Después
de un paro de 60 días y enfrentamientos que causaron hasta 4 muertes, el
gobierno decretó el Estado de Emergencia en la provincia de Islay,
convulsionada por las protestas contra la minera Tía María.
El
día 22 de mayo, ocurrió una serie de actos violentos que provocaron la reacción
del gobierno, según dijo el presidente del Consejo de Ministros, aquel día;
pero no todo fue tal como se dijo aquella noche.
“¿Alguna
vez te has preguntado dónde acaban los viejos ordenadores usados? ¿Cuál es el
destino final de los monitores, teléfonos móviles, teclados, impresoras y PDAs
en desuso? Pues lo hacen en Guiyu, en China, una de las ciudades más
contaminadas de todo el mundo.”
Cuando
nuestros viejos aparatos electrónicos, nuestros móviles y algunos
electrodomésticos cumplen su función, nos deshacemos de ellos pensando que
serán convenientemente reciclados.
Cuando
nuestros viejos aparatos electrónicos, nuestros móviles y algunos
electrodomésticos cumplen su función, nos deshacemos de ellos pensando que
serán convenientemente reciclados.
Incluso
hay empresas que se dedican a ello y hasta cobran, asegurando que dichos
elementos serán eliminados de la forma correcta. Lo que no nos cuentan es lo
que los "recicladores" hacen con estas partes y dónde terminan en
realidad los artículos desechados.
Capital
mundial de la basura electrónica
Guiyu, está considerada la "capital de
los desechos electrónicos del mundo." La ciudad emplea a más de 150.000
desensambladores de aparatos, recicladores y obreros de rescate de partes, que
entre lágrimas provocadas por los gases tóxicos emitidos por dichos desechos,
trabajan para recuperar los metales u otras partes de valor que pueden ser
reutilizados o vendidos.
Esto
está lejos de hacerse de una manera organizada; en lugar de tener ordenadores
prolijamente apilados en unidades de almacenamiento en espera de ser
reciclados, las carcasas de los equipos están esparcidas por las calles de la
ciudad y las riberas del río.
Enormes
marañas de hilos y cables en cada esquina
Los trabajadores, los cuales por lo
general se especializan en desmontar partes específicas, retiran las piezas de
los distintos montones dispersos por todos los rincones de la ciudad y
comienzan su ardua y peligrosa tarea a un costado de la calle. Ellos usan sus
manos para desmontar las piezas y luego barren lo que queda (tóner de
impresora, residuos secos y líquidos, etc.) desde las calles directamente hacia
el río.
Hay
miles de talleres individuales donde los trabajadores “limpian” cables,
desmontan los chips de las tarjetas de circuitos, muelen las cajas de
ordenadores de plástico en minúsculas partículas y sumergen los tableros en
baños de ácido para disolver el plomo, el cadmio y otros metales tóxicos. Miles
de personas se toman el trabajo de despojar de aislamiento todo el cableado en
un intento de salvar pequeñas cantidades de hilo de cobre. El aire de Guiyu
huele a plástico quemado y a metales nocivos, pero los trabajadores han
aprendido a vivir en estas condiciones.
¿Qué
tan legal es el negocio?
China prohíbe oficialmente la importación de desechos
electrónicos, pero es tan grande la afluencia de dinero que llega a las arcas
de los gobiernos locales, que la codicia triunfa sobre todo lo demás.
Otro
hecho que complica el asunto es la escasez de materias primas para las
industrias de China, ya que las fábricas claman por los materiales recuperados
de la compactación y pagan mucho dinero por ellos.
Además,
no es tan fácil acabar con este negocio dado que toda la economía de Guiyu se
centra alrededor de esta industria y representa el medio de vida de más de
150.000 personas. Y los pocos funcionarios chinos que reconocen este problema
señalan apresuradamente hacia los países más industrializados, acusándoles de
ser el origen del problema.
Costo
En realidad la cantidad de materias primas valiosas que se rescatan de cada
ordenador es mínima, por lo que los costos de recuperación no pueden ser muy
altos, ya que sino se perdería el negocio.
Esto
tienta a los recicladores a vender las piezas a China, donde la mano de obra es
mucho más barata. Se estima que Guiyu gana más de 70 millones de euros al año
de la transformación de unas 1,5 millones de toneladas de basura electrónica y
esas cifras aumentan cada año. Dado el rápido avance de las tecnologías y a
híper consumismo de ordenadores, portátiles, móviles, tabletas y demás
artículos electrónicos, la cantidad de elementos que se desechan es increíble y
esta cifra no para de acrecentarse.
Daños
colaterales
Los efectos secundarios ambientales y de salud son extremadamente
perjudiciales; el aire está enrarecido y contaminado y el agua no es segura
para beber. El plomo y otros metales tóxicos pasan a la sangre de los
residentes y les provocan grandes problemas de salud.
Los
trabajadores queman las juntas y los componentes de los circuitos sobre fuegos
de carbón, para fundir la soldadura de plomo y separar los metales; esto libera
gases nocivos a la atmósfera y los materiales tóxicos acaban en el suelo. Las
cajas de plástico de ordenadores, móviles y PDA se funden, con la consiguiente
producción de dioxinas policloradas.
El
agua potable tiene que ser transportada en camiones, ya que las del río local y
las subterráneas son venenosas. La población de Guiyu tiene en sus organismos
el más alto nivel de dioxinas que causan cáncer en el mundo. La probabilidad de
aborto involuntario es seis veces mayor que la media mundial y siete de cada
diez bebés nacen con niveles de plomo en la sangre un 50% más alto que los
niños nacidos en otros lugares.
Greenpeace
envió a sus técnicos a Guiyu para analizar muestras de tierra y de agua de la
ciudad. Se encontraron más de 10 metales pesados y tóxicos como plomo,
mercurio, estaño, aluminio y cadmio, en proporciones alarmantes.
¿Y
qué hay de la gente?
Los residentes son sólo parcialmente conscientes de los
efectos negativos que sus condiciones de trabajo tienen para su salud. Ellos
entienden que el trabajo no es el ideal, pero los salarios son casi cinco veces
más altos de lo que antes ganaban como agricultores y jornaleros. Una triste
realidad de Guiyu es que el 88% de los trabajadores sufren de disfunciones
neurológicas, afecciones respiratorias o alteraciones digestivas. Un número
similar también padece de diversas enfermedades de la piel.
El
congresista Manuel Dammert denunció que la derecha y la bancada del MEF
aprobaron en diciembre de 2013 el Convenio entre Perú y Suiza para evitar la
doble tributación, que permitió la gran estafa en la evasión tributaria por más
de US$ 1.200 millones de dólares en la venta de la mina Las Bambas.
Dammert
señaló que en la venta en el 2014 de Las Bambas, que fuera propiedad de la
empresa suiza Glencore Xtrata, a un conglomerado chino, en la transacción se
hizo el pago de los impuestos como si se pagara en Suiza y todo gracias a la
aprobación de la Resolución Legislativa N°30143.
"Lo
que están haciendo los ministros es un papel de la baja policía de la gran
minería. El Congreso tiene que investigar a Tania Quispe y a Luis Miguel
Castilla quienes han permitido esta gran estafa al Perú", afirmó Dammert.
Hace
unos días, la fiscal de Arequipa, Alejandra Cárdenas, ha dado a conocer el
resultado del levantamiento del secreto bancario al abogado Jesús Gómez Urquizo,
un personaje clave en los sobornos del caso Tía María. La información es
relevante y es muy positivo que la fiscal la haya hecho pública, aunque su
interpretación es desconcertante. Veamos.
Jesús
Gómez es un abogado ambientalista que había militado en la izquierda setentera.
Cuando estalló por primera vez el caso Tía María, durante el mandato de Alan
García, Gómez fue defensor del Frente de Defensa y estuvo del lado de siempre.
Pero luego algo sucedió. Cambió de bando y Southern lo contrató; según dice la
misma empresa, como consultor en temas ambientales.
En
efecto, Gómez participa de una ONG especializada en temas ambientales que
lógicamente asesora a diversos entes interesados en su colaboración
profesional. Pues bien, de acuerdo al levantamiento del secreto bancario,
resulta que Gómez ha recibido de Southern un millón seiscientos mil soles en
menos de dos años. No terminan ahí las cuentas, porque además una
hidroeléctrica vinculada a la misma empresa le ha pagado doscientos mil soles,
haciendo un total general de 1,800,000 soles. Aproximadamente 80,000 soles
mensuales por 24 meses. Bastante suertudo, cambiar de camiseta en un momento
crucial y recibir billetes como cancha.
