El secretario general de la ONU, Ban Ki-moon, pidió hoy que se apueste por el desarrollo sostenible en las zonas más áridas del planeta para combatir la desertificación y garantizar un futuro a los 2.000 millones de personas que habitan esas zonas y que sufren los efectos del cambio climático.
“La conservación y el desarrollo sostenible de los sistemas forestales áridos son vitales para combatir la desertificación”, señaló hoy el máximo responsable de Naciones Unidas en un mensaje divulgado por la oficina de su portavoz con motivo de la celebración del Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía.
MUCHO POR HACER
Ban destacó que “hay ejemplos en todo el mundo que muestran que las tierras degradadas pueden recuperarse mediante prácticas sostenibles y gracias a sistemas agroforestales” y pidió “un incremento” de esas intervenciones para obtener “resultados en más lugares del mundo”.
Asimismo, el secretario general abogó por que se invierta en las zonas áridas del planeta para mejorar la vida de los millones de personas que habitan en ellas y que sufren los efectos de la desertificación, sobre todo en forma de hambre y pobreza.
“Demasiado a menudo se considera que invertir en las zonas áridas es demasiado arriesgado, en lugar de creer que es una necesidad para mejorar el bienestar de las comunidades locales y de las economías nacionales”, aseguró Ban, quien pidió que se redoblen los esfuerzos para ayudar “a esos miles de millones de hombres, mujeres y niños olvidados”.
El diplomático surcoreano aseguró en ese sentido que se debe “premiar” a las personas que consiguen que las zonas áridas del planeta sean “más productivas”, para que “prosperen y otras intenten así emular su ejemplo”.
LA CAUSA DEL PROBLEMA
Además, el funcionario de la ONU destacó que el 42 % de las selvas tropicales y subtropicales del planeta son bosques áridos, y aseguró que la principal causa de la desertificación es “la gestión insostenible de los terrenos y la agricultura'.
El Día Mundial de Lucha contra la Desertificación y la Sequía se conmemora desde 1995 y apunta a que la desertificación es un problema al que se puede hacer frente a través de la cooperación internacional y la participación comunitaria.
Entendemos que su país y su pueblo tienen muchas necesidades, y seguramente una de ellas es disponer de más alimentos y fibras. Sabemos también que las organizaciones de campesinos e indígenas de su país tienen muchas propuestas y opciones sin transgénicos, que si son atendidas y apoyadas, generarán mucho mejores, más sanos y más justos resultados, afirmando un ejemplo para el mundo, como un camino propio de bienestar, que respeta a los pueblos, a la Madre Tierra, y que no depende de las transnacionales.
8 de Junio 2011
Honorable Presidente del Estado Plurinacional de Bolivia
Don Evo Morales Ayma
Nos dirigimos a Ud. con honda preocupación por la posible apertura de su país a los cultivos transgénicos y por tanto, a la gravísima dependencia de las transnacionales que los controlan.
Los movimientos sociales en su país han alertado de la próxima consideración en la Asamblea Legislativa de la llamada “Ley de Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria”. Hemos visto con alarma las recientes declaraciones del Ministro de Autonomías, Carlos Romero Bonifaz, a favor dedicha apertura y el entusiasmo que los sectores agroindustriales ligados a intereses transnacionales manifiestan abiertamente por estos hechos.
No entendemos esta medida, que aparece como algo profundamente contradictorio, ya que Ud. mismo ha manifestado repetidas veces su crítica a estos cultivos y ese es el espíritu de la nueva constitución. En una coyuntura mundial, en su país y todos nuestros países, donde las transnacionales avanzan para apoderarse de todas las fuentes de la soberanía alimentaria, esta sería una medida suicida para el Estado Plurinacional de Bolivia, y un golpe para todos y todas los que creemos que es posible transitar un camino nuevo y justo con la gente y la Madre Tierra.
Los organismos transgénicos tienen fuertes impactos a la salud y al medioambiente, pero sobre todo, son la forma que han encontrado las multinacionales de los agronegocios para impedir los derechos de los campesinos e indígenas a sus semillas y apropiarse de las bases del sustento de todos.
Al contrario de la propaganda de las multinacionales, los transgénicos producen menos que los cultivos híbridos convencionales por unidad de área, y también menos alimento que los sistemas campesinos biodiversos. Este dato de menores rendimientos ha sido demostrado por la Union of Concerned Scientists (Unión de Científicos Preocupados) de Estados Unidos, basados en el análisis de las cifras estadísticas oficiales de 13 años de comercialización y 20 de experimentación, de soya y maíz transgénico en Estados Unidos (1). Ese país fue y sigue siendo el principal productor mundial de transgénicos, por lo que son cifras más reveladoras que cualquier otro estudio que presenten las empresas.
