El Presidente Evo Morales enfrenta el peor escándalo de corrupción que enloda a su gobierno desde que asumió el mando en 2006. Se ha descubierto una extensa red de funcionarios públicos de alto rango dedicados a la extorsión y al robo institucionalizado. Evo está “dolido” porque el clan mafioso, con ramificaciones en el Órgano Legislativo y Ministerio Público, operaba desde hace cinco años en las narices de los jerarcas del MAS.
La semana pasada fue desbaratada una banda de funcionarios de alto rango del Poder Ejecutivo y del Órgano Judicial que operaba desde el mismísimo Palacio de Gobierno. Los integrantes de la caterva no son delincuentes comunes sino prominentes abogados de un equipo jurídico del Estado a cargo de importantes procesos judiciales contra ciudadanos acusados de corrupción, narcotráfico y terrorismo.
El controvertido clan –integrado por hombres de confianza del entorno palaciego y autoridades del Órgano Judicial, del Ministerio Público y de la Dirección de Registro, Control y Administración de Bienes Incautados al Narcotráfico (Dircabi) – se convirtió en una especie de comando parapolicial dotado de amplios poderes para el matonaje judicial.
La pandilla de abogados del gobierno aterrorizaba a jueces y fiscales en los tribunales; torcía fallos a punta de amenazas, y esquilmaba a litigantes, procesados y detenidos indefensos mediante la exacción y la coacción descarada. El régimen del MAS fue advertido de la existencia del clan mafioso hace más de un año, pero se hizo de la vista gorda, actuó con negligencia y prácticamente fue obligado a investigar por la presión nacional y extranjera.
El escándalo se hizo público luego de que el ciudadano norteamericano Jacob Ostreicher, imputado por los delitos de lavado de dinero y narcotráfico, denunció serias irregularidades cometidas en el proceso penal que enfrenta en Bolivia, y se declaró víctima de extorsión y robo de parte de burócratas de alto rango de los Ministerios de Gobierno y Presidencia.
Al empresario estadounidense, detenido desde hace 17 meses sin que se haya probado la acusación en su contra, le pidieron 50 mil dólares de coima a cambio de su libertad y posteriormente vendieron irregularmente sus bienes incautados por la oficina de Dircabi en la localidad de Montero. A Ostreicher le robaron 14 mil toneladas de arroz y 273 cabezas de ganado, entre otros bienes, estimó su abogado defensor Jerjes Justiniano. [1]
Ante la inacción del Ejecutivo boliviano, el gobierno de Estados Unidos inició gestiones diplomáticas y protocolares y habría enviado a un agente del FBI para que investigue la situación legal de Ostreicher. Posteriormente llegó al país el congresista republicano Christopher Smith para defender los derechos humanos del empresario; poco después el actor Sean Penn intercedió personalmente a favor de su compatriota; luego un alto funcionario diplomático envió un mensaje electrónico al Presidente para que tome consciencia de la gravedad de asunto, y por fin Evo Morales ordenó investigar en serio las denuncias.
“El Presidente esta conmovido, preocupado y dolido por esta situación, pero absolutamente firme en su decisión de actuar rápido; una vez que le ha llegado la denuncia con indicios importantes, el Presidente dio la instrucción directa” a los ministros de Gobierno Carlos Romero y de la Presidencia Juan Ramón Quintana para que investiguen de manera personal el caso del estadounidense, comunicó la ministra de Comunicación Amanda Dávila.
El ministro Romero aclaró que la investigación comenzó hace siete meses porque “nos llamaba la atención el manejo irregular de bienes incautados a Jacob Ostreicher y el proceso judicial, absolutamente dilatado con muchas audiencias que no se desarrollaban”.
Romero instruyó a su viceministro de Régimen Interior Jorge Pérez que atienda personalmente el caso, pero apenas “avanzábamos un trecho la investigación se caía, se perforaba; planificábamos un operativo y se frustraba o abortaba. Otra vez recolectábamos elementos para armar el rompecabezas, estábamos cerca de desarrollar un operativo, y resulta que otra vez se caía, otra vez algo se filtraba o algo no había funcionado”, confesó el ministro.
Romero tenía dos opciones: echar a los funcionarios bajo sospecha o dejarlos actuar. “Si los echaba seguro que estaban trabajando en otro Ministerio y tal vez nos estarían persiguiendo ellos; y si los dejaba la idea era que se muevan para que establezcamos donde estaba la red. Eso nos enseñó la Policía, dejar moverse al objeto de la investigación”.
