Por Ing. José Serra Vega
El Perú firmó el año 2010, durante el gobierno de Alan García, un tratado con Brasil para exportar electricidad a ese país, producida por el represamiento de nuestros grandes ríos amazónicos.
El gobierno del Brasil propuso ejecutar cinco proyectos (el Perú, generosamente, le ha ofrecido 20 proyectos, es decir media Amazonía) y lo repartió entre sus más importantes compañías de construcción. El más importante de esos proyectos es el del río Inambari, que le tocó a OAS, la constructora más grande del Brasil, y a Eletrobrás y Furnas, ambas de propiedad del gobierno brasileño. Estas tres empresas formaron en Puno el consorcio EGASUR, que hizo los Estudios de Factibilidad y de Impacto Ambiental del Proyecto, invirtiendo, quizás, unos $8 millones. Esos estudios proponen la construcción de una central hidroeléctrica con una potencia instalada de 2,200 megavatios (MW), es decir un tercio de toda la capacidad instalada actualmente en el Perú, con un dique de concreto y piedras de 203 metros de altura, el que formaría un embalse que inundaría un área de 378 kilómetros cuadrados. La inversión sería de $4,312 millones para la hidroeléctrica y 882 millones para la línea de transmisión al Brasil. El análisis financiero (1) de donde se han extraído los datos de este artículo no considera la línea de transmisión.
El proyecto ha dividido a la opinión pública peruana entre partidarios, básicamente ingenieros que trabajan en el sector eléctrico y algunos políticos; y adversarios, especialmente los pobladores de la zona afectada y organizaciones ambientalistas.
Los argumentos de los que están por el sí dicen que el Perú se beneficiará de energía barata (pero la energía del Inambari no lo será si se consideran los costos sociales y ambientales), que el sistema eléctrico peruano se beneficiará de su vinculación al sistema brasileño, que es mucho más grande y podría suministrar energía en el caso de una crisis de generación en este país. Además dicen que los brasileños van a poner toda la inversión y la tecnología, que compañías y trabajadores peruanos van a ganar durante la construcción y la operación, y que las regiones van a recibir ingresos del canon hidroeléctrico.
Los medioambientalistas opositores señalan que más de 90,000 hectáreas serían deforestadas, que la ecología del río sería seriamente afectada, que los trabajos y alteración del paisaje causarán grandes pérdidas en la rica biodiversidad de la zona, aledaña al Parque Nacional Bahuaja Sonene, uno de los más importantes del mundo, y que el reservorio producirá millones de toneladas de gases de efecto invernadero, contribuyendo así al calentamiento global, que ya está afectando seriamente a los glaciares de la cordillera de los Andes. Unos 4,000 pobladores deberán ser reubicados, pero ellos han rechazado a la compañía, ya que no quieren abandonar ni sus tierras ni su modo de vida y temen el influjo de miles inmigrantes a la zona, a la búsqueda de trabajo y tierras, con todos los consiguientes males sociales implicados en este tipo de procesos. Reubicarlos satisfactoriamente en la misma región va a ser muy difícil debido a la limitada aptitud agrícola del lugar y a la escasez de tierras.
Hemos analizado el proyecto a partir de los datos publicados para cifrar los beneficios que podría esperar el consorcio EGASUR y sus ventajas y desventajas para las sociedades peruana y brasileña. Para ello se supuso que la construcción del proyecto comenzaría en el 2012, que operaría durante 30 años, a partir del año 2017 y que al final de la concesión sería entregada sin costo al Estado peruano. Se hicieron dos hipótesis de repartición de la generación: 24% (Caso B) y 48% (Caso C) para el Perú, y lo restante para el Brasil. Para estos casos se consideraron los precios actuales de la electricidad: $56.00 por megavatio-hora (MWh) para el Perú y 51.96 para el Brasil. También se consideró un Caso A en el que la tarifa sería la misma para Perú y Brasil: 70.00 $/MWh, que es la que EGASUR ha considerado en su estudio de factibilidad, y por lo tanto no es necesario considerar una repartición de la generación entre los dos mercados. Luego se hicieron análisis de sensibilidad para identificar los umbrales de rentabilidad del proyecto.
También se consideró que EGASUR obtendría una remuneración por concepto del afianzamiento de las centrales de Santo Antonio y Jirau en el río Madeira, en territorio brasileño. Esto quiere decir que durante la estación seca el agua que soltará el reservorio del Inambari podrá ser utilizada por esas centrales, las que deberían pagar por el servicio.
Todos los resultados están en Valores Actuales Netos (2) (VAN) en el cuadro siguiente para tres casos: A, B y C, todos con afianzamiento del Madeira. En el caso A la tarifa es la misma para Perú y Brasil: 70.00 $/MWh, en los casos B y C la tarifa es la actual. Sin afianzamiento del Madeira los casos B y C no son rentables a las tarifas actuales.
El resultado final es que cuando se consideran los costos ambientales y sociales el proyecto es altamente negativo para la sociedad peruana.
Para el caso con 48% de la generación para el Perú, las tres regiones involucradas, Puno, Cusco y Madre de Dios, recibirían un canon de un VAN de $ 1,300,000 por año durante 15 años.
Finalmente se calcularon los aportes del proyecto a las economías del Perú y del Brasil y se llegó a la conclusión de que el proyecto es altamente positivo para la sociedad brasileña y altamente negativo para la sociedad peruana.
*El IGV a las ventas de electricidad está considerado dentro de los ingresos del gobierno peruano, pero debe ser sustraído de la cuenta final porque es una transferencia de riqueza dentro de la sociedad peruana.
Notas:
1) SERRA VEGA J. et alia (2012). Costos y beneficios del proyecto hidroeléctrico del río Inambari. WCS y CSF. Lima. (En prensa).
2) El Valor Actual Neto de un proyecto es la diferencia entre todos los ingresos y egresos durante su vida útil, actualizados a la fecha de hoy. Es decir, tiene en cuenta que 100 soles dentro de un año valen menos que 100 soles hoy día. La diferencia puede ser la tasa de interés o el beneficio que espera el inversionista de su capital. Esto se llama tasa de actualización. Para los cálculos financieros se utilizó una tasa de actualización de 12% y para los costos medio ambientales de 1% y 11% según el caso.
