Estudiantes dan ultimátum a gobierno chileno

Confederación de estudiantes de Chile da plazo de seis días al gobierno para responder a sus demandas y La Moneda rechaza emplazamiento.

"Al gobierno no se le emplaza de esa manera", dijo el Vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, luego de que los estudiantes universitarios llamaran al Ejecutivo a acoger el petitorio del movimiento estudiantil.

La Confederación de Estudiantes de Chile (Confech) dio un plazo de seis días al gobierno para responder a las demandas estudiantiles, presentes en el petitorio entregado por el movimiento estudiantil que incluye educación gratuita y fin al lucro, entre otros puntos.

Así lo indicó el presidente de la Universidad de Los Lagos, Patricio Contreras. "En su desesperación y desinterés de responder a las problemáticas sociales, hacemos responsable al gobierno actual, que ataca y reprime autoritariamente a la población en general, incluso atentando contra la vida de nuestros propios compañeros. Incitamos al gobierno a dar respuestas serias, concretas y coherentes con nuestras demandas históricas. Para esto, el Ejecutivo tiene un plazo de seis días, a partir de esta jornada de movilizaciones y protesta nacional".

Desde las 10 de la mañana los dirigentes de todas las universidades miembros del Cruch se reunieron en la U. de Valparaíso, sede de Santiago, para analizar la propuesta entregada el lunes por el ministro de Educación, Felipe Bulnes.

Contreras expresó además que continuarán con las movilizaciones, mientras el Ejecutivo no se pronuncie y acoja las peticiones del movimiento. De no cumplirse ello, "llamamos a los sectores que estén por un cambio profundo al sistema educacional, a manifestarse con la mayor fuerza posible".

A esto respondió el Vocero de Gobierno, Andrés Chadwick, quien indicó que "al gobierno no se le emplaza de esa manera". 

"Esperamos que el día de mañana los dirigentes (...) respondan con seriedad" a la propuesta entregada por el gobierno, precisó el ministro, quiena además recalcó que por el momento "no nos podemos dar por notificados".

"Así que vamos a esperar lo que ocurra el día de mañana y de ahí vamos a decidir las acciones que el gobierno tiene que emprender", añadió.

Por su parte, la presidenta de la Fech Camila Vallejo sostuvo que "hemos planteado de manera responsable, sin embargo, el gobierno ha respondido reafirmando un modelo que está en crisis, es importante hacer un nuevo emplazamiento al gobierno, ya que es responsable de la crisis general de la institucionalidad política, en ese sentido hemos estipulado ampliar nuevamente el plazo, que el gobierno se haga responsable del fervor social, por tanto, consideramos que este movimiento sigue vivo, con fuerza, más aún ante la represión.

En tanto, los estudiantes ratificaron la convocatoria para la marcha de las 18.30 horas, pese a la negativa del gobierno a autorizar la movilización estudiantil.

Para mañana se espera que el llamado movimiento por la educación, conformado por la Confech, los secundarios y el Colegio de Profesores; entregue la respuesta oficial al gobierno respecto al documento de 21 puntos que el lunes dio a conocer el Mineduc.

Bancadas se pronuncian a favor de aprobar ley contra transfuguismo

Congresistas de diversas bancadas se pronunciaron a favor de debatir y aprobar una ley que sancione el transfuguismo político, lo cual evitaría que se afecte la composición de las fuerzas políticas representadas en el Poder Legislativo, y que se desconozca la voluntad popular.

Marisol Espinoza, congresista de Gana Perú, adelantó que su bancada impulsará una iniciativa legislativa bajo la premisa de que “la curul le pertenece al pueblo y no al parlamentario”.

“Vamos a insistir para que la Comisión de Constitución vea el proyecto de  transfuguismo porque una de las mayores preocupaciones es que este tema no se corrigió en el Congreso anterior y seguirá siendo una espada de Damocles para el Congreso”, advirtió.

En la víspera, se anunció la conformación de la bancada Concertación Parlamentaria, integrada por los cuatro legisladores del Partido Aprista, más Carlos Bruce y Renzo Reggiardo, que quedaron fuera de los grupos que los llevaron al Congreso.

Michael Urtecho, de Solidaridad Nacional, aseveró que el Congreso tiene la oportunidad de discutir con prontitud un marco normativo, para evitar los “reacomodos” en que algunos legisladores se pasan de uno a otro grupo.

