Perú: ¿Y cuando el Indulto para los que SI lo necesitan?

Presos que sufren enfermedades terminales, confinados en condiciones precarias en el centro de salud de la cárcel, han presentado sus solicitudes hace más de un año y no reciben respuesta de las autoridades.

Doris Aguirre

Arturo Chagua Llaschag no puede mover ni un solo dedo ni ninguna parte de su cuerpo y mucho menos es capaz de controlar sus sentidos. Es un preso de su propio cuerpo.

Pero como si no fuera suficiente castigo, Arturo Chagua también es un recluso del penal de Lurigancho.

Condenado a 15 años de prisión por su participación en un secuestro, Chagua es uno de los 113 presidiarios de todo el país que han pedido el indulto humanitario al presidente Ollanta Humala.

Este reo, sin embargo, no sabe que está en una lista de espera de la que depende su vida. La solicitud la hicieron en su nombre sus familiares. Y no por capricho o estrategia política, sino que él no es capaz de nada por una enfermedad degenerativa que lo mata cada segundo que pasa en las dos prisiones donde permanece.

Tampoco sabe Chagua en qué lugar de la cola está entre los presos que sufren enfermedades terminales. ¿Entre los veinte primeros? ¿En la mitad? ¿Al final de la fila? ¿Antepenúltimo? ¿Penúltimo? ¿Último? ¿Antes o después del ex presidente Alberto Fujimori?

Chagua no cuenta con una cómoda reclusión. Está internado en una de los peores cárceles del mundo. Virtualmente atado a una cama de la clínica del penal de Lurigancho. Además del trastorno sensorial que padece, sufre de desnutrición crónica. Por eso tiene un aspecto cadavérico que perturba a los propios médicos y enfermeras del lugar.

"Es un paciente muy delicado. Parece un recién nacido. Tenemos que cambiarle todo los días los pañales. La enfermedad le ha lesionado las neuronas hasta el punto que tiene deficiencia para respirar", informó un médico que evitó dar su nombre porque no estaba autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Arturo Chagua, un albañil nacido en Lima, solo tiene dos años y medio preso en Lurigancho. Todavía le faltan 12 años para cumplir la condena que le han impuesto por un secuestro en el que, según su familia, no participó.

La policía de la comisaría de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho, lo acusó de haber intervenido en el plagio de una mujer autista de 25 años. La joven secuestrada fue llevada a un terreno de propiedad de Chagua. Por no haber denunciado la presencia de la víctima en el lugar, lo denunciaron como cómplice.

"Mi padre entró caminando y sano en el penal y ahora se ha vuelto un ser que no puede valerse por sí mismo. Los médicos han dicho que ya no tiene cura. Que su enfermedad es irreversible. Por eso hemos pedido el indulto humanitario porque mi padre es un enfermo terminal. No queremos que muera en la cárcel", explicó Zaida Chagua Fernández, hija del recluso.

Hace ocho meses que Chagua elevó al jefe del Estado la solicitud de indulto humanitario. Sigue en la cola, como todos los reclusos que son iguales ante la ley.

EL CASO JORGE HEREDIA

"Ya no aguanto más el dolor. Apenas si puedo respirar y hablar porque mis pulmones están carcomidos por la tuberculosis. Solo me queda esperar la muerte porque los médicos me han desahuciado", declaró el recluso Jorge Heredia Quiñónez. Es otro de los 12 presidiarios de Lurigancho que afrontan una enfermedad terminal.

En febrero, hace ocho meses, Heredia presentó su solicitud a la Comisión de Indultos y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias del Ministerio de Justicia. No recibe respuesta.

Nacido en El Agustino, el limeño Jorge Heredia, de 24 años, fue encerrado en Lurigancho, el penal más hacinado y peligroso del país, por robar una cartera y un teléfono celular. Ha cumplido un año preso y hasta ahora no recibe sentencia. Al poco tiempo de su reclusión, los médicos de Lurigancho le detectaron tuberculosis en su fase terminal. Lo han desahuciado. No tiene remedio.

La República encontró a Heredia postrado en una cama del pabellón de Infectología de una clínica construida recientemente en el interior del penal de Lurigancho. Estaba acompañado de otro interno también afectado por el mismo mal. Recoger su testimonio era complicado debido a su situación. Estaba aislado. Pero logramos que relatara su tragedia.

Dijo que ninguna autoridad de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia lo había visitado para ver su caso. "Nadie se interesa en mi situación", dijo.

Según su historia clínica, Heredia padece de una tuberculosis clasificada como "XMR", que significa tuberculosis extremadamente multirresistente. Los medicamentos ya no le hacen efecto.

La enfermedad no solo le ha dañado los pulmones sino también el hígado y los riñones. "Mi tratamiento es muy caro y aquí ya no hay dinero. Solo me queda la muerte", dijo, rendido por la enfermedad.

"Mi nieto está condenado a morir, pero lo queremos atender nosotros porque en la cárcel no tiene a la familia a su lado. En enero de este año pedimos el indulto, pero no hay respuesta. Es injusto, porque ni siquiera está condenado. A él lo acusan de robar una cartera y un celular, y a otros que cometen peores crímenes les quieren dar el indulto", manifestó la abuela de Jorge Heredia, Juana Torres Huaytalla, de 75 años.

27 PEDIDOS MÁS

La situación de desesperación se repite en otros presidios. El padre Miguel Parets, capellán del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, dijo que existen 27 casos de internos que han solicitado indulto, pero que hasta la fecha sus expedientes no han sido evaluados.

"Son casos terribles, de enfermedades degenerativas; hay enfermos que ya no pueden moverse. El presidente Humala dijo que en el Perú nadie debe morir en la cárcel. Es un asunto de humanismo cristiano", refirió el sacerdote.

Julio Chávez Panduro, de 65 años, no puede caminar, tampoco hablar, debido a una hipertensión tratada defectuosamente. En noviembre del año pasado pidió el indulto humanitario. No le han dicho ni sí, ni no. Fue condenado a 17 años de prisión por narcotráfico, de los cuales ya cumplió 16. Lo más probable es que salga libre antes de que le otorguen el indulto. Si es que la muerte no se adelanta.

¿SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?

Los reclusos con enfermedades en etapa terminal no pueden ser trasladados fácilmente a los hospitales del Ministerio de Salud o al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas debido a los engorrosos trámites burocráticos de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario.

Cuando algunos presos consiguen una cama en el hospital, si ingresan en un periodo crítico, son retornados a los penales para que fallezcan en esos establecimientos.

El recluso Alfonso Cachique Torres, de 58 años, ha pedido el indulto humanitario hace más de un año. Las autoridades ni siquiera han revisado su caso. Sufre de un cáncer
al hígado.

