Mineras aceptaron pagar más impuestos

Durante la exposición de la política gubernamental ante el pleno del Congreso, que tiene como objetivo –según se ha adelantado– mantener el crecimiento económico con inclusión social, el jefe del gabinete, Salomón Lerner Ghitis, anunció que el Gobierno y las mineras llegaron a un acuerdo para que estas paguen un gravamen de S/.3,000 millones por año (S/.15,000 millones en cinco años).

Lerner sostuvo que este nuevo acuerdo tributario -del que no especificó detalles- no afectará la inversión ni la competitividad de las empresas mineras, y facilitará una inversión por US$30,000 millones en el sector minero durante el próximo lustro.

Al inicio de su exposición en el hemiciclo, el premier planteó cuatro horizontes y ejes que seguirá el Gobierno durante su mandato, en el que –ratificó– se priorizará el crecimiento con inclusión social y democracia.

En ese sentido, destacó que se trabajará por la igualdad de derechos y oportunidades, y la obtención de metas sociales asociadas con los objetivos del milenio. Subrayó que esta labor se realizará en el marco de una concertación económica y social en ámbito regional, nacional y social.

Parlamentarios con intereses privados se ubican en estratégicas comisiones

¿Qué hacen juntos un empresario minero con denuncias penales por extracción ilegal y contaminación, un proveedor de servicios a compañías mineras sentenciado por proxenetismo y un dirigente de mineros artesanales que posee concesiones mineras y tiene un juicio por peculado? Son nada menos que integrantes de la recientemente instalada Comisión de Energía y Minas del nuevo Congreso de la República.

Se trata de los congresistas Francisco Ccama Layme, Néstor Valqui Matos (ambos de Fuerza 2011) y Eulogio Romero Rodríguez (Gana Perú), quienes tienen un potencial conflicto de intereses que debería haberlos inhibido de integrar ese estratégico grupo de trabajo en el que se discutirán temas y proyectos de ley relacionados a sus negocios privados.

Sin embargo, Energía y Minas no es la única de las 24 comisiones ordinarias del Parlamento con integrantes que pueden tener el mismo problema. Como lo mostramos en el cuadro que acompaña este informe, El Comercio ha detectado por lo menos a 10 legisladores que se han colocado en comisiones en la que sus actividades privadas pueden afectar la transparencia de sus propuestas y votos.

Por ejemplo, en Educación, Juventud y Deporte están dos propietarios de universidades: José Luis Elías Ávalos, fundador y dueño de la universidad San Juan Bautista, y Richard Acuña Núñez, quien junto a su familia es dueño de las universidades César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma del Perú.

Solo basta recordar el escandaloso caso de la Universidad Alas Peruanas ocurrido en el anterior Congreso (2006-2010), cuya Comisión de Educación no pudo aprobar una nueva Ley Universitaria ni ordenar el caos de las filiales, debido a que los entonces legisladores Édgar Núñez y Wilder Calderón, asociados a dicha universidad (que tiene varios procesos judiciales), integraron en dos oportunidades ese grupo y presentaron un proyecto de ley que solo beneficiaba a Alas Peruanas.

LA CONFORMACIÓN

¿De quién es la responsabilidad de la ubicación de los congresistas en las comisiones? Cada bancada parlamentaria designa a sus representantes en los grupos de trabajo y lo único que señala al respecto el Reglamento del Congreso es lo siguiente: “En la conformación de las comisiones se procura aplicar los principios de pluralidad, proporcionalidad y especialidad en la materia”.

Si bien se da importancia a las profesiones de los legisladores para ubicarlos en los grupos de trabajo, hay un vacío legal en el Reglamento del Congreso sobre los conflictos que pueden surgir entre su labor parlamentaria y sus actividades privadas, advierte Eduardo Ferrero, especialista en Derecho Constitucional.

Solo el Código de Ética del Congreso indica que si el legislador participa en la discusión de temas, investigaciones o en el debate y aprobación de leyes en las que pueden estar favorecidos sus intereses personales o de sus familiares, debe comunicar tales vinculaciones. No está prohibido, sin embargo, que tenga voz y voto en esos casos.

¿Qué ocurre si no cumple con informar su conflicto de interés y tampoco se inhibe de participar? Nada. En los registros de la Comisión de Ética del Parlamento no hay antecedentes de sanciones por estas graves omisiones.

