El Presidente Evo Morales promulgó hoy la ley de la Revolución Productiva Agropecuaria Comunitaria (RPAC) que legaliza el cultivo y el comercio de transgénicos en Bolivia. La norma es fruto del debate amplio y democrático y del consenso con todas las organizaciones sociales, asegura el gobierno; pero los hechos muestran que esta ley redactada por técnicos de tres ministerios fue impuesta al Pacto de Unidad con amenazas y chantajes.
La RPCA es una de las primeras leyes hechas por bolivianos y concertada con diferentes organizaciones a lo largo de tres meses “sin restricción alguna”, destacó el viceministro de Desarrollo Rural Víctor Hugo Vásquez, quien participó en la negociación de esta norma cuyo “único objetivo es garantizar comida para todas las bolivianos y bolivianos en las próximas décadas”.
Sin embargo, otra es la versión de los representantes sociales que asistieron a la negociación, entre ellos delegados del Consejo Nacional de Ayllus y Marcas de Qullasuyo (CONAMAQ), Confederación Sindical Única de Campesinos de Bolivia (CSUTCB), Foro Boliviano sobre Medioambiente y Desarrollo (FOBOMADE), e incluso algunos técnicos del gobierno.
Los representantes sociales denunciaron en repetidas oportunidades haber sido maltratados, presionados y hasta insultados por los ministros y viceministros de Evo Morales, y muchos de ellos afirmaron que en los debates de la ley RPCA quedó demostrado que el Presidente no gobierna obedeciendo al pueblo sino “imponiendo” y quizá “amenazando” a los ciudadanos.
La ley RPCA tiene su origen en el proyecto de ley de Estrategia Plurinacional de la Década Productiva Comunitaria, elaborado por la CSUTCB en consenso con la Confederación Nacional de Mujeres Campesinas y originarias de Bolivia Bartolina Sisa (CNMCIOB-BS), la Confederación Sindical Intercutural de Bolivia (CSIB), CONAMAQ y otras organizaciones del Pacto de Unidad.
En varios meses de trabajo, las bases del Pacto de Unidad elaboraron un proyecto de ley que buscaba fundamentalmente fortalecer la producción agroalimentaria comunitaria con el fin de garantizar la soberanía alimentaria nacional. La propuesta incluía incentivos a la producción ecológica, como por ejemplo un Banco productivo y un seguro agrícola, y mecanismos específicos para recuperar el ayllu y el sistema productivo comunitario.
El proyecto de Ley presentado al Ejecutivo comenzó a ser socializado en todo el país en agosto de 2010. Se conformó una comisión tripartita encargada de formular propuestas y “mejorar” el texto, integrada por representados sociales y técnicos de los Ministerios de Desarrollo Rural y Tierras, Medio Ambiente y Aguas, Autonomías y Salud. El ex ministro de Autonomías Carlos Romero asumió el mando del equipo negociador del gobierno y el proyecto de ley de la Década Productiva Comunitaria cambió de nombre a RPCA.
En los primeros meses de 2011 comenzaron a "mejorar" el proyecto y aparecieron en el texto disposiciones ajenas a la propuesta original del Pacto de Unidad. De manera sorpresiva, el Ejecutivo introdujo de contrabando y unilateralmente los artículos 15 y 19 que legalizaban la producción, distribución y comercialización de productos transgénicos, camuflados con terminología poco comprensible.
Los representantes de la CSUTCB, CONAMAQ e Interculturales lanzaron la voz de alarma y reclamaron por la modificación irregular del texto, y luego denunciaron públicamente que Romero continuaba haciendo modificaciones cada vez más serias sin consultar a las organizaciones.
El día de cierre de trabajo de la comisión encargada del tema, los delegados de las organizaciones a la cabeza de AOPEB advirtieron que funcionarios del Ministerio de Desarrollo Rural y Autonomías introdujeron cambios a último momento. Un día antes de la plenaria en el Ministerio de Desarrollo Rural, se introdujeron artículos completos que hacían referencia a la Diseminación, Internación, Regulación, Control, Producción, Distribución, Comercialización, Manipulación, Uso y Etiquetado de Organismos Genéticamente Modificados –Transgénicos.
Los representantes del Pacto de Unidad liderados por el ejecutivo de la CSUTCB Rodolfo Machaca conformaron una comisión de análisis con AOPEB, CSUTCB, UC-CNAPE, FOBOMADE, Alianza para el consumo responsable y solidario y CT-CONAN, y luego obligaron al gobierno a reanudar la discusión sobre los transgénicos.
El bloque social exigía la eliminación completa de todos los incisos que hacían mención a los transgénicos, y proponía remitir el asunto a una ley específica, tal y como manda el Art. 409 de la constitución. Para evitar la inclusión de acápites atentatorios de contrabando y buscado cerrar las puertas a la mercantilización de la vida y los alimentos, el Pacto propuso añadir al Artículo 13 del proyecto (políticas de intercambio y comercialización) un inciso que disponga “…la prohibición y uso de productos genéticamente modificados”.
Los representantes del Pacto de Unidad tenían la certeza que se daría vía libre a esta modificación en la plenaria en el Ministerio de Desarrollo Rural, ya que ni un solo representante social estaba de acuerdo con impulsar o reglamentar la producción de transgénicos en Bolivia. En la reunión del 31 de mayo en la oficina de la ministra de Desarrollo Rural Nemesia Achacollo se debía aprobar la versión final del proyecto que sería presentado al gabinete el 1 de junio de 2011.