La única razón por la que los agricultores estadounidenses siguen plantando transgénicos, es que ya no tienen otra opción, porque las mismas seis transnacionales que controlan los transgénicos son también las que venden las semillas convencionales y ya no ponen otras en los mercados. Esto podría suceder en Bolivia.
Sobre los impactos a la salud, la Asociación Americana de Medicina Ambiental, luego de haber revisado numerosos estudioscientíficos, emitió en 2009 una posición llamando “por la salud y la seguridad de los consumidores” a establecer urgentemente una “moratoria a los alimentos genéticamente modificados y la implementación inmediata de pruebas independientes y de largo plazo sobre su seguridad”.
Entre los efectos negativos en que dicha asociación médica basa su posición pública, comprobados a partir de decenas de estudios en animales, mencionan “riesgos serios”, como infertilidad, desregulación inmune, envejecimiento acelerado, desregulación de genes asociados con síntesis de colesterol y regulación de insulina, cambios en el hígado, riñones, bazo y sistema gastrointestinal. Citan entre otros, un estudio del 2008 con ratones alimentados con maíz transgénico Bt de Monsanto, que vincula el consumo de maíz transgénico con infertilidad y disminución de peso en animales, además de mostrar la alteración de expresión de 400 genes. (2)
Usted, como primer Presidente indígena del Estado Plurinacional de Bolivia, y las potencialidades que su gobierno abrió, han sido una esperanza para las organizaciones de la sociedad civil y los movimientos sociales de la región y del mundo, para promover una gestión distinta de las que nos somete el poder de las transnacionales y el capital. Sin embargo, los transgénicos son una garantía de que esos poderes avanzarán en Bolivia, en contra de las economías campesinas, de la salud de toda la población y del Vivir Bien, al que ustedes nos han convocado.
Bolivia aprobó en enero del 2009 la nueva Constitución Política del Estado Plurinacional que en su Artículo 255 determina que las relaciones internacionales y la negociación, suscripción y ratificación de tratados internacionales se regirán por el principio de "prohibición de importación, producción y comercialización de organismos genéticamente modificados y elementos tóxicos que dañen la salud y el medio ambiente", velando por la seguridad y soberanía alimentaria de toda la población.
Sabemos que el Art. 409 de la Constitución señala que la producción, importación y comercialización de transgénicos será regulada por ley. Entendimos por sus declaraciones que esto se aplicaría a la soya transgénica aprobada el 2005, antes de que usted asuma como Presidente y que usted manifestó el compromiso con las organizaciones sociales, de revertir esta injusta situación, recuperando el verdadero espíritu de la Asamblea Constituyente, que fue el rechazo a los transgénicos.
Bolivia es un ejemplo mundial de biodiversidad agrícola y cultural y es centro de origen y diversidad de muchos cultivos que han sido –y siguen siendo– sustento de las civilizaciones, culturas y pueblos sudamericanos y del mundo, legando a la alimentación de la humanidad entre muchos otros, la papa, quinua, frejol, ajíes, pimientos, maníes y una gran diversidad de maíces y raíces. Son riquezas que hasta el día de hoy son manejadas por las campesinas y campesinos bolivianos, que continúan aportando a la soberanía alimentaria de su pueblo y del mundo. Los transgénicos atentan contra esta riqueza que es esencial para enfrentar la crisis alimentaria y climática del planeta.
Nos alarma y sorprende que este proyecto de ley denominado “Revolución Productiva Comunitaria Agropecuaria” abra entonces las puertas del país a los transgénicos, pese a que entendemos que ha sido cuestionado por muchas de sus propias organizaciones sociales, de campesinos e indígenas. Esta apertura conllevará seguramente la contaminación transgénica de las variedades campesinas de maíz, del que Bolivia es centro de diversidad y es uno de los principales alimentos campesinos e indígenas.
También es enormemente preocupante la posibilidad de que éste sea el marco para introducir otros transgénicos, como caña de azúcar, que acelere la plantación industrial de agrocombustibles en la Amazonía andina, con graves consecuencias sociales y ambientales. En ambos casos, se trata de serias amenazas a la soberanía alimentaria.
Entendemos que su país y su pueblo tienen muchas necesidades, y seguramente una de ellas es disponer de más alimentos y fibras. Sabemos también que las organizaciones de campesinos e indígenas de su país tienen muchas propuestas y opciones sin transgénicos, que si son atendidas y apoyadas, generarán mucho mejores, más sanos y más justos resultados, afirmando un ejemplo para el mundo, como un camino propio de bienestar, que respeta a los pueblos, a la Madre Tierra, y que no depende de las transnacionales.