Este Diario se comunicó con ocho de los legisladores mencionados en este informe para consultarles sobre su intereses privados y las comisiones que integran, pero solo cuatro de ellos expresaron sus posiciones. El resto prefirió no declarar.

El congresista Néstor Valqui, quien integra la Comisión de Energía y Minas, aseguró que ha transferido la propiedad de su empresa proveedora de servicios a mineras para asumir su función pública a tiempo completo. Mientras, el médico Enrique Wong, integrante de la Comisión de Salud, dijo que aún mantiene las acciones de su clínica y no “ve conflicto alguno con sus actividades privadas”.

El legislador Francisco Ccama, cuyas empresas mineras tienen denuncias penales por contaminar el río Ramis, pidió hablar con sus asesores para que justifiquen su presencia en la Comisión de Energía y Minas. Por su parte, el congresista Héctor Becerril, ex directivo de Pomalca, rechazó que algún interés particular motive su presencia en la Comisión Agraria.

NECESARIOS CAMBIOS

Samuel Abad, ex defensor adjunto de la Defensoría del Pueblo, plantea la modificación del Reglamento del Congreso para precisar, por ejemplo, la obligatoriedad de que el legislador no solo comunique, también se inhiba de participar y votar en temas ligados a sus intereses personales. “Hay que evitar que la transparencia e imparcialidad de las decisiones del congresista se comprometa y distorsione por motivos particulares. Este Congreso puede corregir los errores de los anteriores”, apunta.

Un referente puede ser Colombia, donde los congresistas están obligados a llevar un libro de registro de sus intereses privados. Allí dejan constancia sobre su participación en sociedades anónimas o en cualquier organización o actividad privada económica o sin ánimo de lucro, de la cual forman parte en su país o en el exterior. Si se prueba que han omitido información y logrado un beneficio personal, pueden ser sancionados hasta con la pérdida de la investidura.

Para Samuel Rotta, coordinador de proyectos de Pro Ética, más allá de establecer medidas limitantes para los congresistas es fundamental el fortalecimiento de la Comisión de Ética del Congreso para que se convierta en un grupo respetado y con apoyo institucional que investigue y sancione cuando se debe.

Empresarios y Congresistas

EDUCACIÓN, JUVENTUD Y DEPORTE

Richard Acuña Núñez. La Libertad

Profesión: Licenciado en Administración
Cargo: Miembro titular
de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.

Actividad privada: Junto a su familia, es uno de los propietarios de las universidades César Vallejo, Señor de Sipán y Autónoma del Perú.

José Luis Elías Ávalos. Ica

Profesión: Abogado
Cargo: Miembro titular de la Comisión de Educación, Juventud y Deporte.
Actividad privada: Fundador y director ejecutivo de la

Universidad Privada San Juan Bautista desde abril del 2002. Este centro de estudios tiene un juicio por la propiedad de sus terrenos.

TRANSPORTE Y COMUNICACIONES

Esther Capuñay Quispe. Lima

Profesión: Estudios de Economía.
Cargo: Miembro titular de la Comisión de Transportes y Comunicaciones.

Actividad privada: Es dueña, junto a su familia, de 64 radioemisoras agrupadas en la Corporación Universal S.A.C. Su padre tiene una denuncia por la presunta compra irregular de una radio.

SALUD Y POBLACIÓN

César Yrupailla Montes. San Martín

Profesión: Médico cirujano.
Cargo: Vicepresidente de la Comisión de Salud y Población.

Actividad privada: Propietario de la clínica privada San Marcos que pertenece a la Corporación Sefijo S.A.C., en Tarapoto (San Martín). Hasta enero ejerció el cargo de director médico. También es dueño de Ladrillos Tangarana E.I.R.L.

Enrique Wong Pujada. Callao

Profesión: Médico.
Cargo: Secretario de la Comisión de Salud y Población.

Actividad privada: Es uno de los propietarios de la clínica privada San Vicente S.A. Ha sido denunciado por sus propios socios por el presunto delito contra el patrimonio en la modalidad de fraude en agravio de su empresa.

AGRARIA

Héctor Becerril. Amazonas

Profesión: Egresado de Farmacia y Bioquímica.
Cargo: Miembro titular de la Comisión Agraria.