El ministro despidió a uno de los acusados y dejó al otro “para ver cómo se movía”. “En determinado momento de la investigación, el viceministro Pérez estaba en la mira. Empezaron a circular rumores y calumnias e intrigas contra él; intentaron sacarlo del camino acusándolo de estar interesado en proteger a narcotraficantes. Esa gente que ahora está detenida en su momento trató de alejarlo de la investigación a toda costa, y (ante la presión, Pérez) fue internado porque le reventaron tres úlceras”, contó Romero.
Según diversas fuentes, contribuyó a la caída de la banda de extorsionadores el gobierno de Estados Unidos, y se dice que el trabajo del FBI fue clave. “Un agente de la FBI vino a Bolivia e investigó los nexos de los abogados que ahora están detenidos y recogió toda la información sobre la situación jurídica de Jacob Ostreicher”, detalló un periodista de la cadena ABC News.
Sin embargo, el ministro Romero asegura que la agencia de inteligencia estadounidense nada tuvo que ver en el proceso de seguimiento, pesquisa y aprehensión de los integrantes de la red, y que el esclarecimiento del caso fue realizado íntegramente por la Policía boliviana. [2]
El clan al descubierto
Se descubrió que lideraban la banda de extorsionadores el director de la Unidad de Gestión Jurídica del Ministerio de Gobierno Fernando Rivera Tardío y el director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia José Manuel Antezana Pinaya. En segunda línea figuraban el abogado del Ministerio de Gobierno Denis Rodas Limachi, el asesor de la Fiscalía de Santa Cruz Gustavo Céspedes Rosales y los funcionarios de Dircabi Hugo Franklin Pedraza Suárez, Eduar Stepane Bellido y Ramiro Ordoñez López, entre otros.
Rivera trabajó cerca de seis años en la Contraloría, fue contratado como abogado del Ministerio de Gobierno en la gestión del ex ministro Alfredo Rada (2007-2010), y continuó en funciones en las administraciones de Sacha Llorenti (2010-2011), Wilfredo Chávez (2011-2012) y Carlos Romero (2012).
Antezana Pinaya fungió como abogado del Ministerio de Presidencia desde la gestión de Oscar Coca, y siguió con Juan Ramón Quintana y Carlos Romero. Fue contratado por el ex viceministro de Coordinación Gubernamental Wilfredo Chávez en octubre de 2008 y llegó a ser director de Gestión Pública del Ministerio de la Presidencia.
“Antezana tenía como función el registro, la sistematización y la estadística de gestión pública de los ministerios. Era un acumulador y organizador de información, y se supone que tenía un trabajo científico, técnico y hasta burocrático. Cuando fui Ministro de la Presidencia ya estaba trabajando; no tengo quejas de él, cuando le pedía informes, me cumplía rápidamente, entonces uno no sospecha que se dedicaba a extorsionar”, declaró el ministro Romero a la red Erbol.
“Antezana era un buen funcionario, respondía bien por su trabajo, pero obviamente nadie conocía de la gravedad de los hechos en los que estaba involucrado”, rememoró el ex presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce Zaconeta, tras admitir que Antezana es su concuñado. [3]
Aprovechando el enorme poder político que ostentaban en su condición de representantes oficiales del Estado, Rivera, Rodas y Antezana se dedicaban a la persecución política y a la detención irregular de presuntos delincuentes y líderes de la oposición, recurriendo incluso a la manipulación de jueces. Cuentan que la caterva infundía miedo y aterrorizaba a jueces, fiscales y litigantes.
Los miembros de la pandilla gubernamental intervinieron en bullados procesos judiciales, como por ejemplo el caso Caranavi, oportunidad en la que persiguieron penalmente a los abogados de los familiares de dos jóvenes asesinados por la Policía. Además, fueron parte querellante contra los refugiados peruanos Hugo y Williams Minaya, acusados de terrorismo en 2011.