Confiamos en que su gobierno reflexione y corrija estos errores, por lasoberanía alimentaria y el cuidado y la defensa de la Madre Tierra.
Quedamos a su disposición por cualquier información adicional que requiera.
Alianza por la Biodiversidad en América Latina Acción por la Biodiversidad, Argentina Acción Ecológica, Ecuador Centro Ecológico, Brasil Grain, internacional Grupo ETC, internacional Grupo Semillas, Colombia Red de coordinación en Biodiversidad, Costa Rica REDES-AT, Uruguay Sobrevivencia Amigos de la Tierra, Paraguay
MANIFIESTO A LA OPINIÓN PÚBLICA NACIONAL E INTERNACIONAL
El Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasuyu, dentro del marco de sus derechos a la libre determinación de los pueblos indígenas originarios, expresada en la Declaración de las naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas; el Derecho a la Consulta a los Pueblos Indígenas del Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo la Constitución Política del Estado Plurinacional de Bolivia. La Declaración del Foro Mundial de los Pueblos Indígenas de Tinquipaya, La Ley de Madre Tierra y demás documentos del Foro Permanente de las Naciones Unidas Sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas originarios.
Frente a la decisión incoherente del Gobierno, de hacerle juego a las multinacionales, a las empresas transnacionales y consecuentemente a las empresas que se dedican a los transgénicos (Organismos genéticamente Modificados) y abonos no orgánicos, que atentan la vida de la madre Tierra, empeorar el calentamiento global y consecuentemente atentan a la vida de todos los habitantes del Estado Plurinacional de Boliviano; hacemos llegar el presente manifiesto a la opinión pública nacional e internacional.
El CONAMAQ, rechaza enfáticamente la determinación del Ministerio de Desarrollo Rural, Órgano Legislativo y Ejecutivo (Senadores, Diputados y Ministros), de ceder ante la presión de la empresas agroindustriales de hacer unos de los transgénicos y de los abonos químicos que desertifican los suelos y mata la vida los transgénicos que ponen en riesgo la sostenibilidad de la vida de los habitantes del planeta, de la vida de nuestros hijos y de las generaciones futuras.
El CONAMAQ, rechaza categóricamente que el gobierno central, a la cabeza del presidente Evo Morales Ayma, demostró un doble discursos al buen estilo de los doctores altoperuanos, llamados los “doble caras”, que en el discurso defiende enfáticamente a la Madre Tierra y en la práctica con la Ley en la mano, sentencia muerte a la Pachamama (Madre Tierra).
El CONAMAQ advierte al gobierno que no callara por el atentado alevoso que hace el gobierno central a nuestro Pachamama (Madre Tierra).
El CONAMAQ denunciara a las instancias internacionales como el Foro Permanente de las Naciones Unidas.
Por lo tanto solicitamos la eliminación de estos artículos:
Incisos 3 y 4 del Artículo 15 (Política de protección de recursos genéticos naturales), que mencionan:
3. No se introducirán en el país paquetes tecnológicos agrícolas que involucren semillas genéticamente modificadas de especies de las que Bolivia es centro de origen o diversidad para proteger el patrimonio genético, la biodiversidad, la salud de los sistemas de vida y la salud humana.
4. Todo producto destinado al consumo humano de manera directa o indirecta , que sea, contenga o derive de organismos genéticamente modificados, obligatoriamente deberá estar debidamente identificado e indicar esta condición
Así como el 5 del Artículo 19 (Política de intercambio y comercialización).
Se establecen disposiciones para el control de la producción, importación y comercialización de productos genéticamente modificados.
Disposición transitoria tercera inciso I: Se establece arancel diferenciado reduciendo su cuantía para la importación de maquinaria, equipo e insumos agropecuarios…, por el lapso de 5 años, sujeto a reglamentación…
por la autodeterminación y autogobierno de las naciones originarias
La Cámara de Diputados aprobó en sus dos instancias –en grande y a detalle– el Proyecto de Ley de Revolución Productiva, Comunitaria y Agropecuaria, incluyendo el cuestionado artículo 15, que permite el cultivo de productos transgénicos siempre y cuando no sean alimentos originarios del país, como la papa y el tarwi. El proyecto ya fue remitido al Senado Nacional.
El presidente de la Comisión de Economía Plural de Diputados, Luis Alfaro, justificó el hecho como un plan de contingencia en caso de que el mercado interno de alimentos se vea desabastecido. Agregó que la ley proporcionará todos los beneficios posibles a los productores campesinos a fin de incentivar la producción de alimentos orgánicos naturales.