Actividad privada: Ha sido representante legal del complejo agroindustrial Tumán. Es hermano de Víctor Becerril, ex parlamentario y actual gerente general de Pomalca (perteneciente al Grupo Oviedo). Hasta julio pasado, el congresista Becerril fue el jefe de Control Patrimonial y Desarrollo Social de la Empresa Agroindustrial Pomalca S.A., en Chiclayo. En su declaración ante el JNE informó que estuvo en el cargo hasta enero de este año.

ENERGIA Y MINAS

Néstor Valqui Matos. Cerro de Pasco

Profesión: Ingeniero metalúrgico.
Cargo: Secretario de la Comisión de Energía y Minas

Actividad privada: Dueño de Secaval H&N S.A.C., empresa proveedora de diversos servicios a las mineras (construcción civil, metalurgia, alquiler de vehículos, asesoría técnica y ejecución de proyectos). Hasta enero de este año fue presidente del directorio de esta empresa y también gerente de operaciones de Secominc S.R.L., compañía del mismo rubro. Hace tres años, el Segundo Juzgado Especializado Penal de Pasco lo sentenció a dos años de cárcel por proxenetismo.

Eulogio Romero Rodríguez. Madre de Dios

Profesión: Estudios inconclusos de Derecho
Cargo: Miembro titular de la Comisión de Energía y Minas.

Actividad privada: Propietario de la Sociedad Minera de Responsabilidad Limitada Playa Nuevo Horizonte, en Madre de Dios, dedicada a la extracción de oro. Hasta enero de este año fue el gerente general de la empresa. Es el presidente del movimiento regional Mineros Unidos. La Sala Penal Liquidadora de Tambopata lo procesa desde hace seis años por el delito de peculado debido a la pérdida de un lote de madera del Inrena.

Francisco Ccama Layme. Puno

Profesión: Estudios inconclusos de Ingeniería de Minas
Cargo: Miembro titular de la Comisión de Energía y Minas.

Actividad privada: Propietario de las empresas mineras Andes Doradas E.I.R.L. y Oro Puno S.A. Socio de la Cooperativa Minera Santiago de Ananea desde 1990. Asimismo, hasta enero último y durante 23 años consecutivos, presidió la Central de Cooperativas Mineras San Antonio de Poto (Cecomsap). Cuando postuló al Parlamento, Ccama ya enfrentaba diez procesos judiciales por extracción ilegal y contaminación del río Ramis, en Ananea, Puno.

VIVIENDA Y CONSTRUCCIÓN

Virgilio Acuña Peralta. Lambayeque

Profesión: Ingeniero civil.
Cargo: Miembro titular de la Comisión de Vivienda y Construcción

Actividad privada: Accionista de las constructoras Acuña y Peralta S.A. y Acuña y Peralta Negocios Inmobiliarios. El Estado ha sido uno de los clientes de sus empresas en los últimos 20 años, pero varias de sus adjudicaciones han sido cuestionadas. El 2007, Sedalib (empresa de agua de La Libertad) le entregó obras por S/.44 mlls., pese a que su empresa estaba impedida de participar porque su hermano César Acuña presidía la junta general de accionistas de Sedalib. El contrato se anuló.

Perú: Defensoría del Pueblo explica alcances de la Ley de Consulta Previa

El adjunto para el Medio Ambiente, Servicios Públicos y Pueblos Indígenas de la Defensoría del Pueblo, Iván Lanegra, explica los alcances de la Ley de Consulta para Pueblos Indígenas, aprobada ayer en el Congreso de la República.

Lanegra también explica los planteamientos del Convenio 169 de la OIT, el proceso de consulta en caso de obras de infraestructura y, además, agrega que dicha norma no afecta la inversión en nuestro país.

Perú: Entérese cómo roban nuestras riquezas mineras las transnacionales

Cifras que presentan los estimados de fuga de capital y evasión tributaria de las mineras en el Perú. El cuadro proviene del informe de “Christian Aid” titulado “Socavando a los pobres: Reformas tributarias en América Latina”. Fue publicado en septiembre de 2009. Haga clic sobre la imagen para ampliarla en una nueva ventana y poder leer el texto con comodidad.

Escribe: César Vásquez Bazán

Las mineras transnacionales se caracterizan por ser unas tremendas pendencieras en su objetivo de pagar el mínimo posible de impuestos al Perú, ganar harta plata y fugar capital del país.