Rivera, Rodas y otros integrantes de la red mafiosa también se vieron involucrados en la brutal represión a la VIII Marcha en defensa del TIPNIS, y representaron al Ministerio de Gobierno en el juicio que le inició Carlos Romero a la diputada del Movimiento sin Miedo (MSM) Marcela Revollo por los supuestos delitos de instigación a delinquir y sedición. [4]
Por otro lado, el ex viceministro de Régimen Interior Gustavo Torrico aseguró que uno de los principales articuladores de la red mafiosa es Boris Villegas, ex director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno y actual funcionario del Ministerio de Transparencia. [5]
Reportes de inteligencia apuntan a Villegas como parte de la organización delictiva, ya que trabajó con Rivera y Rodas en varios casos irregulares, como el del ciudadano peruano José Cantoral, corroboró el viceministro Jorge Pérez. Franz Bustos Gutiérrez, abogado defensor de los peruanos Minaya, confirmó que Villegas, quien fungía como director de Régimen Interior del Ministerio de Gobierno, intentó extorsionar a sus clientes y lo amenazó de muerte en una audiencia de medidas cautelares. [6]
Desde que se conocieron las incidencias de la escandalosa extorsión a Jacob Ostreicher en una clínica en Santa Cruz [7] proliferan las denuncias. Se supo que la red mafiosa pidió 30 mil dólares a la colombiana Claudia Rodríguez, socia de Ostreicher, a cambio de que no sea trasladada del penal de Palmasola al Centro de Orientación Femenina de Miraflores en La Paz. [8]
Además, la hija del ex ministro de Gobierno Guillermo Fortún (+), procesado por recibir dinero de gastos reservados en el gobierno de Hugo Banzer, dijo haber pagado al menos 20 mil dólares a la red de extorsionadores liderada por Rivera y Rodas.
Con esos antecedentes, los fiscales del Ministerio Público acusaron a los miembros de la banda de los delitos de organización criminal, legitimación de ganancias ilícitas, enriquecimiento ilícito y uso indebido de influencias.
El juez Sexto de Instrucción en lo Penal de Santa Cruz José Zubieta ordenó la detención de Fernando Rivera y Dennis Rodas en celdas de la FELCC, y envió a la cárcel de Palmasola de Santa Cruz a José Manuel Antezana y a Gustavo Céspedes Rosales. Los ex funcionarios de Dircabi Erland Bellido y Franklin Pedraza fueron favorecidos con medidas sustitutivas.
Céspedes reveló que el fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez se reunió en varias oportunidades con Rivera y Rodas en el despacho de la Fiscalía de Distrito para planear actos delictivos. Rivera y Rodas “tenían poder para acudir a todos los juzgados y presionar a los jueces”, y los jueces Fernando Orellana y Wilson Arévalo obedecían sus instrucciones y emitían fallos “de acuerdo a su conveniencia”, denunció Céspedes, uno de los primeros detenidos en Palmasola. [9]
En cuestión de días Isabelino Gómez pasó de testigo a denunciado, y el fiscal general del Estado Ramiro José Guerrero Peñaranda instruyó la apertura de un proceso disciplinario y otro penal en su contra, y ordenó investigar a otros fiscales sospechosos. Resultaron involucrados los fiscales Roberto Achá Arandia, Janeth Velarde Luna, Álvaro La Torre, Javier Cordero, Lumia Acho Pinto, Ángelo Céspedes y el juez Wilson Arévalo, todos denunciados por delitos de enriquecimiento ilícito con afectación al Estado, peculado y uso indebido de influencias.
El 3 de diciembre el ex fiscal de Santa Cruz Isabelino Gómez fue detenido en Sucre y posteriormente recluido en las celdas de la Fuerza Especial de Lucha Contra el Crimen de la ciudad de Santa Cruz, acusado de influir en una decisión judicial para mantener tras las rejas a Ostreicher. (ABI)
El estadounidense Ostreicher parece ser una de las últimas víctimas de la red mafiosa, y hasta el momento se sabe que están involucrados ex funcionarios del Ministerio de Gobierno y de la Presidencia, además de ex empleados de Dircabi, jueces y fiscales. No obstante, “los más altos niveles del gobierno deben informar a la población hasta donde extendió sus tentáculos esta organización mafiosa; el país necesita saber si hay gente de otros niveles o de otras instancias que están involucradas”, exigió el dirigente nacional del MSM Edwin Herrera.
El ministro Romero aseguró que la lista de las nueve personas involucradas no está cerrada y la investigación continúa: “La lista se irá completando a medida que la investigación avance… De repente un primer capítulo se ha esclarecido con la participación de funcionarios públicos del Ejecutivo, pero no se cierra todo el círculo, y podría haber alguien más… Otro capítlo se inicia ahora, y posiblemente será más tenebroso y generará más terremoto que la anterior semana… Sé que nos metimos en algo grande…”.
