Argentina: Semillas en debate. Organizaciones sociales cuestionan denominada “Ley Monsanto”

Por Darío Aranda*

“La ley Monsanto” Es una de las formas en la que movimientos campesinos, pueblos indígenas y organizaciones sociales bautizaron al proyecto de ley de semillas que prepara el Ministerio de Agricultura. Según afirman las organizaciones, la medida, que sería tratada antes de fin de año en el Congreso, no dio participación a campesinos y pequeños productores, limita el “uso propio” (posibilidad de utilizar las semillas de la cosecha) y favorece a las corporaciones del agro. “El proyecto de ley pone en riesgo la soberanía alimentaria de nuestro país a través de la concesión de nuevos privilegios para las empresas transnacionales e implica la pérdida de los derechos de nuestro pueblo”, denuncia una declaración conjunta del Movimiento Agroecológico de Latinoamérica (Maela) y de la Red de Acción en Plaguicidas de América Latina (Rapal).

“El proyecto de modificación de la ley está formulado a la medida de Monsanto. En el 2003 Monsanto anunció que discontinuaba su programa de mejoramiento de soja en el país ‘debido a la baja rentabilidad del negocio, que imposibilita mantener los niveles adecuados de investigación en Argentina’.

Su reclamo específico era una nueva ley de semillas que le permitiera tener ‘seguridad jurídica’ en sus operaciones”, explicó Carlos Vicente, de la organización internacional Grain, que estudia el mercado de semillas y las corporaciones agrícolas.

El 21 de agosto pasado, el ministro de Agricultura, Norberto Yauhar, presentó la nueva soja (RR2) junto a los directivos de Monsanto. “Hay que respetar la propiedad intelectual”, reclamó ese mismo día el ministro y adelantó que el Gobierno estaba trabajando en una nueva ley de semillas, que contemple el cobro de regalías para quienes desarrollan las semillas transgénicas.

Ahora, las organizaciones campesinas y pequeños productores denuncian que no fueron convocados a debatir el proyecto que podría modificar su forma de producir alimentos. Solicitaron el proyecto al Ministerio de Agricultura y a la Comisión de Agricultura del Congreso, pero no lo obtuvieron. Recién un mes después, el proyecto fue filtrado a las organizaciones.

“Manifestamos nuestro rechazo al proyecto de ley de semillas. Manifestamos la necesidad de analizar, discutir y presentar un proyecto que de manera participativa satisfaga las necesidades de los productores”, reclamaron los dirigentes argentinos de Maela y Rapal en una carta abierta dirigida a laPresidenta y al ministro de Agricultura.

En las críticas sobresale la definición que se hace de productor (artículo 1). “Es reduccionista. Es grave porque de esa definición luego se deriva quiénes serán sujetos de derecho para conservar sus propias semillas”, explica. También apunta al artículo 4, de creación de una comisión nacional de semillas con “escasa o nula” participación de la agricultura familiar.

Las organizaciones reivindican el derecho a guardar parte de la cosecha como semilla, para la próxima siembra, el llamado “uso propio” de la semilla. Según advierten, la decisión de las empresas de semillas, con Monsanto a la cabeza, es limitar el derecho histórico al “uso propio”, bajo el argumento de respetar la “propiedad intelectual”. Con el proyecto de ley, el uso propio pasa de ser un “derecho” a transformarse en una “excepción”.

“El proyecto ilegaliza o restringe gravemente prácticas que han estado en vigencia desde los inicios de la agricultura, como es el seleccionar, mejorar, obtener, guardar, multiplicar e intercambiar semilla libremente a partir de la cosecha anterior. Esta práctica es un derecho fundamental de los agricultores y agricultoras del mundo”, denuncian el Movimiento Campesino Indígena (MNCI), Grain y Amigos de la Tierra en un documento llamado “Diez motivos para luchar contra el proyecto de ley que pretende privatizar las semillas en la Argentina”.

Las organizaciones firmantes alertan que el proyecto de ley crea condiciones para “expandir la presencia de empresas semilleras transnacionales en el país” y reclaman que el debate sea abierto a todos los sectores de la sociedad.

