ANTONIO ZAPATA: EL SECRETO BANCARIO Y EL CASO TÍA MARÍA

Hace unos días, la fiscal de Arequipa, Alejandra Cárdenas, ha dado a conocer el resultado del levantamiento del secreto bancario al abogado Jesús Gómez Urquizo, un personaje clave en los sobornos del caso Tía María. La información es relevante y es muy positivo que la fiscal la haya hecho pública, aunque su interpretación es desconcertante. Veamos.

Jesús Gómez es un abogado ambientalista que había militado en la izquierda setentera. Cuando estalló por primera vez el caso Tía María, durante el mandato de Alan García, Gómez fue defensor del Frente de Defensa y estuvo del lado de siempre. Pero luego algo sucedió. Cambió de bando y Southern lo contrató; según dice la misma empresa, como consultor en temas ambientales.

En efecto, Gómez participa de una ONG especializada en temas ambientales que lógicamente asesora a diversos entes interesados en su colaboración profesional. Pues bien, de acuerdo al levantamiento del secreto bancario, resulta que Gómez ha recibido de Southern un millón seiscientos mil soles en menos de dos años. No terminan ahí las cuentas, porque además una hidroeléctrica vinculada a la misma empresa le ha pagado doscientos mil soles, haciendo un total general de 1,800,000 soles. Aproximadamente 80,000 soles mensuales por 24 meses. Bastante suertudo, cambiar de camiseta en un momento crucial y recibir billetes como cancha.

Pero ¿qué trabajo ha realizado el doctor Gómez para Southern a cambio de esta enorme suma de dinero? La empresa dice que ha sido consultor ambiental, pero no ha mostrado los documentos que supuestamente ha elaborado, tampoco se sabe que esta empresa pague de esa manera a sus otros consultores; es decir, son precios fuera del mercado.

A continuación, el mismo informe de la fiscal Cárdenas muestra que el abogado Gómez ha entregado un cheque por casi 200,000 soles al dirigente Pepe Julio Gutiérrez, célebre por el audio de las “lentejas”, que el mismo Gómez dio a conocer a la opinión pública. Si uno ata cabos, todo parece indicar que a cambio de dinero, Gómez habría tratado que Gutiérrez apague el incendio de Tía María y permita la apertura de la mina. Asimismo, Gutiérrez en el audio estaría pidiendo más dinero para terminar de dar el paso. Esta interpretación es muy plausible porque los tiempos coinciden, el cheque es anterior a la grabación. Ese cheque se puede interpretar como un adelanto y luego Pepe Julio pedía una millonada para cerrar.

Pero, la fiscal ha construido un caso muy diferente, según el cual Gómez y Gutiérrez sumados a otros dirigentes del valle de Tambo se habrían confabulado para extorsionar a la empresa Southern, que aparece como víctima. Este argumento es muy sorprendente.

No sé qué pensará el lector, pero me parece obvio que Gómez es el intermediario para sobornar a los dirigentes y terminar con la protesta que impedía el funcionamiento de Tía María. El origen de la cadena sería una mala práctica corporativa de Southern, que buscó solucionar el conflicto sobornando a los dirigentes a través de un abogado, a quien conocían de cerca por haber militado con ellos durante años.

La explicación de la fiscalía es desconcertante porque supone que unos individuos se habrían puesto de acuerdo para extorsionar a Southern, que habría cedido ante el chantaje y habría procedido ingenuamente, entregándole una gran cantidad de dinero a uno de ellos y dejando a los otros sueltos que siguieron armando lío. Es tan extraña esta idea que bien podría manejar otras hipótesis, más acordes con nuestra cultura política y empresarial.

Finalmente, Southern también debería revisar sus procedimientos, porque trabaja en el Perú desde los años 1950 y viene siendo parte del núcleo de empresas líderes de la economía nacional. Independientemente del caso legal, la opinión pública se está formando la opinión de que ha pretendido corromper para superar las objeciones a Tía María, en vez de atender los reclamos de la población. Es fatal, si de verdad aspira a obtener la licencia social.