No es
solo un absoluto y grosero abuso de poder que el gobierno peruano se pase 5
años negociando un tratado secreto (Acuerdo de Asociación Transpacífico, TPP)
que nos perjudicará a todos los peruanos directa e indirectamente, sino que es
una prueba fehaciente de por qué quienes criticamos y denostamos del abuso del
capitalismo no exageramos. Los funcionarios del gobierno usan en nuestra contra
el poder que les hemos cedido y en lugar de representarnos como deberían, lo
utilizan para favorecer a las corporaciones.
Es
decir, el gobierno del Perú se allanó –sin preguntarnos a los ciudadanos– a
que, entre otras cosas, las medicinas que en los próximos años salvarán a
nuestros padres, hermanos, hijos o a nosotros mismos sean tan caras
(provechosamente para EEUU y para los grandes laboratorios transnacionales) que
solo tendrán acceso a ellas quienes tengan buena cantidad de dinero. Es decir,
el gobierno peruano ha condenado a muerte a miles de peruanos que no podrán comprar
las medicinas que necesitan porque el gobierno decidió que podía sacrificar a
esos “pobres diablos”. ¿A cambio de qué? ¡Del desarrollo, pues idiota! ¿No ves?
¡El desarrollo de la economía! ¡Del país!, vociferan los del engaño. ¿El
desarrollo para quién del país?, es la pregunta. Porque no es para sus
ciudadanos comunes y corrientes, sino para los que más tienen y pueden. Por
ejemplo, para los hijos y familiares de los ministros que han negociado
nuestras cabezas, porque ellos jamás pasarán las penurias de la gente de menos
recursos. Por eso Segura puede decir con tanta indolencia que “siempre hay
temas que hay que ceder para ganar otros”. Es decir, que se puede sacrificar
(dejar morir) a algunos “prescindibles” por el desarrollo macroeconómico. Esto desacredita
a la cúpula de gobierno y la integridad del Estado de derecho.
Entonces
se convierten en eso, en buitres capitalistas-corporativistas sin otra función
que la de ser funcionarios privados-en-contra-del-bien-común. Se comportan como
agentes de los poderes fácticos y del intervencionismo transnacional bajo la
fachada de la globalización. ¿Con qué argumentos se atreverá el gobierno a
intentar justificar el secretismo de las negociaciones de un tratado
ciertamente histórico por su magnitud en temas y alcances de afectación a todos
los peruanos? ¿Qué coartada esgrimirá para pretender justificar el lacerante
abuso de poder que ha perpetrado al negociar sin transparencia alguna durante
cinco años temas que nos atañen a todos como país y en los que ellos se han
atribuido una representación que ni siquiera nos beneficia?
Más
aún, justamente porque queda probado que lo que se ha firmado va en contra de
los peruanos, ese tratado merece ser cuestionado de principio a fin. Y no solo
el Congreso no debería ratificarlo porque sentaría el oprobioso antecedente de
que acá un gobierno puede hacer con nuestras libertades y soberanía, con
nuestra integridad y salud, lo que le viene en gana sin que nosotros, el
pueblo, podamos exigirle allanarse a nuestro justificado escrutinio y a la
transparencia que se nos debe. Sino que los funcionarios que así actuaron y
quienes lo permitieron deberían ser sancionados para que quede claro que así no
se manosea la democracia, que no se permitirá que se degrade a la ciudadanía y
que con ello se fomente y sedimente la desigualdad y exclusión social bajo el
pretexto de la “globalización”. No aceptaremos que se pretenda hacer pasar como
“bien común” aquello que solo beneficia a un puñado de poderosos mientras a la
gente se la deja morir junto con nuestra soberanía.
Se
sabe, de lo que se ha podido filtrar del TPP que aún se maneja en secreto, que
quedaremos encadenados a no poder dictar con libertad soberana nuestras propias
y pertinentes políticas sociales, de salud, medioambiente, propiedad
intelectual, normas laborales, controversias entre el Estado y transnacionales,
y otras. A ver cuántos congresistas son verdaderamente valientes para tomar una
posición clara y tajante en favor de quienes los pusieron en sus curules y a
quienes se deben, al pueblo.