La Cátedra de Soberanía Alimentaria de la Universidad Nacional del Comahue también cuestionó el proyecto de ley, propuso tomar como referencia la ley de Bolivia (considera la función social de la semilla) y solicitó “una indiscutible intervención del Estado que sostenga a las comunidades originarias y campesinas así como también a la ciudadanía toda en pos de proteger y alentar el libre intercambio de semillas. Es necesario imposibilitar la concentración, los derechos de la propiedad de las semillas y frenar el desarrollo del monocultivo en manos de multinacionales”.

La Coordinadora de Organizaciones y Movimientos Populares de Argentina (Compa), con presencia en 17 provincias, afirmó que el proyecto “atenta contra la diversidad y la producción de alimentos para el pueblo, ya que termina entregando su control a las corporaciones”. Lamenta que la “política agropecuaria priorice el agronegocios y la generación de retenciones por sobre la producción de alimentos santos para el pueblo”.

*Darío Aranda, es periodista. Investigador graduado en la Universidad Nacional de Lomas de Zamora. Jefe del Laboratorio de Embriología Molecular de la Universidad de Buenos Aires (UBA) e investigador principal del Conicet. También es colaborador permanente de “Pagina 12” “Rebelion” “Red Voltaire” entre otros medios. Autor del libro “Argentina Originaria” Desde hace diez años trabaja junto a comunidades desde la Defensoría de Derechos Humanos de Argentina documenta el despojo y la segregación de los pueblos originarios que dan testimonio del pasado y el presente de injusticias y explotación en el campo argentino, de las trasnacionales de la soja, forestación y otras.

Arequipa: Pronunciamiento del colectivo el fuji-indulto es un insulto

"El Paititi: Del descubrimiento al saqueo" por el Padre Polentini

El robo del Paititi

Farmacéuticas frustraron rebaja de precios de medicinas contra el cáncer

El Estado ha terminado sometido a las reglas de juego de las empresas farmacéuticas pese a ser –con S/. 100 millones- el principal comprador de medicinas contra el cáncer.

Si por un lado el Ministerio de Salud denunció que no funcionan las exoneraciones tributarias a esos fármacos (vigentes desde el 2001) para reducir sus altos precios, tampoco es efectiva la última estrategia estatal: las compras corporativas obligatorias entre el Minsa, Essalud, los fondos sanitarios de la policía y las Fuerzas Armadas.

Se pudo conocer que este mecanismo de grandes adquisiciones, aprobado en mayo del 2011 para negociar precios más baratos con los laboratorios, se quebró en diciembre del año pasado y en enero del 2012 debido a que las farmacéuticas no se presentaron a las licitaciones de 27 medicinas oncológicas. Y varios de los productos declarados desiertos tienen un solo vendedor en el país.

Mientras tanto, la ministra de Salud, Midori de Habich, no se ha referido hasta la fecha a los graves problemas de las compras públicas de las medicinas, pese a que empezó su gestión anunciando como prioridad un plan integral de cobertura de cáncer.

Por otro lado, el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) abrió una investigación contra once farmacéuticas en marzo del 2011 por supuesta concertación de precios de las medicinas contra el cáncer. Hasta la fecha no se conocen los resultados.

El cáncer es la segunda causa de muerte en el Perú y se diagnostican un promedio de 45.000 casos nuevos por año.

Fujimori dice que indulto es “importante y urgente” para reactivar el fujimorismo

Cada vez aparecen más indicios de que el pedido de indulto para Alberto Fujimori encierra más una intencionalidad política que una necesidad humanitaria. Ayer se dio a conocer un mensaje escrito por el mismo sentenciado expresidente a fines de setiembre, en el que llama la atención a la dirigencia de su partido y remarca que su libertad es “importante y urgente porque ha pasado mucho tiempo”.

Según reveló La República, dicho mensaje fue leído por su propia hija Keiko Fujimori a la dirigencia, y en el mismo su padre no solo se queja por los fracasos en su estrategia de defensa legal y por el mal trabajo de su bancada, sino que también explica cuál es la relevancia de conseguir su tan ansiado indulto.

Fujimori sostuvo que con su excarcelación “se irían al fango su sentencia y el sistema de justicia imperante”, y dijo que “el propio gobierno se torpedearía porque se encontraría con la pradera encendida”. El sentenciado por delitos de corrupción y de lesa humanidad estaría seguro de que su indulto representaría un resurgimiento del fujimorismo.