“Nosotros pedimos que este tema sea prioritario para evitar esa práctica”, indicó.

Víctor Andrés García Belaunde, de la Alianza Parlamentaria, lamentó que el anterior Congreso no legislara sobre este tema y ahora se haya conformado una nueva bancada.

“Este tema quedó pendiente y ahora la consecuencia es que los congresistas del Partido Aprista ya tienen su propia bancada con sus dos aliados”, aseveró.

Carlos Bruce, vocero de la nueva bancada, planteó distinguir en qué situaciones se produce un “verdadero caso” de transfuguismo y cuándo la renuncia de un congresista a su bancada es motivada por principios y no por conveniencia política.

 “No estamos en el negocio de partir bancadas, y no estamos alentando eso. Cada situación es particular, por ejemplo, a mí me sacaron de mi grupo”, argumentó.

Uruguay: proyecto minero en veremos

El grupo indio Zamin Ferrous suspendió las operaciones para explotar hierro a tajo abierto en Cerro Chato (Uruguay) tras la resistencia de grupos ambientalistas. Al mismo tiempo, el Gobierno aceptó la creación de una comisión multipartidaria para proponer una política integral respecto a la minería, en un país que nunca ha sido tradicionalmente minero. El gerente de la minera Aratirí -filial uruguaya del grupo indio Zamin Ferrous-, Fernando Puntigliano, indicó que el proyecto dejó de ser “prioridad número uno” para la empresa. “En África aparecen 15 proyectos de hierro en los próximos años”, advirtió. “El proyecto no se cae, pero dejó de tener la velocidad que tenía. El dinero se destina a otros proyectos del grupo”, afirmó Puntigliano. Zamin Ferrous recortará la inversión que tenía planeada hasta en un 70%.

La firma india manifestó su descontento por el cariz político que había tomado el proyecto y por la lentitud con la éste que avanzaba. La mina Aratirí iba a representar la mayor inversión privada de la historia de Uruguay.

Por su parte, el Gobierno aún no había autorizado a la firma el inicio de explotación y había pedido un nuevo informe de impacto ambiental. De un rotundo entusiasmo inicial, la administración izquierdista de Pepe Mujica ha ido aceptando la necesidad de mayor debate. Ayer, el presidente insistió con la importancia del proyecto, declarando con su habitual tono informal: “Uruguay tiene hierro en pila. No seamos tontos, ¿ta?”. Sin embargo, aceptó la creación de una comisión interpartidaria para analizar y desarrollar una política nacional común para proyectos mineros. “Ningún Gobierno debe tomar resoluciones en cuestiones tan de fondo que van a repercutir 30 o 40 años en la vida de la gente”, declaró.

La mina de hierro se ubicaría en Cerro Chato, en la zona conocida como Valentines, en el centro-este del país. Los recursos minerales podrían tener un potencial por encima de los 5 mil millones de toneladas. La tonelada se cotiza a US$165. La inversión proyectada ronda los 3 mil millones de dólares, y los ingresos alcanzan la suma de 500 mil millones de millones.

El proyecto originó una fuerte polémica en Uruguay, país que no tiene una tradición minera. Pobladores de la zona, organizaciones y activistas ambientalistas rechazan los posibles efectos de la explotación de hierro bajo la modalidad de minería a tajo abierto. El plan incluye un mineroducto de 200 kilómetros hasta el mar y un puerto de aguas profundas en la costa. Estos otros dos proyectos también fueron cuestionados por pobladores y movimientos ecologistas, por el impacto que pueden tener sobre áreas protegidas y sobre la zona costera, básicamente dedicada al turismo.

Legisladores de la oposición también cuestionan el proyecto, porque consideran que dejaría pocas ganancias al Estado. En ese marco, el 14 de julio tres ministros fueron interpelados para responder sobre el plan.

Este conflicto tiene lugar en el marco de una agresiva expansión de la inversión minera en el continente, que viene generando fuerte polémica no sólo en Uruguay sino en Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y otros países.

Chile: Estudiantes reafirman convocatoria a marcha y "cacerolazo"

La presidenta de la FECh, Camila Vallejo, y el presidente del Magisterio, Jaime Gajardo, lanzaron duras críticas contra el Gobierno, al que acusaron de ejercer "violencia" y "represión" contra los manifestantes.