La moraleja
El descubrimiento de la red mafiosa que operaba en el seno mismo del Poder Ejecutivo, además de sacudir a la opinión pública nacional, puso al descubierto el talante moral del gobierno y de la justicia boliviana y evidenció que los “socialistas plurinacionales” son tan o más corruptos que los “neoliberales pro imperialistas”.
En primer lugar, resulta difícil creer que “cuatro ministros de gobierno que tienen a sus asesores directos involucrados en extorsión indiquen que ‘no conocían’ el caso. Entonces Romero no manejaba su ministerio, como sucedió con Llorenti y Quintana, quienes más bien fueron premiados. No vaya a ser que Romero acabe como embajador en algún país”, ironizó el secretario general de la Gobernación de Santa Cruz Roly Aguilera.
“Al parecer, la inteligencia del Ministerio de Gobierno está lejos de esta repartición de Estado porque ha sido incapaz de detectar la actuación delictiva de sus funcionarios durante más de cinco años. ¿Incapacidad o complicidad?”, cuestionó el diputado de Convergencia Nacional (CN) Alex Orozco.
No hay que olvidar que Fernando Rivera, entre otros miembros de la red mafiosa, “no actuaba por su propia ocurrencia personal; él lo hacía apadrinado por el gobierno y eso es lo que hay que desnudar. Cuando el gobierno sale y dice ‘los estamos poniendo en la picota a estos corruptos’, en realidad esos corruptos de los cuales ellos quieren rasgarse las vestiduras son sus hijos que fueron avalados por ellos”, juzgó el ex Defensor del Pueblo Waldo Albarracín. [10]
En segundo lugar, subrayó Albarracín, “más allá del hecho de corrupción están las múltiples denuncias sobre cómo los funcionarios del Ministerio de Gobierno dirigían el curso de las audiencias en los tribunales de justicia, con la anuencia del gobierno; ha quedado al descubierto que quien administra justicia no es el Fiscal por su propia voluntad, sino por decisión gubernamental”.
Para Aguilera “lo que está claro es que el proceso judicial contra supuestos terroristas (líderes autonomistas de Santa Cruz) se ha convertido en terrorismo de Estado; el caso Ostreicher demuestra que todo es un montaje y que los procesos han servido para llenar de dinero las arcas de funcionarios del gobierno... Queda comprobado el mecanismo y el sistema implantado por altos funcionarios del gobierno para extorsionar sistemáticamente a los ciudadanos”.
Con estos antecedentes, la Ley de Extinción de Dominio de Bienes, que está siendo analizada en el Tribunal Constitucional, solo serviría para que funcionarios de gobierno hagan “uso y abuso” de los bienes incautados, consideró el jefe de la Bancada de CN en Diputados Luís Felipe Dorado.
La tercera lección que deja este bochornoso suceso es que la tan mentada cacería de corruptos, “caiga quien caiga”, es un eslogan más de un gobierno acostumbrado a obrar de manera totalmente contraria a lo que predica.
El diputado de CN Roy Moroni propuso conformar una comisión legislativa multipartidaria para recolectar denuncias e investigar a los funcionarios públicos acusados de corrupción, pero el jefe de bancada del MAS Roberto Rojas y el senador oficialista Adolfo Mendoza descartaron esa posibilidad con el argumento de que “podría entorpecer” la labor del Órgano Judicial y “politizar” la pesquiza.
El 29 de noviembre el pleno de la Cámara de Diputados aprobó una minuta de comunicación recomendando al Fiscal General iniciar una investigación “diligente, pronta y oportuna, sin favoritismo de ninguna naturaleza”, con el fin de identificar a todos los implicados en el hecho delictivo. Los diputados instaron a la ministra de Transparencia Institucional y Lucha Contra la Corrupción Nardy Suxo a coadyuvar en todas las investigaciones.
Quintana informó que el Ministerio de la Presidencia recibirá denuncias sobre las actividades ilegales y el tráfico de influencias de la red delictiva en Santa Cruz, mientras que el Ministerio de Gobierno también convocó a los afectados a presentar sus denuncias en la Unidad de Transparencia de esta Cartera de Estado. Romero recalcó que su intención no es suplantar las funciones de la ministra Suxo, sino colaborar en la investigación.