La farsa del japonés

Foro debate: gasoducto y petroquímica para el desarrollo del sur del país

Pronunciamiento Comité Transitorio SUTEP Arequipa‏

“Por  la Unidad Sindical Clasista”

COMITÉ TRANSITORIO SUTEP AREQUIPA

PRONUNCIAMIENTO

A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE AREQUIPA

A LAS AUTORIDESDES REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES

A  LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

A LA OPINION PÚBLICA EN GENERAL

El Comité Transitorio Sutep Arequipa ante las afirmaciones difamatorias e injuriosas  y otras inexactitudes vertidas por los ex Dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial  y Comité Ejecutivo Regional a través de sendos comunicados y declaraciones, manifiesta lo siguiente:

PRIMERO.- El 05 de octubre, luego de enterarse de la vil traición de que fuimos objeto por parte del CEN del Sutep y Comité Nacional de Lucha, que levantaron la X Huelga Nacional Indefinida a espaldas de las bases, los maestros y maestras de Arequipa se autoconvocaron y se dirigieron a su local sindical a participar en las acostumbradas Asambleas y exigir una explicación a sus dirigentes provinciales y regionales por el levantamiento de huelga inconsulta y sin haberse logrado nada.

SEGUNDO.- En el interior del local sindical se apreció que los vidrios de las ventanas eran rotos por dirigentes partidarios o afines a la dirigencia regional, Por lo que rechazamos las versiones antojadizas, infantiles e irresponsables de querer culpar a los maestros de base de cualquier daño.

TERCERO.- En el interior del local sindical y en presencia de los hoy ex Dirigentes los maestros y maestras como los delegados, procedieron por UNANIMIDAD a DESCONOCER, CENSURAR Y DESTITUIR a los COMITES EJECUTIVOS PROVINCIAL Y REGIONAL DE AREQUIPA por FALTA GRAVE, así mismo se procedió a elegir al Comité Transitorio Sutep Arequipa, trazándosele dos objetivos inmediatos: conducir la continuación de la huelga y el desarrollo de elecciones universales, para lo cual se eligió recientemente el Comité Electoral que conducirá el proceso electoral y se ha iniciado el empadronamiento de docentes.

CUARTO.- La conducción de la continuación de la huelga fue acertada ya que se logro la participación masiva de miles de maestros de toda la región que ante la indignación y traición se volcaron a las calles en defensa de la Ley del Profesorado, la exigencia del pago de la deuda del 30% como la continua, asimismo el cumplimiento de inversión en educación de no menos del 6% del PBI en conformidad al Acuerdo Nacional y la Ley General de Educación como el rechazo a la reforma magisterial.

QUINTO.- Recién en esta última semana de la continuación de la huelga se ha puesto en la agenda publica que los maestros en huelga desde el primer día, 05 de setiembre, hemos venido exigiendo la vigencia y cumplimiento de la Ley del Profesorado, reclamo que no fue canalizado por la ex dirigencia ya que en complicidad con el MINEDU presento “su” proyecto inconsulto  que es rechazado por los maestros.

SEXTO.- El Lunes 15 en Asamblea de Delegados se acordó la suspensión temporal de la huelga aprobándose otras estrategias de lucha como vigilias, marchas-desfiles los días domingos en la plaza de armas, charlas con Congresistas, incidencia pública, acciones administrativas y judiciales como paros escalonados, entre otros.

SEPTIMO.- Últimamente los maestros de base como sus legítimos representantes del Comité Transitorio son objeto de una campaña orquestada por los que usufructuaron el sindicato y la Derrama partidariamente vertiendo afirmaciones denigrantes, difamatorias e injuriosas por parte de los ex dirigentes del Sutep y partidarios del minúsculo partido Patria Roja como de algunos irresponsables “periodistas” quienes viene acusándonos de pertenecer a grupos catalogados como violentistas  y aventureros totalmente contrarios al orden constitucional. Al respecto rechazamos tales afirmaciones irresponsables las mismas que tienen que ser probadas ante la Autoridad competente ya que no se puede estar alegremente mancillando el honor e integridad de las personas que viene a ser el fin supremo de la sociedad y el Estado. Los  maestros de base somos totalmente independientes y solo mantenemos relación con los maestros al interior de la región Arequipa.

Por lo señalado:

1.- Rechazamos las afirmaciones injuriosas y difamatorias de los ex dirigentes del sutep por haber perdido  los papeles y la capacidad de debatir, así mismo por ser síntoma de desesperación y ser señal que avanzamos.

2.- Exigimos al Gobierno Nacional el inmediato pago del 30% de manera continua y de los devengados.

3.- Exigimos al Congreso de la República que en el presupuesto 2013 designe no menos del 1% del PBI a Educación.

4.-Exhortar y exigir a la Comisión de educación del Congreso a ARCHIVAR el proyecto de reforma magisterial y otros inconsultos atentatorios al magisterio.

5.- Comunicar que en las siguientes semanas se llevara a cabo las elecciones Universales clamor de los maestros que pronto se hará realidad.

6.- Agradecer y reconocer el apoyo brindado por los padres de familia y las muestras de solidaridad de la sociedad.

7.- Reconocer y valora la perseverancia y sacrificio demostrado por los maestros desde el 05 de octubre y las muestras de identificación por la dignidad magisterial.

Arequipa, 17 de octubre del 2012

¡¡ CON NUEVOS DIRIGENTES LA LUCHA CONTINUA!!

¡¡ EL SUTEP ES UNO SOLO DIVIDE QUIEN TRAICIONA!!

¡¡ LA LEY SE MEJORA Y NO SE DEROGA!!

EL COMITÉ TRANSITORIO SUTEP AREQUIPA

Sobre la ley del aborto en Uruguay

Emilio Cafassi

Uruguay volvió a ubicarse esta semana en un lugar destacado por la prensa internacional, que informó genéricamente que allí se había “legalizado el aborto”, subrayando a la vez el hecho de que es el segundo país latinoamericano -después de Cuba- en conquistar ese derecho para las mujeres. Sin embargo esa conclusión resulta inexacta, tanto jurídica, ideológica como sociológicamente. Inclusive es curioso que la ilustración de las notas informativas haya sido casi excluyentemente la fotografía de la protesta del colectivo “Mujer y salud” en los jardines del parlamento, donde mujeres desnudas y pintadas de naranja -el color de la campaña por el aborto libre, seguro y gratuito- llamaban la atención sobre las limitaciones del proyecto sometido a votación. La sanción de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo que el senado uruguayo aprobó luego del pasaje por la otra cámara legislativa (que a su vez modificó dramáticamente el proyecto original del senado) representa, antes bien, un grave paso atrás seguido por dos adelante. Al menos respecto a la anterior ley finalmente vetada por el ex Presidente Vázquez y a la plena disposición libre del cuerpo y la planificación consciente y voluntaria de la vida de las mujeres y sus parejas, sin restricciones ni obstáculos de cualquier laya. La larga historia de las diversas iniciativas de “ley del aborto” en Uruguay (nueve intentos concretos) está plagada de remilgos, hipocresías y escondrijos. Devela además en su devenir, dubitaciones conservadoras, inconsistencias y cierto personalismo al interior del propio progresismo, a pesar de que éste sea el verdadero impulsor del avance actual y que no haya en Uruguay otro sujeto político en el que las mujeres (ni los movimientos sociales feministas) puedan apoyarse para la conquista de sus derechos.