Pero
¿qué trabajo ha realizado el doctor Gómez para Southern a cambio de esta enorme
suma de dinero? La empresa dice que ha sido consultor ambiental, pero no ha
mostrado los documentos que supuestamente ha elaborado, tampoco se sabe que
esta empresa pague de esa manera a sus otros consultores; es decir, son precios
fuera del mercado.
A
continuación, el mismo informe de la fiscal Cárdenas muestra que el abogado
Gómez ha entregado un cheque por casi 200,000 soles al dirigente Pepe Julio
Gutiérrez, célebre por el audio de las “lentejas”, que el mismo Gómez dio a
conocer a la opinión pública. Si uno ata cabos, todo parece indicar que a
cambio de dinero, Gómez habría tratado que Gutiérrez apague el incendio de Tía
María y permita la apertura de la mina. Asimismo, Gutiérrez en el audio estaría
pidiendo más dinero para terminar de dar el paso. Esta interpretación es muy
plausible porque los tiempos coinciden, el cheque es anterior a la grabación.
Ese cheque se puede interpretar como un adelanto y luego Pepe Julio pedía una
millonada para cerrar.
Pero,
la fiscal ha construido un caso muy diferente, según el cual Gómez y Gutiérrez
sumados a otros dirigentes del valle de Tambo se habrían confabulado para
extorsionar a la empresa Southern, que aparece como víctima. Este argumento es
muy sorprendente.
No sé
qué pensará el lector, pero me parece obvio que Gómez es el intermediario para
sobornar a los dirigentes y terminar con la protesta que impedía el
funcionamiento de Tía María. El origen de la cadena sería una mala práctica
corporativa de Southern, que buscó solucionar el conflicto sobornando a los
dirigentes a través de un abogado, a quien conocían de cerca por haber militado
con ellos durante años.
La
explicación de la fiscalía es desconcertante porque supone que unos individuos
se habrían puesto de acuerdo para extorsionar a Southern, que habría cedido
ante el chantaje y habría procedido ingenuamente, entregándole una gran
cantidad de dinero a uno de ellos y dejando a los otros sueltos que siguieron
armando lío. Es tan extraña esta idea que bien podría manejar otras hipótesis, más
acordes con nuestra cultura política y empresarial.
Finalmente,
Southern también debería revisar sus procedimientos, porque trabaja en el Perú
desde los años 1950 y viene siendo parte del núcleo de empresas líderes de la
economía nacional. Independientemente del caso legal, la opinión pública se
está formando la opinión de que ha pretendido corromper para superar las
objeciones a Tía María, en vez de atender los reclamos de la población. Es
fatal, si de verdad aspira a obtener la licencia social.
En
los últimos días, la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Arequipa, a cargo
de la fiscal Alejandra Cárdenas, ha acusado, de manera preliminar, a los
integrantes del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, de configurar una
organización criminal que, usando como pretexto la legítima protesta social,
financió y alentó la violencia y el crimen para extorsionar y enriquecerse ilícitamente.
El
informe fiscal describe, uno a uno, los sucesos ocurridos en la provincia de
Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María, la situación
de las víctimas y las circunstancias de las muertes acaecidas.
La
sustentación es rigurosa y exhaustiva: acusa a los dirigentes del frente de
extorsionar al Estado, a los arequipeños y a la empresa minera Southern, y
sostiene que se organizaron, con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos.
Las
mismas que, según la acusación fiscal, entregaron el dinero que los dirigentes
usaron para pagar, S/.30 diarios, como jornal, a los huaraqueros que en
Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’.
La
investigación fiscal establece como nexo para la extorsión al abogado
–inicialmente antiminero y luego asesor para asuntos ambientales de la Southern
en Arequipa– Jesús Gómez Urquizo, y se pregunta por qué tipo de servicios la
empresa le pagó S/.1’600.000; y por qué razón este afortunado abogado le
transfirió S/.170.000 al presidente del Frente Amplio de Defensa y dirigente de
las violentas protestas, Pepe Julio Gutiérrez.
Sin
embargo, lo que la fiscal Cárdenas no anota en su texto es que todos los
integrantes de esta mafia extorsionadora, y sus colaboradores, integran los dos
partidos políticos aliados en la oposición al desarrollo y a la lucha contra la
pobreza en nuestro país. Y que son los mismos que hoy actúan contra Las Bambas
en Apurímac.
Pepe
Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa y protagonista del
audio de las “lentejas”, y Jesús Cornejo, vicepresidente del Frente Amplio y
presidente de la Junta de Regantes del Valle, son dirigentes de Tierra y
Libertad que lidera el ex cura Marco Arana; y Jaime de la Cruz, alcalde de Deán
Valdivia, es un alto cabecilla etnocacerista en la zona.
Además,
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está presidida por Rocío Silva
Santisteban, la novia de Arana; y peor, la Red Muqui, que finge ser una genuina
ONG ambientalista, está integrada por Cooperacción, dirigida por José de Echave
–alto dirigente de Tierra y Libertad en Lima– y por la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos. ¡Sí! La misma ONG que preside la novia de Arana.
¿Sabrán
los contribuyentes extranjeros de esas ONG que con su dinero se pagaron los
jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población
arequipeña a someterse?
Quemaron
cultivos y casas; destruyeron el canal de agua que alimenta la ciudad de
Mollendo, las dos compuertas de la bocatoma de agua con la que se riegan los
campos de La Punta de Bombón, el local de los Bomberos de Cocachacra. ¿Sabrán
que con sus aportes se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se
asesinó, a golpes y pedradas, a un policía. ¿Lo sabrán?
Vivimos
con plomo en nuestros pulmones, hay escasez de recursos naturales. Solo
observa alrededor y veras que la minería avanza más pero a la misma vez nos
destruye. Si
hay personas que piensan igual que yo no duden en contactarme para luchar
contra la contaminación en Pasco.
Marinera
Sangre Tambeña cuyo autor e intérprete es el cocachacrino Carlos Román. Esta
canción es la de número 12 del CD Valorando lo nuestro integrado por yaravíes,
valses, huaynos, pampeñas y marineras.
¿Quién
o quiénes tienen prisa porque Perú -es decir vía el Congreso- apruebe, a tontas
y a locas, el Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP? A menos que el actual
gobierno de Ollanta Humala, supuesto negado, se haya comprometido a troche y
moche, a ninguna nación puede obligársele a otorgar su aquiescencia sobre un
asunto que NADIE sabe.
La
ministra Magaly Silva ha dicho que el texto del acuerdo recién será conocido en
su integridad a partir del 5 de noviembre. Otro trascendido señala que en
Estados Unidos se está haciendo la traducción en idioma de los países que lo
han suscrito.
Si el
acuerdo está oculto o casi ignoto, ¿cómo armar algaradas contra su aprobación o
denegatoria? La lógica más elemental indica que primero tendrá que ser puesto a
disposición para el análisis exhaustivo a cargo de los inquilinos de Plaza
Bolívar, es decir del Congreso.
Si
las llamadas negociaciones han durado cinco largos años y hubo especial cuidado
en no divulgarlo, hay razones para afirmar que por la misma potente razón, su
estudio, desbroce y exégesis, tendrán que ser un riguroso ejercicio a cargo de
los responsables políticos.
Un
gobierno y un Congreso que se van en medio del descrédito, con imágenes de absoluta
orfandad popular y con una lamentable percepción ciudadana que ambas
instituciones sirven para muy poca cosa, entonces, hay que arribar a la
inevitable inferencia que es mejor que dejen el encargo a la próxima
administración y al nuevo Parlamento.
Apenas
quedan unos días de octubre y se ha anunciado que el texto del TPP será
conocido a partir del 5 de noviembre. Entonces ¿cuánto puede durar el estudio y
cuándo sería la discusión o, mejor dicho, en qué legislaturas? Diciembre es un
mes tradicionalmente corto y, los que se van, alistan bártulos y aseguran sus
gratificaciones y empiezan a otear la reelección.