Resulta que la zarina anticorrupción, que ni siquiera se enteró de que un clan mafioso se enriquecía en las narices del Presidente, ahora amenaza con procesar por “cohecho” a las nuevas víctimas de la pandilla gubernamental que se animen a contar su verdad. Lo que pasa es que la ministra Suxo está vinculada al clan mafioso, afirmó el ex presidente de Yacimientos Petrolíferos Fiscales Bolivianos (YPFB) Santos Ramírez, condenado a 12 años de prisión por corrupción, en una entrevista con la red Erbol.
Al parecer, los cabecillas de la red de corrupción y extorsión tienen padrinos muy poderosos en el Ejecutivo y, como dice el ministro Romero, “mantienen intacta su capacidad de influencia y sometimiento de la justicia”, ya que las últimas actuaciones del juez cautelar y de los fiscales asignados al caso develan su intención de favorecer a los acusados.
En la madrugada del 1 de diciembre, el juez cautelar de la causa dictaminó en primera instancia que los cabecillas de la red mafiosa Fernando Rivera y Denis Rodas sean trasladados a la cárcel de Palmasola, pero, a pedido de los acusados y de manera expedita, determinó su reclusión en celdas de la FELCC, supuestamente para precautelar su integridad física.
Además, el juez favoreció con medidas sustitutivas al ex director de Dicarbi, pese a que estaba claramente comprometido con la red, y dejó sin efecto la imputación de organización criminal contra los cabecillas de la banda, alivianando enormemente la labor de su defensa.
El 4 de diciembre, el juez Juan José Zubieta dejó en libertad al fiscal de Sustancias Controladas de Beni Roberto Carlos Achá, quien habría forzado la acusación contra Jacob Ostraicher, además de obligar a un juez a cambiar una sentencia de libertad que favorecía al ciudadano estadounidense.
Según Romero, los jueces y fiscales asignados al caso Ostreicher enviaron “sin empacho” a la cárcel a ex funcionarios administrativos de Dircabi de mando medio, y “resulta que ahora a Palmasola no van los principales acusados que son tratados con mucho beneplácito”.
“Esto no puede ser, esto no puede volver a pasar, la justicia en el país debe dar sanciones drásticas como ejemplo para que esta situación no se repita. La justicia ya estaba mal desde hace mucho, pero hoy lamentamos que sigue mal, que no va con ese ritmo de cambio histórico que vive el país; elegimos a nuestras autoridades judiciales, pero todavía falta cambiar ese entorno malicioso”, vociferó el Vicepresidente Álvaro García Linera.
El Vice y Romero arremeten sin piedad contra los administradores del Órgano Judicial –que supuestamente iban a revolucionar la justicia boliviana por el solo hecho de vestir polleras, calzar ojotas y haber sido elegidos por el voto popular–, y deliberadamente desvían la atención y ocultan lo más escandaloso del caso: Los jefes de la mafia no son jueces sino hombres de confianza del “entorno” más íntimo del Poder Ejecutivo.
La propia ministra de Comunicación Amanda Dávila reconoció que los mafiosos se infiltraron en altas esferas gubernamentales porque no existe un sistema de control e investigación para la contratación de funcionarios de alto rango en los diferentes ministerios. Recién ahora Suxo quiere confeccionar una base de datos de burócratas procesados por corrupción o por deudas.
Hasta hace poco se creía que Evo Morales era solo una víctima inocente del complot permanente de los “entornos” palaciegos, pero cada día surgen nuevas denuncias y el Presidente se enreda más en la telaraña de la mega corrupción. Lo último que se supo es que el Mandatario estaba enterado de las tropelías de sus abogados, pero, como se dice vulgarmente, se hizo el loco.
En agosto de este año, el alcalde de Warnes Mario Cronembold (MAS) informó personalmente al Presidente que Rodas y Rivera lo extorsionaron “usando un poder ratificado por el ministro Carlos Romero el 3 de febrero; el 20 de julio se querellaron contra mi persona y me acusaron (por legitimación de ganancias ilícitas); le pidieron a mi esposa 50 mil dólares, no lograron sacarme plata y me metieron preso”. [11]
Cronembold reclamó al Presidente Morales y al ministro Romero: “Me siguen extorsionando, hasta cuándo voy a estar con esto; por último le dije al Presidente: ‘si soy culpable que me vuelvan meter preso’; y el Presidente me respondió: ‘Aguante, yo aguanté 17 años de juicios y presiones y aquí me tienes de Presidente’; y entonces, yo aguanté”.