Pese a los disturbios y a los más de cien manifestantes que fueron detenidos durante esta jornada, los estudiantes y profesores se alistan para realizar una nueva marcha estudiantil a las 18.30 horas, la que tampoco cuenta con autorización de la Intendencia Metropolitana.

Gobierno llama a suspender marcha de este jueves

El ministro secretario general de Gobierno, Andrés Chadwick, lamentó los disturbios y enfrentamientos que protagonizaron estudiantes y Carabineros este jueves y llamó a suspender la marcha que está convocada para las 18:30 horas en la Plaza Italia. Mientras, Camila Vallejo afirmó que se reforzará la convocatoria a toda la ciudadanía a congregarse, agregando que el movimiento “no va a retroceder”. En medio de estas declaraciones, diversas protestas se siguen desarrollando a lo largo del país.

De acuerdo a lo señalado por el secretario de Estado, “Sería extraordinariamente importante y una demostración de muy buena disposición y voluntad, con la gente de Santiago y con una actitud nueva, que ellos pudieran o pudiesen deponer su manifestación de hoy día en la tarde”, afirmó.

El ministro añadió que “Carabineros tiene las disposición y las instrucciones de hacer respetar la ley en términos de la marcha por la Alameda, no creemos que sea necesario que tengamos toda la tarde grupos de disturbios, creo que no es lo recomendable”.

En cuanto a la acusación constitucional en contra de Rodrigo Hinzpeter, que fue anunciada por parlamentarios de oposición, el vocero señaló que “lo que ha hecho el ministro del Interior hoy día es cumplir con su deber constitucional y legal de mantener el orden público y hacer que la ley sea respetada por todos”.

“Es curioso que un grupo de parlamentarios que precisamente una de las funciones de Parlamento es fiscalizar que la autoridad cumpla la ley, reclame hoy día cuando precisamente la autoridad la está cumpliendo”, finalizó.

En tanto la presidenta de la Federación de Estudiantes de la Universidad de Chile (FECH), Camila Vallejo, afirmó esta tarde que se reforzará la convocatoria a toda la ciudadanía a congregarse a las 18:30 horas en la Plaza Italia.

Chile: 197 detenidos y dos policías heridos dejaron protestas estudiantiles

Carabineros amplió la cifra de detenidos entregada más temprano por la intendenta de la Región Metropolitana, Cecilia Pérez, tras la fallida marcha convocada por los estudiantes secundarios. Son 197 los aprehendidos por la policía y ocho efectivos heridos.

Pasadas las 13.00 horas Pérez informó que eran 133 personas detenidas y dos carabineros heridos.

En un permanente tira y afloja de los estudiantes de avanzar hacia la Alameda y de carabineros de disuadirlos, los desórdenes se trasladaron hacia varios puntos del centro de la capital, como Plaza Italia, Parque Forestal y Parque Bustamante, lo que terminó con el saldo ya dado a conocer por el gobierno regional.

Pérez además explicó que las personas aprehendidas cayeron en esta situación por desórdenes públicos, porte ilegal de armas y porte de artefactos explosivos.

En una breve intervención, la autoridad regional además hizo un llamado a los dirigentes estudiantiles de bajar la marcha programada para esta tarde a las 18.30 horas. "Se juntará con la hora nocturna, que ampara el actuar de los delincuentes", señaló.

Antauro: ‘La Mesa Está Servida’

Por Américo Zambrano (Revista Caretas)

La reja de metal se abre y, en el lúgubre patio del pabellón de prevención del penal de máxima seguridad de Piedras Gordas, en Ancón, aparece el mayor EP (r) Antauro Humala Tasso (48).

El hermano del Presidente comparte la única mesa con Rosario Montero, una de sus abogadas. Ambos comen un pie de limón, mientras conversan como en un café cualquiera.

El frío cala los huesos en esta cárcel de cemento. Humala lleva una chompa de alpaca y el clásico sombrero moqueguano que utilizó en la famosa ‘Insurgencia de Locumba’ hace 11 años. Luce delgado y canoso.

Está preso desde enero del 2005 por dirigir la asonada de Andahuaylas que acabó con cuatro policías asesinados (CARETAS 1856). Hoy, seis años después de ese delirante episodio y a escasos días de que su hermano Ollanta Humala asumiera la Presidencia de la República, Antauro está convencido de que su liberación “es inminente”.

A CARETAS le declaró que “la mesa está servida. No sé si será cuestión de días o semanas, pero yo salgo. Las condiciones están dadas”.