¿Qué
calidad intelectual tiene este Congreso? De 130 es probable que una centena
haya mantenido a la inteligencia en clandestinidad ominosa. Luego de cinco
años, más de cien legiferantes empiezan a ser conocidos por la ciudadanía y no
por méritos sino por escándalos de baja estofa. Enanos mentales cuyos
pensamientos nunca alcanzarán horizonte de porvenir, se distinguieron por la
palabra PRESENTE a la lista cotidiana de sesiones para el olvido absoluto. Don
Manuel González Prada advirtió con solemnidad que hasta el caballo de Calígula
se avergonzaría ser parte de esa corporación, aludiendo al Congreso. Y tenía
razón.
Entonces,
el encargo rebasa, a simple vista, la capacidad congresal de decir algo decente
y, sobre todo, soberano por digno y en resguardo de los genuinos intereses de
la patria.
Escribimos
pocos días atrás:
"Una
de las virtudes excelsas del acuerdo, convenio o tratado Transpacífico es su
secretismo, muy pocos -los que mandan- saben in extenso de él y las gruesas
capas ciudadanas que habitan en los países supuestamente favorecidos por tanta
magnanimidad, saben poco o nada. ¿Desde cuándo tanto bienestar se guarda muy
mucho en los arcanos de quienes cortan el jamón?
¿Creerá
el presidente Humala que sus alabanzas al acuerdo, convenio o tratado Transpacífico,
eximen a dicho instrumento internacional de los procedimientos previstos en la
Constitución cuando se trata de medidas que afectan, modifican o se refieren a
tributos y al funcionamiento económico del país? Se equivoca si está persuadido
de esta tremenda torpeza.
El
acuerdo, convenio o tratado tiene que ser analizado, revisado prolijamente por
el Congreso y ratificado o denegado y es hasta posible, por la magnitud del
asunto, que se requiera de votación calificada en dos legislaturas seguidas. ¿No
hay quien pueda orientar al jefe del Ejecutivo en esta materia?"
(7-10-2015. TPP: ¿caballazo o contrabando?
Tengo
la viva impresión que no basta el Congreso, las agrupaciones políticas deben
aportar planteamientos serios y hacerlos públicos. He allí el barrunto de lo
que la ciudadanía reclama de quienes aspiran a su representación.
Sano
y serio, cuerdo y sereno, sería dejar a los próximos Congreso y gobierno, el
estudio, ratificación o denegatoria de suscripción del Acuerdo de Asociación
Transpacífico, TPP.
En su
discurso en la Conferencia Mundial de los Pueblos sobre Cambio Climático, el
mandatario se comprometió a que a la Cumbre de París de diciembre venidero se
llevará una sola voz, la de los pueblos.
A
propósito de cumplirse 523 años del Día de la Resistencia Indígena, el
mandatario venezolano señaló que aquel 12 de octubre “empezó la tragedia más
grande de todos los tiempos”, cuando el imperio español exterminó por más de
siglo y medio a los pueblos originarios de Latinoamérica.
Criticó
la connotación colonialista que se le ha dado a la fecha, al tiempo que invitó
a los latinoamericanos a celebrar que ahora somos un pueblo independiente,
gracias a las tropas que pasaron la región hace 200 años.
El
presidente de Ecuador, Rafael Correa, a su arribo a Cochabamba, donde participo en la clausura de la
Conferencia Mundial sobre Cambio Climático y Defensa de la Vida, declaró que si
los países contaminadores fueran Bolivia, Venezuela o Ecuador, los países
desarrollados “hace rato nos hubieran invadido para exigirnos una justa
compensación”.
El
Presidente ecuatoriano considera que Bolivia, Venezuela, Ecuador y otros países
en vías de desarrollo, “no solo somos contaminadores marginales, sino que somos
productores de bienes ambientales que los grandes contaminadores consumen y
destruyen sin ninguna compensación, sin ningún pago, sin ninguna
responsabilidad”.
Cree
que los países desarrollados deberían pagar por la contaminación del planeta,
pero no lo hacen. “Si los contaminadores fuéramos nosotros y los productores de
bienes ambientales fueran ellos, hace rato hasta nos hubieran invadido para
exigirnos una justa compensación”, dijo Correa.
El
Mandatario ecuatoriano considera que el problema de la destrucción de la
naturaleza y la emisión de gases de efecto invernadero “pudieran resolverse con
esa palabra mágica que es justicia, en este caso, “justicia ambiental”, lo que
implicaría que los países desarrollados paguen por los bienes ambientales que
producen los menos desarrollados.
El
presidente de Bolivia, Evo Morales, afirmó que el capitalismo es un
"cáncer" para la Tierra que se debe erradicar para salvar la
humanidad, durante la II Conferencia Mundial de los Pueblos sobre el Cambio Climático.
"El
capitalismo es como el cáncer de la Madre Tierra, pero todavía pienso que es un
cáncer no maligno, sino benigno. Como dicen los médicos, cuando es un cáncer
benigno hay que erradicar ese cáncer para salvar la vida de un ser
humano", dijo Morales.
Enfatizó
que los movimientos sociales tienen la obligación de plantearse "acabar
con el modelo fallido que es el capitalismo" porque por su culpa hay un
"saqueo de recursos naturales" y hay varios tipos de crisis como la
climática y la financiera.
También
defendió que los "países del Sur no han causado el cambio climático"
y que se trata de una responsabilidad de las naciones ricas y su
"exagerado desarrollo" en el capitalismo.
"Los
países desarrollados han alcanzado en más de 200 años su actual estado de
desarrollo y ahora quieren que los países del Sur logremos satisfacer nuestras
necesidades (...), en menos de veinte años con cero de emisiones de carbono",
cuestionó el mandatario.
Asimismo,
ratificó su propuesta de la creación de un Tribunal de Justicia Climática para
juzgar a los países que no cumplen con sus obligaciones de reducir sus
emisiones de gases contaminantes.
De
acuerdo al último reporte emitido por la Defensoría del Pueblo, el total de
fallecidos a causa de enfrentamientos por conflictos sociales durante el
gobierno de Ollanta Humala asciende a 66. A esta cifra habría que sumar las
tres últimas víctimas mortales producto del enfrentamiento entre civiles y la
policía en el distrito de Challhuahuacho, por el proyecto minero Las Bambas, en
Apurímac. Desde agosto del 2011 hasta la fecha, suman un total de 69 los
fallecidos.
Durante
el primer año del gobierno nacionalista se registraron 2 fallecidos. En el
2012, fueron 24 las víctimas mortales. Para el 2013, la Defensoría del Pueblo
reconoció 9 fallecidos. El año pasado fueron 16 y este año suman 19 las
personas que perdieron la vida en conflictos sociales. De ese total, la gran
mayoría son civiles. Más de la mitad de las muertes se produjeron en medio de
conflictos socioambientales. Solo en Tía María se han registrado 6 muertos
(entre el 2013 y el 2015). En Conga fueron 5 (entre el 2011 y 2012); en
Espinar, 3 (2012) y un fallecido dejó el enfrentamiento en Pichanaki a inicios
de este año. ¿A qué se debe toda lista interminable de muertes? El gobierno
tiene una gran responsabilidad y mucho que explicar.
Conflictos
socioambientales
En el
mes de agosto se registraron un total de 213 conflictos sociales, solo en ese
mes han estallado 6 nuevos conflictos. De estos, la injerencia del Estado se ha
repartido de la siguiente forma: el principal implicado es el Gobierno
Nacional, es decir, la gestión pública del Gobierno Central (163 casos,
equivalentes al 63.8%), los gobierno regionales (42 casos, que representa el
19.7%), y los gobierno locales (22 casos, equivalente al 10.3%).
La
principal causa de los conflictos sociales son problemas relacionados al uso y
control del medio ambiente y los recursos, lo que se ha denominado conflictos
socioambientales, que enfrenta en la mayoría de casos a comunidades campesinas
con compañías mineras, como por ejemplo el conflicto en Espinar (Cusco) con la
Xstrata Tintaya, Conga (Cajamarca) con Yanacocha y Tía María (Arequipa) con
Southern Cooper, entre otros. Hasta el mes de agosto se tenía registro de 142
conflictos socioambientales, que equivalen al 66.7% del total. En segundo
lugar, se encuentran los problemas entre las poblaciones y los gobiernos
locales (22 casos, que representan el 10.3%) y en tercer lugar, están los
conflictos por la demarcación territorial (15 casos registrados, equivalentes
al 7%). Pero la cifra que más destaca es que del total de conflictos
registrados por problemas socioambientales, en 117 tiene responsabilidad directamente
el Gobierno Central.