Estas compañías son las que en este mismo momento le están dictando al régimen de la humalada cómo será lo que ellas llaman “el impuesto a las sobreganancias”.

¿Cómo hacen las mineras para pagar menos impuestos y fugar capitales?

Los multimillonarios mineros manipulan de lo lindo los precios a los cuales exportan los recursos mineros peruanos.

Lo que no se discute usualmente es que una importante proporción de las ventas de las mineras transnacionales que operan en el Perú se realiza a otras compañías que llamaremos “hermanas” o “afiliadas” por ser propiedad de la misma empresa matriz mundial.

Básicamente, el precio de venta del producto minero peruano a la compañía hermana es reducido o subvaluado por la empresa que opera en nuestro país. De esta manera, con precios más bajos, las utilidades de la minera en el Perú son más reducidas y los impuestos a pagar son mucho más bajos.

Para viabilizar el negocio, las mineras que operan en el país emiten facturas de exportación “arregladas” para sustentar los precios subvaluados, “cocinando” registros contables e informes.

Violan la ley de esta manera tan campante porque saben que metiendo un sencillo en el bolsillo de los gobernantes no se producirá una verdadera auditoría de sus manipulaciones.

La práctica que hemos descrito líneas arriba se conoce como manipulación de los precios de transferencia (entre filiales de la misma matriz transnacional).

¿A cuánto asciende la fuga de capitales y el menor pago de impuestos en el Perú?

Las cifras existentes al respecto indican que en los tres años del período 2005-2007, las mineras transnacionales lograron sacar del país fraudulentamente la cantidad de 388 millones de dólares. Asumiendo la vigencia de una tasa de impuesto a la renta de 30%, esto significa que los mineros pendencieros dejaron de pagar tributos por 116 millones de dólares.

Por supuesto, el problema es más grave de lo que parece ser, porque las estadísticas anteriores sólo cubren la cuarta parte de las exportaciones mineras peruanas (es decir, las realizadas a los Estados Unidos y a la Unión Europea) y en un período de solo tres años (2005, 2006 y 2007).

Para percibir lo que se está dejando de lado, tenga usted en cuenta que las cifras no incluyen las exportaciones peruanas a otros países como Suiza, China, Japón, Canadá, Corea del Sur o Chile. Tampoco incluyen exportaciones mineras trianguladas pendejamente a los compradores finales a través de paraísos fiscales.

Por eso, cuando usted lea en el periódico que el ministro de Energía y Minas de la humalada viene “concertando con la industria la modificación del pago de regalías” y que en el futuro éstas se pagarán sobre las utilidades, recuerde que las transnacionales mineras son tremendas especialistas en la manipulación de los precios de transferencia y, por tanto, en desinflar sus utilidades para pagar menos impuestos al Perú y fugar capitales. Es decir, en hacernos cojudos (como siempre)

Libia: ¿dónde puede estar Gadafi?

Los rebeldes toman su cuartel general y el coronel Gadafi responde que luchará hasta el fin y que su retirada es sólo táctica. Los rebeldes, naturalmente, no le creen, pero tampoco creen que habrá tranquilidad en Libia hasta que el líder y su entorno sean capturados. Pero, ¿dónde puede estar Gadafi?

"Creemos que está en Trípoli o muy cerca de Trípoli" -le dijo a la BBC Guma el-Gamaty, portavoz del Consejo Nacional para la Transición.

"Tarde o temprano, lo encontraremos, ya sea vivo y arrestado - y ése es el final que esperamos - o, si resiste, lo mataremos".

Cualquiera que sea el resultado, por el momento, el paradero exacto de Gadafi y su entorno es totalmente desconocido, y esto podría explicarse en virtud de una serie de túneles que- presuntamente- se extienden por Trípoli, y hacia las afueras de la capital.

El periódico británico The Daily Telegraph afirma que estos túneles fueron construidos a mediados de los '80, como parte de un vasto sistema de irrigación.

Según el mismo periódico, al menos los túneles construidos bajo Trípoli le son conocidos a la OTAN, ya que la mayoría de ellos fueron construidos por compañías occidentales.

El hotel Rixos

Anoche, entre las 8 y las 9, el enviado especial de la BBC a Trípoli, Rupert Twinfield-Haze presenció un nutrido intercambio de disparos entre los rebeldes y fuerzas leales a Gadafi, parapetadas en el bosque de detrás del el ex cuartel general de Bab al-Aziziya.