“Si logramos cubrir el mercado nacional, no será necesario utilizar los productos transgénicos, pero si la situación se agrava por las condiciones climáticas u otros factores, existe la obligación del Gobierno, del Estado, de buscar otras alternativas”
El asambleísta aseguró que se efectuarán estudios para determinar si el consumo de alimentos modificados genéticamente produce problemas de salud, y que la ley se reglamentará, –en un periodo de entre 30 a 120 días– luego de su promulgación. Los productos transgénicos que circulen en el mercado deberán estar etiquetados para que la población elija lo que consuma.
Uno de los artículos que se incorporó a Ley en el debate se refiere a la Empresa de Apoyo a la Producción de Alimentos (Emapa), cuya función será realizar una planificación productiva entre la población rural y urbana, en trabajo coordinado con los agroindustriales. Se espera que esta instancia apoye la producción y comercialización de alimentos.
Con la norma, las Alcaldías y los gobiernos departamentales, a través de sus entes legislativos, tendrán la posibilidad de transferir recursos directos a sus comunidades. Asimismo, podrán realizar un cierto ordenamiento institucional en diferentes programas nacionales con el fin de buscar la transformación de la producción para el desarrollo del país.
“Es un hecho histórico para nosotros quienes venimos de organizaciones a este ente legislativo y tenemos que ver cómo nuestros hermanos del campo tienen que enfrentar una crisis alimentaria. Con la aprobación de esta norma estamos seguros de que vamos a devolver una deuda social al campo que por muchas décadas ha sido dejado a su suerte”, concluyó.
Reacciones encontradas
El jefe de bancada del Movimiento Al Socialismo (MAS), Edwin Tupa, manifestó que la Cámara de Diputados deberá elaborar una ley exclusiva para la regulación del consumo de productos transgénicos.
“Habrá otra ley donde se hable de los transgénicos, se regulará totalmente, queremos eliminar aquellos (transgénicos), pero hay que garantizar al pueblo la alimentación”. Pidió comprensión a los productores campesinos y aseguró que con la ley el 97% de los alimentos que se consumirán en el país serán de origen natural.
Al respecto, el presidente de la Cámara Baja, Héctor Arce, aseguró que el nuevo dispositivo no genera viabilidad para producir productos transgénicos y si algún alimento modificado llega de importación, estará debidamente identificado en su envase.
Por su parte, el Consejo Nacional de Ayllus y Markas del Qullasusyu (Conamaq) anunció movilizaciones en contra del artículo 15 de la ley productiva que permite el ingreso de productos transgénicos a Bolivia.
“Se harán algunas movilizaciones, vamos a convocar a nuestras bases a reuniones para ver qué otras medidas asumiremos”, señaló el dirigente de la Comisión de Gestión Territorial de la Conamaq, Andrés Poma.
Poma lamentó que el asunto se incluya en el proyecto de ley y que no fuera modificado ni anulado por la Cámara de Diputados. Garantizó que los productores campesinos abastecerán el mercado alimenticio de Bolivia y reiteró que los alimentos transgénicos son dañinos para la salud y que, de ser cultivados en el país, dañarán el terreno de cultivo.
En tanto, la Confederación Sindical Única de Trabajadores Campesinos de Bolivia (CSUTCB) apelará a la reflexión de los senadores para que modifiquen el artículo 15 de la norma. Para ello, se reunirán con los asambleístas de la Cámara Alta, e incluso solicitarán un encuentro con el presidente Evo Morales para debatir el asunto.
“Se ha advertido sobre los transgénicos, pero la decisión final escapa a nuestra voluntad”, señaló el secretario de Tierra y Territorio de la CSUTCB, Rodolfo Machaca. El dirigente agregó que la institución que representa participará en el proceso de reglamentación, que se iniciará tras la promulgación de la ley, prevista para el 21 de junio, día del año nuevo aymara.
Datos:
La soya es el único alimento transgénico producido en Bolivia. La superficie de soya transgénica cultivada en 2010 en Santa Cruz llegó a 780 mil hectáreas, lo cual representa el 88% de la superficie cultivada en el rubro, según datos del comité de semillas de ese departamento oriental.
CONVEAGRO saludó al Concejo Metropolitano de Lima, que aprobó en sesión presidida por la alcaldesa Susana Villarán, declarar a Lima Metropolitana como “Territorio Libre de Transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados”.
La dirigencia del agro asistió al pleno metropolitano y fue testigo del compromiso asumido por la mayoría de regidores -con excepción de los representantes del PPC, que votaron por la abstención-de defender y proteger la salud de la población y preservar la biodiversidad y el medio ambiente.
