No
alcanza el espacio de esta columna para describir los muchos méritos del
destape de Pedro Salinas en su libro Mitad monjes, mitad soldados (con la
colaboración de Paola Ugaz y editado por Planeta). Pocas veces la palabra
“destape” ha sido tan precisa. La práctica regular de abusos sexuales de
menores de edad en el Sodalicio era algo que se sospechaba (después de todo,
había ocurrido lo mismo en similares organizaciones católicas en Boston,
Irlanda, México y en todo el mundo) pero que nadie se había animado a escarbar
en nuestro querido Perú, uno de los países más conservadores del hemisferio
occidental.
Las
revelaciones de Salinas han tenido varias consecuencias, comentadas ya
extensamente a lo largo de las casi dos semanas que tiene el libro publicado.
Sin embargo, aquí quisiéramos detenernos en un detalle que todo el mundo asume
como normal y que debería abrir un debate: ¿es la Iglesia Católica un Estado
independiente dentro del Estado Peruano?
La
Iglesia Católica no solo no paga impuestos a pesar de realizar varias
actividades cuyo fin, claramente es el lucro (un ejemplo: los costos
diferenciados, por ejemplo, de matrimonios y bautizos según el distrito). No
solo eso: es la única religión financiada por el Presupuesto de la República,
es decir, por todos los peruanos. Según reveló Utero.Pe, en el presupuesto del
2016 se destinan 2 millones 603 mil soles para la Iglesia Católica. Comparemos eso,
por ejemplo, con los 100 mil soles de presupuesto que le tocará a la Academia
Peruana de la Ciencia o con los 30 mil que recibirá, para todo el año, el
Centro de Rehabilitación de Ciegos de Lima.
Todas
esas prerrogativas, al parecer, han convencido a la Iglesia Católica que a ella
solo le alcanza la ley cuando le conviene. Volvamos al caso sodálite. ¿Por qué
todo el mundo, incluso críticos del tema, asume que el Tribunal Eclesiástico es
la vía legal para denunciar abusos sexuales contra menores de edad? Peor aún,
el juez del Tribunal Eclesiástico, el padre Luis Gaspar, dijo que “desde un
primer momento se investigaron los hechos” pero que luego se concluyó, por la
alta investidura del fundador del Sodalicio acusado de pedofilia, Luis Fernando
Figari, que el Tribunal no era competente y, por eso, el caso “se elevó” al
Vaticano.
Un
momentito, los abusos a menores de edad no ocurrieron en el Vaticano, sino en
el territorio peruano. Desde el inicio correspondió que los sacerdotes
enterados de estas graves acusaciones corran traslado de estas al Ministerio
Público y al Poder Judicial del Estado Peruano. El Tribunal Eclesiástico es un
ente autorregulador, de la misma forma, por ejemplo, que lo es el Tribunal de
Ética de la Sociedad Nacional de Radio y Televisión. Sus decisiones son
paralelas a lo que la Justicia “real” pueda decidir. Para decirlo clarito: para
la justicia de cualquier Estado laico, una resolución del Tribunal Eclesiástico
tiene el mismo efecto legal que una sentencia del jurado de “La Voz Perú”.
Por
eso es que el Instituto de Defensa de los Derechos del Menor ha hecho bien en
denunciar por encubrimiento y obstrucción de la justicia a los miembros del
Tribunal Eclesiástico (Cipriani incluido) que, enterados hace años de estas
denuncias, no corrieron traslado a las instancias legales correspondientes. Y
todos debemos defender al presidente del Instituto, Daniel Vega, a quien el
Tribunal ha amenazado con contrademandar. Ojalá Cipriani, cuando vuelva al
Perú, utilice las ondas de su programa radial para ponerse a derecho.
No hay comentarios:
Publicar un comentario