Es que las leyes concretas, difícilmente resultan la respuesta especular y mecánica de las expectativas y elaboraciones de quienes más luchan por su sanción. Suponen la negociación y solución de compromiso de los agentes encargados del tratamiento y aprobación definitiva, tarea que en ausencia o uso circunstancial de formas de democracia directa, recae necesariamente en el poder legislativo. En particular en algunos de sus actores que, cuando las mayorías son ajustadas, adquieren mediante el mágico y caprichoso arbitrio de la oportunidad, un poder inusitado de chantaje para realizar modificaciones sustantivas o hasta ejercer una suerte de poder de veto. Luego la atracción por los flashes hace el resto. La interposición de disciplinas partidarias en los casos de los partidos conservadores liderados por sus alas derechistas y el desconocimiento del compromiso programático en un legislador frenteamplista en el otro, obligó a un excurso aliancista personalizado para suplir esa falta en un diputado específico del exiguo bloque de dos representantes con los que cuenta un partido casi inexistente y de imprecisa configuración ideológica: el Partido Independiente. A él probablemente deba atribuírsele el mérito de haber llegado a esta desembocadura, tanto como las humillaciones que contribuyó a incluir en la ley, a pesar de que el pobre respaldo obtenido por parte del electorado no le concedía esas facultades. Nada comparado con el doblemente ominoso veto presidencial con el que Vázquez abortó la ley del período anterior, oponiendo convicciones personales a las partidarias y a la mayoría legislativa, mediante el uso de un instituto monárquico al que dediqué una contratapa en 2008 (“Abortando ciudadanía”). El compromiso del actual Presidente Mujica de no apelar por principios a este instituto esperpéntico y promulgar rápidamente la ley garantiza la consolidación de este pequeño avance, aunque el semanario ultraderechista “Búsqueda” anuncie una contraofensiva conservadora, como la de los ultramontanos que hoy hegemonizan el partido colorado con el senador Bordaberry a la cabeza.

La contradicción irresoluble del genéricamente autodenominado movimiento “pro-vida” y de los legisladores que los acompañan, con su profusamente adjetivada dureza discursiva, es la inconsecuencia política y jurídica de sus aseveraciones, cosa que fue tangencialmente señalada en el debate por los legisladores progresistas. Si el aborto es una acción criminal, no deberían ser tan indolentes ante el crimen y sus perpetradores. No es difícil adivinar la razón: buena parte de ellos practican o contribuyen a la práctica de tales supuestos crímenes. No tienen otro horizonte que el de la continuidad en la inseguridad sanitaria, la doble moral y el ocultamiento público, además de favorecer negocios mafiosos. Como esbozó la diputada Daisy Tourné en su intervención, las mujeres de menores recursos no son las que más recurren a abortar en las clínicas clandestinas. La causa es socioeconómica: les es mucho más difícil por razones materiales y simbólicas. Más aún: si un horizonte ideal puede deducirse de las intervenciones de los antiabortistas es la libertad abortiva y planificación familiar para las clases acomodadas y la represión para las vulnerables. Entre otras cosas, la sobrepoblación relativa obrera reduce el valor de la fuerza de trabajo con el consecuente beneficio para los patrones, además de la ratificación ideológica de castigo al placer popular y la libertad sexual. No son, a pesar de sus pretensiones, consecuentes defensores de los derechos humanos sino que circunscriben su lucha a los prehumanos o embrionarios, polisémicamente hablando. Si alguna víctima de la tortura o las vejaciones del Estado terrorista les reprochara encubrimiento de sus verdugos o simple indiferencia, probablemente responderían que si padecieron es suficiente prueba de haber nacido con la consecuente ajenidad a la interposición de sus esfuerzos y oficios militantes.

Por otra parte, ni la criminalización ni la condena religiosa o moral contribuyen a que haya menos abortos. A la vez, eluden el más mínimo análisis de la sociedad patriarcal y el lugar de subordinación en que ubica a las mujeres. Los hombres abortamos “legalmente” con sólo decir “no es mío”, aunque las tecnologías genéticas hoy contribuyan a mitigar esta forma de dominio y desigualdad, tanto como las farmacológicas a los padecimientos femeninos. En efecto el misoprostol, en forma de comprimidos vaginales, no sólo aumenta el acceso al aborto seguro sino que puede realizarse de manera domiciliaria y convierte en ridículo el argumento de objeción de conciencia ya que es la misma paciente la que se coloca estas pastillas. La situación tecnológica actual no es la de los años ´60 en los que se practicaba el raspaje sin anestesia que además el modelo médico hegemónico utilizaba como mortificación y castigo ante el “desborde lujurioso” de las mujeres.

Las modificaciones introducidas al proyecto original desconocen estas transformaciones y ratifican tanto el modelo médico disciplinador y docilizador como la subsunción patriarcal. Entre varios obstáculos procedimentales (sin el pasaje por los cuales, en caso de abortar, se incurriría en delito), obligan finalmente a las mujeres a exponer razones personales ante un tribunal médico y a someterse a 5 días de humillante meditación tutelada. Un ejemplo de aquello que Foucault llamó biopoder para referirse a la práctica de los estados modernos de explotar diversas técnicas para controlar a los cuerpos, para volverlos dóciles y sumisos.

Las limitaciones con las que finalmente fue aprobada la ley fueron profusamente señaladas por diversos movimientos feministas. Sin embargo algunas resultan pesimistamente exageradas, ya que, por ejemplo, el principio de objeción de conciencia al que pueden apelar algunas instituciones médicas privadas es fácticamente impracticable, debido a la vigencia de la propia ley de salud. Como señala Isabel Villar, editora del suplemento feminista de este diario en la edición de hoy, si bien la ley habilita a apelar al “ideario” de algunas prestadoras, no las exime de realizar la práctica, por ejemplo a través de terceros. Es así que caracteriza a la ley como un primer adelanto que, agrego, deberá complementarse con la reglamentación y con el control del servicio, para el cual será muy importante la participación del movimiento feminista.

A la vez, de la devoción católica no puede concluirse mecánicamente la condena de las prácticas abortivas seguras. Como sostiene la socióloga argentina Eugenia Zicavo en un artículo cuyo título he tomado prestado para estas líneas y cuya tesis doctoral se centra en el análisis de la maternidad, “la iglesia católica no siempre consideró al aborto un homicidio. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que el aborto no constituía un pecado de homicidio al menos que el feto ya se encontrase unido al alma y fuese, por lo tanto, un ser plenamente humano. Teólogos como San Agustín argumentaban que el aborto no era un crimen durante las primeras semanas de embarazo ya que: “Según la ley, el acto no se considera homicidio, porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación, ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos”. El mandamiento “no matarás” siempre ha sido parte de la fe católica. Pero hasta 1869, cuando Pío IX publicó su Apostolica Sedis -que castiga el aborto en cualquier momento del embarazo- la mayoría de los teólogos enseñaba que el feto no era un ser dotado de alma humana hasta al menos 40 días después de la concepción (teoría de la “hominización tardía”). Por lo tanto un aborto practicado dentro de ese lapso sólo era considerado pecado por tratarse de la prueba de un pecado anterior: el sexual”.