Del mismo modo, Fujimori, como lo hizo público en su escueta carta del 28 de setiembre, también prometió que luchará por su inocencia y que nadie podría decirle que él pidió el indulto o que aceptó culpa alguna por la sencilla razón que él nunca firmó el pedido de la gracia presidencial, sino que fueron sus hijos.

MENSAJE PERJUDICIAL

Según el exprocurador anticorrupción Yván Montoya, dicho mensaje de Fujimori representa una revelación torpe de sus reales intenciones de salir de prisión, las cuales no estarían fundamentadas en razones humanitarias sino en razones políticas.

“Evidentemente hay toda la intención de que, una vez fuera, pueda retomar la actividad política intensa o recobrar posiciones”, declaró a diario16.

El también coordinador del Proyecto Anticorrupción del IDEHPUCP añadió que si bien la evaluación del pedido de indulto no pasa por analizar este tipo de informaciones, quien decide otorgar la gracia o no será finalmente el presidente Ollanta Humala, y en ese momento él sí podría tomar en cuenta estas cosas.

“Sigue siendo discreción del presidente si se le aproxima un informe sobre el indulto. Al margen de que si cumple o no los requisitos, él tendrá siempre un margen de discreción y ahí entran no solo aspectos médicos, sino estos elementos, que podrían ser tomados en consideración”, indicó.

Sobre un resurgimiento del fujimorismo posindulto, Montoya dijo que todo apunta a que dicha agrupación entraría en una actividad política renovada, donde jugaría el hecho de que Fujimori no firmó el pedido de indulto, además del hecho de que tampoco nunca pidió perdón explícito por los delitos por los que fue juzgado.

ÉL DIRIGE CAMPAÑA

Por su parte, el abogado del IDL, Carlos Rivera, dijo que ese mensaje de Fujimori revela lo que se ha estado viendo en los últimos días, que quien ha planificado el pedido de indulto y vienen preparando los sicosociales que hemos estado viendo, como su foto tendido en una cama en piyamas o su cuadro sonriente en el que pide perdón por permitir “lo que no pude evitar”, ha sido el propio exmandatario.

“Este mensaje es la constatación de que él lidera esa campaña, pero también demuestra que él sigue manteniendo una posición de liderazgo en su partido, más allá de Keiko, Kenji o (Carlos) Raffo. Él es el jefe de la organización y está definiendo acciones políticas”, indicó a este diario.

Rivera discrepa de Fujimori en cuanto a la actual posición del gobierno de Humala frente al pedido de indulto, pues –dice– no cree que el régimen se encuentre en una suerte de encrucijada por el tema, sino más bien con resultados contraproducentes en la campaña de ‘sensibilización’ que ha iniciado el fujimorismo.

El representante del IDL también concuerda con Montoya al señalar que Fujimori estaría buscando en el fondo un camino para volver a la vida política del país. Recordó que su inhabilitación de 10 años ya se venció el año pasado y las nuevas condenas que ha recibido no incluyen restricciones políticas.

Perú: Bases de la Conacami demandan transparencia y democracia en su 5to. Congreso

Bases de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería (Conacami Perú) demandaron a la comisión organizadora de su 5to. Congreso garantizar un evento transparente, democrático y ajeno a la nefasta influencia de Miguel Palacín Quispe, ex coordinador de la Coordinadora Andina de Organizaciones Indígenas (CAOI).

El pedido fue formulado por el V Encuentro Macro Regional Centro realizado en Huancayo los días 20 y 21 de octubre en el que participaron dirigentes y delegados de once de las trece regiones que integran la Conacami y tres integrantes de la comisión organizadora del V Congreso.

El V Congreso de la Conacami se realizará en el local de la Confederación Nacional Agraria (CNA) situado en el Jr. Miró Quesada 347, Cercado de Lima, los días 27 y 28 de octubre.

El evento regional analizó la crítica situación orgánica y política de la Conacami y decidió que todas las bases se retiraran del congreso si es que surgen “actos de violencia, manipulación o ataque a los miembros del Congreso”.