Hoy, en la mañana, aviones de la OTAN dejaron caer sus bombas en distintos lugares de la capital libia, donde todavía hay resistencia.

Uno de esos lugares que aún resiste es el área donde se sitúa el Hotel Rixos.

El sector está todavía en manos de los partidarios de Gadafi, los que se encargaron de mantener a un grupo periodistas extranjeros detenidos en el interior. Sin embargo, los comunicadores ya fueron autorizados a abandonar el establecimiento.

El edificio presenta más de una particularidad. Según Rupert Twinfield-Haze, la televisión libia se mudó, hace unos meses, a uno de sus sótanos, que es de donde realizan sus transmisiones.

La Ley de Consulta ¿y ahora qué?

El presidente de Viceversa Consulting, Óscar Díaz, dijo que la Ley de Consulta Previa, aprobada anoche por el Congreso, no significa que las comunidades nativas tengan la última palabra sobre los proyectos en sus localidades. Señaló que el Gobierno debe mejorar su comunicación con las comunidades indígenas y hacerles conocer el verdadero significado de la norma. díaz conversó con Samuel Rivera, en "Tiempo Real". 

Ex ministro Romulo Mucho: "Ley de Consulta Previa hace viable Santa Ana"

El exviceministro de minas, Rómulo Mucho, sostuvo que con la Ley de la Consulta Previa, proyectos mineros como Santa Ana serán viables ya que las comunidades aledañas al proyecto, en el sur de Puno, no se opondrán a la minería, ya que conocen los beneficios de la actividad extractiva. Mucho estuvo esta mañana en "Café y Noticias"

Chile: Un país paralizado

La amplia convocatoria al paro de la CUT se evidencia con mayor fuerza en regiones. En Puerto Montt hubo una marcha en la que participaron unas 20 mil personas, acompañada de una inédita marcha de 70 embarcaciones. También hay protestas en Chiloé, Copiapó, Antofagasta, Viña del Mar y Concepción, entre varias otras ciudades. Mientras medio Chile está paralizado el presidente Sebastián Piñera almuerza con el Huevo Fuenzalida.

Cortes de calle en diversos puntos del país y una notoria ausencia laboral son el principal síntoma del paro nacional convocado por la Central Unitaria de Trabajadores (CUT) para este miércoles 24 y jueves 25.

Pese a la insistencia del Gobierno en que se trata de una jornada normal y que hay escasa adhesión al paro, las imágenes de distintos puntos de Santiago dan cuenta de que un gran porcentaje de la población adhiere a la movilización, ya sea participando activamente en las manifestaciones callejeras o quedándose en sus hogares.

Las protestas comenzaron anoche en varios sectores de Santiago. Carabineros dispersó con carros lanza aguas a estudiantes que cortaron el tránsito de manera intermitente en las afueras de la Universidad de Chile. También hubo disturbios en La Pintana y Huechuraba. Según Carabineros, uno de sus efectivos recibió un impacto de bala en la población La Pincoya.

También se reportó una camioneta quemada en horas de la madrugada en las intersecciones de Esperanza con Romero, en pleno centro de Santiago.

En forma pacífica miles de personas han salido a protestar desde la madrugada en varias intersecciones de Santiago. Así ocurrió en distintos puntos de Vicuña Mackenna; en Santa Rosa con Vespucio; en el Paradero 25 de Gran Avenida; Providencia con Los Leones; en diversas parte de Av. Pajaritos; en Independencia; y en otros puntos de la capital.

Hubo barricadas en Alameda con República, Alameda con Av. España, Pajaritos al llegar a Américo Vespucio, Macul con Juan Gómez Millas, Costanera Andrés Bello con Huelén, Vitacura al poniente con Holanda y Alameda al oriente con General Velásquez.

En dichos cortes de calles participaron estudiantes universitarios y secundarios, así como también vecinos, trabajadores municipales y de otros gremios asociados a la CUT.

En Providencia una marcha pacifica recorrió Ricardo Lyon hacia costanera Andrés Bello.

En Las Condes cerca de un centenar de estudiantes secundarios del colegio La Girouette realizaron una marcha hasta el mall Parque Arauco. Carabineros no los dejó ingresar al recinto comercial y tampoco estar en la pasarela contigua la centro comercial.