La reunión fue muy reservada y sólo se permitió el ingreso de un representante por organización: AOPEB, ANAPQUI, CNMCIOB, CSUTCB, CSIB, Ministerio de Salud y Deportes, Viceministerio de Medio Ambiente y Viceministerio de Desarrollo Rural, entre otros. La discusión fue larga y muy rara; era sorprendente ver a campesinos e indígenas explicando a los jerarcas del Estado Plurinacional por qué los transgénicos atentan contra la vida y la soberanía del Estado.
Lastimosamente, el ministro Romero y el viceministro Vásquez no entendieron el mensaje de la sociedad; y propusieron modificar el texto de forma que no se abra el país a los transgénicos, pero que tampoco se cierren las puertas. Obviamente, ningún representante social aceptó la “brillante” idea de Romero.
Luego de varias horas de debate se pudo redactar un parágrafo en el que se prohibía la aprobación de cualquier nueva solicitud de paquetes tecnológicos transgénicos, pero Romero y Vásquez bloquearon el acuerdo. Con mucha prepotencia, Romero descartó de plano la propuesta social arguyendo que “no tenía sustento suficiente”, y alegando que los transgénicos son “necesarios para apaliar la crisis alimentaria”.
El propio secretario ejecutivo de la CSUTCB fue víctima de la furia de Romero recién posesionado como ministro de la Presidencia. El burócrata lo maltrató como a su “llokalla” (jovenzuelo a su servicio) frente a todos los mallkus y apumallkus del CONAMAQ. Los asistentes también fueron testigos del maltrato a los delegados de CONAMAQ, quienes prefirieron abandonar la reunión en repudio a la actitud sorda e intransigente de una autoridad que le debe su cargo a los indígenas originarios campesinos.
Los nuevos patrones mienten y amenazan
Los delegados del Pacto de Unidad confiaban en que el Primer Mandatario escucharía sus reclamos y haría justicia. Sin embargo, el Presidente Morales en persona reprendió a la alta dirigencia de la CONAMAQ y de la CSUTCB por oponerse a los transgénicos y a la “ley mejorada” por técnicos desconocidos.
Evo reprochó a campesinos e indígenas que se oponen a los transgénicos y le "causan problemas con los empresarios de Santa Cruz”. “Si no se aprueba (la ley) como está, tendrán que esperar unos dos años para ver sus propuestas plasmadas en ley”, les habría chantajeado.
Luego de que Evo les dio la espalda, los delegados sociales llegaron en romería a la comisión de Economía Plural de la Cámara de Diputados, presidida por el masista Luis Alfaro. Aún tenían la esperanza de ser escuchados, ya que Alfaro dijo en más de una oportunidad que no estaba de acuerdo con los transgénicos.
Pero Alfaro cambió pronto de discurso, al igual que los ministros de la Presidencia Carlos Romero y de Desarrollo Productivo Teresa Morales. quienes, con interpretaciones falsas y argumentos rebuscados, intentaron confundir a la población. Cuando el Ejecutivo presentó el proyecto de Ley, Romero aseguró que los transgénicos eran necesarios para incrementar la producción y exportar más, pero cuando comenzó el debate en la Asamblea Legislativa, él y su colega Morales juraron que su ley era “antitransgénica” y protegería a los alimentos nativos.
Así, la comisión de Alfaro mantuvo intactos los incisos que legalizaban el control de la producción, distribución y comercialización de productos transgénicos en Bolivia. La ministra Morales, prepotente e intimidante, advirtió que no se movería ni un punto ni una coma de la Ley en la plenaria de la Asamblea, y el presidente de la Cámara de Diputados Héctor Arce dijo incluso que se repondrían artículos eliminados anteriormente por la presión de las organizaciones sociales.
Era desesperante ver cómo miembros de los movimientos sociales –algunos dentro y otros fuera del Congreso- se movían como podían para convencer uno a uno a los diputados para que analicen y no voten como simples lavantamanos.
Muchos activistas y dirigentes sociales fueron amenazados, y más de uno temió por su integridad física y hasta por la seguridad de su familia. Un delegado denunció muy afectado y con profunda frustración que había sido amenazado de muerte. El 24 de junio, un dirigente de CONAMAQ fue objeto de maltrato por su férrea posición a los transgénicos. Algunas mama t‘allas sufrieron en silencio estos atropellos y prefirieron no quejarse por temor a las represalias.
Las autoridades más abusivas, más autoritarias y más denunciadas son el ministro Romero, y los senadores oficialistas Isaac Avalos y Fidel Surco, ambos ex dirigentes de la CSUTCB.
Debido a la persistente intimidación y represión, dirigentes sociales que antes se pronunciaron y unieron fuerzas para evitar las imposiciones, ahora prefieren callarse y aceptar la ley impuesta con la lógica de que es mejor lograr “algo que nada”.
El CONAMAQ acordó una reunión con el canciller David Choquehunca, quien reconoció que fue un error político aceptar el uso de transgénicos y se comprometió a llevar la inquietud al Primer Mandatario. Pero el segundo encuentro comprometido con el Canciller fue suspendido repentinamente, con el visto bueno de representantes de la CSUTCB, de las Bartolinas y de la CSCIB.
Luego el presidente de la Confederación de Pueblos Indígenas de Bolivia (CIDOB) Adolfo Chávez también reculó. “Se tiene que conformar también para hacer seguimiento a los transgénicos, para que no sea un desorden, algo de tolerancia debe haber. Vamos a pedir al MAS una norma reglamentaria para que no se afecte a los productos del campo”, explicó Chávez a la red Erbol.
Todo indicaba que Evo promulgaría este domingo en el Coliseo Julio Borelli de la ciudad de La Paz la famosa Ley de Revolución Productiva Comunitaria, la primera norma que legaliza los transgénicos en Bolivia. El gobierno seguramente dirá que “es una ley histórica porque por primera vez se elabora de abajo hacia arriba y en consenso con las organizaciones sociales”.