Uno de los acuerdos adoptados por las bases fue que la dirección del Congreso de Conacami se efectúe bajo la conducción del vicepresidente Luis Siveroni Morales, quien asume todas las funciones de la presidencia debido a la separación de Magdiel Carrión Pintado.

El evento decidió ratificar la destitución y expulsión de Magdiel Carrión Pintado como presidente y miembro de Conacami debido a la agresión con arma blanca que efectuó contra otro dirigente nacional. Este hecho “es materia de investigación policial y judicial” y “ha dañado la imagen de la institución” señala el comunicado de las bases.

En el congreso deben participar cinco delegados elegidos en asambleas de las trece bases regionales que legalmente están asociadas en la Conacami y no deben ser miembros de la misma familia, “sino considerar a dirigentes comunales, regionales y nacionales”.

“Las demás regiones que deseen participar deben hacerlo en calidad de delegados fraternos y sufragar sus propios gastos, en vista de la escasez de recursos con que cuenta esta actividad” prosigue el comunicado.

Las bases ratificaron que Conacami “es una organización democrática de los pueblos y comunidades afectadas por la actividad minera” y rechazan “todo acto ligado a la violencia, así como las campañas difamatorias que circulan en la red vía correos electrónicos”.

Finalmente, instaron a la comisión organizadora a garantizar el congreso con la participación de los delegados plenos “en el marco del diálogo y la democracia”.

A continuación reproducimos el comunicado del V Encuentro Macro Regional Centro:

Bases de CONACAMI PERÚ demandan transparencia y democracia en el V Congreso

Las bases regionales de la Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI Perú, expresaron su profunda preocupación por los hechos que están afectando la imagen institucional de esta organización e instaron a los dirigentes que están cesando en sus cargos y a los miembros de la Comisión Organizadora del V Congreso a rechazar las agresiones y no dejarse manipular por partidos políticos que pretenden apropiarse de CONACAMI.

Fue durante la realización del V Encuentro Macro Regional Centro, realizado en Huancayo los días 20 y 21 de octubre, en el que participaron dirigentes y delegados de once de las trece regiones integrantes de CONACAMI. El Encuentro reunió a Delegaciones de Huánuco, Pasco, Junín, Huancavelica, Ayacucho, Ica y Lima, y a dirigentes de las regionales de Ancash, Cusco, Moquegua y Arequipa. También estuvieron presentes tres integrantes de la Comisión Organizadora del V Congreso y el presidente fundador de la organización.

La agenda comprendió la crítica situación orgánica y política de CONACAMI y la participación en el V Congreso Nacional, convocado para los días 27 y 28 de octubre. Luego de un amplio y autocrítico debate, los participantes llegaron a seis acuerdos sobre estos puntos:

1. Ratificar la destitución y expulsión de Magdiel Carrión Pintado como presidente e integrante de CONACAMI, debido a la condenable agresión contra un dirigente nacional de la organización, hecho que es materia de investigación policial y judicial y que ha dañado la imagen de la institución.

2. El V Congreso debe realizarse con las trece bases que legalmente están asociadas en CONACAMI, cada una de ellas con cinco delegados elegidos en asambleas regionales. Dentro de las delegaciones no podrán participar miembros de la misma familia, sino considerar a dirigentes comunales, regionales y nacionales. Las demás regiones que deseen participar deben hacerlo en calidad de delegados fraternos y sufragar sus propios gastos, en vista de la escasez de recursos con que cuenta esta actividad.

3. Para garantizar la transparencia en el manejo de los recursos y en la participación de las delegaciones, la Comisión Organizadora del V Congreso debe administrarlos, con cargo a dar cuenta en un informe.

4. Ratificar que CONACAMI es una organización democrática de los pueblos y comunidades afectadas por la actividad minera y rechazar todo acto ligado a la violencia, así como las campañas difamatorias que circulan en la red vía correos electrónicos. Quienes conocen la trayectoria de CONACAMI saben que ese no es su espíritu y que sus bases rechazan hechos de esa naturaleza.

5. Instar a la Comisión Organizadora a garantizar la realización del V Congreso de CONACAMI con los delegados plenos en el marco del diálogo y la democracia. De surgir actos de violencia, manipulación o ataque a los miembros del Congreso, las trece bases acuerdan retirarse del mismo.