La vicaría de la Familia y la Vida de la Arquidiócesis de Montevideo calificó la ley votada como “una ofensa a Dios Creador”. Podría contribuir a saldar la controversia si aprovechando el diálogo y la cercanía con él, le recomendara que deje de andar creando si explícitamente no se le solicita.

Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.

La cocina del diablo

Cajamarca: Mujeres guerreras en defensa del agua

Autoretrato de Ollanta

Fujimori dirige la campaña psicosocial desde la Diroes

Lejos de encontrarse con la salud deteriorada, Alberto Fujimori tendría la energía suficiente para dirigir desde la Diroes la campaña psicosocial a favor de su ‘indulto humanitario’. Fuentes de diario16 confirmaron que el expresidente coordina estrechamente con un grupo de cinco ‘amigos’ allegados a él, entre ellos, Carlos Raffo, su médico de cabecera Alejandro Aguinaga y el empresario y exalcalde de Miraflores, Germán Kruger, quien fue una de las personas que aconsejó a Fujimori viajar a Chile en el 2005.

A través de ellos Fujimori habría filtrado las cartas, fotografías y pinturas, con el objetivo de “sensibilizar” a la opinión pública. Sin embargo, al no tener los efectos esperados, estos ‘operadores’ -‘amigos de Fujimori’- están siendo blancos de críticas por un sector de fujimoristas encabezados por Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama.

Precisamente ayer, el diario La Razón, conocido por su histórica vinculación con el fujimorismo, publicó una nota titulada: “Foto y cuadro de Fujimori desatan cisma al interior de fujimorismo. Keiko Fujimori y su familia rechazan maniobras de Carlos Raffo”.

En el desarrollo del texto responsabilizan al publicista de haber difundido la foto de Fujimori, en la que aparece supuestamente “demacrado”, pero que en realidad lo que más se nota es la burda maniobra que inmediatamente mereció el rechazo de la opinión pública. “La foto en la que se ve a Fujimori en un aspecto lamentable también las hizo públicas Raffo”, dice La Razón.

Según ese mismo medio, “la gota que colmó la paciencia fue el autorretrato” en el que supuestamente Fujimori “pide perdón” pero que en realidad no proyecta esa imagen sino la de un Fujimori feliz, sonriente y en un buen estado de salud. Ese cuadro fue pintado en este mes, como consta en la propia firma de Fujimori en el autorretrato.

“La familia está indignada con Carlos Raffo”, precisa el diario. La Razón también “aclara” que “ese cuadro sí lo pintó el ingeniero, pero no ahora. Si ha bajado más de 20 kilos porque no tiene ganas de comer, cómo se puede creer que va a ponerse a pintar”.

Esta fuente del diario La Razón, según pudimos averiguar, sería nada menos que Jaime Yoshiyama, quien contaría con el pleno respaldo de Keiko Fujimori. Ambos y un gran sector de la cúpula y bancada del fujimorismo creen que estos psicosociales están perjudicando y no ayudan al indulto de su líder. Por el contrario, están generando el rechazo de la opinión pública.

Carlos Raffo les respondió ayer con una frase muy propia de él: “Nos quieren acorralar con el cuento del psicosocial y hay gente que se deja arrinconar”.

EL AUTOR INTELECTUAL

No obstante, Raffo negó ser “el oscuro o siniestro operador”; admitió a este diario y en el programa de Rosa María Palacios que es el propio Fujimori quien está dirigiendo esta campaña mediática. El publicista confirmó, por ejemplo, que fue el expresidente preso quien entregó el cuadro que fue difundido el miércoles. “Es evidente que ese cuadro sale por propia voluntad de Alberto Fujimori. Una persona cercana tenía el lienzo y me lo pasa y me dice ‘haz lo que sabes hacer’”.

CAMPAÑA DE SENSIBLERÍA 

Nota del diario español El País da cuenta del psicosocial de Fujimori para que el presidente Humala le otorgue el indulto.

Los juegos del hambre

Esther Vivas

La crisis alimentaria azota el mundo. Se trata de una crisis silenciosa, sin grandes titulares, que no interesa ni al Banco Central Europeo, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la Comisión Europea, pero que afecta a 870 millones de personas, que pasan hambre, según indica el informe 'El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012', presentado esta semana [09/10] por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El hambre, creemos, cae muy lejos de nuestros confortables sofás. Poco tiene que ver, pensamos, con la crisis económica que nos afecta. La realidad, pero, es bien distinta. Cada vez son más las personas que pasan hambre en el Norte. Obviamente no se trata de la hambruna que afecta a países de África u otros, pero consiste en la imposibilidad de ingerir las calorías y proteínas mínimas necesarias, y esto tiene consecuencias sobre nuestra salud y nuestras vidas.

Desde hace años nos llegan las terribles cifras del hambre en Estados Unidos: 49 millones de personas, un 16% de las familias, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que incluyen a más de 16 millones de niñas y niños. Números a los que el escritor y fotógrafo David Bacon pone rostro en su trabajo 'Hungry By The Numbers' (Famélicos segun las estadísticas). Las caras del hambre en el país más rico del mundo.

En el Estado español, el hambre se ha convertido, también, en una realidad tangible. Sin trabajo, sin sueldo, sin casa y sin comida. Así se han encontrado muchísimas personas golpeadas por la crisis. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2009, se calculaba que más de millón de individuos tenían dificultades para consumir lo mínimo necesario. Hoy la situación, aún sin cifras, es mucho peor. Las entidades sociales están desbordadas, y en los últimos dos años se han duplicado las demandas de ayuda por falta de alimentos, compra de medicinas, etc. Y según informa la organización Save the Children, con cifras de un 25% de pobreza infantil, cada vez son más las niñas y niños que sólo realizan una comida al día, en el comedor escolar y gracias a becas, debido a las dificultades económicas que enfrentan sus familias.

Así no es de extrañar que incluso el prestigioso periódico estadounidense The New York Times publicara, en septiembre 2012, una galería fotográfica de Samuel Aranda, ganador del World Press Photo 2011, que bajo el título 'In Spain, austerity and hunger' (En España, austeridad y hambre) retrataba las consecuencias dramáticas de la crisis para miles de personas: hambre, pobreza, deshaucios, paro... pero también lucha y movilización. Y es que el Estado español cuenta con las tasas de pobreza más elevadas de toda Europa, sólo por detrás de Rumanía y Letonia, según recoge un informe de la Fundación Foessa. Una realidad que se impone hacia a fuera a pesar de que algunos la quieren silenciar.