También hubo otra marcha que partió desde el frontis de la Universidad de Santiago y llegó hasta Av. República, en la que participaron secundarios de los colegios del sector y universitarios de la Usach y de las casas de estudio privadas ubicadas en el sector, como la Universidad de las Américas.

En la Plaza de Puente Alto una pacífica marcha de estudiantes, profesores y profesionales de la salud fue violentamente dispersada por carabineros.

Según la presidente de la Federación de Estudiantes de la Umce, Camila Donato, una marcha que organizaron por los alrededores de su universidad contó con la participación de más de mil estudiantes.

En la Plaza de Armas se manifiestan empleados fiscales de diferentes sindicatos como: Banco de Chile (que llevan 18 días en huelga) y Correos de Chile.

También hubo protestas en el Aeropuerto de Santiago y colectiveros y taxistas han hecho caravanas de protesta por diferentes arterias de la ciudad.

PROTESTA EN REGIONES

En regiones también la protesta se hizo sentir. Estudiantes de la Universidad Católica del Norte (UCN) realizaron protestas en Antofagasta.

Los estudiantes de la UCN cortaron la Av. Angamos. A la movilización adhiere la CUT local, por lo que distintos departamentos municipales y oficinas públicas y aduanas están cerrados. En los consultorios los funcionarios realizan turnos éticos.

También estudiantes de la Universidad de Atacama y secundarios en Copiapó protagonizaron protestas en las calles de esa ciudad. La Seremi de Educación regional recibió bombas de pintura.

En Coquimbo también hubo una marcha de estudiantes y trabajadores. Los servicios públicos tampoco funcionan hasta el viernes. Una marcha será realizada a partir de las 16 horas, la que partirá del sector de El Empalme de Coquimbo. Para mañana jueves la marcha central se realizará por las calles de La Serena.

En Valparaíso la jornada comenzó temprano cuando vecinos cortaron uno de los accesos a Quintero.

En la ciudad puerto la convocatoria ha sido alta, estando cerradas muchas oficinas públicas, el Registro Civil y Chilquinta. En Playa Ancha hubo barricadas y algunas manifestaciones.

En Viña del Mar una marcha organizada por la CUT congregó a miles de manifestantes por las calles de la ciudad jardín. Un millar de ellos se reunió en el frontis del Teatro Municipal de la ciudad y marcharon por la calle Arlegui. Horas antes hubo barricadas en Limonares y Miraflores.

En La Ligua un gran número de personas se tomó la Gobernación y marcharon por la avenida principal. También hubo protestas en las calles de Quilpué y Villa Alemana.

En Concepción, estudiantes de San Pedro de la Paz se tomaron el puente Llacolén, que cruza el río Biobío.

En Temuco en horas de la madrugada fue cortada la carretera que une Lumaco con la capital regional. También hubo protestas en las afueras de la Universidad de La Frontera.

Pese a la lluvia en Talca hubo marchas el mediodía, reuniéndose los trabajadores en la  Plaza La Loba.

En Puerto Montt a través de Twister se informa que una inédita marcha de 70 embarcaciones salió desde la isla Tenglo.

Además un grupo de manifestantes levantó barricadas en el acceso a la Intendencia de la Región de Los Lagos y en parte de la costanera en Puerto Montt.

Según El Repuerto, más de 20 mil personas salieron a las calles en la ciudad sureña.

En Chiloé, pescadores y comunidades huilliches se tomaron la carretera en los alrededores de Chonchi. También se informa que el puente Pudeto en Ancud y el acceso norte a Castro estarían tomados.

En horas de la noche del martes, secundarios de Queilén se tomaron las dependencias del Liceo Polivalente, donde hay unos 50 alumnos.

En Punta Arenas, estudiantes de la Universidad de Magallanes hicieron cadena humana y se tomaron algunas calles de la ciudad.

Perú: Lo esencial del derecho a la consulta

Por Jorge Agurto

Uno de los derechos colectivos que tienen los pueblos indígenas es el derecho a la consulta para obtener su consentimiento previo, libre e informado.

El Convenio sobre Pueblos Indígenas núm. 169 de la Organización Internacional del Trabajo señala que:

“las consultas deberán efectuarse de buena fe y de una manera apropiada a las circunstancias, con la finalidad de llegar a un acuerdo o lograr el consentimiento acerca de las medidas propuestas“.