6. La dirección del V Congreso de CONACAMI debe hacer bajo la conducción del Vicepresidente de la Organización, Luis Siveroni Morales, quien asume todas las funciones de la Presidencia por la separación del señor Magdiel Carrión Pintado.

Huancayo, octubre del 2012.

Encuentro Macro Regional Sur de CONACAMI Perú

Perú: Somos las Doritas del cuento de familia... lavadorita, planchadorita etc.

"No a MONSANTO en Córdoba y Latinoamérica"

Cubadebate: Fidel Castro está agonizando

Por Fidel Castro

Bastó un mensaje a los graduados del primer curso del Instituto de Ciencias Médicas “Victoria de Girón”, para que el gallinero de propaganda imperialista se alborotara y las agencias informativas se lanzaran voraces tras la mentira. No solo eso, sino que en sus despachos cablegráficos le añadieron al paciente las más insólitas estupideces.

El periódico ABC de España, publicó que un médico venezolano que radica no se sabe donde, reveló que Castro había sufrido una embolia masiva en la arteria cerebral derecha, “puedo decir que no vamos a volverlo a ver públicamente”. El presunto médico, que si lo es abandonaría primero a sus propios compatriotas, calificó el estado de salud de Castro como “muy cercano al estado neurovegetal”.

Aunque muchas personas en el mundo son engañadas por los órganos de información, casi todos en manos de los privilegiados y ricos, que publican estas estupideces, los pueblos creen cada vez menos en ellas. A nadie le gusta que lo engañen; hasta el más incorregible mentiroso, espera que le digan la verdad. Todo el mundo creyó, en abril de 1961, las noticias publicadas por las agencias cablegráficas acerca de que los invasores mercenarios de Girón o Bahía de Cochinos, como se le quiera llamar, estaban llegando a La Habana, cuando en realidad algunos de ellos trataban infructuosamente de llegar en botes a las naves de guerra yankis que los escoltaban.

Los pueblos aprenden y la resistencia crece frente a las crisis del capitalismo que se repiten cada vez con mayor frecuencia; ninguna mentira, represión o nuevas armas, podrán impedir el derrumbe de un sistema de producción crecientemente desigual e injusto.

Hace pocos días, muy próximo al 50 aniversario de la “Crisis de Octubre”, las agencias señalaron a tres culpables: Kennedy, recién llegado a la jefatura del imperio, Jruschov y Castro. Cuba nada tuvo que ver con el arma nuclear, ni con la matanza innecesaria de Hiroshima y Nagasaki perpetrada por el presidente de Estados Unidos Harry S. Truman, estableciendo la tiranía de las armas nucleares. Cuba defendía su derecho a la independencia y a la justicia social.

Cuando aceptamos la ayuda soviética en armas, petróleo, alimentos y otros recursos, fue para defendernos de los planes yankis de invadir nuestra Patria, sometida a una sucia y sangrienta guerra que ese país capitalista nos impuso desde los primeros meses, y costó miles de vidas y mutilados cubanos.

Cuando Jruschov nos propuso instalar proyectiles de alcance medio similares a los que Estados Unidos tenía en Turquía —más cerca todavía de la URSS que Cuba de Estados Unidos—, como una necesidad solidaria, Cuba no vaciló en acceder a tal riesgo. Nuestra conducta fue éticamente intachable. Nunca pediremos excusa a nadie por lo que hicimos. Lo cierto es que ha transcurrido medio siglo, y aun estamos aquí con la frente en alto.

Me gusta escribir y escribo; me gusta estudiar y estudio. Hay muchas tareas en el área de los conocimientos. Nunca las ciencias, por ejemplo, avanzaron a tan asombrosa velocidad.

Dejé de publicar Reflexiones porque ciertamente no es mi papel ocupar las páginas de nuestra prensa, consagrada a otras tareas que requiere el país.

¡Aves de mal agüero! No recuerdo siquiera qué es un dolor de cabeza. Como constancia de cuan mentirosos son, les obsequio las fotos que acompañan este artículo.

Perú: ¿Y cuando el Indulto para los que SI lo necesitan?

Presos que sufren enfermedades terminales, confinados en condiciones precarias en el centro de salud de la cárcel, han presentado sus solicitudes hace más de un año y no reciben respuesta de las autoridades.

