Tener una visión en conjunto permite ir más allá de los límites de una nación y hacer un llamado de alerta a escala mayor: en el 2050 la mitad de toda la Amazonía comprendida en nueve países puede desaparecer. Se trata de la mitad de los 7,8 millones de km2 compartidos entre Perú, Bolivia, Brasil, Colombia, Ecuador, Guyana, Suriname, Venezuela y Guyane Française, que se encuentran habitados por 33 millones de personas, incluyendo 385 pueblos indígenas.
Eso es lo que en este momento está advirtiendo la Red Amazónica de Información Socioambiental Georreferenciada (Raisg) en Santa Cruz, Bolivia, con la presentación del atlas Amazonía bajo presión. La publicación recoge valiosa información sobre las presiones acumuladas registradas hasta mayo del 2011 (minería, petróleo y gas, hidroeléctricas, carreteras, los focos de calor y la deforestación) y las amenazas que se evidencian con miras al futuro (concesiones aún no ejecutadas, terrenos disponibles, etc.).
Richard Smith, director ejecutivo del Instituto del Bien Común, entidad que forma parte de las Raisg y que trabajó en esta publicación durante dos años en nuestro país, señala al 2050 como el año donde la imagen de la Amazonía podría verse casi fantasmal. Pero advierte que esto puede ocurrir antes: “Hay una tendencia por acaparar y asegurar la tierra en concesiones”. Sobre todo si se piensa que en esta publicación no han sido incluidos temas como la explotación maderera y la agropecuaria (el requisito del estudio era que los nueve países contaran con información del tema y no todos la tenían) y, sobre todo, si se ve que, como es lógico, las actividades ilegales no se pueden rastrear con datos e información certera: caso de la minería y los cultivos ilegales.
LA REALIDAD Y EL FUTURO
Empecemos informando el panorama actual: entre el 2000 y el 2010 se suprimieron 240.000 km2 de selva amazónica. Esto significa que hemos perdido una extensión equivalente al doble de la Amazonía ecuatoriana o al territorio completo del Reino Unido. Los países con mayor deforestación fueron Brasil, Colombia, Bolivia y Ecuador.
En el tema de los hidrocarburos, actualmente existen 81 lotes petroleros bajo explotación, pero hay 246 lotes más sobre los cuales existen intereses petroleros. Ese total, 327, ocupan una extensión de 1.08 millones de km2, o 15% de la Amazonía, que tiene 7,7 millones de km2.
El Perú ocupa el primer lugar en la lista de países amazónicos con mayor superficie destinada a actividades petroleras: 84%, incluyendo las áreas con posibles reservas de hidrocarburos. Colombia destina el 40%; Ecuador, 21%. En el Perú el 66,3 % de los Territorios Indígenas y el 49% de las Áreas Naturales Protegidas están superpuestos por lotes petroleros.
Nosotros, 84%. Es decir: 658.000 km2 de los 782.820 Km2 que posee nuestra selva están demarcados como superficie destinada al petróleo y gas. Si uno se fija en el segundo mapa, verá al Perú teñido de color gris. Esas serían las presiones de explotarse todo ese terreno. Por ahora, afirma el coordinador del atlas en el Perú, Pedro Tipula, el 15% estaría comprometido con la ejecución de los lotes. Por eso habla de la urgencia de contar con una ley de ordenamiento territorial: “No te va a solucionar pero te ayudará en gran medida a superar todos estos procesos negativos para la Amazonía y para los pueblos indígenas”.
Y se lamenta de la falta de información, una de las dificultades a la hora de armar esta investigación: “Hay algunas instituciones que deberían de funcionar para lo cual han sido creadas. El Instituto de Infraestructura de Datos Espaciales, que hay en Perú y en todos los países, tiene como función centralizar toda la información cartográfica que tienen los estados a nivel de sectores y acá no se cumple: no tiene funcionamiento. El que ha tratado de juntar esa información es el Geoservidor del Ministerio del Ambiente. Al no existir esta base de datos que permita superponer y ver los derechos que ya existen, se hace difícil la labor”.
Las presiones son varias. Cifras para ver su dimensión: en la Amazonía existían, dice la publicación, 417 hidroeléctricas. Se tiene conocimiento que 171 están en operación o construcción y246 son proyectadas. Otra cifra más: en toda la Amazonía existen 96.5 mil km de carreteras, la mayoría (65%) no están pavimentadas.
Resalta la publicación: “La presencia de carreteras en la Amazonía predice, favorece y acelera los procesos de deforestación. Su construcción está asociada a formas depredadoras de extracción de recursos forestales (como la explotación ilegal de madera), a los procesos de substitución del paisaje forestal por actividades agropecuarias y a los grandes proyectos de infraestructura y urbanización. Las carreteras aparecen nítidamente asociadas a regiones de mayor deforestación, como el caso notorio del llamado “arco de deforestación” de la Amazonía brasilera, donde están ubicadas las carreteras Belem-Brasilia, Cuiaba-Santarem, y Cuiaba-Porto Velho”.
Y ponen como ejemplo, además, la vía transoceánica entre Puerto Maldonado (Perú)–Cobija (Bolivia)–Rio Branco (Brasil), inaugurada el 2011, la cual pretende mejorar el comercio entre los tres países y favorecer el comercio de productos de Brasil hacia China y de Perú hacia África y Europa. Esta carretera podría duplicar a corto plazo, afirma el estudio, el número de habitantes de Puerto Maldonado, que hoy cuenta ya con algo más de 200 mil personas.
Por eso Smith plantea algo que suena básico pero que resulta fundamental y que, lastimosamente, no se piensa ni debate en nuestra política y sociedad a gran escala: “Debe haber un proceso de planificación a largo plazo y preguntarnos: ¿qué país queremos y cómo queremos llegar a eso? Puede haber áreas de sacrificio pero zonas como las agrícolas, por ejemplo, no. Esas decisiones se deben de tomar”. Es momento de mirar la totalidad, y tomar acciones en conjunto.
LA MINERÍA SE CONCENTRA EN BRASIL
Brasil tiene 5 millones de km2 de la Amazonía. Es decir, la mayor porción. Por eso, Richard Smith, director del Instituto del Bien Común, afirma: “Ver que el 27% de la Amazonía brasileña está con concesiones mineras, eso es wow. El Perú tiene poco en minería, 3%, a diferencia del petróleo. El petróleo y el gas están en la parte andina”. Guyana tiene 67%, pero su territorio en la selva apenas es de 215.000 km2. En cambio, con 483.000 km2, Colombia tiene un 10% destinado a la actividad minera. Y eso es solo la industria extractiva legal. El otro reto para Smith y los miembros de la Raisg es tratar de incluir las zonas de actividad minera ilegal, así sea solo identificarlas y mapearlas con nombres.
Además, para el caso peruano y boliviano, pretende ampliar la extensión del estudio: hasta ahora la información recogida se ciñe en lo que es bosque, dejando fuera la zona andina de las cuencas. Expandir ese margen es una propuesta que permitirá analizar el agua, recurso vital que preocupa demasiado hoy en día.
No hay comentarios:
Publicar un comentario