Notas:
[1] El 9 de septiembre de 2011, por orden judicial se incautó 20 mil toneladas de arroz depositadas en los ingenios arroceros San Jorge, Renacer, Oriental y Gonzales de Montero, pero ahora “sólo quedan seis mil toneladas. Además, el 8 de noviembre de 2011 el jefe departamental de Dircabi Juan Ríos Ocampo y el subteniente Ariel Ocampo vendieron 273 cabezas de ganado por 125 mil dólares. También hay que tomar en cuenta las propiedades y las fanegadoras. Ya todo está perdido”, denunció Justiniano.
Miguel Ángel Gutiérrez Soliz se presentaba en los ingenios arroceros como responsable de Bienes incautados, “acompañado por Jorge Vaca Justiniano, Jorge Henry Chávez Medina, portando credenciales del Ministerio de Gobierno) y el abogado Redy Edwin Villarroel. Llevaban consigo una orden de cambio de depositario judicial del arroz a favor del señor Jorge Vaca Justiniano, quienes monetizaban el arroz en millonarias sumas de dinero”, detalla un documento oficial al que accedió la red Erbol.
[2] Según Romero, el único antecedente del FBI relacionado con la indagación es un informe difundido en el blog de Jacob Ostreicher, redactado por el ex agente del FBI Stephen Moore, retirado de esa agencia en 2008. El ex agente compara a Evo Morales con Al Capone en los siguientes términos:“ En 1928 en la ciudad estadounidense de Chicago, Al Capone controlaba casi todos los negocios con violencia e intimidación. Por ejemplo, uno de esos negocios bajo su control era la reparación de vehículos. Si un mecánico se mudaba a Chicago y abría un negocio sin la aprobación de Capone, había violado una norma muy seria. Y si el negocio era exitoso, las cosas eran aún peores para los propietarios. Si un negocio se abría en la ciudad y era exitoso, los negocios de Capone hacían menos dinero, y el jefe perdía los pagos que necesitaba. También, la sola existencia del nuevo negocio motivaba a los otros negocios a pagar dinero por la protección. ¿Qué hubiera hecho Capone? Hubiera destruido el negocio y al mecánico. Morales opera de la misma manera con emprendimientos capitalistas que ponen en peligro sus ideas socialistas. Él ha destruido muchas empresas y a sus ejecutivos por esa misma razón, una de esas empresas es COLIAGRO y Jacob Ostreicher”.
[3] Héctor Arce reconoció que Antezana está casado con la hermana de su esposa, pero “no es ni pariente mío ni pariente de mi esposa, sino vendría a ser casado con una hermana de mi esposa”. El diputado del MAS recalcó que nunca tuvo relación con Antezana, pero sí contrató a su hermano, Juan Manuel Antezana, cuando fungió como presidente de la Cámara de Diputados. (Ver planilla de sueldos adjunta).
[4] El país tiene que saber que los presuntos delincuentes y miembros de la red de corrupción fueron quienes iniciaron un proceso ante el Ministerio Público contra mi persona, usando grabaciones ilegalmente obtenidas, denunció Revollo. Paradójicamente, en el proceso que activó la diputada contra Romero y sus abogados por espionaje político, ninguno de ellos fue convocado a declarar.
[5] Ya se detectaron indicios de irregularidades en el accionar de los abogados, sobre todo Boris y Denis, durante las investigaciones del caso terrorismo y el entonces ministro de Gobierno Sacha Llorenti fue alertado del caso, pero no le dio importancia, reveló Torrico a la red Erbol.
[6] Cuando llegué a la audiencia y los matones de Boris Villegas no me dejaban entrar para que mis defendidos estén sin abogado, hice un escando y salió Villegas. Yo lo conocía de vista, pero no tenía consciencia del poder que ostentaba; me dijo: ‘vos no sabes quién soy yo’; exaltado le contesté de forma grosera y me amenazó: ‘Sin mover un dedo te puedo hacer aparecer muerto’”, relató Bustos a la red Erbol.
[7] Antezana fue el operador directo y cobró casi 10 mil dólares por la venta irregular del arroz decomisado al empresario norteamericano.