El
departamento que presenta más casos de conflictos sociales para el mes de
agosto ha sido Apurímac, con un total de 22. En Puno se registraron 21 casos y
en Ancash, 20. Continúan en esta lista los departamentos de Cusco con 16, Piura
con 15 y Cajamarca con 14. Respecto al último conflicto registrado en Apurímac,
contra el proyecto minero Las Bambas, en informes previos, la Defensoría del
Pueblo ya venía alertando de la situación. En el mes de mayo ya figuraba como
un conflicto social latente y para el mes de agosto, ya se encontraba en
observación puesto que podía devenir en un conflicto mayor. Las muertes en
Chalhuahuacho, así como en Tía María o Pichanaki pudieron haberse evitado si el
gobierno hubiera intervenido de forma efectiva y oportuna. Pero este carece de
una estrategia de prevención. Por el contrario, insiste en la criminalización
de las protestas y la represión violenta. Lo que ha traído como consecuencia el
número de muertes que tenemos hasta el momento. Y solo después de ello, se ha
entablado el diálogo.
La
respuesta del gobierno siempre ha sido la más dura. La represión por parte de
la policía y los militares ha contribuido a sumar más fallecidos. El empleo de
armas letales para el control de las protestas, la falta de entrenamiento y
equipos adecuados para realizar intervenciones, y la falta de regulación de los
procedimientos para el uso de la fuerza son algunos ejemplos de las malas
prácticas que se llevan a cabo en dichas circunstancias. Para la Coordinadora
Nacional de Derechos Humanos (CNDDHH), el actual marco legal permite
impunemente la violación de Derechos Humanos en el contexto de los conflictos
sociales. Cabe añadir que, la prestación de servicios privados de seguridad a
las compañías mineras por parte de la PNP y la presencia de las Fuerzas Armadas
al interior de las mismas, como hemos visto en el caso de Las Bambas, hace que
nos preguntemos qué tipo de Estado tenemos. ¿A quiénes protegen nuestras fuerzas
del orden? ¿A las empresas trasnacionales o a los peruanos? Sumado a esto, las
declaratorias de Estado de Emergencia solo agravan más la situación.
De
todo esto, algo queda claro. A pocos meses de finalizar su mandato, el gobierno
del presidente Ollanta Humala ha demostrado su incapacidad para prevenir,
controlar y solucionar conflictos sociales. No en vano, el Ministerio del
Interior, encargado de mantener el orden público y velar por la seguridad de
los peruanos ha visto desfilar hasta la fecha a siete ministros. Cada uno de
ellos tuvo que ser reemplazado después de que se registraran víctimas mortales
durante manifestaciones sociales. ¿Qué más tendrá que pasar para que se
escuchen los reclamos de la población y se cese a la violencia? Esperemos que
esa lista no continúe en aumento.
Entrevista a la ministra de Comercio
Exterior, Magali Silva, publicada en el diario El Comercio el 11/10/2015
Este
tratado tiene muchos detractores, quienes aseguran que privará del acceso a
medicamentos a las poblaciones menos favorecidas y privilegiará a los grandes
laboratorios, extendiendo el período de validez de las patentes de los
fármacos.
Esto
ha sido negado por los representantes de los 12 países participantes, que
reconocen que ha sido una negociación muy difícil por la gran diversidad de
temas tratados. Así lo confirma la ministra Silva en esta entrevista.
La polémica en torno al TPP se ha centrado
en el capítulo de propiedad intelectual, por la posible ampliación de las
patentes de los fármacos a través de los datos de prueba, y entendemos que este
aspecto impedía cerrar las negociaciones, ¿cómo se destrabó?
Debo
precisar que la principal traba en la negociación del TPP no fue el capítulo de
propiedad intelectual, sino las diferencias en los sectores lácteo y automotor.
El tema de las patentes y datos de prueba ha salido a relucir con fuerza
durante la última ronda en Atlanta. Aclarado esto, voy a decir algo que no
había compartido, esta negociación ha sido muy dura y difícil, a tal punto que
en un momento estuvimos en la disyuntiva de irnos o seguir, pues estábamos en
un contexto en el que había la presión de cerrar las negociaciones porque
pronto habrá cambio de gobierno en Canadá y Estados Unidos.
¿Qué cambió para que el Perú siguiera en
las negociaciones?
Durante
la primera reunión de ministros de Comercio, pedimos ser escuchados y así fue.
Dijimos que somos un país pequeño que no tiene un alto nivel de desarrollo y,
por ende, necesitamos un tratamiento especial. Esta posición fue apoyada por
Australia, Brunéi, Nueva Zelanda, Malasia y Chile, lo que ha generado que se
reconozca que en el área TPP hay dos posiciones muy marcadas. Si esto no
hubiera sido así, el primer día de esta nueva ronda habríamos dejado las
negociaciones.
¿Entonces si no aceptaban nuestra posición,
no había tratado?
Así
es, pero logramos que nuestros argumentos fueran escuchados y tomados en
cuenta, dado que el Perú ha estado negociando este acuerdo durante cinco años y
medio, teníamos casi todos nuestros capítulos cerrados, porque reconocemos que
es un espacio importante para nuestras pymes, pero si no respetaban nuestra
posición, referida a que la protección de los datos de prueba para fármacos
biológicos sea por cinco años, nos retirábamos.
¿Pero en qué momento llegaron a un acuerdo?
Cerramos
las negociaciones el lunes muy temprano. Eran las 5:20 de la mañana [Atlanta
tiene una hora de adelanto con respecto al Perú] y en ese momento solo tuve
palabras de agradecimiento para los 11 países, porque, a pesar de ser momentos
difíciles y con posiciones muy firmes, logramos tocar la fibra de todos los
negociadores. A esa hora cerramos todo. Nos fuimos a dormir una hora y a las 7
en punto estábamos en la reunión ministerial para anunciar lo acordado.
¿Este tratado ha generado alguna
incomodidad o discusión en el Gabinete
con la cartera de Salud, que al inicio se oponía?
Al
ser la jefa del equipo negociador del Perú al más alto nivel político, llevaba
muy en claro las instrucciones del presidente de la República, quien ha estado
informado de todo lo que sucedía en las reuniones en Atlanta. Y ha sido el
mismo presidente quien anunció al país el cierre de negociaciones con el
Gabinete Ministerial a su lado. El ministro de Salud, en declaraciones a la
agencia de noticias Andina, ha dicho que los genéricos no subirán de precio
como consecuencia de la firma del TPP, que lo que se ha acordado en el tratado
no tiene nada que ver con lo que ya tenemos y se protegen los datos de prueba
para los medicamentos innovadores de origen biológico.
Pero el propio Ministerio de Salud en el
2013 estimó que los costos adicionales para las compras públicas de fármacos
serían de cientos de millones de soles acumulados.
Solo
he visto un artículo periodístico sobre el tema y para opinar preferiría tener
primero el estudio y ver los supuestos planteados en la investigación, así como
la base estadística. En segundo lugar, debe quedar en claro que los precios que
el Estado paga por los medicamentos para garantizar la salud pública tienen que
ver con la negociación entablada entre el negociador del Estado y el
laboratorio, y el poder de negociación lo otorga el volumen de compra.
Se ha dicho que los funcionarios de Digemid
que asistieron a esta ronda regresaron antes porque su intención de no ceder
ante la propuesta de proteger los datos de prueba para medicinas biológicas
había fracasado. ¿Fue así?
Nosotros
hemos cambiado nuestros pasajes de regreso hasta tres veces. Regresábamos el
viernes por la noche, pero finalmente lo hicimos la madrugada del martes. El ministro
de Relaciones Exteriores y su equipo cambiaron su pasaje de manera anticipada y
el ministro de Salud se quedó dos días, pero no sé por qué el equipo de este
ministerio regresó unas horas antes de que se terminasen las negociaciones.
Intuyo que pudo haber sido por un tema administrativo ligado a los permisos,
porque las negociaciones son de 24 horas y a veces los equipos administrativos
no están todo ese tiempo para atender los pedidos.
