Colectivo de Abogados José Alvear Restrepo (CAJAR)
El 11 de diciembre de 2012, el Parlamento Europeo aprobó en plenario el Tratado de Libre Comercio (TLC) con Colombia y Perú y el Acuerdo de Asociación (ADA) con Centroamérica, a pesar de las múltiples denuncias por parte de las organizaciones sociales y sindicatos de las dos regiones (Am é rica Latina y Europa), que han insistido desde el comienzo de las negociaciones en los efectos perjudiciales que este tipo de acuerdos generan para la población de ambos lados del Atlántico, como se expresa en diferentes comunicados conjuntos y en mensajes enviados al Parlamento Europeo desde 2007 en rechazo a estos acuerdos [ 1 ]
Hoy, más de cuatro años después de iniciadas las negociaciones, es más evidente todavía que el modelo de liberalización económica impulsado por estos tratados genera impactos negativos para la población de las dos regiones. En Europa, cada día es más fuerte la crisis financiera y de la deuda, las altas tasas de desempleo, la precarización de las condiciones laborales, el incremento de la pobreza y la desigualdad. En América Latina, súmanse a los conocidos impactos de esto mismo modelo neoliberal, el avance del modelo extractivista de bienes naturales, la pérdida y deterioro de los territorios, la degradación ambiental y la pérdida de soberanía alimentaria. Las consecuencias de la implementaci&! oacute;n de este modelo se profundizan al tiempo que adquieren un carácter vinculante a nivel internacional con estos acuerdos.
Tanto el ADA como el TLC exigen de los gobiernos latinoamericanos la generación de garantías para la inversión europea, ello significa la apertura a la llegada de empresas transnacionales europeas, sin ninguna condición o exigencia que pueda limitar su actuación. Como constató recientemente la misión de solidaridad en Centroamérica [2]
[ii], realizada por Amigos de la Tierra Internacional con la participación del Instituto Transnacional (TNI) y organizaciones locales aliadas, los efectos socioambientales de los proyectos minero-energéticos son devastadores. La ! misión no sólo presenció la destrucción y contaminación del ambiente como también la criminalización y persecución de las comunidades que defienden sus territorios. El Parlamento Europeo está respaldando este tipo de acciones con la aprobación del ADA, que permite a las empresas europeas actuar sin ningún tipo de responsabilidad, con lo que se configura una arquitectura de la impunidad que garantiza derechos a las transnacionales mientras causa la pérdida de derechos de la población, sobretodo de los trabajadores y tabajadoras y de las mujeres en general, el despojo de las comunidades locales afectadas y la degradación ambiental.
En los casos de Colombia y Perú se pueden constatar también las consecuencias negativas de la acción de empresas europeas que violan permanentemente los derechos humanos como parte de sus actividades. Por ejemplo, uno de los principales productos de exportación de estos países a la Unión Europea serán los agrocombustibles, que se generan a partir de extensos monocultivos de caña y palma africana. Estos dos cultivos están asociados al conflicto social armado, al desplazamiento de comunidades campesinas de sus territorios, generando mayores niveles de pobreza, incrementan la población desempleada en la ciudad, al tiempo que perjudican la soberanía alimentaria.
La persecución y criminalización de sindicalistas y líderes sociales que se oponen a proyectos de empresas transnacionales también es frecuente en Colombia y Perú, como lo demuestra el caso de Miguel Ángel Pabon, ambientalista del movimiento Ríos Vivos que se oponía a proyectos de represas en el departamento de Boyacá y fue desaparecido hace un mes. Lejos de evitar este tipo de situaciones, el gobierno colombiano ha ignorado las denuncias y ha permitido la acción de grupos paramilitares. Con la aprobación de estos tratados, el Parlamento Europeo se ha convertido también en cómplice de esta situación.
Lejos de evitar este tipo de situaciones, el Gobierno Colombiano no ha tomado en serio las denuncias de las comunidades afectadas y de las organizaciones locales quienes les acompañan fomentando el aumento de la impunidad y el incremento de las violaciones de derechos humanos. Asimismo, continuando en la negación de la existencia de grupos paramilitares vinculados a megaproyectos y grandes intereses económicos, no se han tomado las medidas necesarias para un desmantelamiento real de estas estructuras que siguen operando con la aquiescencia de sectores del Estado Colombiano.
A pesar de que se afirma que la Cláusula Democrática, así como la Hoja de Ruta presentada por los gobiernos de Colombia y Perú, constituyen herramientas para la defensa de los derechos humanos, se trata de instrumentos sin ningún carácter vinculante, que han demostrado su ineficacia en casos anteriores para la garantía de los derechos humanos. Son instrumentos que se contradicen con el contenido de un tratado que en si mismo conlleva a la violación de los derechos humanos.
Hacemos un llamado a los parlamentos nacionales tanto en Europa como en América Latina a no ratificar estos tratados. Desde nuestras organizaciones continuaremos acompañando a las comunidades en resistencia y buscando la responsabilización de las empresas transnacionales por sus acciones en nuestros países.
Internacional
Amigos de la Tierra Internacional
Amigos de la Tierra America Latina y el Caribe
Confederacion Sindical de Trabajadoras y Trabajadores de las Americas (CSA)
Jubileo Sur/Americas
Marcha Mundial de Mujeres
Movimiento Mundial por los Bosques
Plataforma Interamericana de Derechos Humanos, Democracia y Desarrollo (PIDHDD)
Seattle to Brussels Network
Transnational Institute
Américas
Alianza Mexicana por la Autodeterminacion de los Pueblos (AMAP)
Asociación Ecuatoriana de Libre Pensamiento ALEP
Asociacion Raxch’och’ Oxlaju Aj AROAJ, Guatemala
COECOCeiba, Amigos de la Tierra Costa Rica
Colectivo Voces Ecológicas COVEC
Confederación de Nacionalidades Indígenas del Ecuador CONAIE,
CONSEJO CÍVICO DE ORGANIZACIONES POPULARES E INDÍGENAS DE HONDURAS, COPINH.
Consejo de Investigaciones e Informacion en Desarrollo (Guatemala)
Ecosistemas – Chile
Ecuador Decide
Fronteras Comunes, Canada
Instituto Equit
PAPDA
Plataforma Nacional por los Derechos de las Mujeres
Polaris Institute, Canada
Red Colombiana de Accion frente al Libre Comercio (RECALCA)
Red Mexicana de Accion Frente al Libre Comercio (RMALC) y
REDES – AT Uruguay
Europa
AITEC
Asociación Entrepueblos (Estado español)
ATTAC - France
Comité pour les droits humains en Colombie "Daniel Gillard"
Ecologistas en Accion
Forschungs- und Dokumentationszentrum Chile-Lateinamerika e.V. FDCL (Alemania)
Observatorio de la Deuda en la Globalizacion
Observatorio de Multinacionales en América Latina - Paz con Dignidad (Estado español)
Oficina Internacional de Derechos Humanos Accion Colombia
Partido de la Refundacion Comunista- Izquierda Europea (Italia)
PowerShift - Verein für eine ökologisch-solidarische Energie- & Weltwirtschaft e.V.
Solidaridad Suecia America Latina (SAL)
War on Want
Africa
Alternative Information & Development Centre
Economic Justice Network
SEATINI Zimbabwe
South Durban Community Environmental Alliance-Durban South Africa
[iii] Links para documentos/declaraciones anteriores
NOTAS:
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