Según su versión, la juramentación de su hermano Ollanta en el hemiciclo, por el espíritu de la Constitución de 1979, ha creado “una coyuntura política constitucional que hace posible mi pronta liberación”.

“Los que nos rebelamos por restituir la Constitución del 79, ahora somos precursores de este nuevo gobierno que ha jurado por esa Carta Magna. Ollanta ha reivindicado así las tres gestas militares dentro del estado genuino de derecho que estaba vigente en dicha constitución. Me refiero a las insurgencias del general (Jaime) Salinas Sedó, de 1992, y a las dos de los hermanos Ollanta y Antauro Humala, en Locumba, el 2000, y en Andahuaylas, el 2005. En el manifiesto de esta última asonada mi primer punto fue precisamente la reivindicación de la Constitución del 79”, dice. Y añade: “Por lo tanto, el escenario es propicio. Nos tienen que dar una amnistía. Nos corresponde dejar de ser considerados reos políticos para convertirnos en precursores. Y un precursor como yo no puede estar preso”.

SUPREMA FALLA

Uno podría pensar que Antauro se ha vuelto completamente loco, pero éste asegura que “mis creencias no vienen al caso. Esto es lógica, razonamiento puro”. Según Humala, la estrategia de su defensa fue lograr la modificación del tipo penal (homicidio calificado) por el cual fue condenado a 25 años de prisión por la Primera Sala Penal Para Reos en Cárcel, en setiembre del 2009. Humala, con su propio padre Isaac como abogado, apeló y el expediente subió a la Suprema para su ratificación.

Pero en un sorpresivo giro, el pasado martes 23 de julio, cinco días antes de la juramentación presidencial, la Sala Penal Permanente de la Corte Suprema, que preside el vocal Javier Villa Stein, consideró que el delito de asesinato no había sido probado y se pronunció por reducirle la condena de 25 a 19 años de prisión. El propio Villa Stein y el vocal Josué Pariona, incluso, proponen que la pena sea de 17 años, por lo que se espera que un quinto vocal dirimente zanje el debate. Algunos observadores opinan que es un fallo político. Y tal parece que a ello se refiere Antauro cuando dice que “la coyuntura no puede ser mejor”.

“Hubo prisioneros, pero no secuestrados. Fue una rebelión. (La Corte Suprema) ya se está dando cuenta que no hubo asesinatos”, alega. “Con eso tengo el camino libre. Yo no estoy preso como Alberto Fujimori por lesa humanidad. Entonces me corresponde salir y la decisión es política”.

En ese orden de ideas, fuentes del humalismo indican que ya está en marcha al interior de Gana Perú una campaña para que se otorgue la amnistía al hermano del Presidente. Y aunque el flamante ministro de Justicia, Francisco Eguiguren, asegure que el “caso Antauro no está en agenda”, dos congresistas nacionalistas, Gladys Natalie Condori (Tacna) y Walter Acha (Ayacucho) ya se mostraron a favor de su excarcelación. “Me parece injusto que lo hayan condenado (a Antauro) a tantos años de prisión. Vamos a apoyar la amnistía”, anunció Acha al diario Perú.21.

Del mismo modo, algunas pintas exigiendo su liberación han aparecido en San Juan de Lurigancho y Puente Piedra. También en Ica y Ayacucho.

ENROQUE FAMILIAR

Si bien el Presidente ha condenado los sucesos de Andahuaylas, ahora parece sometido a un torniquete familiar. Su padre Isaac Humala es abogado de Antauro y lo visita cada semana. Lo fue a ver el miércoles 27 de julio, en la víspera de la juramentación de Ollanta. Ese mismo día salió a circulación el pasquín “Antauro”, otrora “Ollanta”, exigiendo la derogación de la Constitución de 1993.

Alexis Humala es otro concurrente a Piedras Gordas. Visitó a su hermano poco antes de su criticado viaje a Rusia, el mes pasado, y lo hizo nuevamente el lunes último. Según América Noticias, Alexis continúa visitando los locales partidarios, pese a que fue suspendido de Gana Perú.

Ambos serían los principales interlocutores entre Piedras Gordas y Palacio de Gobierno, según las mismas fuentes. “No solo mi padre, toda mi familia cree en mi inocencia”, subraya Antauro Humala, quien califica de especulaciones las versiones que indican que la primera dama, Nadine Heredia, se opondría a su liberación. “No veo por qué ella se opondría. No existe un escenario en el que Antauro perjudique a Ollanta”, arguye.