¿Entonces no fue una forma de decir “ya
perdí, hagan ustedes lo que crean conveniente”?
Creo
que es importante señalar que esta es una política de Estado, tanto así que el
mismo presidente de la República con sus ministros han respaldado lo negociado,
porque hay que pensar en un país que tiene que abrir sus puertas para los
próximos 20 o 25 años, en donde la competencia internacional va a ser muy
fuerte, y estar en un bloque que representa al 40% del PBI mundial es
importante y necesario para un país como el Perú.
¿Qué es lo que finalmente se ha acordado
con respecto a la protección de datos de prueba y por qué se ha generado una
alerta tan grande alrededor de ellos?
Los
datos de prueba son la información estadística de ensayos que miden la eficacia
y la seguridad de un medicamento. Una cosa es la patente que protege tu
invención y que supone haber invertido ingentes cantidades de dinero, y otra es
la protección de estos ensayos, que también requieren fuertes inversiones y que
para los fármacos de origen biológico se ha protegido por cinco años, lo cual
es consecuente porque los de origen químico ya tenían esta protección.
¿Pero por qué es importante esta
protección?
Para
evitar que la competencia copie el producto. Por eso estos temas están en el
capítulo de propiedad intelectual.
Adifan
no se ha pronunciado aún sobre el tema, pero, en un comunicado publicado días
antes del cierre de las negociaciones, decía que aceptar esta protección
significaba ir más allá del TLC con Estados Unidos.
No
hemos pasado esa línea roja. Haberlo hecho hubiera significado aceptar los 12 u
8 años de protección que pedían los países más desarrollados. Es más, la
protección efectiva puede ser menor a los cinco años, porque se ha acordado que
si un medicamento obtuvo esta protección en su país de origen hace dos años y
luego viene al Perú a pedir lo mismo, la protección que le otorgará el Perú
será de tres años, porque ya lleva dos con el beneficio. Eso se llama ventana
de acceso.
Los opositores dicen que esto significa
incrementar el tiempo de la patente y cerrar el paso a los medicamentos genéricos.
Recordemos
que ya tenemos experiencia de protección de datos de prueba para fármacos de
origen químico y estos usualmente se dan durante el tiempo de vigencia de la
patente y no la extienden. Es necesario aclarar este punto, porque en muchos
medios se ha dicho, incluso, que la patente se llevaría ya no a 20, sino a 32
años y eso no es así.
¿Entonces afirma que son temores
infundados?
Así
es. Incluso se ha logrado exceptuar de esta protección a todos los fármacos
derivados de la sangre y las vacunas. Además, tenemos un período de 10 años
para adecuar nuestra normativa interna, llámese reglamentos u otro tipo de
norma necesaria. Con todo esto creo que el saldo es positivo.
Los
negociadores y ministros de Estados Unidos y otros 11 países de la cuenca del
Pacífico se reúnen en Atlanta en un esfuerzo por ultimar los detalles del nuevo
Trans-Pacific Partnership (TPP, Partenariado Trans-Pacifico), y es necesario un
análisis sobrio de su contenido. El mayor acuerdo de comercio e inversión
regional de la historia no es lo que parece.
Se ha
hablado mucho sobre la importancia del TPP para el “libre comercio”. En
realidad se trata de un acuerdo para gestionar las relaciones comerciales y las
inversiones de sus miembros. Y hacerlo en nombre de los grupos de presión
empresariales más poderosos de cada país. No nos equivoquemos: es evidente por
la naturaleza de las principales cuestiones pendientes, sobre las que los
negociadores siguen regateando, que el TPP no tiene que ver con el
"libre" comercio.
Nueva
Zelanda ha amenazado con retirarse del acuerdo por la manera en que Canadá y
los EE.UU. controlan el comercio de productos lácteos. Australia no está
contenta con la forma en que los EE.UU. y México regulan el comercio de azúcar.
Y los EE.UU. no están contentos con la forma en que Japón gestiona el comercio
del arroz. Estas industrias están respaldadas por bloques de votantes
importantes en sus respectivos países. Y estos temas representan sólo la punta
del iceberg en términos de cómo el TPP impondrá una agenda que en realidad va
en contra del libre comercio.
Para
empezar, tenga en cuenta los efectos de un acuerdo que amplia los derechos de
propiedad intelectual de las grandes compañías farmacéuticas, como hemos
conocido gracias a las versiones filtradas del texto de negociación. La
investigación económica demuestra claramente que tales derechos de propiedad
intelectual no sirven para promover la investigación, en el mejor de los casos.
De hecho, hay pruebas de lo contrario: cuando el Tribunal Supremo invalidó la
patente de Myriad sobre el gen BRCA, se produjo una explosión de innovaciones
que se tradujeron en mejores pruebas menos caras. En efecto, las disposiciones
del TPP restringirán la competencia abierta y aumentarán los precios para los
consumidores en los EE.UU. y en todo el mundo: anatema para el libre comercio.
El
TPP regulará el comercio de productos farmacéuticos a través de una serie de cambios
de unas reglas aparentemente arcanas sobre temas como "la vinculación de
patentes", la "exclusividad de datos", y datos
“biométricos". El resultado real es que se permitirá expandir a las
empresas farmacéuticas - a veces casi por tiempo indefinido - sus monopolios
sobre los medicamentos patentados, excluir a medicamentos genéricos más baratos
del mercado, e impedir a competidores "biosimilares" la introducción
de nuevos medicamentos durante años. Así es como el TPP regulará el comercio de
la industria farmacéutica, si los EE.UU. se salen con la suya.
Del
mismo modo, considere cómo los EE.UU. esperan utilizar el TPP para regular el
comercio de la industria del tabaco. Durante décadas, las empresas tabacaleras
estadounidenses han utilizado mecanismos de defensa para los inversores
extranjeros creados por acuerdos similares al TPP para luchar contra
regulaciones destinadas a frenar el flagelo para la salud pública que es el
consumo de tabaco. Bajo estos sistemas de resolución de controversias
inversores-Estado (ISDS), los inversores extranjeros adquieren nuevos derechos
para demandar a los gobiernos nacionales ante mecanismos de arbitraje privados
por reglamentos que consideren una amenaza para la rentabilidad esperada de sus
inversiones.
Los
intereses empresariales internacionales consideran imprescindibles los ISDS
para proteger los derechos de propiedad donde no existen el imperio de la ley y
tribunales creíbles. Pero este argumento no tiene sentido. Los EE.UU. están
exigiendo el mismo mecanismo en un mega-acuerdo similar con la Unión Europea,
la Asociación Transatlántica para el Comercio y la Inversión (TTIP), a pesar de
que no hay duda sobre la calidad de los sistemas jurídicos y los tribunales de
Europa.
Todo
el mundo está de acuerdo, los inversores - cualquiera que sea su domicilio
fiscal - merecen ser protegidos contra
expropiaciones o regulaciones discriminatorias. Pero los ISDS van mucho
más allá: imponen la obligación de compensar a los inversores por las pérdidas
de beneficios esperados y podría ser invocados incluso cuando las reglas no son
discriminatorias y los beneficios se obtienen causando daño a la sociedad.
Actualmente
Philip Morris International ha llevado a los tribunales a Australia y Uruguay
(que no es socio del TPP) por exigir que los cigarrillos lleven etiquetas que
adviertan de su peligro para la salud. Canadá, bajo amenaza de una demanda
similar, se echó atrás de introducir una etiqueta de advertencia igualmente
eficaz hace unos años.
Dado
el velo de secreto que rodea a las negociaciones del TPP, no está claro si el
tabaco será excluido parcialmente de los ISDS. De cualquier manera, la cuestión
más amplia sigue estando ahí: estas disposiciones hacen que sea difícil a los
gobiernos ejercer sus funciones básicas: la protección de la salud y la
seguridad de sus ciudadanos, garantizar la estabilidad económica y la
protección del medio ambiente.
Imagínese
lo que habría ocurrido si esas disposiciones hubieran estado en vigor cuando se
descubrieron los efectos letales del amianto. En lugar de cerrar las fabricas y
obligar a los fabricantes a indemnizar a los perjudicados, bajo los ISDS, los
gobiernos hubieran tenido que indemnizar a los fabricantes por no matar a sus
ciudadanos. Los contribuyentes habrían pagado dos veces: primero por el daño
causado a su salud por el amianto, y luego para compensar a los fabricantes por
sus ganancias perdidas cuando el gobierno intervino para regular un producto
peligroso.