CONVEAGRO, participó en el proceso de elaboración del acuerdo municipal, advirtiendo la necesidad de la declaratoria en salvaguarda de la biodiversidad, el crecimiento de nuestra gastronomía y turismo local, así como en defensa de la salud de la población capitalina.
Jorge Prado, vicepresidente de CONVEAGRO, destacó el interés manifiesto del teniente alcalde Eduardo Zegarra, en alcanzar este acuerdo que se suma a la campaña nacional de defensa de la biodiversidad, el agro, la gastronomía y la salud.
“En el mes del campesino peruano que alimenta a los peruanos con la riqueza de su biodiversidad es un premio que el Concejo Metropolitano le da al campo. Esperamos que el presidente de la República, Alan García, reconozca que su gestión está errada en promover el ingreso de transgénicos al país y, haciendo el mea culpa respectivo, promulgue la Ley de Moratoria por 10 años aprobada por el Congreso de la República, con el voto de sus mismos partidarios. El agro peruano, que fue desatendido por este gobierno, merece por lo menos esta última señal”, señaló el dirigente agrario.
El pleno del Congreso aprobó ayer el proyecto de la nueva Ley Forestal y de Fauna Silvestre con 61 votos a favor, 23 en contra y una abstención. La norma renueva el marco legal para la conservación, protección, incremento y uso sostenible del patrimonio y recursos forestales en el Perú.
Aníbal Huerta, presidente de la Comisión Agraria, destacó que el dictamen fue redactado luego de diversas sesiones y audiencias públicas de información y consulta con organizaciones de comunidades campesinas y nativas.
El congresista Víctor Mayorga, del partido Nacionalista, con el respaldo de otros parlamentarios, planteó como cuestión previa aprobar primero el proyecto de Consulta Previa para evaluar si la ley forestal cumple con ésta pero su petición fue rechazada.
Autoridad forestal en el sector agrario
El Congreso decidió que la nueva autoridad forestal denominada “Servicio Forestal y de Fauna” (SERFOR), que reemplazará a la actual Dirección Forestal y de Fauna, dependerá del Ministerio de Agricultura y no del Ministerio del Ambiente.
El SERFOR tendrá un consejo directivo formado por doce personas, integrado por un (1) representante del Ministerio de Agricultura, tres (3) de los gobiernos nacional, regional y local; cuatro (4) de las comunidades campesinas y (4) cuatro de la sociedad civil.
De los cuatro representantes de las comunidades dos pertenecerán a las comunidades amazónicas, uno a las comunidades andinas y una a las comunidades de costa.
El SERFOR aprobará una Plan Nacional Forestal y de Fauna Silvestre de manera participativa y priorizando la gobernanza y gobernabilidad forestal, la gestión efectiva de los recursos y el posicionamiento del sector a nivel nacional e internacional.
La Ley Forestal y de Fauna Silvestre es una de las obligaciones pendientes de Perú en el marco del Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos, motivo por el cual su aprobación es de suma importancia para el país.
La norma se trabajó durante ocho meses y participaron representantes del Ejecutivo a través de los especialistas de los ministerios de Relaciones Exteriores, Comercio Exterior, Agricultura y del Ambiente.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) había pedido que sea el nuevo gobierno a instalarse el 28 de julio el que debata y apruebe el proyecto de la “Ley Forestal y de Fauna Silvestre” (Nº 4141/2009-PE).
Además, habían exigido que el proyecto sea debatido por la Comisión de Pueblos Andinos, Amazónicos y Afroperuanos, que ha sido ignorada en el proceso actual.
Posición de Conap
Sin embargo, otras organizaciones amazónicas y campesinas respaldaron el documento debatido en el pleno denominado: ” Texto Sustitutorio Consensuado del Dictamen del Proyecto de Ley Forestal y de Fauna Silvestre”.
Mediante una carta enviada a la presidencia del Congreso y a los 120 congresistas cuatro organizaciones pidieron se respete de manera irrestricta los acuerdos alcanzados “durante el proceso de consulta previa”.
La petición fue suscrita por la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (CONAP), la Confederación Campesina del Perú (CCP), la Confederación Nacional Agraria (CNA) y la Federación Nacional de Mujeres Campesinas, Artesanas, Indígenas, Nativas y Asalariadas del Perú (FEMUCARINAP).
Enfatizan que los acuerdos alcanzados en un proceso de consulta tienen carácter vinculante para el Estado en su conjunto, señalando además que su participación en el proceso de consulta ha sido voluntaria y de buena fe.