Antauro Humala está tan seguro de su liberad que ya sueña con lo que hará si acaso gana la calle. “Cuando salga libre, me quedaré en el Perú. Me siento orgulloso de lo que hice y lo mismo les sucede a todos los reservistas del ‘Andahuaylazo’. Aprovecharé el momento para reorganizar el Etnocacerismo y solicitaré mi reincorporación al Ejército”, anunció.

“Yo sé que a mucha gente, sobre todo a la prensa, le gustaría que yo tuviera (cadena) perpetua, que esté en peores condiciones que el terrorista de Fujimori o Abimael Guzmán”, dice mientras camina a su celda con un cigarrillo entre las manos. “Pero a todos ustedes les digo que yo me pronuncio por hechos. Y ahorita el hecho es que Ollanta ha reivindicado la Constitución del 79 y con eso el ‘Andahuaylazo’. ¿Saldré por amnistía o indulto? No especulemos. El hecho es que salgo”.

Chile: estudiantes y carabineros se enfrentaron durante protestas

Centenares de estudiantes chilenos que trataban de manifestarse, pese a una prohibición gubernamental, fueron duramente reprimidos por la policía que cercó plazas y avenidas céntricas para impedir las marchas y detuvo a un número aún indeterminado de jóvenes.

Los incidentes, según fuentes policiales y estudiantiles, se concentraron en los alrededores de la céntrica Plaza Italia, punto inicial de una marcha convocada por los estudiantes secundarios y de otra, fijada para horas de la tarde, de universitarios y profesores.

Grupos de estudiantes, de entre 200 y 300 integrantes cada uno, trataron de acceder a la plaza desde calles, parques y avenidas adyacentes, pero el sector fue cercado con vallas por la policía, que además desplegó centenares de efectivos que abortaron cada intento de los jóvenes.

Algunos de los grupos también trataron de acceder a la Alameda Bernardo O’higgins, la principal avenida d Santiago, para desfilar en respaldo a sus demandas de una mejor educación pública, gratuita y de calidad.

El Gobierno anunció el miércoles la prohibición de manifestarse en el centro de la capital chilena y hoy cumplió su propósito con el uso de la fuerza.

CONDENAN REPRESIÓN CONTRA ESTUDIANTES

“Así debe haber sido hace treinta años”, dijo a los periodistas Paloma Muñoz, portavoz de la Coordinadora de Estudiantes Secundarios, en alusión a la época de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990).

“Santiago está en estado de sitio”, comentó por su parte Camila Vallejo, presidenta de los estudiantes de la Universidad de Chile, mientras Laura Ortiz, otra dirigente secundaria, dijo que el gobierno ha recurrido “a tácticas dictatoriales” para reprimir a los estudiantes y su derecho a expresarse.

“Incluso hemos escuchado disparos, esto es inaudito”, dijo Ortiz a radio Cooperativa, quien añadió que los estudiantes persistirán en su derecho a expresarse en lugares públicos, a pesar de la represión.

También anunció el propósito del sector de concurrir a la convocatoria posterior de universitarios y profesores que, según Camila Vallejo, está en evaluación tras “la brutal represión” desatada contra los secundarios.

TODAVÍA SIN ACUERDO

Los estudiantes, que llevan más de dos meses movilizados, desafiaron la prohibición de manifestarse y esperan responder este viernes a una propuesta gubernamental que busca terminar las protestas, aunque una docena de federaciones ya adelantaron su rechazo a la proposición, de 21 medidas, que consideran ambigua y alejada del fondo de los problemas de la educación chilena.

Las manifestaciones comenzaron a primera hora de este jueves, con la instalación de barricadas en al menos de una docena de lugares de alta afluencia del tránsito en Santiago y acciones similares en otras ciudades del país.

El hermano preso de Ollanta Humala asegura que su libertad está próxima

(EFE).- Antauro Humala, el hermano del presidente de Perú, Ollanta Humala, que cumple pena de cárcel por la muerte de cuatro policías durante el levantamiento militar que protagonizó en 2005, aseguró en una entrevista publicada hoy que su liberación está próxima y depende de una decisión política.