No
debe sorprender a nadie que los acuerdos internacionales de los Estados Unidos
regulen, en vez de liberalizar, el comercio. Es lo que sucede cuando el proceso
de decisión de las distintas políticas se cierra a las partes interesadas no
empresariales; por no hablar de los
representantes elegidos por el pueblo en el Congreso de los EE.UU.
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Joseph
Stiglitz premio Nobel de Economía y profesor de la Universidad de Columbia, fue
presidente del Consejo de Asesores Económicos del presidente Bill Clinton y
Vicepresidente Adjunto y Economista Jefe del Banco Mundial. Adam
Hersh economista en el Instituto Roosevelt y profesor visitante en la
Universidad de Columbia.
La Mula El
presidente insiste que Acuerdo Transpacífico beneficiará al país, mientras la
ministra Magali Silva reitera que precios de las medicinas no subirán.
En el
discurso del presidente Ollanta Humala tiene un denominador común: un desfase
entre lo que dice y lo que ocurre en la realidad. Y esta vez se dio en el caso
del Acuerdo de la Asociación Transpacífico (TPP, por sus siglas en inglés) que
el Perú y otras 11 economías sucribirán, tras casi cinco años de negociaciones
bajo la mesa.
“Nosotros
no trabajamos bajo la óptica del secretismo”, dijo el jefe de Estado al ser
consultado sobre las dudas y sombras sobre el cuestionado TPP, cuyo contenido
aún no se conoce, a una semana de haberse anunciado el cierre del acuerdo.
“Ni
bien la ministra (de Comercio Exterior Magali Silva) reciba los textos (del
TPP) los pondremos a conocimiento de la opinión pública pues se trata de un
acuerdo que es altamente positivo para el país”, insistió.
Pero
lo cierto es que el Gobierno mintió sobre el tema de propiedad intelectual de
medicinas que negoció en el TPP: Wikileaks filtró el capítulo de esta parte del
acuerdo y ahí se señala lo siguiente:
i) Se
otorgarán patentes de segundo uso para medicinas; II) se extenderán las
patentes si se demoran en otorgar la solicitud; y III) los datos de prueba para
medicinas biológicas se pueden ampliar hasta 8 años de exclusividad.
"PRECIOS
DE MEDICINAS NO SUBIRÁN"
De
hecho, la parte más polémica del acuerdo está referida al tema de las medicinas.
Por ello, la titular del Mincetur, Magali Silva, ofreció este lunes una
conferencia de prensa en la repitió lo que ya había dicho (que los precios de
las medicinas no subirán), aunque no explicó cómo garantizará ello, más aún si
personajes de la talla del Nobel de Economía Joseph Stiglitz sostienen todo lo
contrario e incluso advirtieron los riesgos de suscribir el TPP.
"Lo
precios de los medicamentos no van a subir por el TPP. El mismo temor se tenía
cuando se negociaba el TLC con Estados Unidos y el precio no aumentó. Aumentó
la oferta y el precio de los medicamentos bajó", indicó Silva.
Alegó
que, en el periodo del 2010 al 2014, mientras la inflación subía a un ritmo de
3% promedio anual, el aumento de los precios de los productos médicos y
farmacéuticos subió en 2.8%.
"Hubo
otros componentes que hicieron que la inflación subiera, pero no fueron los
productos farmacéuticos", agregó la funcionaria.
La
titular del Mincetur también dijo que en los próximos días se publicarán los
textos finales del Acuerdo de Asociación Transpacífico, ya que el 5 de
noviembre próximo vence el plazo para darlos a conocer.
Como
los ladrones: en secreto, o a oscuras. Esa es la estrategia para negociar acuerdos
—o tratados— de “libre comercio”. Ya sabemos que de “libres” no tienen ni jota.
Porque se hacen a espaldas de la sociedad y no solo de las asociaciones
civiles, sobre todo de los trabajadores, de los productores del campo y la
ciudad, incluso hasta de los exportadores —salvo de aquellos sectores afines a
los políticos/negociadores de dichos tratados—, o cuando se trata de filiales
de matrices, de las multinacionales de los países centrales.
Como
el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN) que engulló a México
al “norte” del Continente, para retirarlo del “SUR” (con la promesa de Carlos
Salinas de volverlo país del “primer mundo”), resultó un fiasco. No hay
balances “positivos”, salvo para los más ricos, para el resto los logros están
vedados. Hasta para aquellos empresarios que están ligados con el sector
exportador, de ahí para abajo está el tiradero, una economía de desastres. Y si
no, que lo digan todos los sectores económicos, incluidos los empresarios.
Pobre México.
Es
decir, que con la culminación de las negociaciones de este lunes 5 de octubre
2015, se abren los procedimientos para lo que sigue: los procesos legislativos
para la aprobación del llamado Acuerdo Estratégico Transpacífico de Asociación
Económica (ATP, o TPP), que se ha venido trabajando en secreto por
representantes de 12 países, entre ellos México, como son: Australia, Canadá,
Chile, Brunéi, Japón, Malasia, Nueva Zelanda, Perú, Singapur y Vietnam,
comandados todos por los Estados Unidos de América (EUA).
Pues
sí. Con TPP, que será firmado hacia el 2016 por los presidentes de los países
suscriptores y entraría en vigor en 2018, se pretende un mercado del 40% del
PIB mundial, 25% del valor de las exportaciones globales, 11% de la población
del planeta, 799 millones de consumidores. Gran proeza.
El
problema es que, como el TLCAN, el TPP —lo mismo los TTIP o TISA, entre EUA y
Europa— no rendirá frutos para los países socios o subordinados. Porque EUA se
vuelve a imponer. EUA lleva el mando. Es un instrumento más de la geopolítica
de y para el más fuerte. En otras palabras: los beneficios serán solo para las
empresas estadounidenses, las farmacéuticas entre ellas. Porque EUA lleva la
delantera, comanda, controla y gana.
Porque
para EUA no hay acuerdo sin ventajas, como el TLCAN. No hay tal “libre
comercio”, es vil proteccionismo. No hay tales “ventajas de inversión y empleo”
para los participantes. El pacto rompe barreras comerciales, impone normas
laborales y ambientales y protege la “propiedad intelectual” de las
corporaciones multinacionales. ¿De quién? Las estadounidenses. Lo contrario no
existe.
Por
eso mismo Barack Obama se apresuró a declarar que, una vez suscrito el TPP
“China ya no dictará las reglas de la economía global”. Más eso es una falacia.
EUA no podrá contener la dinámica productiva ni comercial china con acuerdos
comerciales como éste, porque el saldo sería el mismo que el cerco a Rusia
desde el viejo continente: dañino para la propia economía europea. Es,
entonces, un acuerdo más de la geopolítica del fraude.
Las
pruebas, en cuanto a la negociación y a los temas tan secretos como el oráculo.
Hace tres meses, en julio de 2015, el portal WikiLeaks publicó la carta que da
cuenta de los alcances del TPP de una reunión “ministerial” de diciembre 2013,
donde se afirma que se trata de una “estrategia de privatización y
globalización de amplio alcance”. Pues el acuerdo pretende “restringir
severamente a las empresas estatales”. Y a las “extranjeras” se les daría “pie
para demandar a las empresas estatales en los tribunales nacionales”, conforme
a las restricciones del TPP, u otros que países igualmente podrán demandar a
otros del TPP o a empresas privadas de dichos países.
¿Cómo
le irá a Vietnam que utiliza a un gran número de empresas estatales, cuando las
mismas siguen cumpliendo funciones públicas vitales? No obstante, el consenso
es que unos cuantos corporativos son los que han tenido acceso a un texto tan
comprometedor que lo mantienen oculto del resto de la sociedad de los 12 países
participantes. Las personas de a pie son quienes saldrán como los principales
afectados.
