El grupo indio Zamin Ferrous suspendió las operaciones para explotar hierro a tajo abierto en Cerro Chato (Uruguay) tras la resistencia de grupos ambientalistas. Al mismo tiempo, el Gobierno aceptó la creación de una comisión multipartidaria para proponer una política integral respecto a la minería, en un país que nunca ha sido tradicionalmente minero. El gerente de la minera Aratirí -filial uruguaya del grupo indio Zamin Ferrous-, Fernando Puntigliano, indicó que el proyecto dejó de ser “prioridad número uno” para la empresa. “En África aparecen 15 proyectos de hierro en los próximos años”, advirtió. “El proyecto no se cae, pero dejó de tener la velocidad que tenía. El dinero se destina a otros proyectos del grupo”, afirmó Puntigliano. Zamin Ferrous recortará la inversión que tenía planeada hasta en un 70%.
La firma india manifestó su descontento por el cariz político que había tomado el proyecto y por la lentitud con la éste que avanzaba. La mina Aratirí iba a representar la mayor inversión privada de la historia de Uruguay.
Por su parte, el Gobierno aún no había autorizado a la firma el inicio de explotación y había pedido un nuevo informe de impacto ambiental. De un rotundo entusiasmo inicial, la administración izquierdista de Pepe Mujica ha ido aceptando la necesidad de mayor debate. Ayer, el presidente insistió con la importancia del proyecto, declarando con su habitual tono informal: “Uruguay tiene hierro en pila. No seamos tontos, ¿ta?”. Sin embargo, aceptó la creación de una comisión interpartidaria para analizar y desarrollar una política nacional común para proyectos mineros. “Ningún Gobierno debe tomar resoluciones en cuestiones tan de fondo que van a repercutir 30 o 40 años en la vida de la gente”, declaró.
La mina de hierro se ubicaría en Cerro Chato, en la zona conocida como Valentines, en el centro-este del país. Los recursos minerales podrían tener un potencial por encima de los 5 mil millones de toneladas. La tonelada se cotiza a US$165. La inversión proyectada ronda los 3 mil millones de dólares, y los ingresos alcanzan la suma de 500 mil millones de millones.
El proyecto originó una fuerte polémica en Uruguay, país que no tiene una tradición minera. Pobladores de la zona, organizaciones y activistas ambientalistas rechazan los posibles efectos de la explotación de hierro bajo la modalidad de minería a tajo abierto. El plan incluye un mineroducto de 200 kilómetros hasta el mar y un puerto de aguas profundas en la costa. Estos otros dos proyectos también fueron cuestionados por pobladores y movimientos ecologistas, por el impacto que pueden tener sobre áreas protegidas y sobre la zona costera, básicamente dedicada al turismo.
Legisladores de la oposición también cuestionan el proyecto, porque consideran que dejaría pocas ganancias al Estado. En ese marco, el 14 de julio tres ministros fueron interpelados para responder sobre el plan.
Este conflicto tiene lugar en el marco de una agresiva expansión de la inversión minera en el continente, que viene generando fuerte polémica no sólo en Uruguay sino en Perú, Ecuador, Bolivia, Argentina, Brasil y otros países.
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