La crisis económica, por otro lado, está íntimamente ligada a la crisis alimentaria. Los mismos que nos condujeron a la crisis de las hipotecas subprime, que dio lugar al estallido de la “gran crisis” allá en septiembre del 2008, son lo que ahora especulan con las materias primas alimentarias (arroz, maíz, trigo, soja...), generando un aumento muy importante de sus precios y convirtiéndolos en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur. Fondos de inversión, compañías de seguros, bancos... compran y venden dichos productos en los mercados de futuros con el único fin de especular con los mismos y hacer negocio. Qué hay más seguro que la comida para invertir, si todos, se supone, tenemos que comer cada día.

En Alemania, el Deutsche Bank anunciaba ganancias fáciles si se invertía en productos agrícolas en auge. Negocios similares proponía otro de los principales bancos europeos, el BNP Paribas. El Barclays Bank ingresaba, en 2010 y 2011, casi 900 millones de dólares a costa de especular con la comida, según datos del World Development Movement. Y no tenemos porque ir tan lejos. Catalunya Caixa ofrecía a sus clientes jugosos beneficios económicos a costa de invertir en materias primas bajo el eslogan: “depósito 100% natural”. Y el Banco Sabadell contaba con un fondo especulativo que operaba con alimentos.

El hambre, a pesar de lo que nos digan, no tiene tanto que ver con sequías, conflictos bélicos, etc., sino con quienes controlan y dictan las políticas agrícolas y alimentarias y en manos de quienes están los recursos naturales (agua, tierra, semillas...). El monopolio del actual sistema agroalimentario, por parte de un puñado de multinacionales, con el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales, impone un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos al servicio de los intereses del capital. Se trata de un sistema que genera hambre, pérdida de agrodiversidad, empobrecimiento campesino, cambio climático... y donde se antepone el lucro económico de unos pocos a las necesidades alimentarias de una gran mayoría.

'Los juegos del hambre' era el título de una película de ficción dirigida por Gary Ross, basada en el best-seller de Suzanne Collins, donde unos jóvenes, en representación de sus comunidades, tenían que enfrentarse a vida o muerte para conseguir ganar y obtener, así, el triunfo: comida, bienes y regalos para el resto de su vida. A veces la realidad no dista tanto de la ficción. Hoy algunos “juegan” con el hambre para ganar dinero.

Intervención de Iván Márquez en la instalación de la segunda fase del proceso de paz

Iván Márquez, vocero de las FARC en el proceso de paz, insistió en su intervención que sin justicia social, la paz sería una "quimera". Advirtió que "Una paz que no aborde la solución de los problemas políticos y sociales (...) equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia".

Megaminería en Argentina

James Petras: El capitalismo extractivo de Evo, Cristina, Ollanta, Correa, Dilma y Chávez

Por James Petras*

Introducción

Los principales países exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los más implicados con las principales multinacionales energéticas y de la minería del mundo, son también los que se caracterizan por ejercer las políticas más independientes y progresistas. En apariencia, la primacía de las economías basadas en el «capitalismo extractivo» y la exportación de bienes, ya no guardan correlación con gobiernos «neocoloniales».

Se puede argumentar que las concesiones a las multinacionales del sector extractivo y las clases «dirigentes» locales garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reelección de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los éxitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre «la cúpula» y «la base» de la estructura de clases, a pesar de la creciente divergencia política entre los gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales.

El bando progresista

Existe consenso generalizado acerca de que hay siete gobiernos de siete países de América Latina que constituyen lo que se podría denominar el «bando progresista»: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela.

Algunos rasgos definitorios que se suelen atribuir a los gobiernos de estos países son: 1) la trayectoria política anterior: la mayoría están encabezados por dirigentes y activistas de movimientos sociales, sindicatos o grupos guerrilleros, 2) las declaraciones relativamente independientes que hacen en el ámbito de la política exterior, en especial en lo referente a la intervención y las medidas sancionadoras estadounidenses, 3) la retórica ideológica que rechaza el liderazgo estadounidense en organismos regionales y favorece a organizaciones centradas en América Latina, 4) los programas electorales populistas acerca de la igualdad social, el ecologismo y los derechos humanos, 5) el rechazo vehemente del «neoliberalismo» y de las personalidades, partidos y privatizaciones neoliberales tradicionales, 6) la perspectiva estratégica que concibe un proceso prolongado de transformación social que subraya un calendario compuesto de modernización, prioridades desarrollistas y altos niveles de inversión orientada a los mercados globales y, 7) la permanencia política en el tiempo basada en reformas constitucionales que les permiten ser reelegidos amparándose en la necesidad de completar esa concepción transformadora.

El bando progresista tiene de sí mismo una imagen, que se proyecta hacia su electorado, según la cual representa una ruptura o quiebra «histórica» con el pasado; en primer lugar, en lo relacionado con la oligarquía neoliberal tradicional y, en segunda instancia, con la izquierda «estatalista». En los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, suelen recurrir a una retórica alusiva al «socialismo del siglo XXI». La potencia del llamamiento a la originalidad radical tiene un alcance temporal limitado que depende del grado con el que los gobiernos desarrollan políticas discrepantes con el gobierno neoliberal predecesor.

La “División entre izquierda y derecha” tal como la presenta el bando progresista (BP)

Las percepciones de la divergencia objetiva y subjetiva entre el bando progresista y la derecha varían en función de si emanan de fuentes oficiales o de una investigación empírica crítica. Según los ideólogos del BP, hay al menos cinco ámbitos políticos importantes que reflejan la ruptura radical con la derecha neoliberal tradicional:

1. Nacionalismo: a) mediante la renegociación de contratos con las multinacionales del sector extractivo, el BP garantiza una elevada tasa de recaudación de impuestos e incrementa los ingresos para las arcas públicas; b) mediante el aumento de la inversión estatal, convierte empresas de titularidad íntegramente privada en iniciativas conjuntas del sector público y privado; c) mediante el incremento del pago de regalías suaviza la «explotación extranjera»; y d) mediante una mayor presencia de «tecnócratas locales» acrecienta el control nacional de decisiones estratégicas.

2. Política Exterior: El bando progresista ha desarrollado una política exterior independiente, cuando no explícitamente antiimperialista. Para evitar deliberadamente la presencia de países imperiales norteamericanos y europeos, el bando progresista ha consolidado varias organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas, como ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). El BP ha rechazado las sanciones contra Cuba, Irán, Siria y Gaza y se ha opuesto a la guerra estadounidense contra Libia respaldada por la OTAN. Criticaron la posición estadounidense en la reunión de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2012 en, al menos, tres cuestiones importantes: la inclusión de Cuba, la oposición al control británico de las Malvinas y la despenalización de las drogas. El BP ha manifestado su oposición a la hegemonía estadounidense, a las «reformas estructurales» del FMI y al control euro-estadounidense de las principales instituciones de crédito. Con la excepción de Venezuela, el BP ha diversificado sus mercados de exportación. Brasil, por ejemplo, exporta a Estados Unidos solo el 12,5 por ciento de sus bienes y servicios; Argentina, el 6,9 por ciento; y Bolivia, el 8,2 por ciento.