Oseas Barbarán Sánchez, presidente de la CONAP indicó que se vive un momento histórico por ser la primera vez que el Estado peruano consulta a los pueblos indígenas una medida legislativa que pudiera afectarles, y destacó que la norma será beneficiosa para los pueblos indígenas y el país.
virtudes de la nueva norma
Diversos especialistas, como Rodrigo Carpio, opinaron que el contexto y el espíritu de la nueva norma es muy superior a la norma forestal vigente y el proceso de su elaboración ha significado nuevos compromisos inter institucionales.
El texto sustitutorio logró recoger la mayoría de los aportes y acuerdos formulados por las organizaciones indígenas y, por ejemplo, destacó que el artículo 11 excluye a los agrocombustibles como plantación forestal. De manera expresa indica: “no son plantaciones forestales los cultivos agroindustriales ni los cultivos agroenergéticos”.
De otro lado la norma prohíbe el cambio de uso actual de tierras de capacidad de uso mayor forestal y de protección (art. 37), uno de los temas que preocupaba a las comunidades indígenas y ambientalistas.
La norma asimismo dispone en su art. 65 que las comunidades tienen exclusividad en el uso y aprovechamiento de los bienes y servicios de los ecosistemas forestales dentro de sus tierras tituladas o cedidas en uso.
El artículo 145 otorga potestad fiscalizadora y sancionadora a las autoridades regionales forestales y de fauna silvestre, en el ámbito de su competencia territorial y conforme a la Ley Orgánica de Gobiernos Regionales.
El Pleno del Congreso aprobó ayer por unanimidad, con el voto a favor de 68 congresistas, la ley que declara intangible la Bahía de Ancón, que está sustentado en el proyecto de ley número 4825.
De ser promulgada por el Ejecutivo se pondrá freno al polémico proyecto de la empresa Santa Sofía Puertos del Grupo Romerode construir un puerto en la bahía de Ancón.
Los residentes y pescadores artesanales de Ancón esperan que el presidente Alan García promulgue la mencionada norma por la que vienen luchando desde hace más de 1 año pues la habilitación del proyecto devastaría el ecosistema local, dejaría sin empleo a mil personas y causaría daños irreversibles en el turismo.
La aprobación de esta iniciativa choca con los intereses de la empresa Santa Sofía Puertos S.A., que desde hace varios meses viene promoviendo la construcción de un terminal portuario en este balneario limeño.
El proyecto de ley prohíbe la instalación y construcción de infraestructura para la explotación comercial, portuaria, de transportes y toda aquella que pueda afectar las condiciones ambientales y sociales de la bahía. Además, declara de interés nacional la promoción y el desarrollo de la actividad turística y de la pesca artesanal en dicha bahía.
Asimismo, indica que la Municipalidad de Ancón y el Ministerio del Ambiente adoptarán las acciones necesarias para garantizar y proteger la intangibilidad de la bahía y su zona aledaña.
Al respecto, Jorge Caillaux, presidente de la Sociedad Peruana de Derecho Ambiental, expresó su conformidad con la decisión del Congreso. “Ha sabido interpretar el sentir de una gran mayoría de la población de Ancón que no estaba de acuerdo con este puerto”, señaló.
Carlos Chirinos, de la Asociación de Propietarios de Ancón, dijo que esta aprobación es una medida extraordinaria. “El Congreso ha hecho un reconocimiento del valor social y cultural que tiene la bahía. Es un respaldo al esfuerzo de los pescadores y de la población por reconocer a Ancón como un sitio turístico y productivo”, afirmó.
La prensa intentó conocer la opinión de la empresa Santa Sofía Puertos S.A., pero hasta el cierre de esta nota no hubo ningún pronunciamiento oficial.
Con la finalidad de preservar la biodiversidad, el medio ambiente y proteger la salud de los ciudadanos, el pleno del Consejo Metropolitano de Lima presidido por la alcaldesa Susana Villarán aprobó declarar a Lima Metropolitana como “Territorio Libre de Transgénicos u Organismos Genéticamente Modificados”.
Así, en esta parte del país se incentivará la alimentación basada en productos naturales no alterados, a diferencia de los genéticamente modificados mediante la biotecnología moderna con el fin de obtener características específicas.
La gerencia de Educación y Cultura de la Municipalidad de Lima será la responsable de promover entre la ciudadanía el origen e impacto ambiental de los productos transgénicos. De esta forma, se busca que los consumidores decidan objetivamente qué tipos de alimentos desean comer.
