Al titular de Agricultura, Miguel Caillaux, se le ha visto poco en público y guarda un perfil bajo, quizá porque pretende ocultar un hecho sumamente grave: Mantiene un latente conflicto de intereses con el Estado al cual representa como ministro. Sus empresas siguen realizando millonarios negocios con sectores claves del Estado, lo cual compromete su independencia y transparencia, pero también la del actual gobierno.
En el registro de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria (Sunat), Caillaux figura como presidente del directorio de la compañía Certificaciones del Perú S.A. –Cerper, desde el año 1994. ¿Cuál es el problema? Esta empresa se encarga de evaluar y certificar la garantía de productos en los sectores manufacturero, pesquero, electricidad, hidrocarburos, minero, metalúrgico, entre otros, todos del Estado. Para muestra un botón.
A sabiendas o no del ministro de la Producción, Kurt Burneo, quien se ha mostrado como un abanderado de la lucha contra la corrupción, Cerper está registrada como uno de los laboratorios habilitados para realizar análisis de efluentes y cuerpos marinos en esa cartera. Así figura, por ejemplo, en el documento con fecha 7 de octubre de 2011.
También está registrada en la lista de empresas consultoras autorizadas por dicho ministerio para realizar estudios ambientales y para certificar productos como harina de pescado, congelados y conservas. Una amplitud de rubros que le dan millonarias ganancias, si tenemos en cuenta que solo por inspeccionar se obtienen cerca de cuatro millones de soles; en cambio, por certificar la harina se puede llegar a cobrar de 10 a 15 dólares por tonelada.
Pese a que Caillaux en algún momento ha señalado que renunció a la empresa antes de asumir el encargo presidencial (algo dicho pero no demostrado), no hay duda de que Cerper está muy bien ‘amarrada’ con diversos sectores, como seguiremos viendo. Incluso, hace solo un par de semanas, el 16 de setiembre, adquirió junto con CIMM Perú el 51% de las acciones del Centro de Investigación Minera y Metalúrgica de Chile (CIMM). ¿Eficiencia o buenos oficios del ministro para extenderse al rubro minero? Punto aparte, llama la atención que compre acciones cuando en la Sunat figura una deuda coactiva –remitida a las centrales de riesgo- de 38 mil 106 soles.
Y como si fuera poco, la empresa también se encuentra en la lista de entidades de apoyo del Servicio Nacional de Sanidad Pesquera (Sanipés), que depende del Produce, y certifica la calidad de los recursos marinos. Pero, si supervisa embarcaciones, además de controlar su descarga por lo que cobra cerca de siete millones de dólares al año, y verifica sistemas de calidad de las plantas, -como lo describe su página Web-, ¿no hay aquí un conflicto de intereses también?
Otro dato, el contrato con Cerper terminó a fines del año pasado y este 2011 debió elegirse a nuevas supervisoras. No ha sido así. El nuevo concurso se ha pospuesto y las empresas siguen operando en el Produce. Y continuarán hasta el 2012, como se muestra en la lista de laboratorios habilitados para analizar efluentes y cuerpos marinos.
CASO 2: EL ALGODONERO
El último 23 de agosto, el Ministerio de Agricultura, a través del Servicios de Sanidad Agraria (Senasa), suspendió la emisión de permisos fitosanitarios de importación de seis partidas arancelarias de fibra de algodón procedentes de la India. La medida fue sorpresiva y algunos como el presidente del Patronato del Damero de Gamarra, Guillermo de Vivanco Roca Rey, exigieron al Gobierno la derogatoria de dicha resolución que afectaba a los comerciantes del emporio, que ha crecido 25% en los últimos años.
El ministro Caillaux tuvo que presentarse ante la Comisión de Comercio Exterior y Turismo del Congreso y su explicación no fue contundente. Dijo que la medida tenía como propósito “evitar las plagas”. Para algunos parlamentarios, esta decisión solo generaba competencia desleal, pues beneficiaba a algunos algodoneros locales. Finalmente, el Gobierno lo rectificó y levantó la suspensión. Pero el tema no acaba porque el Congreso investiga los entretelones de la decisión ministerial.
¿Dónde está el conflicto? El ministro Caillaux figura desde el 2004 como gerente de la empresa Negociación Agrícola Jayanca, también conocida como Najsa, ubicada en Lambayeque. ¿A qué se dedica la empresa? ¿No lo adivina? Al cultivo de frijol, capsicums (ajíes), marigold y… ¡algodón! La suspicacia flota.