3. Política Social: El BP ha incrementado el gasto social, en especial en lo relacionado con la reducción de la pobreza en zonas rurales; ha elevado el salario mínimo; ha aprobado incrementos salariales. En unos cuantos países ofrecen créditos y financiación asequible para pequeñas y medianas empresas, han concedido títulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de terreno público sin cultivar al modo de pequeña «reforma agraria».

4. Regulación: Con un grado de coherencia dispar, el BP ha impuesto controles al sector financiero y ha regulado el flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. En lo que se refiere a las normativas que rigen el sector extractivo, se han suavizado para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrarias puedan utilizar de forma generalizada productos químicos tóxicos y semillas transgénica. Han autorizado la expansión de la minería, la agricultura y la industria maderera en reservas indígenas y naturales. Han financiado proyectos de infraestructura a gran escala que vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores, invadiendo hábitats naturales protegidos anteriormente protegidos. La normativa se ha justificado aduciendo que pretende facilitar el desarrollismo extractivo «productivo» y limitar la «financiarización» de la economía.

5. Política Laboral: Se ha basado en un «modelo corporativista» de negociación y conciliación empresa-Estado-sindicato (tripartito) para limitar las huelgas y los paros patronales y para mantener el crecimiento, las exportaciones y los flujos de ingresos. La política laboral ha quedado condicionada a la de limitar los déficits presupuestarios a la tasa de inflación mediante la fijación de los incrementos salariales.

En sintonía con las medidas fiscales ortodoxas, las pensiones de los trabajadores del sector público se han congelado o reducido, en especial entre los funcionarios de rango medio y alto. Las garantías laborales tradicionales se han mantenido intactas y la indemnización por despido no se ha aumentado.

Las huelgas de trabajadores del sector público, sobre todo de profesores, personal sanitario y trabajadores sociales, han sido frecuentes y han desembocado en conquistas menores a través de la mediación gubernamental. La política gubernamental se ha orientado a la protección de las prerrogativas de la dirección, al tiempo que se respetaba la situación legal y los derechos de negociación colectiva de los sindicatos.

En las empresas nacionalizadas gobiernan directivos nombrados por el Estado y no hay movimientos hacia la autogestión obrera o la «co-gestión», salvo en casos muy concretos de Venezuela. La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerárquico de la empresa privada. La mano de obra, en el mejor de los casos, desempeña un papel consultivo en lo referente a la salud y la seguridad, pero no ejerce influencia determinante, ni invierte en el interior de este marco empresarial.

Ha sido necesaria la presión sindical a través de la huelga y las protestas, a menudo aliada con grupos comunitarios, para corregir las violaciones más atroces de la normativa sanitaria o de seguridad por parte de las empresas. Aunque los gobiernos progresistas evitan públicamente las medidas neoliberales de «flexibilidad laboral», han hecho muy poco para ampliar y profundizar en las prerrogativas laborales sobre la mano de obra y el proceso de producción.

La principal diferencia de política laboral entre los gobiernos progresistas y la derecha tradicional es la «puerta abierta» a los dirigentes sindicales, su disposición a mediar y garantizar el incremento de los salarios, en especial el salario mínimo y, por lo general, la disminución de la represión brutal y violenta.

La república: El ‘Perdón’ de Fujimori, la nueva farsa dirigida a ejercer presión

Primero fue paseado en camilla en la clínica San Felipe, luego se difundieron fotos efectistas del granuloma y de su rostro deprimido. Ayer, una campaña que reclama fines humanitarios lanzó autorretrato que busca generar compasión.

Edmundo Cruz y Elízabeth Prado

Como parte de la campaña por el indulto a Alberto Fujimori, ayer se difundió un autorretrato del ex presidente en el que, aparte del atuendo andino con que aparece vestido, el autor escribe una leyenda sibilina que intenta confundir a la opinión pública: "Pido perdón por lo que no llegué a hacer y por lo que no pude evitar".

La frase indirecta pretende ser presentada como pedido de perdón de Fujimori, lo que no es sino su negación, según han salido a esclarecer de inmediato personalidades representativas de diversos sectores de la ciudadanía.

Anoche mismo, Keiko Fujimori rehuyó la intención de la cuestionada frase. "No voy a entrar en detalles", dijo.

CARLOS TAPIA

En opinión de Carlos Tapia, ex integrante de la Comisión de la Verdad y Reconciliación, el autorretrato de Alberto Fujimori difundido ayer en redes sociales es una "farsa completa", "Fujimori debe pedir perdón de verdad, y debe pedirlo directo y claro a los deudos de Barrios Altos y de La Cantuta, pero no lo ha hecho. No lo ha hecho porque Fujimori se cree inocente", sostiene Tapia.

"Por eso mandó a sus hijos a que solicitaran el pedido de indulto, pedido que él no ha firmado porque ello implicaba reconocer la sanción de la corte y reconocer por lo tanto la pena", explica.

Según Tapia, está bien que Fujimori pida perdón por lo que no llegó a hacer. "No llegó a hacer una sociedad democrática y no llegó a resolver los problemas internos en un clima de convivencia pacífica", argumenta.

Sin embargo, en el mismo mensaje Fujimori pide perdón por lo que no pudo evitar.

"Ahí está el contrabando –alerta Tapia–. Porque de ese modo sugiere que no pudo evitar lo del grupo Colina. Y eso es absolutamente falso".

Como se sabe, el grupo Colina fue un aparato organizado desde el Servicio de Inteligencia del Ejército, que dependía de la Dinte (Dirección de Inteligencia del Ejército). Y la Dinte era parte de todo el sistema de inteligencia del país que él como presidente y Montesinos como su asesor manejaban.

VOCES DE RECLAMO

Para la directora ejecutiva de la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, la forma como se promueve el pedido es una falta de respeto a los deudos.

Una persona que está tras un indulto humanitario no debería estar en campañas mediáticas tan absurdas. Sus consejeros comunicacionales cometen un error grave, así lo alejan más del indulto. El efecto es contrario al que buscan", explica.

Como académica que trabaja temas de comunicación, Silva Santisteban justifica así que haya una reacción de indignación justa. "Esos consejeros tratan de plantear las cosas de manera diagonal, colateral, cuando acá lo que se requiere es transparencia", añade.

"Aquello de pedir perdón por lo que no se pudo evitar es un burda frase que pretende ser enigmática, pero es bien pensada para desconcertar. Es una tomadura de pelo", dijo por su parte el abogado y analista político Hugo Guerra.

Según Jorge Del Castillo, la frase del autorretratista puede generar más reacciones negativas. En tanto que para Yonhy Lescano, de ser cierto el autorretrato, revela más bien el buen estado de salud del ex presidente y no su gravedad.

Hitos, poderes y decisiones

Todo comenzó el 7 de abril del 2009, el día en que se sentenció a Fujimori. Su hija Keiko dijo: "Esta es solo una batalla perdida. La guerra continuará hasta demostrar la inocencia de mi padre".

