Desde hace varias semanas las noticias periodísticas avergüenzan a los ciudadanos de la selva central. Los dos congresistas que recibieron mayor respaldo electoral tanto en la selva de Junín (provincias de Satipo y Chanchamayo) como en Pasco (provincia de Oxapampa) tienen serias denuncias. La Procuraduría del Jurado Nacional de Elecciones denunció penalmente al legislador Federico Pariona Galindo de Fuerza 2011 por haber consignado información falsa en su hoja de vida. Y el congresista, también de Fuerza 2011, Néstor Valqui Matos habría sido sentenciado por proxenetismo y sería dueño de uno de los centros de diversión más grandes y concurridos de Yanacancha, Pasco. De ambas denuncias tal vez el caso que más incomoda a la población es el de Valqui, porque la denuncia contra Pariona, sin dejar de ser censurable es vista como la consecuencia de una «criollada» mal hecha.
La naturaleza de los respaldos electorales ha sido distinta: Pariona es natural y residente de la selva de Junín (Satipo), por lo que concentró su mayor esfuerzo en captar los votos de sus vecinos de realidades y problemáticas. Por otro lado, el congresista Valqui, sin ser natural o residente de Oxapampa, realizó una campaña proselitista cuya inversión en manejo de imagen del buen ciudadano conquistó el respaldo de los electores de la selva, concentrado principalmente en los distritos de Villa Rica y Oxapampa. Por ello los comentarios de hombres y mujeres sobre el ocultamiento de la sentencia por proxenetismo no es sólo vista como una manipulación de la imagen que los llevó a una mala decisión electoral, sino como una estafa que los ha llevado al infortunio y a la vergüenza.
El proxenetismo es un delito sensible para muchas familias de la selva peruana porque han sido testigos directos o indirectos de denuncias por tráfico de personas de sus comunidades para la explotación sexual en ciudades y campamentos mineros de diversos puntos del país. En la selva central, sobre todo a nivel de las etnias nativas, existen denuncias de desapariciones de niñas y adolescentes, que no son ni serán resueltas. Sin embargo, por la inacción de autoridades se transforman en riquezas para los bolsillos de los inescrupulosos. Es común que en ciudades de la sierra central como Huancayo, La Oroya y Tarma se promocionen burdeles, bares y centros nocturnos con la atención de lindas «ñañitas de la selva», promoción que no es investigada por fiscales ni autoridades policiales, con lo cual este tipo de comercio se mantiene sólido y en crecimiento, a pesar de que en muchas ocasiones existe esclavitud demostrada.
Las provincias de la selva central promocionan sus atractivos naturales como productos turísticos, tratando de desprenderse de la posibilidad de convertirse en destinos de turismo sexual, imagen que lamentablemente afecta a algunas de las ciudades de la selva del oriente peruano. Por otro lado, hay que reconocer que desde las autoridades locales poco o nada se ha hecho para luchar contra ese estigma que mantiene la errada imagen de que las mujeres de la selva tienen «una exacerbada apetencia y reducida inhibición sexual», lo que las convierte en apetecibles productos para el placer carnal. Mito que se extiende hasta creer que todas las mujeres, sobre todo las adolescentes y jóvenes, están dispuestas a regalar o vender sus cuerpos por necesidad, o porque tras una iniciación sexual temprana, se convierte en algo común.
Antes, erraron en la selección de sus candidatos, hoy ninguna voz de la selva central –incluidos los que le dieron sus votos– manifestará incomodidad alguna si el mencionado congresista fuera finalmente desaforado del Parlamento, e impedido de por vida para ocupar cargo público alguno, ya que su sola presencia en el hemiciclo humilla a todas las mujeres en general.
Tanto Pariona como Valqui, integran la lista de 12 congresistas denunciados alcanzada por el Ministerio Público a la Mesa Directiva del Congreso. Sin embargo, la cifra se queda corta, pues hay otros 29 padres de la patria que tienen en su haber procesos judiciales pendientes. Esto nos lleva a una reflexión final respecto a los filtros para la evaluación y selección de candidatos, donde la responsabilidad principal recae en la debilidad de los partidos políticos que los acogen; y luego, a la definición de mecanismos de fiscalización más rigurosos que deberían ser impuestos –vía reforma de leyes electorales si fuera necesario– por los organismos competentes en estos procesos.