'La mesa está servida. No sé si será cuestión de días o semanas, pero yo salgo. Las condiciones están dadas', afirmó el mayor del Ejército peruano en situación de retiro a la revista semanal Caretas, en una entrevista publicada hoy y realizada el pasado martes.

Antauro Humala fue condenado en 2009 a 25 años de prisión por liderar un levantamiento militar en Andahuaylas, al norte de Lima, en enero de 2005 y que causó la muerte de cuatro policías.

Al recordar aquellos hechos, el hermano del actual presidente de Perú señala que el primer punto del manifiesto de su asonada militar fue la reivindicación de la Constitución de 1979, la misma que Ollanta Humala mencionó durante la juramentación de su cargo el pasado 28 de julio en el Congreso.

'Por lo tanto el escenario es propicio. Nos tienen que dar una amnistía. Nos corresponde dejar de ser considerados reos políticos para convertirnos en precursores (del cambio). Y un precursor como yo no puede estar preso', aseguró Antauro.

El pasado 23 de julio, la Corte Suprema peruana se pronunció sobre el recurso presentado por el abogado de Antauro, su padre, Isaac, y, basándose en que el delito de asesinato no estaba probado, se pronunció por reducir la pena a 19 o 17 años, una decisión que aún no es firme.

A esta decisión se podría sumar la eliminación dentro de la sentencia del delito de secuestro, lo que permitiría a Antauro acogerse a los programas de reducción de pena, acortando significativamente su tiempo en prisión.

'Con eso tengo el camino libre. Yo no estoy preso como Alberto Fujimori por lesa humanidad. Entonces me corresponde salir y la decisión es política', afirmó Antauro al medio peruano.

Esta entrevista no es la primera que concede el hermano de Ollanta Humala a medios peruanos en las últimas semanas, en un intento por poner en agenda su posible salida, lo que ha despertado las condenas de algunos periodistas y políticos críticos al mandatario peruano.

Aunque el nuevo ministro peruano de Justicia, Francisco Eguiguren, afirmó tras asumir su cartera que 'el caso Antauro no está en agenda', algunos congresistas del partido de Humala se han mostrado a favor de la excarcelación.

'Me parece injusto que lo hayan condenado a tantos años de cárcel. Vamos a apoyar la amnistía', señaló el congresista Walter Acha al diario Perú.21.

El presidente Humala, por su parte, ha declarado que el tema de su hermano preso le corresponde al Poder Judicial y no a él; sin embargo, Caretas señala que el mandatario 'parece estar sometido a un torniquete familiar'.

'No solo mi padre, toda mi familia cree en mi inocencia', señaló Antauro, quien calificó como especulaciones las versiones que indican que la primera dama peruana, Nadine Heredia, se opondría a su excarcelación.

Sancionan a Doe Run por 350 millones debido a contaminación por plomo en EE.UU.

El último fin de semana, las empresas Doe Run, Fluor Corp y A.T. Massey Coal fueron condenadas a pagar 358.5 millones de dólares como indemnización a diversos pobladores de la ciudad de Herculaneum, Sant Louis (EE.UU.) debido a daños a la salud ocasionados por una fundidora de plomo.

Según medios estadounidenses, el jueves pasado 16 pobladores afectados recibieron 38,5 millones de dólares por daños ocasionados a la salud y pérdidas por la contaminación entre los años 1986 y 1994. Un día después, recibieron una indemnización de 320 millones por la negligencia de los antiguos propietarios de la fundidora.

La demanda, como publicó el portal STLToday.com, “tenían como objetivo castigar y disuadir a la empresa”. Cabe resaltar que los abogados de los demandantes solicitaron 208 millones de dólares de indemnización. Sin embargo, el jurado les otorgó una cantidad superior.

ESPERAN QUE SANCIÓN SE REPLIQUE EN PERÚ

Actualmente nuestro país mantiene un arbitraje internacional con Doe Run Perú (DRP) que, pese a incumplir sus principales obligaciones ambientales, presentó una demanda contra el Estado por 800 millones de dólares.

Frente a la sanción impuesta en EE.UU., la Asociación Interamericana para la Defensa del Ambiente (AIDA) señaló que durante su funcionamiento, DRP afectó -como en Herculaneum- a los pobladores de La Oroya, sobre todo a las personas con mayor vulnerabilidad como los niños de la zona.