Vino luego la negociación de condiciones carcelarias excelentes con el gobierno de García Pérez. Este último estuvo dispuesto a otorgar el indulto, en julio del 2011. "[...] al final de mi gobierno [...] lo conversamos con el presidente Humala cuando ya estaba elegido, en Palacio de Gobierno. Y le dije: salgamos los dos y tomemos esta decisión. Ollanta dijo que lo seguiríamos conversando, pero hace 6 meses que no lo veo". Reveló García a Univisión en marzo de este año.

EN CIFRAS

117 reos permanecen en lista de espera de indulto humanitario.

18 años de los 25 impuestos dejaría de purgar Fujimori con el indulto.

2011  En junio, Fujimori afirmó: "Gracias a Dios no tengo cáncer terminal".

¡Buena! A caballo y a pie: miles en contra de la megaminería

Tercera "Marcha Nacional en defensa de la tierra y los bienes naturales" con una participación que triplicó la asistencia de la primera. Cerca de 200 jinetes, una docena de carros del sindicatos de clasificadores (Ucrus), tres tractores, decenas de organizaciones sociales y miles de personas de a pie (entre 5 y 8 mil de acuerdo a distintas estimaciones) marcharon en la tarde de ayer por la Avenida 18 de Julio, desde el Obelisco hasta la Plaza Independencia. 

Desde la Coordinación de la Comisión en defensa de la tierra, el agua y los recursos minerales del departamento de Treinta y Tres, se destacó a nivel de difusión una folletería con la transcripción del artículo 47 de la Constitución de la República: "La protección del medioambiente es de interés general. Las personas deberán abstenerse de cualquier acto que cause depredación, destrucción o contaminación graves al medioambiente".

La primera pancarta decía "Marcha Nacional en defensa de la tierra y los bienes naturales", y detrás aparecieron docenas, expresando los reclamos y los parajes: "Valentines no se vende". Tampoco faltaron los cánticos del estilo: "La tierra no se vende, la tierra se defiende", ni jóvenes con sus cabezas cubiertas por máscaras anti-gas.

En la proclama que se presentó desde las 20 horas hubo una multiplicidad de planteos en torno a diversos temas.

Desde la Coordinación Nacional de Colectivos Sociales, conformada por 35 grupos de todo el país, se informó la necesidad de consultar a las comunidades afectadas directamente por los proyectos de inversión que de algún modo pueden llegar a interferir con distintas actividades productivas y sociales. Asimismo se resaltó la oposición a los monocultivos de árboles y transgénicos a exportar solo como materias primas.

El emprendimiento de minería de hierro a cielo abierto de la Aratirí ocupó un lugar central en la protesta. "El proyecto ya inició la fase de exploración y, si el gobierno autoriza la explotación, la empresa multinacional Zamin Ferrous extraerá 18 millones de toneladas anuales de hierro cuyo destino final es abastecer a la industria del acero en China, India y otros países", se cuenta en parte del material que en la jornada difundió el Movimiento por un Uruguay sustentable. La Coordinación sostiene que "El llamado distrito minero, la zona de exploración y posible explotación, comprende 120.000 hectáreas en los departamentos de Florida, Durazno, Treinta y Tres y Cerro Largo, con centro en las localidades de Valentines y Cerro Chato.

La zona en cuestión se encuentra hoy dedicada principalmente a la actividad ganadera y equivale a más del doble de la superficie del departamento de Montevideo. También refiriéndose a las técnicas de Aratirí, los manifestantes subrayaron que la empresa india "dice que extraerá hierro pero busca también otros minerales, incluyendo el oro que se extrae utilizando cianuro, tal como se hace actualmente en Minas de Corrales".

Junto al riesgo de contaminación de las aguas, que de acuerdo a las organizaciones sociales llegaría a afectar a la cuenca del río Santa Lucía y por tanto a todos los montevideanos, se subrayó que Aratirí utilizará 43.000 toneladas anuales de explosivos, hará desaparecer cerros enteros dejando cráteres de más de 100 hectáreas y al menos uno, en Las Palmas, de 600 hectáreas. La actividad en los alrededores será severamente afectada no sólo por la contaminación de las aguas, sino por "la destrucción de flora y fauna autóctona, y los gigantescos depósitos de rocas y sedimentos descartados (70% del total)".

Según Alberto Boga, militante del colectivo "Indignados de la Costa" (departamento de Canelones), "es importante resaltar el apoyo de miles de personas, que no participaron de la marcha, pero desde las veredas de 18 de julio, apoyaron, alentaron, batiendo palmas, en el largo transcurso de la marcha. Todas las franjas de edad participaron: desde hombres y mujeres adultos mayores de 60, 70 y hasta 80 años, hasta miles de jóvenes, muy jóvenes, trabajadores y estudiantes. En la caballada participaron muchas jóvenes mujeres". La marcha "fue un ejemplo de unidad, por encima de la diversidad, en todos los órdenes. una gran respeto y compromiso a los acuerdos logrados".

Lima: Hoy movilización "No al fujiindulto Sr. Humala !"

La Iglesia excomulgó a quienes promovieron la ley de aborto (Uruguay)

La Conferencia Episcopal uruguaya apartó a todas las personas que impulsaron la despenalización de la interrupción del embarazo. Tampoco apoya la realización del referéndum en su contra porque "la vida no es objeto de plebiscito siquiera"

El monseñor Heriberto Bodeant, secretario del organismo, explicó que la Iglesia católica considera que Uruguay retrocedió en materia de valores humanos. Tampoco aprueba la idea de la oposición de convocar a una consulta popular.

“La vida no es objeto de plebiscito siquiera", señaló, aunque dijo que de activarse dicho mecanismo tomará una posición que puede ser recomendar no firmarlo.

"La excomunión automática es para quien colabora en la ejecución de un aborto de manera directa, y directa es que se haga ese acto en concreto. (...) Si un católico vota (una ley) con una manifiesta intención, se aparta él mismo de la comunión de la Iglesia", explicó Bodeant.

En cuanto al comportamiento que tendrá la Iglesia luego de que el presidente José Mujica promulgue la ley, indicó que será anunciar la "valoración de la vida". "Es un trabajo que apunta a fortalecer la ley escrita en el corazón de cada persona", manifestó.

Legisladores de la oposición y organizaciones sociales lanzaron, el jueves, una comisión para analizar la mejor forma de derogar la norma que despenaliza el aborto hasta la semana 12 de gestación.

"Una parte de la sociedad no va a aceptar la ley y vamos a trabajar por los mecanismos que correspondan para derogarla", dijo el edil del opositor Partido Nacional, Carlos Iafigliola, uno de los voceros de la Comisión Nacional Pro Derogación de la Ley del Aborto.

Entre las posibilidades que analizará la comisión están la de interponer recursos de inconstitucionalidad de la nueva ley, apelar a la Corte Interamericana de Justicia, alegando que la ley violenta el Pacto de San José de Costa Rica, o juntar firmas para convocar un referéndum sobre la norma.