El
“libre comercio” del TPP implica poner reglas tipo OMC con respecto a “las
subvenciones que afectan el comercio de mercancías”; es decir, pagos por
afectaciones o trabas impuestas a los corporativos. Mismas reglas sobre el
apoyo de los gobiernos a las empresas estatales que afecten el comercio
exterior y/o a la competencia entre paraestatales e inversiones en una parte de
su actividad, como bienes y servicios. Reglas u obligaciones para los gobiernos
que tengan una pizca de intenciones de protestar o proteger a las propias
empresas estatales de la incidencia o competencia de las empresas privadas de
los países participantes.
Para
México, el TPP no es más que una profundización de impactos tipo TLCAN. Y otros
países deberán tener presente el efecto que ha causado el dominio y
subordinación que sobre la economía mexicana tienen la estadounidense y la
canadiense. Sobre todo la primera, sin olvidar el fuerte impacto y deterioro
que han tenido, por ejemplo, las empresas mineras canadienses en el país. Botón
de muestra para que los pueblos exijan ser informados abierta y
transparentemente del tipo de “acuerdo” que se está acordando en la sombra.
Aun
así, los gobernantes mexicanos presumen que al país le irá bien porque el
acuerdo “abre oportunidades de negocio para el sector productivo en seis
mercados de Asia-Pacifico”, o que llegará inversión y eso generará más empleos
bien remunerados para los trabajadores, cuando esa falacia/promesa no se ha
vuelto realidad en ningún momento desde la entrada en vigor del TLCAN en enero
de 1994, ¡hace 21 años y nada!
Del
presiente Obama, que de aprobarse el TPP obtendrá un triunfo antes de irse el
año entrante del poder, es dable que se exprese —pero no creíble— en el sentido
de pretender “contener” a China. “No podemos permitir que países como China
escriban las reglas de la economía global. Nosotros debemos escribir esas
reglas, abriendo nuevos mercados a los productores estadounidenses,
estableciendo altos estándares para la protección de los trabajadores y preservando
nuestro medio ambiente”.
Pero
Obama parece ignorar que su discurso es tan viejo como el siglo pasado, o
cuando el unilateralismo estaba en vigor; pero no ahora. China no escribe las
reglas, pero las ejerce a pie juntillas. Obama olvida que tanto el control como
las perversiones presentes en la economía mundial están en el sector financiero
el verdadero regente de la globalización, y que por ello mismo los corporativos
—a quienes va dirigido este mecanismo de librecambismo— no las tienen todas
consigo. Que los mecanismos tradicionales como los tratados solo prolongan la
agonía de los países más frágiles, porque se recargan sobre ellos los costos de
las prolongadas crisis desbaratando lo que reste de actividad paraestatal, y
transfiriendo riqueza hacia los todavía “centros del poder” económico.
Obama,
ni los grandes magnates estadounidenses, tiene el control de los hilos que
están a punto de reventar, como los problemas de sobreendeudamiento de los
países “desarrollados”, la deflación (el efecto inflacionario a la inversa) que
está secando o mantiene paralizadas a las economías —les alcanzó el bajo
crecimiento que experimentó Japón durante dos décadas—, el eterno soporte de
los bancos centrales de inflar burbujas para las fiestas de la Jauja del eterno
reinado financiero —la llamada flexibilización cuantitativa—, los elevados
impactos por la caída de los precios de energéticos como el petróleo y los
elevados altibajos de los mercados, etcétera, fenómenos de los que EUA no tiene
el control.
Y si
hay una economía en el mercado mundial para enfrentar o porque no padece esos
dilemas esa es la china. La estadounidense está, con los tratados, prorrateando
los costos. Pobres de los países aliados que se la creen que es para su
bienestar. Véanse en el espejo de México. Los pueblos tienen la palabra.
El
título lo dice todo. De repente nos enteramos de que se ha sellado el
"mayor acuerdo comercial de la historia", después de "intensas
negociaciones". Cinco años de negociaciones. Cinco años de silencio.
Firmado el acuerdo, ahora vienen a abrir la boca.
Los
medios tuvieron cinco años para investigar sobre el TPP, abrir el debate e
informar, pero se limitaron a guardar silencio al respecto. ¿Por qué ahora
abren la boca? Pero lo peor de todo es que abren la boca para cumplir su
función de simples "voceros", luego de haberse "cocinado el
pavo".
¿Dónde
quedó la función del periodista? Supuestamente están para informar o investigar
cuando existen dudas o preguntas por resolver. Ahora resulta que nunca tuvieron
interés por el TPP ¿verdad? Ninguna curiosidad. Vaya "periodistas"
que tenemos.
Mientras
los medios alternativos gritaban, los medios del establishment se hacían los
sordos. Pero los violentos son otros; los violentos son los que cierran la
calle con barricadas o los que revientan la molotov. ¿Cinco años de silencio
con respecto al TPP, el "mayor acuerdo comercial de la historia",
acaso no es violencia?
Si en
Chile hubo completo silencio en los medios, sin duda lo hubo en los demás
países involucrados tales como México o Perú.
Pero
hacemos gárgaras con la "democracia" y nos gusta cuestionar
democracias ajenas como Venezuela o Bolivia, pero obviamente a
"pedido" de la potencia que ustedes acostumbran a servir: EEUU.
Porque que sepamos nuestros países no tienen más intereses que los que tiene
EEUU allí.
Pegan
el grito, por ejemplo, que el Parlamento boliviano haya aprobado una reforma
constitucional para que el actual presidente de Bolivia, Evo Morales, pueda
volver a ser candidato a la presidencia, pero no dicen nada de que ese cambio
lo habrá de decidir el pueblo en un referéndum constitucional aprobatorio.
¿Por
qué la firma del TPP, que será aprobada por los parlamentos respectivos, no se
lleva a última instancia a un referéndum para que nuestros pueblos decidan si
se aprueba o no la firma del TPP, de la misma forma que el pueblo Boliviano
decidirá si aprueba o no la reforma a un artículo de su constitución política?
¿Por qué nuestros pueblos no pueden tener derecho a participar de una decisión
que podrá afectar directamente sus intereses? ¿Esta es la "democracia"
que defiendes, una democracia en la que no exista la participación del pueblo,
tan solo la participación para elegir parlamentarios o algún presidente?
Vamos
"periodista". ¿Acaso no te gusta poner sobre la mesa aquello del
"debate"? Has tenido cinco años para debatir sobre el TPP, en cambio
has llevado al debate las luchas de la pequeña burguesía. Que la marihuana, que
el aborto, que la eutanasia, que la pastillita, que los homosexuales, que los
animalitos, etc. ¿Por qué no llevaste a debate el TPP, algo que habrá de
afectar a toda una nación? Pues su silencio ya
los ha hecho cómplices.
Todavía
no conocemos todo el contenido del Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP,
por sus siglas en inglés) cerrado provisionalmente el 5 de octubre por
negociadores de 12 países de la costa del Pacífico, pero los críticos ya lo
condenan por numerosas razones, entre ellas sus generosas concesiones a la
industria farmacéutica.
Médicos
sin Fronteras (MSF) afirma que el TPP “pasará a los anales de la historia como
el peor acuerdo comercial para el acceso a medicinas en países en desarrollo”.
[1] El motivo es que el TPP ampliará la protección de las patentes para
medicamentos de marca, con lo que impedirá que lleguen al mercado medicamentos
genéricos similares (mucho menos costosos), lo que aumentará los precios.
Judit
Rius Sanjuan, asesora de política legal de MSF, declaró a voz.com que el TPP
crea obligaciones relacionadas con patentes en países que nunca las habían
tenido antes. Los habitantes de “Perú, Vietnam, Malasia y México” se verán
especialmente afectados, dijo. “Se enfrentarán precios más elevados durante más
tiempo”. [2]
Ruth
Lopert, profesora en la Universidad George Washington, declaró a Bloomberg News
que varias provisiones en el acuerdo TPP afectarán a presupuestos de atención
sanitaria en todos los países firmantes, pero especialmente en los más pobres.
“Hasta 40.000 personas en Vietnam, el país más pobre en el acuerdo, podrían
dejar de obtener medicamentos para combatir el VIH por provisiones que
aumentarán el precio de la terapia farmacéutica”, afirmó. [3]
Otros
países como Canadá también se verán afectados por unos costes más elevados. El
Consejo de Canadienses dice que “si se ratifica el TPP, se prolongarán varias
patentes farmacéuticas, con lo que se retardará la puesta en circulación de
medicamentos genéricos más asequibles y se agregarán 2.000 millones de dólares
a nuestra cuenta anual de atención sanitaria”. [4] En EE.UU. muchas personas ya
no puede permitirse el pago de los costosos medicamentos que podrían salvar sus
vidas y tratan de recurrir a genéricos disponibles en el extranjero.