Doris Aguirre

Arturo Chagua Llaschag no puede mover ni un solo dedo ni ninguna parte de su cuerpo y mucho menos es capaz de controlar sus sentidos. Es un preso de su propio cuerpo.

Pero como si no fuera suficiente castigo, Arturo Chagua también es un recluso del penal de Lurigancho.

Condenado a 15 años de prisión por su participación en un secuestro, Chagua es uno de los 113 presidiarios de todo el país que han pedido el indulto humanitario al presidente Ollanta Humala.

Este reo, sin embargo, no sabe que está en una lista de espera de la que depende su vida. La solicitud la hicieron en su nombre sus familiares. Y no por capricho o estrategia política, sino que él no es capaz de nada por una enfermedad degenerativa que lo mata cada segundo que pasa en las dos prisiones donde permanece.

Tampoco sabe Chagua en qué lugar de la cola está entre los presos que sufren enfermedades terminales. ¿Entre los veinte primeros? ¿En la mitad? ¿Al final de la fila? ¿Antepenúltimo? ¿Penúltimo? ¿Último? ¿Antes o después del ex presidente Alberto Fujimori?

Chagua no cuenta con una cómoda reclusión. Está internado en una de los peores cárceles del mundo. Virtualmente atado a una cama de la clínica del penal de Lurigancho. Además del trastorno sensorial que padece, sufre de desnutrición crónica. Por eso tiene un aspecto cadavérico que perturba a los propios médicos y enfermeras del lugar.

"Es un paciente muy delicado. Parece un recién nacido. Tenemos que cambiarle todo los días los pañales. La enfermedad le ha lesionado las neuronas hasta el punto que tiene deficiencia para respirar", informó un médico que evitó dar su nombre porque no estaba autorizado por el Instituto Nacional Penitenciario (INPE).

Arturo Chagua, un albañil nacido en Lima, solo tiene dos años y medio preso en Lurigancho. Todavía le faltan 12 años para cumplir la condena que le han impuesto por un secuestro en el que, según su familia, no participó.

La policía de la comisaría de La Huayrona, en San Juan de Lurigancho, lo acusó de haber intervenido en el plagio de una mujer autista de 25 años. La joven secuestrada fue llevada a un terreno de propiedad de Chagua. Por no haber denunciado la presencia de la víctima en el lugar, lo denunciaron como cómplice.

"Mi padre entró caminando y sano en el penal y ahora se ha vuelto un ser que no puede valerse por sí mismo. Los médicos han dicho que ya no tiene cura. Que su enfermedad es irreversible. Por eso hemos pedido el indulto humanitario porque mi padre es un enfermo terminal. No queremos que muera en la cárcel", explicó Zaida Chagua Fernández, hija del recluso.

Hace ocho meses que Chagua elevó al jefe del Estado la solicitud de indulto humanitario. Sigue en la cola, como todos los reclusos que son iguales ante la ley.

EL CASO JORGE HEREDIA

"Ya no aguanto más el dolor. Apenas si puedo respirar y hablar porque mis pulmones están carcomidos por la tuberculosis. Solo me queda esperar la muerte porque los médicos me han desahuciado", declaró el recluso Jorge Heredia Quiñónez. Es otro de los 12 presidiarios de Lurigancho que afrontan una enfermedad terminal.

En febrero, hace ocho meses, Heredia presentó su solicitud a la Comisión de Indultos y Derecho de Gracia por Razones Humanitarias del Ministerio de Justicia. No recibe respuesta.

Nacido en El Agustino, el limeño Jorge Heredia, de 24 años, fue encerrado en Lurigancho, el penal más hacinado y peligroso del país, por robar una cartera y un teléfono celular. Ha cumplido un año preso y hasta ahora no recibe sentencia. Al poco tiempo de su reclusión, los médicos de Lurigancho le detectaron tuberculosis en su fase terminal. Lo han desahuciado. No tiene remedio.

La República encontró a Heredia postrado en una cama del pabellón de Infectología de una clínica construida recientemente en el interior del penal de Lurigancho. Estaba acompañado de otro interno también afectado por el mismo mal. Recoger su testimonio era complicado debido a su situación. Estaba aislado. Pero logramos que relatara su tragedia.

