A pocos días del reinicio de las protestas contra el emblemático
proyecto Conga y en medio de una gran conflictividad socio ambiental en
el país, el Congreso aprobó una medida que permite a policías y
militares matar o lesionar a civiles sin responsabilidad penal.
La polémica norma, aprobada ayer por el Congreso, exime de
responsabilidad penal al personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía
Nacional del Perú cuando cause lesiones o muerte en el “cumplimiento de
su deber” y en uso de sus armas u otro medio de defensa, informó la
prensa del Congreso de la República.
La medida modifica el numeral 11 del artículo 20 del Código Penal
(sobre el uso de armas u otro medio de defensa). Fue presentada por la
bancadas fujimorista y de Gana Perú y fue dictaminada por la Comisión
de Justicia y Derechos Humanos.
El Congreso aprobó la modificación con el voto favorable de 77
congresistas y un voto en contra. Fue exonerada de una segunda votación,
por lo que quedó lista para su promulgación.
De acuerdo a la congresista Marisol Pérez Tello, la norma busca dar a
los miembros de los institutos armados y policiales mecanismos que
puedan utilizar en legítima defensa propia y de terceros.
Asimismo, según sus promotores, la medida es parte de un paquete de
propuestas que tienen como fin combatir el crimen y la inseguridad
ciudadana.
La propuesta aprobada por el Congreso se suma a una lista de medidas
que desde el Gobiernos anteriores han venido endureciendo la
intervención de la policía y el ejército en los conflictos socio
ambientales entre comunidades indígenas y empresas extractivas.
Parte de esas medidas fue un paquete de cuatro decretos legislativos que emitió el Gobierno de Alan García en 2010.
Uno de ellos, el D.L. 1095 ha sido severamente cuestionado por
organizaciones de derechos humanos, pues consideran que posibilita el
uso excesivo de la fuerza en casos de protesta social y conflictos.
Este decreto, aún vigente, es cuestionado por ampliar la intervención
de las Fuerzas Armadas más allá del estado de emergencia, cuando sea
sobrepasada la capacidad de la policía de mantener el orden, sin dar
criterios específicos de regulación de la norma.
Asimismo, se considera que en la práctica el decreto hace legítimo el
enfrentamiento de militares con la población civil en protestas
sociales.
Al amparo de esa norma han muerto 24 civiles en conflictos socio
ambientales durante el año 2012, en el Gobierno de Ollanta Humala.
Otro cuestionado decreto del mismo grupo fue el D.L. 1097 que eximía
de responsabilidad a militares y policías procesados por violación de
derechos humanos, basándose en el vencimiento del plazo formal. Sin
embargo, el mencionado decreto fue derogado por el Congreso en
septiembre de 2010.
Asimismo, a inicios de año se promulgó la Ley 29986 que permite a
personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional del Perú el
levantamiento de cadáveres de sus miembros y de civiles sin la presencia
del fiscal, previo conocimiento del Ministerio Público.
En casos excepcionales, la norma faculta a que se prescinda la
comunicación y se dé cuenta del levantamiento dentro de las 24 horas,
más el termino de la distancia.
Tras la promulgación de la mencionada ley, la Fiscalía expresó su
rechazo por el temor de que se genere impunidad en casos de abuso de
autoridad y dudas sobre un operativo policial o militar.
Además, consideró que se estaría afectando las funcione del Ministerio Público en la investigación del delito.
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