La
ampliación de los derechos de patentes para medicamentos que salvan vidas es un
obvio obsequio a las grandes compañías farmacéuticas. Conor J. Lynch en
opendemocracy.net lo ha calificado de “evidente regalo corporativo que
afectaría al acceso internacional y definitivamente causará muertes que se
pueden prevenir. El objetivo obvio en este caso es el aumento de los beneficios
de la industria, simple y llanamente. No es sorprendente, es lo que hace la
industria privada, pero constituye un serio dilema moral.” [5] Las recientes
informaciones hacen aún más evidente ese dilema moral.
Trampas
tributarias
En
una irónica coincidencia se llegó al Acuerdo de Asociación Transpacífico (TPP)
el mismo día que Citizens for Tax Justice y el US Public-Interest Research
Group Education Fund publicaban un informe condenatorio sobre evasión fiscal
corporativa (Offshore Shell Games 2015). El informe revela en qué medida
importantes compañías estadounidenses utilizan paraísos fiscales como Bermudas,
Luxemburgo, las Islas Caimán y Holanda para establecer “subsidiarias de evasión
fiscal” que a menudo no son sino una dirección postal.
De
las 30 principales compañías de las 500 compañías de Fortune con más dinero en
países fiscales en el extranjero, nueve son compañías farmacéuticas: Pfizer
(74.000 millones de dólares mantenidos en el extranjero), Merck (60.000
millones de dólares), Johnson & Johnson (53.400 millones), Proctor &
Gamble (45.000 millones), Amgen (29.300 millones), Eli Lilly (25.700 millones),
Bristol Myers Squibb (24.000 millones), AbbeVie Inc. (23.000 millones) y Abbott
Laboratories (23.000 millones de dólares). [6]
El
informe señala acerca de Pfizer, el mayor fabricante de medicamentos del mundo
(con unas ganancias declaradas de 22.000 millones de dólares en 2013): “La
compañía hizo más del 41 % de sus ventas en EE.UU. entre 2008 y 2014, pero
logró informar sobre ningún ingreso imponible para siete años seguidos. Esto se
debe a que Pfizer utiliza técnicas contables para transferir offshore la
ubicación de sus beneficios imponibles. Por ejemplo, la compañía puede
transferir patentes por sus medicamentos a una subsidiaria en un país de bajos
impuestos o libre de impuestos. Entonces, cuando la división estadounidense de
Pfizer vende el medicamento en EE.UU. ‘paga’ a su propia subsidiaria offshore
altos aranceles por licencias que convierten los beneficios en el interior en
pérdidas en los libros y transfiere los beneficios al extranjero.”
En
general, el estudio estableció que las 500 mayores compañías de EE.UU. tienen
más de 2,1 billones (millones de millones) de dólares en beneficios acumulados
offshore. “Para muchas compañías, el aumento de los beneficios mantenidos
offshore no significa construir fábricas en el extranjero, vender más productos
a clientes extranjeros o realizar cualquier actividad verdadera de negocios en
otros países”, sino simplemente establecer una dirección postal.
Algunas
compañías utilizan el dinero supuestamente “atrapado” offshore como “colateral
implicado” a fin de pedir prestados fondos a tasas insignificantes para
invertir en activos en EE.UU., el pago de dividendos a accionistas, o recomprar
acciones.
Por
cierto, como deja en claro el informe, “el Congreso, al no actuar para terminar
con esta evasión de impuestos, obliga a los estadounidenses de a pie a
compensar la diferencia. Cada dólar de impuestos que evaden las corporaciones
utilizando paraísos fiscales debe ser compensado mediante impuestos más
elevados a los ciudadanos, recortes en inversiones públicas y servicios
públicos, o un aumento de la deuda federal.”
El
informe establece que mediante una variedad de medidas de evasión de impuestos
las 500 mayores compañías con su sede en EE.UU. deben colectivamente 620.000
millones de dólares en impuestos en ese país.
Golpe
corporativo
Ahora
el TPP (que se está denominando “NAFTA con esteroides”) otorgaría a las grandes
compañías farmacéuticas y a otras multinacionales aún más “derechos”
corporativos en más países, incluyendo el controvertido mecanismo de arreglo de
disputas entre inversionistas y Estados (ISDS, por sus siglas en inglés)
mediante el cual pueden demandar a los gobiernos firmantes por cambios reguladores
que afecten sus beneficios.
Como
señala el sitio en la web canadiense rabble.ca : “El gobierno canadiense está
siendo demandado a través de NAFTA por Eli Lilly, una compañía farmacéutica
estadounidense, por haber invalidado las extensiones de patentes de la firma
para dos medicamentos de salud mental. Una Corte Federal canadiense decidió en
2010 que las extensiones de las patentes no habían generado los beneficios
prometidos y que por ello los medicamentos deberían ser liberados a la
competencia genérica. Los medicamentos genéricos reducen significativamente el
coste para los usuarios, pero Eli Lilly reclamó y lanzó una demanda según ISDS
contra el gobierno por 500 millones de dólares en compensación por los
beneficios perdidos. El caso todavía se está considerando, pero sin tener en
cuenta el resultado podemos esperar que el TPP lleve a disputas de ISDS
semejantes. Poderosas compañías farmacéuticas multinacionales utilizarán todos
los medios disponibles para aferrarse a los monopolios de medicamentos a
precios exagerados. Las mayores protecciones de propiedad intelectual en el TPP
les otorgaránuna base casi legal aún más fuerte para demandar a los gobiernos y
excluir la competencia de [medicamentos] genéricos.” [7]
El
texto final del Acuerdo de Asociación Transpacífico no estará disponible por lo
menos hasta dentro de un mes, probablemente semanas después de la elección
federal canadiense del 19 de octubre. Los detalles revelarán indudablemente más
concesiones generosas a las multinacionales. Corresponderá a los legisladores
elegidos en los doce países aprobar o rechazar el TPP. En Canadá, el dirigente
del NPD Tom Mulcair ha prometido descartar el acuerdo si es elegido Primer
Ministro y explicó que el gobierno de Stephen Harper no tenía mandato para
firmarlo durante una campaña electoral ya que es solo un gobierno “temporario”.
El
sitio en la web estadounidense zerohedge.com califica el TPP de “caballo de
Troya” y de “golpe de las corporaciones multinacionales que quieren un
sometimiento global a sus planes”. De manera muy clara, agrega: “Consumidor,
cuidado. Ciudadanos, cuidado.” [8]
Enormes
marañas de hilos y cables en cada esquina
Hay
miles de talleres individuales donde los trabajadores “limpian” cables,
desmontan los chips de las tarjetas de circuitos, muelen las cajas de
ordenadores de plástico en minúsculas partículas y sumergen los tableros en
baños de ácido para disolver el plomo, el cadmio y otros metales tóxicos. Miles
de personas se toman el trabajo de despojar de aislamiento todo el cableado en
un intento de salvar pequeñas cantidades de hilo de cobre. El aire de Guiyu
huele a plástico quemado y a metales nocivos, pero los trabajadores han
aprendido a vivir en estas condiciones.
¿Qué
tan legal es el negocio? 
Otro
hecho que complica el asunto es la escasez de materias primas para las
industrias de China, ya que las fábricas claman por los materiales recuperados
de la compactación y pagan mucho dinero por ellos.
Además,
no es tan fácil acabar con este negocio dado que toda la economía de Guiyu se
centra alrededor de esta industria y representa el medio de vida de más de
150.000 personas. Y los pocos funcionarios chinos que reconocen este problema
señalan apresuradamente hacia los países más industrializados, acusándoles de
ser el origen del problema.
Costo
Daños
colaterales
Los
trabajadores queman las juntas y los componentes de los circuitos sobre fuegos
de carbón, para fundir la soldadura de plomo y separar los metales; esto libera
gases nocivos a la atmósfera y los materiales tóxicos acaban en el suelo. Las
cajas de plástico de ordenadores, móviles y PDA se funden, con la consiguiente
producción de dioxinas policloradas.
¿Y
qué hay de la gente?