“La cifra de la condena en los Estados Unidos evidencia la gravedad de la contaminación por plomo, en particular en niños y niñas, demostrando una vez más la magnitud de las violaciones de derechos humanos ocurridas en Missouri y en La Oroya”, dijo Astrid Puentes Riaño, Codirectora Ejecutiva de AIDA. “Por ello insistimos en las medidas que están pendientes en La Oroya para atender esta situación”, puntualizó.

Por su parte, Ramón Rivero, del Programa de Ciudadanía y Asuntos Socioambientales de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental (SPDA), calificó como ejemplar esta sanción por lo que ante situaciones similares debería tomarse como referencia en otras latitudes como la peruana.

“Si bien hay normas que establecen medidas correctivas (como una sanción o la adecuación a los márgenes legales ambientales), desde la SDPA entendemos que existen principios básicos, o derechos fundamentales (como la salud, la vida, la integridad) que suponen un interés superior, alrededor del cual deben girar todas las disposiciones o actos de justicia ambiental”, indicó.

“Medidas como la dispuesta contra Doe Run en EE.UU. suponen una acción correctiva desde un Estado que, en este caso, busca resarcir a los afectados de manera equivalente al daño ocasionado. Habría que preguntarnos si las medidas dispuestas por el Estado peruano a la fecha, con relación a los daños de DRP en La Oroya, contiene esta lógica reparatoria”, agregó el especialista.

“Es necesario establecer medidas relacionadas a la salud pública más eficaces que solo mediciones y controles, sino que influyan en el bienestar de los habitantes de La Oroya. Además, debería evaluarse la posibilidad de incrementar los montos a invertir en las reparaciones en la zona”, puntualizó Rivero.

Doe Run Resources Corporation es subsidiaria de Renco Holding Company, cuyo dueño es el empresario Ira Rennert. La empresa operó en el Complejo Metalúrgico de La Oroya de 1997 a 2009, fecha en que fue paralizada debido a problemas financieros y ambientales.

Mocha se desdice: ahora respeta la C93

La Ministra de la Mujer, Aida García Naranjo, se desdice y ahora sostiene que respetará el mandato de la Constitución de 1993. Afirmó que no planteó regresar a la Constitución del 79 aunque considera que deben aplicarse reformas a la Carta Magna vigente. Hace unos días la ministra declaró que era necesario una nueva Constitución. Aquí un extracto de la entrevista que le concedió a Jaime Chincha en "Con Café y Noticias".

"Yo soy la próxima víctima"

La congresista Luz Salgado dijo que ella es la próxima víctima de la bancada nacionalista en referencia a la suspensión de su colega de bancada, Martha Chávez. Señaló que integrantes del oficialismo le dijeron "te hemos salvado la vida" por lo que afirmó que no le sorprendería que busquen, próximamente, suspenderla del Congreso. Luz Salgado estuvo esta mañana en el "Primer con Café y Noticias".

Abugattas sobre sanción a Martha Chávez: "Es lo mínimo que merecía"

El titular del Congreso de la República, Daniel Abugattas, destacó el carácter ejemplarizador de la sanción contra la legisladora Martha Chávez, y consideró que suspenderla 120 días es “lo mínimo que merecía” por haber intentado deslucir la ceremonia de investidura del presidente Ollanta Humala en presencia de jefes de Estado.

“Ha sido una sanción ejemplar y es lo mínimo que merecía una persona que alteró la transmisión de mando, el acto más solemne celebrado cada cinco años”, declaró a la agencia Andina.

Añadió que el objetivo de la mencionada parlamentaria fue socavar las instituciones democráticas, y subrayó que con ello confirmó su poco aprecio a la democracia y la institucionalidad.

Abugattas descartó que la sanción haya obedecido a una venganza política y, por el contrario, dijo que fue necesaria para sentar un precedente contra aquellos que muestren actitudes similares.

La sesión extraordinaria del pleno del Congreso, realizada con carácter de reserva, culminó anoche minutos después de las 9 de la noche luego de aprobarse por mayoría suspender a Martha Chávez por 120 días sin goce de haber.

Abugattas informó que tras la votación se presentó una reconsideración que no se tomó en cuenta, pues fue planteada luego del plazo reglamentario.

“No hay reconsideración que valga; se le debe comunicar y no permitir el ingreso a las instalaciones del Congreso, ni a su personal y ahora se cerrará su despacho por 120 días y el Parlamento continuará sus funciones”, concluyó.