer privilegiar, cueste lo que cueste, a las transnacionales, tal como lo hizo en Bagua.

Lima,  8 de abril de 2011

DEPARTAMENTO DE PRENSA Y COMUNICACIONES DE LA CGTP



Las lecciones de Tía María

Por José de Echave
El conflicto en torno al proyecto Tía María se ha agudizado, con el lamentable saldo de un poblador muerto y decenas de heridos. El caso es el último capítulo de un conflicto que seguimos arrastrando y que no tiene visos de solución. ¿Cómo abordar el caso preciso de Tía María y al mismo tiempo los temas de fondo? Algunas sugerencias:
Tía María demuestra la pésima calidad de los Estudios de Impacto Ambiental (EIA) que se elaboran en nuestro país. Los EIA tienen casi 20 años de vigencia y se elaboran bajo el supuesto que nuestras autoridades los aprueban sin mayores evaluaciones rigurosas. Que quede claro, Southern, ni ninguna empresa seria podría esperar que se apruebe un EIA de tan baja calidad en cualquier otro país que maneje ciertos estándares internacionales.
El análisis del EIA hecho por la UNOPS (Naciones Unidas) es concluyente y coincide con las preocupaciones de la población de Islay: son 138 hallazgos u observaciones: 43 componentes omitidos; 32 datos insuficientes; 33 aspectos no desarrollados; 15 errores conceptuales; 2 gráficos y cartografías erróneas; 5 informaciones que no pueden ser asimilables por el público, etc. En suma el EIA de Southern es un mamarracho que no se sostiene por ningún lado.
No es posible que los EIA sigan siendo aprobados por el Ministerio de energía y Minas. Solo en lo que va del año energía y Minas ya aprobó 13 EIA. ¿Cómo lo han hecho? No pueden ser juez y parte. Necesitamos un escenario en el que una autoridad ambiental independiente, con capacidades evalúe los EIA y que al mismo tiempo genere verdaderos mecanismos de participación ciudadana.
El país necesita implementar procesos de planificación y manejo ordenado de su territorio. La minería no puede seguir creciendo de manera caótica. El ordenamiento territorial, la zonificación, acceso a la información, consulta e interacción de las autoridades nacionales y regionales, son algunas pistas que deben convertirse en políticas públicas.
Finalmente habría que preguntar a nuestras autoridades del Ministerio de energía y Minas si alguna vez han desaprobado algún proyecto minero importante en los últimos 15 años. ¿Lo han hecho? ¿Esa posibilidad existe? Si eso es posible lo que deberían hacer de una vez por todas es desaprobar y archivar definitivamente el EIA de Tía María. Los pobladores de Islay estarían agradecidos y hasta es probable que de esta manera le hagan un gran favor a la minería.
8 de abril de 2011
Fuente: La Primera