La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas señala que:

“Los Estados celebrarán consultas y cooperarán de buena fe con los pueblos indígenas por medio de sus instituciones representativas antes de adoptar y aplicar medidas legislativas o administrativas que los afecten, a fin de obtener su consentimiento libre, previo e informado“.

Como podemos apreciar, la consulta no es un fin. Sino un medio para obtener el consentimiento de los pueblos y comunidades indígenas antes de que se adopte algún proyecto o se dicte una medida legal o administrativa que los pueda afectar.

La consulta es el procedimiento.

La buena fe es el requisito, la condición que debe animar a las partes.

El consentimiento es la finalidad, el cual debe expresarse en un acuerdo entre las partes: El Estado -ya sea central, regional o local- y los pueblos y comunidades indígenas.

Características

El derecho a la consulta para el consentimiento libre, previo e informado es un proceso. No es -como se piensa- un acto informativo o una simple votación o referendo.

Es, en lo esencial, un diálogo sincero, respetuoso, entre partes que se reconocen y respetan. No es ni puede ser una imposición unilateral.

La consulta persigue un acuerdo que debe ser resultado de una negociación de buena fe. En consecuencia, una vez logrado el acuerdo es lógico que sea obligatorio o vinculante para ambas partes que han intervenido en el proceso.

Por eso, la consulta no es un mero formalismo que el Estado debe cumplir. Tampoco es un derecho a veto que puede ser usado de manera caprichosa por la parte indígena.

Requisitos

Para que se cumpla el derecho a la consulta y el consentimiento previo, libre e informado es necesario:

- Que la consulta se realice de manera previa, antes, de cualquier proyecto, norma legal o decisión administrativa que afecte a los pueblos indígenas.

- Que los pueblos indígenas sean adecuadamente informados, con información de calidad. Esto es decir, deben recibir información oportuna, clara, pertinente, adecuada y suficiente.

- Que la consulta debe realizarse de manera libre, sin presiones, y respetando las formas tradicionales y propias de deliberación y decisión de las organizaciones indígenas.

- Que el Estado debe garantizar la independencia y la autonomía de los procesos de consulta para que éstos no estén financiados directamente o manipulados por otras partes interesadas como las empresas.

Virtudes y ventajas:

Reconocer y garantizar el derecho a la consulta y al consentimiento previo, libre e informado es una condición y un requisito de una sociedad democrática, que respeta los derechos humanos y los derechos colectivos de los pueblos indígenas.

El derecho a la consulta, bien entendido, refuerza el diálogo y la negociación transparente.

Garantiza la licencia social de los proyectos, previene los conflictos y fortalece la armonía y la paz social.

Además, brinda una oportunidad para articular el desarrollo y el interés local con el interés nacional.

El derecho a la consulta beneficia a la población local y promueve su participación social, la vigilancia ciudadana y previene también los impactos sociales, culturales y ambientales.

Por eso, el reconocimiento y el respecto al derecho de consulta son un claro indicador y una señal de madurez de una sociedad moderna, que promueve el diálogo intercultural y los valores democráticos en aras de la justicia social.

Diálogo Estado y Pueblos Indígenas: Más allá de la Ley de Consulta

Por Adda Chuecas Cabrera*

La Ley de Consulta Previa de los Pueblos Indígenas u Originarios aprobada por el pleno del Congreso de la República, significa un hecho importante en el reconocimiento de los derechos de los pueblos indígenas y su participación en la toma de decisiones en todo aquello que les afecte.

La consulta como derecho colectivo, distinto a cualquier otro derecho de participación propone el gran reto de institucionalizar el diálogo intercultural a todo nivel y en todos los sectores del Estado.

En ese sentido, el actual gobierno tiene una oportunidad histórica de realizar cambios profundos en nuestro país, el cual acuña una ancestral mirada centralista que no reconoce al otro culturalmente diferente.

Es necesario mirar nuestro proceso histórico como nación y la relación del Estado con los pueblos indígenas para entender los procesos actuales. Como sabemos, a inicios del siglo XX se comienzan a reconocer derechos de los pueblos indígenas relacionados con la seguridad jurídica a la propiedad comunal. Este significativo hecho ubica en el escenario político de la época, un tema de permanente preocupación de los pueblos indígenas, el que hasta la actualidad constituye un tema central en sus demandas.