Dijo que ninguna autoridad de la Comisión de Indultos del Ministerio de Justicia lo había visitado para ver su caso. "Nadie se interesa en mi situación", dijo.

Según su historia clínica, Heredia padece de una tuberculosis clasificada como "XMR", que significa tuberculosis extremadamente multirresistente. Los medicamentos ya no le hacen efecto.

La enfermedad no solo le ha dañado los pulmones sino también el hígado y los riñones. "Mi tratamiento es muy caro y aquí ya no hay dinero. Solo me queda la muerte", dijo, rendido por la enfermedad.

"Mi nieto está condenado a morir, pero lo queremos atender nosotros porque en la cárcel no tiene a la familia a su lado. En enero de este año pedimos el indulto, pero no hay respuesta. Es injusto, porque ni siquiera está condenado. A él lo acusan de robar una cartera y un celular, y a otros que cometen peores crímenes les quieren dar el indulto", manifestó la abuela de Jorge Heredia, Juana Torres Huaytalla, de 75 años.

27 PEDIDOS MÁS

La situación de desesperación se repite en otros presidios. El padre Miguel Parets, capellán del penal de máxima seguridad Miguel Castro Castro, dijo que existen 27 casos de internos que han solicitado indulto, pero que hasta la fecha sus expedientes no han sido evaluados.

"Son casos terribles, de enfermedades degenerativas; hay enfermos que ya no pueden moverse. El presidente Humala dijo que en el Perú nadie debe morir en la cárcel. Es un asunto de humanismo cristiano", refirió el sacerdote.

Julio Chávez Panduro, de 65 años, no puede caminar, tampoco hablar, debido a una hipertensión tratada defectuosamente. En noviembre del año pasado pidió el indulto humanitario. No le han dicho ni sí, ni no. Fue condenado a 17 años de prisión por narcotráfico, de los cuales ya cumplió 16. Lo más probable es que salga libre antes de que le otorguen el indulto. Si es que la muerte no se adelanta.

¿SOMOS IGUALES ANTE LA LEY?

Los reclusos con enfermedades en etapa terminal no pueden ser trasladados fácilmente a los hospitales del Ministerio de Salud o al Instituto Nacional de Enfermedades Neoplásicas debido a los engorrosos trámites burocráticos de las autoridades del Instituto Nacional Penitenciario.

Cuando algunos presos consiguen una cama en el hospital, si ingresan en un periodo crítico, son retornados a los penales para que fallezcan en esos establecimientos.

El recluso Alfonso Cachique Torres, de 58 años, ha pedido el indulto humanitario hace más de un año. Las autoridades ni siquiera han revisado su caso. Sufre de un cáncer
al hígado.

La farsa del japonés

Foro debate: gasoducto y petroquímica para el desarrollo del sur del país

Pronunciamiento Comité Transitorio SUTEP Arequipa‏

“Por  la Unidad Sindical Clasista”

COMITÉ TRANSITORIO SUTEP AREQUIPA

PRONUNCIAMIENTO

A LOS MAESTROS Y MAESTRAS DE AREQUIPA

A LAS AUTORIDESDES REGIONALES, PROVINCIALES Y DISTRITALES

A  LOS PADRES DE FAMILIA Y ESTUDIANTES

A LA OPINION PÚBLICA EN GENERAL

El Comité Transitorio Sutep Arequipa ante las afirmaciones difamatorias e injuriosas  y otras inexactitudes vertidas por los ex Dirigentes del Comité Ejecutivo Provincial  y Comité Ejecutivo Regional a través de sendos comunicados y declaraciones, manifiesta lo siguiente:

PRIMERO.- El 05 de octubre, luego de enterarse de la vil traición de que fuimos objeto por parte del CEN del Sutep y Comité Nacional de Lucha, que levantaron la X Huelga Nacional Indefinida a espaldas de las bases, los maestros y maestras de Arequipa se autoconvocaron y se dirigieron a su local sindical a participar en las acostumbradas Asambleas y exigir una explicación a sus dirigentes provinciales y regionales por el levantamiento de huelga inconsulta y sin haberse logrado nada.

SEGUNDO.- En el interior del local sindical se apreció que los vidrios de las ventanas eran rotos por dirigentes partidarios o afines a la dirigencia regional, Por lo que rechazamos las versiones antojadizas, infantiles e irresponsables de querer culpar a los maestros de base de cualquier daño.