Cabe destacar que mientras la organización Greenpeace supone que los transgénicos emplean tóxicos, pérdida de biodiversidad, contaminación genética y del suelo; Monsanto, la mayor empresa productora de este tipo de alimentos, indica que los cultivos genéticamente modificados son evaluados rigurosamente para garantizar su uso seguro en el medio ambiente.
Julian Assange entrando un día tras otro en la comisaría de Beccles, Norfolk. Firmando cada 24 horas para acreditar que, un día más, no pretende escapar. Mostrando la pulsera electrónica que lleva en el tobillo, la que permite que se controlen todos sus movimientos. Intentando proseguir con su trabajo fuertemente vigilado por distintos equipos electrónicos y cámaras. Estas son las imágenes que ofrece este reportaje realizado por WikiLeaks y enviado hoy que se cumplen seis meses de su arresto domiciliario en la mansión de Elligham Hall, en Norfolk, Inglaterra.
“Le están tratando como a un animal enjaulado”. Lo dice Sarah Harrison, una de sus más estrechas colaboradoras.
El video muestra la situación de vigilancia permanente a la que está sometido el editor australiano. Su colaboradora Harrison enseña una de las cámaras que ha aparecido en los alrededores de la mansión desde su llegada. Vaughan Smith, su anfitrión, el propietario de la mansión, su gran protector en suelo británico, se muestra contrariado con la proliferación de dispositivos de control en su casa.
“Creo que está sometido a un régimen bastante invasivo. Llevar esas pulseras que no puedes quitarte, saber que permiten seguirte la pista, que estás en una especie de cárcel electrónica…Hay tres cajas en mi casa. Según lo que entiendo, lo que hacen es decir si Julian está en casa o no”.
El reportaje muestra esos tres dispositivos que están conectados a la pulsera electrónica que el australiano lleva en el tobillo y que envían la información a la policía británica. Joseph Farrell, uno de sus más estrechos colaboradores, explica que las condiciones en las que está Assange dificultan considerablemente el trabajo.
WikiLeaks estima que Julian Assange, a quien la justicia sueca reclama por supuestos abusos sexuales y violación, está siendo sometido a un trato injusto y desproporcionado. Que su petición de extradición esconde oscuras maniobras políticas para empapelarlo. Por eso han acompañado el video de un escrito en el que reabren sus objeciones a la orden de arresto internacional que las autoridades suecas emitieron el año pasado. Lo hacen una semana después de que la cuestión de las órdenes de arresto internacionales fuera abordada en el Parlamento Europeo.
La plataforma considera que la orden que emitió Suecia contra Assange el pasado 26 de noviembre esconde una motivación política. Que se pretende usar el país escandinavo como escala para enviarle en última instancia a Estados Unidos. Argumentan que el Parlamento Europeo debería estudiar el caso de Assange y abordar la cuestión de que las órdenes de extradición entre países miembros deberían poder ser rechazadas cuando quede claro que existe una motivación política oculta. El documento, básicamente, reproduce los argumentos de la defensa del australiano en la vista para su extradición. Argumentos que fueron desestimados en la Corte de Belmarsh el pasado mes de febrero.
Assange recurrió la decisión de extradición en marzo y está pendiente de la vista de su recurso el próximo 12 de julio en Londres.
Tras oficializarse la revocatoria de la orden de detención preliminar, por la Sala Penal de Apelaciones de la Corte Superior de Puno. El dirigente aymara Walter Aduviri, esta tarde abandonó la sede de Panamericana Televisión, luego de haber permanecido más de 30 horas.
Como se recordará Aduviri Calisaya, se quedó en la citada casa televisiva, tras un intento de detención por la Policía, por tener en su contra una orden de detención preliminar de 24 horas, por presunta responsabilidad en los actos de violencia registrados recientemente en Puno.
A su salida del canal de televisión fue recibido por decenas de dirigentes de Puno que pernoctaron para respaldarlo.
En sus primeras declaraciones a los medios de comunicación Walter Aduviri, señaló que acatará las disposiciones judiciales, sin embargo dijo que la orden de detención en su contra fue considerado como abuso de autoridad “no soy delincuente”, precisó.
Además, señaló que insistirá reunirse con la presidenta del Consejo de Ministros Rosario Fernández, respecto a las demandas del pueblo aymara, como es la cancelación de las concesiones mineras y cierre definitivo de la minera Santa Ana.
Asimismo, dijo que la agenda original sigue siendo la derogatoria del decreto supremo No. 083.
Como se sabe Walter Aduviri, es el presidente del Frente de Defensa de los Intereses de la Zona Sur de la Región Puno, encabezó las recientes protestas contra las concesiones mineras, las cuales incluyeron bloqueo de carreteras y quema de locales públicos.