Aunque ha habido intentos de abordar la relación Estado con pueblos indígenas (el antiguo Instituto Indigenista Peruano, CONAPA, INDEPA) aún no se ha podido implementar una institucionalidad estatal en materia indígena que actúe de forma coordinada y sistemática y transversalice las políticas públicas.

Hay que destacar el trabajo realizado en el gobierno de transición del Dr. Valentín Paniagua en que se aprobó un Plan de Acción Prioritario para atender a las comunidades nativas. Esto significó un proceso concertado entre el Estado -representado por la SETAI-, las organizaciones indígenas y la sociedad civil. Asimismo, las mesas de Diálogo creadas a raíz del conflicto de Bagua buscaban encontrar mecanismos de diálogo y consensos entre el Estado y los pueblos indígenas.

En los últimos años, ha habido una mayor participación de los pueblos indígenas en la escena política. En la actualidad hay representantes indígenas en los gobiernos locales y regionales; la presencia de Eduardo Nayap, primer congresista indígena de nuestra Amazonía en toda la historia republicana, marca un hito en la relación entre el Estado y los pueblos indígenas.

El presente escenario político nos plantea una serie de desafíos que posibiliten un mayor desarrollo humano para todos los peruanos y peruanas. Si nuestro país es pluricultural, pluriétnico y multilingue, como lo ha afirmado el presidente Humala en su mensaje del 28 de julio, ¿cómo crear condiciones para que nuestra democracia nos represente a todos? ¿Cómo conciliar el crecimiento económico con la justicia social? ¿Cómo propiciar que nuestros pueblos indígenas se conviertan en sujetos políticos y aporten, desde sus diversos saberes, en el desarrollo de nuestro país?

El compromiso de este gobierno es producir transformaciones y cambios, promoviendo la inclusión social, pero queremos destacar que este proceso de inclusión social sólo será posible cuando los pueblos excluidos y marginados se conviertan en sujetos de derecho y actores sociales y políticos que participan en el sistema democrático en igualdad de condiciones que los demás ciudadanos. Esto supone reformas institucionales que permitan un nuevo modelo de democracia que incluya diferentes formas de representación basadas en nexos de carácter cultural, étnico y social.

Nelson Manrique (1) sostiene que construir la democracia en el país, supone encarar diferentes formas de representación. El reto actual es plantear nuevos modos de representación que recojan la pluralidad y la diversidad, de esta manera podremos construir un Perú intercultural; un país donde nuestra visión de desarrollo sea compartida desde la articulación de diversos actores sociales con voz pública desde sus diferencias culturales. Esta inclusión debe significar cambios estructurales en la forma de relación del Estado con los pueblos indígenas, que aseguren la mejora de la calidad de vida, así como el acceso a servicios de salud y educación bilingüe intercultural de calidad.

Perú: Aidesep saluda primer paso para reivindicar a los pueblos indígenas

La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) señaló que la aprobación de la Ley de Consulta es un paso importante para el reconocimiento de los saberes, condiciones, necesidades y protección que necesitan los pueblos indígenas, pero que no se debe caer en falsos triunfalismos pues ahora le toca al Ejecutivo conformar el Indepa.

El Consejo Directivo Nacional de Aidesep, que encabeza Alberto Pizango, precisó que si el gobierno utiliza el Instituto Nacional de Desarrollo de los Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos (Indepa), como lo utilizó el gobierno aprista, es decir, como mesa de partes sin decisión ni motivación, no significará ningún avance en la defensa y promoción de los derechos de los pueblos indígenas.

De acuerdo con la primera disposición complementaria de la Ley de Consulta, El Indepa es considerado el Organismo Técnico Especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo, que cumplirá un rol destacado en los futuros procesos de consulta(*).

No obstante, el Indepa no figura en la actualidad como organismo público por haber sido adscrito por absorción al ministerio de Cultura. Su condición sería la de una simple unidad ejecutora.

Aidesep lamentó que durante el régimen aprista el Indepa haya sido un socio silencioso que basaba su desarrollo en la destrucción del planeta y que no reivindicó los derechos indígenas de los atropellos del que fueron víctimas durante siglos por el Estado peruano.

(*) Nota del editor.- El texto final de la Ley de Consulta señala que “Para efectos de la presente Ley, se considera al Viceministerio de Interculturalidad del Ministerio de Cultura como el Órgano Técnico especializado en materia indígena del Poder Ejecutivo “.