En
los últimos días, la Fiscalía contra el Crimen Organizado de Arequipa, a cargo
de la fiscal Alejandra Cárdenas, ha acusado, de manera preliminar, a los
integrantes del Frente Amplio de Defensa del Valle de Tambo, de configurar una
organización criminal que, usando como pretexto la legítima protesta social,
financió y alentó la violencia y el crimen para extorsionar y enriquecerse ilícitamente.
El
informe fiscal describe, uno a uno, los sucesos ocurridos en la provincia de
Islay, durante las protestas contra el proyecto minero Tía María, la situación
de las víctimas y las circunstancias de las muertes acaecidas.
La
sustentación es rigurosa y exhaustiva: acusa a los dirigentes del frente de
extorsionar al Estado, a los arequipeños y a la empresa minera Southern, y
sostiene que se organizaron, con la complicidad de las ONG Red Muqui y la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos.
Las
mismas que, según la acusación fiscal, entregaron el dinero que los dirigentes
usaron para pagar, S/.30 diarios, como jornal, a los huaraqueros que en
Cocachacra se hicieron llamar ‘espartambos’.
La
investigación fiscal establece como nexo para la extorsión al abogado
–inicialmente antiminero y luego asesor para asuntos ambientales de la Southern
en Arequipa– Jesús Gómez Urquizo, y se pregunta por qué tipo de servicios la
empresa le pagó S/.1’600.000; y por qué razón este afortunado abogado le
transfirió S/.170.000 al presidente del Frente Amplio de Defensa y dirigente de
las violentas protestas, Pepe Julio Gutiérrez.
Sin
embargo, lo que la fiscal Cárdenas no anota en su texto es que todos los
integrantes de esta mafia extorsionadora, y sus colaboradores, integran los dos
partidos políticos aliados en la oposición al desarrollo y a la lucha contra la
pobreza en nuestro país. Y que son los mismos que hoy actúan contra Las Bambas
en Apurímac.
Pepe
Julio Gutiérrez, presidente del Frente Amplio de Defensa y protagonista del
audio de las “lentejas”, y Jesús Cornejo, vicepresidente del Frente Amplio y
presidente de la Junta de Regantes del Valle, son dirigentes de Tierra y
Libertad que lidera el ex cura Marco Arana; y Jaime de la Cruz, alcalde de Deán
Valdivia, es un alto cabecilla etnocacerista en la zona.
Además,
la Coordinadora Nacional de Derechos Humanos está presidida por Rocío Silva
Santisteban, la novia de Arana; y peor, la Red Muqui, que finge ser una genuina
ONG ambientalista, está integrada por Cooperacción, dirigida por José de Echave
–alto dirigente de Tierra y Libertad en Lima– y por la Coordinadora Nacional de
Derechos Humanos. ¡Sí! La misma ONG que preside la novia de Arana.
¿Sabrán
los contribuyentes extranjeros de esas ONG que con su dinero se pagaron los
jornales de los subversivos que, a huaraca limpia, obligaron a la población
arequipeña a someterse?
Quemaron
cultivos y casas; destruyeron el canal de agua que alimenta la ciudad de
Mollendo, las dos compuertas de la bocatoma de agua con la que se riegan los
campos de La Punta de Bombón, el local de los Bomberos de Cocachacra. ¿Sabrán
que con sus aportes se condujo a la muerte a tres pobladores humildes y se
asesinó, a golpes y pedradas, a un policía. ¿Lo sabrán?
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