Las protestas se generalizan en la provincia de la Convención tras denunciarse hoy que un auto cayó al río Vilcanota en Cusco en circunstancias que son materia de investigación, pues los pobladores refieren que en la unidad estaba el alcalde de Kepashiato Rosalío Sánchez y denuncian que éste fue arrojado por efectivos de la Policía Nacional.
El hecho ocurrió -según los medios locales- en el puente Pavayoc, en la ciudad de Quillabamba en el marco de las protestas que realiza la población en rechazo al Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Esta mañana, el canal N se dio cuenta que los dirigentes del poblado aseguran que en el auto viajaba el alcalde de Kepashiato, Rosalío Sánchez.
Ricardo Caballero, presidente del Frente de Lucha de La Convención, dijo que los agentes llegaron hasta el puente, donde se encontraba un grupo de manifestantes y el vehículo.
Indicaron que la policía detuvo a varias personas, entre ellos el alcalde, y decidió trasladarlas a la comisaría de la zona en el citado auto.
Otro testigo refirió incluso que el alcalde fue trasladado en la maletera y que habría al menos seis muertos, pero esto no está confirmado oficialmente.
Denunciamos estos hechos sangrientos como parte de una política represiva que ya linda con una guerra de baja intensidad. Desde que en enero de 2014 entrara en vigencia la Ley N° 30151, se temía un nuevo “baguazo” (matanza de amazónicos por el gobierno el 2009 en Bagua). Hoy esto ya ha sucedido.
La Ley 30151 libra de responsabilidad penal al “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Así, se legaliza la impunidad para que los policías cometan crímenes, por los que no podrán ser juzgados. Llamamos a toda la ciudadanía a exigir la derogatoria de esta macabra Ley, así como todos los decretos que criminalizan la protesta social.
El hecho ocurrió -según los medios locales- en el puente Pavayoc, en la ciudad de Quillabamba en el marco de las protestas que realiza la población en rechazo al Gasoducto Sur Peruano (GSP).
Esta mañana, el canal N se dio cuenta que los dirigentes del poblado aseguran que en el auto viajaba el alcalde de Kepashiato, Rosalío Sánchez.
Ricardo Caballero, presidente del Frente de Lucha de La Convención, dijo que los agentes llegaron hasta el puente, donde se encontraba un grupo de manifestantes y el vehículo.
Indicaron que la policía detuvo a varias personas, entre ellos el alcalde, y decidió trasladarlas a la comisaría de la zona en el citado auto.
Otro testigo refirió incluso que el alcalde fue trasladado en la maletera y que habría al menos seis muertos, pero esto no está confirmado oficialmente.
Denunciamos estos hechos sangrientos como parte de una política represiva que ya linda con una guerra de baja intensidad. Desde que en enero de 2014 entrara en vigencia la Ley N° 30151, se temía un nuevo “baguazo” (matanza de amazónicos por el gobierno el 2009 en Bagua). Hoy esto ya ha sucedido.
La Ley 30151 libra de responsabilidad penal al “personal de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, que en el cumplimiento de su deber y en uso de sus armas u otro medio de defensa, cause lesiones o muerte”. Así, se legaliza la impunidad para que los policías cometan crímenes, por los que no podrán ser juzgados. Llamamos a toda la ciudadanía a exigir la derogatoria de esta macabra Ley, así como todos los decretos que criminalizan la protesta social.
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