Aunque los organizadores apostaban por reunir a 20 mil personas, la convocatoria a la marcha estudiantil de hoy superó todas las expectativas y logró congregar a más de 70 mil manifestantes, según informó Carabineros.
La enorme columna de personas –que abarca varias cuadras– salió a las 11.00 horas desde Plaza Italia y comenzó a avanzar por la calzada sur de la Alameda rumbo a Plaza Los Héroes para realizar un acto central. Entre los manifestantes se encuentra una gran cantidad de estudiantes secundarios y universitarios, además de profesores, y miembros de la ANEF y la Confusam.
Pese a que sólo tenían autorización para transitar por la calzada sur de la Alameda, a la altura de calle Mac Iver los manifestantes ocuparon la calzada norte de la avenida, por lo que el tránsito debió ser interrumpido. En ese sector los locales comerciales se encuentran cerrados.
La marcha se ha desarrollado de manera pacífica y fue resguardada por un importante contingente de Fuerzas Especiales de Carabineros, especialmente frente a La Moneda. La situación también está siendo monitoreada por las cámaras de seguridad instaladas en la Alameda.
Las marchas de estudiantes también se han replicado esta jornada en diferentes ciudades del país, como Valparaíso, Concepción, Temuco, Valdivia, Arica, San Antonio, Chillán, logrando reunir a miles de personas.
Al margen de los incidentes que se registraron al final de la marcha estudiantil, la presidenta de la FECh,Camila Vallejo, destacó la alta adhesión que tuvo la convocatoria, a la que concurrieron más de 70 mil personas.
En el acto central en Plaza Los Héroes, la dirigenta calificó la manifestación de hoy como "gloriosa". "Los estudiantes y trabajadores se han hecho presentes en esta gloriosa marcha de la ciudadanía que hoy se expresa", sostuvo.
"Algunos han dicho que la gente no quiere manifestaciones, pero hoy día más de 100 mil personas decimos que sí queremos manifestarnos, que sí queremos participar para recuperar la educación pública y para que el Estado se haga cargo de garantizar el derecho de la educación", expresó.
Los organizadores cifraron en más de cien mil los asistentes a la marcha, aunque según estimaciones de Carabineros el número se acercó a los 70 mil. De todas formas, la alta convocatoria superó todas las expectativas de los estudiantes, que esperaban a unas 20 mil personas.
En la oportunidad, Vallejo remarcó que "la ciudadanía clama porque se regule la educación de mercado, queremos terminar con el desfinanciamiento de las universidades estatales y con el lucro y avanzar con la gratuidad, porque la educación es un derecho y no un bien de mercado".
Añadió que "hoy no nos sirve dialogar porque las cosas son claras. Nosotros exigimos que se respete la ley, que dice que no se puede lucrar y eso no se está respetando y no ha habido voluntad política para que se respete".
La Sala de Apelaciones de la Corte Superior de Puno revocó la orden de detención que pesaba contra el dirigente Walter Aduviri por los hechos ocurridos en la paro antiminero ocurrido en Puno, dijo el abogado Martin Ticona Maquera.
Indicó que la defensa se fundamentó en tres puntos, el primero referido a que su patrocinado no fue notificado debidamente, pese a tener su domicilio en la ciudad de Puno.
Asimismo, dijo que el Ministerio Público argumentó que el dirigente esta en peligro de fuga, “hecho que no es cierto porque actualmente esta refugiado en el canal 5”. De la misma forma se señala que el dirigente se asoció para delinquir -según el abogado- es falso, porque son representantes para buscan la reivindicación de los propósitos de tienen.
Dos de los congresistas que protagonizaron los incidentes en el Congreso de la República, ayer miércoles, tuvieron una fuerte discusión en el programa de Augusto Álvarez Rodrich. Se trata del aprista Wilder Calderón y del legislador nacionalista Édgar Reymundo. Se dijeron de todo, especialmente al final de la entrevista. Ver principalmente desde el minuto 7.
Augusto Álvarez Rodrichlos presentó como en un ring de box: "En esta esquina, Édgard Reymundo y en la otra Wilder Calderón".
"En política no hay casualidades, esto es una prueba de que el apro-fujimorismo querían imponer al caballazo al Defensor del Pueblo", dijo Reymundo.
A su vez Calderón señaló que "la pólvora entró al cuerpo de Reymundo" al iniciar la gresca suscitada ayer en el Parlamento.
"Esa es la conducta bufonesca y de matón que tienen en el APRA", se defendió el nacionalista, a lo que respondió Calderón de la siguiente manera: "Amables televidentes ustedes se encargarán de calificar la actitud de mi colega..."
