La sentencia es de 30 años por cada uno de los asesinos masacrados, confirmados en el caso de la matanza perpetrada en la aldea Las Dos Erres, en el departamento de Petén, ubicado al norte del país. Y deberán cumplir otros 30 años por crímenes contra los Derechos Humanos.
Se concluyó que los cuatro ex militares “actuaron de una forma salvaje y cruenta para asesinar a los 201 campesinos”.
Se trata del primer juicio a militares acusados por delitos de genocidio. Los asesinatos contra los productores agrícolas son considerados una de las más atroces durante la época del conflicto armado interno.
Durante una semana, el Ministerio Público presentó en el proceso contra los imputados pruebas consideradas suficientes para determinar su participación en el masivo crimen.
De acuerdo con las investigaciones, una tropa de militares entró a la aldea el 6 de diciembre de 1982 para buscar fusiles robados por la guerrilla a elementos del Ejército. Pese a que no hallaron las armas acusaron a los pobladores de colaborar con las organizaciones insurgentes.
Entonces, unos 250 hombres, mujeres y niños se estima fueron brutalmente asesinados y sepultados en fosas comunes que cavaron los propios residentes de Las Dos Erres.
El pasado julio, Estados Unidos extraditó al ex soldado guatemalteco, Pedro Pimentel Ríos, de 54 años de edad, por su presunta implicación en la matanza. En tanto, la Fiscalía guatemalteca procederá con su caso de forma separada.
En el momento de exterminio Guatemala era gobernada por el general Efraín Ríos Montt, actualmente diputado al Congreso de la República por el partido Frente Republicano Guatemalteco.
Las acciones militares formaron parte de las decenas de matanzas cometidas por las fuerzas de seguridad y los paramilitares, durante el periodo bélico, en aplicación de la política de tierra arrasada destinada a acabar con la guerrilla y sus bases de apoyo.
El gobierno del actual presidente, Álvaro Colom, ha sido presionado por numerosas organizaciones a favor de Derechos Humanos para llevar ante los tribunales a los criminales de guerra guatemaltecos.
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