La empresa del Ministro no solo se relaciona con este caso. El congresista Virgilio Acuña Peralta anunció que el 21 de octubre viajaría a Chiclayo para investigar un probable conflicto de intereses de Caillaux por la adquisición a través de dicha compañía de 1200 hectáreas del Proyecto Especial Olmos- Tinajones, cuando Enrique Salazar, su asesor, era gerente general del proyecto.
Pero, además, Acuña señaló que Caillaux habría infringido el inciso 1 del artículo 8 del Código de Ética de la Función Pública, al no abstenerse de opinar o asesorar al Poder Ejecutivo sobre la decisión de continuar con la subasta de tierras del Proyecto de irrigación Olmos. Estas averiguaciones, sin embargo, quedarían en cero, ya que el legislador quedó suspendido de la comisión por tener pendiente una investigación por Lavado de Activos que salió a la luz recientemente. Según el legislador, el ministro habría alentado su proceso. Habrá que esperar que otro miembro de ese grupo tome el caso.
CASO 3: MALA LECHE
Antes de convertirse en flamante ministro, Miguel Caillaux fue presidente de la Asociación de Ganaderos del Perú –Agalep-, una institución que desde el 2007 emprendió una lucha frontal contra la empresa Gloria. Argumentaban que la conocida empresa de lácteos recombinaba leche en polvo con leche fresca para hacer su leche evaporada y que se utilizaban grasas vegetales en su producto Pura Vida. Luego, entablaron una denuncia a Indecopi. Hasta allí todo parece normal.
La cuestión cambia cuando Caillaux asume el Ministerio. Porque además de saberse ya cuál es su simpatía por una empresa lechera a la que denunciaron ante Indecopi, más allá de que su queja tenga sustento o no, el titular de Agricultura vuelve a caer en un conflicto. Él y su hermano son ejecutivos de la empresa Sociedad Ganadera El Sequión S.A., como lo demuestra el reporte de Sunat a la fecha.
Miguel Caillaux es gerente general desde 1988 y su hermano Jorge figura como director. La compañía es un ‘establo de ganado lechero’ y en los productos que ofrece, además de animales, se encuentra la leche fresca y enfriada. ¿Qué asegura que el titular de Agricultura no mueva sus tentáculos para beneficiar no solo a esta sino a otras empresas que hayan estado agrupadas en Agalep o que tuvieran convenios con la suya?
CASO 4: PRONAA
Y si el ministro lechero, algodonero y dueño de una supervisora-certificadora- inspectora no ha sabido desligarse, ni sus empresas, del entorno del Estado, aún hay camino por recorrer en la actuación pulpesca de su empresa Cerper, que también tiene un movimiento transversal en el Estado. En su presentación en el Congreso, hace pocas semanas, se le consultó si el Ministerio de Agricultura era responsable de los almacenes del Programa Nacional de Asistencia Alimentaria (Pronaa). Lo negó. Pero lo que no dijo es que su empresa supervisora, fiscalizadora y demás está acreditada en Indecopi para efectuar la calibración del análisis de los productos de ese apartado y del Ministerio de Salud.
En el documento que lo acredita, expedido en junio de este año, sigue figurando Miguel Caillaux como uno de los responsables de firmar los “certificados de conformidad”. Hurgando un poco más, encontramos que Cerper da el visto bueno a la anchoveta, sardina, salsa de tomate, además de leche evaporada y leche UHT. Asimismo, de las mezclas fortificadas de cereales, alimentos cocidos y sustitutos lácteos.
En el registro del ente regulador se detalla que la empresa del ministro inspecciona los lotes por muestreo de la papilla enriquecida instantánea 2010, mezclas fortificadas de cereales para el Programa de Alimentación escolar y preescolar. Además de realizar un control sanitario de alimentos y bebidas en el Ministerio de Salud.
Después de tener conciencia de los movimientos y vínculos de las empresas del ministro Caillaux con otras instituciones del Estado, además de la alerta vigente de posibles intereses secundarios a su función ministerial en cada una de las áreas que también dependen de su ministerio, queda a decisión del presidente Ollanta Humala qué hacer ante un ministro con tantos indicios de conflicto de intereses. El gobierno recién empieza, aún es posible hacer cambios útiles. No vaya a ser que terminen en ‘casos emblemáticos de corrupción’ o ‘faenones’ de vergüenza nacional.
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