Avelino Guillén: “El indulto sería como un Golpe de Estado”

En entrevista con el programa Lo Justo, que conduce la Secretaria Nacional de Derechos Humanos, Rocío Silva Santisteban, el ex fiscal y abogado Avelino Guillén consideró que un eventual indulto al ex presidente y condenado, Alberto Fujimori, sería como un golpe de Estado ya que significaría la consagración de la impunidad en nuestro país.

Guillén advirtió además que el pedido de indulto no ha sido firmado formalmente por Alberto Fujimori y sólo por sus hijos con el objetivo de que el sentenciado vuelva a la actividad política, de la que, según recordó Guillén, no se ha desligado ya que dirigió la campaña presidencial de su hija Keiko Fujimori en el 2011.

Por otro lado, el ex fiscal señaló que al ex presidente Fujimori no le corresponde un indulto humanitario. Según explicó, el fujimorismo está planteando un indulto político y para ello está presionando al gobierno del presidente Ollanta Humala.

Finalmente, remarcó que Fujimori tiene condiciones de privilegio que no tiene ningún preso en Sudamérica y que su diagnóstico es el de un paciente que tuvo cáncer.

En otro momento del programa, estuvimos con Cinthia Silva, abogada de Demus, para hablar sobre el acceso a la justicia para las mujeres en el Perú.

FOTOS: Grecia se paralizó una vez más ante asfixiantes medidas de austeridad

Qué dijeron el gobierno y las FARC en el inicio de las negociaciones

El gobierno de Colombia y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) iniciaron formalmente la llamada segunda fase de una negociación de paz, para poner fin a un conflicto que se extiende por casi medio siglo.

Con la mediación de Noruega y Cuba, y el acompañamiento de Venezuela y Chile, las partes lanzaron esta segunda etapa con una declaración formal en la ciudad de Oslo.

Mundo: Comenzó la constitución de la mesa de negociaciones de paz en Colombia. Sucede en la capital Noruega, Oslo

El Gobierno de Colombia y la guerrilla de las FARC han ofrecido una rueda de prensa este mediodía para dar a conocer oficialmente a la comunidad internacional los términos en los que van a negociar el que pretende ser el acuerdo de paz definitivo para el país sudamericano. Entre los puntos que se tratarán a lo largo de las conversaciones se abordará el derecho a la participación política de las FARC en el momento en que la guerrilla abandone la violencia. Sin embargo, la primera de las cuestiones a negociar será la del desarrollo agrario, a partir del día 15 en La Habana, Cuba.

Durante la rueda de prensa, en que los representantes de Gobierno y FARC se han sentado juntos, Cuba ha leído el comunicado conjunto que los negociadores han elaborado y según el cual se prevé el inicio de las reuniones el próximo día 5 de noviembre en La Habana para comenzar el día 15 a negociar el primero de los puntos acordados en el calendario, la cuestión del desarrollo agrario, crucial para las FARC que la consideran el origen de las desigualdades en Colombia. En el texto, las partes han agradecido su apoyo a los Estados facilitadores del diálogo, Noruega y Cuba así como a los países garantes, Venezuela y Chile.

El exvicepresidente colombiano y jefe de los negociadores por parte del Gobierno, Humberto de la Calle, ha explicado la estructura del proceso de paz que se divide en tres fases: el acuerdo exploratorio, que ya ha finalizado, la segunda, que comienza hoy, para llegar a acuerdos sobre la agenda, y una tercera que conducirá al acuerdo final. De la Calle ha pedido confidencialidad durante las conversaciones --advirtiendo de su posible volatilidad-- y ha asegurado que esto no supondrá que se trabaje de espaldas al pueblo. "Nada está acordado si todo no está acordado", ha señalado.

El expresidente ha felicitado a ambas partes por sentarse a negociar: "El Gobierno ha establecido un calendario audaz",  pero también ha recordado que hay cinco puntos realistas que se deben tratar: el desarrollo rural, las garantías para la participación política, el narcotráfico y las víctimas, "sobre todo las víctimas", enfatizó. "La terminación del conflicto armado es la antesala de la paz", dijo.

Iván Márquez, número dos de las FARC, ha tomado la palabra para explicar que, bajo el punto de vista de la guerrilla, el problema de la tierra está en la base de la confrontación. "La geofagia de los latifundistas ha agudizado el problema de la desigualdad", ha señalado. ."La lucha por el territorio está en el centro de las luchas que hay hoy en Colombia" ya que "la titulación de propiedad de tierras, tal y como la ha diseñado el actual Gobierno, es una trampa", prosiguió Márquez, que ha aprovechado para arremeter contra el capitalismo y las "élites neoliberales" que hacen "chorrear sangre".

Delegaciones de ambas partes se encontraban desde el martes por la mañana en la capital de Noruega para mantener un encuentro que, aunque estrictamente reservado, en principio, es protocolario y tiene el único fin de limar cuestiones de procedimiento de las conversaciones, que se desarrollarán en La Habana a partir de noviembre.

El papel de Noruega en estas conversaciones es el de facilitador del proceso, al poner a disposición de las partes un lugar neutral, con un prestigio internacional exquisito como mediador de conflictos, para tener su primer contacto público. El Gobierno de Colombia y las FARC llevan seis meses hablando en secreto para pactar la agenda de cinco puntos sobre que deben ser resueltos en estas negociaciones para alcanzar una paz definitiva y el fin del conflicto armado. En la nueva fase que comienza hoy, esas conversaciones siguen siendo reservadas. Todos los actores implicados han protegido al máximo detalles como el lugar de la reunión hoy en Oslo o quiénes están presentes en ella por parte de las FARC.

Según informa Efe citando fuentes cercanas al proceso, en el acto se leerá una declaración conjunta, seguida por una rueda de prensa del Gobierno colombiano con diez preguntas y otras tantas en otra conferencia que liderará el grupo de las FARC.

La llegada a Oslo de los negociadores se produjo el martes por la mañana. Según informó Reuters, ambas delegaciones pasaron por la puerta VIP del aeropuerto.

Durante dos semanas, la reunión entre las partes estuvo prevista para el lunes y martes de esta semana y la rueda de prensa para el miércoles. Problemas de última hora retrasaron todo hasta este jueves. Por un lado, las partes se encontraron con problemas logísticos, especialmente para que los negociadores de las FARC salieran de Colombia para reunirse en La Habana antes de viajar a Oslo.

Por otra parte, nunca ha estado claro qué miembros de la guerrilla viajarían a Noruega. La Fiscalía General de Colombia confirmó esta semana que ha suspendido las órdenes internacionales de captura contra algunos de los miembros de las FARC para que no fueran detenidos al llegar a Europa. Sin embargo, Interpol tiene aún vigentes órdenes de captura internacionales emitidas por países como España, Estados Unidos o Paraguay contra tres personas que en teoría forman parte del equipo negociador de la banda.