TERCERO.- En el interior del local sindical y en presencia de los hoy ex Dirigentes los maestros y maestras como los delegados, procedieron por UNANIMIDAD a DESCONOCER, CENSURAR Y DESTITUIR a los COMITES EJECUTIVOS PROVINCIAL Y REGIONAL DE AREQUIPA por FALTA GRAVE, así mismo se procedió a elegir al Comité Transitorio Sutep Arequipa, trazándosele dos objetivos inmediatos: conducir la continuación de la huelga y el desarrollo de elecciones universales, para lo cual se eligió recientemente el Comité Electoral que conducirá el proceso electoral y se ha iniciado el empadronamiento de docentes.

CUARTO.- La conducción de la continuación de la huelga fue acertada ya que se logro la participación masiva de miles de maestros de toda la región que ante la indignación y traición se volcaron a las calles en defensa de la Ley del Profesorado, la exigencia del pago de la deuda del 30% como la continua, asimismo el cumplimiento de inversión en educación de no menos del 6% del PBI en conformidad al Acuerdo Nacional y la Ley General de Educación como el rechazo a la reforma magisterial.

QUINTO.- Recién en esta última semana de la continuación de la huelga se ha puesto en la agenda publica que los maestros en huelga desde el primer día, 05 de setiembre, hemos venido exigiendo la vigencia y cumplimiento de la Ley del Profesorado, reclamo que no fue canalizado por la ex dirigencia ya que en complicidad con el MINEDU presento “su” proyecto inconsulto  que es rechazado por los maestros.

SEXTO.- El Lunes 15 en Asamblea de Delegados se acordó la suspensión temporal de la huelga aprobándose otras estrategias de lucha como vigilias, marchas-desfiles los días domingos en la plaza de armas, charlas con Congresistas, incidencia pública, acciones administrativas y judiciales como paros escalonados, entre otros.

SEPTIMO.- Últimamente los maestros de base como sus legítimos representantes del Comité Transitorio son objeto de una campaña orquestada por los que usufructuaron el sindicato y la Derrama partidariamente vertiendo afirmaciones denigrantes, difamatorias e injuriosas por parte de los ex dirigentes del Sutep y partidarios del minúsculo partido Patria Roja como de algunos irresponsables “periodistas” quienes viene acusándonos de pertenecer a grupos catalogados como violentistas  y aventureros totalmente contrarios al orden constitucional. Al respecto rechazamos tales afirmaciones irresponsables las mismas que tienen que ser probadas ante la Autoridad competente ya que no se puede estar alegremente mancillando el honor e integridad de las personas que viene a ser el fin supremo de la sociedad y el Estado. Los  maestros de base somos totalmente independientes y solo mantenemos relación con los maestros al interior de la región Arequipa.

Por lo señalado:

1.- Rechazamos las afirmaciones injuriosas y difamatorias de los ex dirigentes del sutep por haber perdido  los papeles y la capacidad de debatir, así mismo por ser síntoma de desesperación y ser señal que avanzamos.

2.- Exigimos al Gobierno Nacional el inmediato pago del 30% de manera continua y de los devengados.

3.- Exigimos al Congreso de la República que en el presupuesto 2013 designe no menos del 1% del PBI a Educación.

4.-Exhortar y exigir a la Comisión de educación del Congreso a ARCHIVAR el proyecto de reforma magisterial y otros inconsultos atentatorios al magisterio.

5.- Comunicar que en las siguientes semanas se llevara a cabo las elecciones Universales clamor de los maestros que pronto se hará realidad.

6.- Agradecer y reconocer el apoyo brindado por los padres de familia y las muestras de solidaridad de la sociedad.

7.- Reconocer y valora la perseverancia y sacrificio demostrado por los maestros desde el 05 de octubre y las muestras de identificación por la dignidad magisterial.

Arequipa, 17 de octubre del 2012

¡¡ CON NUEVOS DIRIGENTES LA LUCHA CONTINUA!!

¡¡ EL SUTEP ES UNO SOLO DIVIDE QUIEN TRAICIONA!!

¡¡ LA LEY SE MEJORA Y NO SE DEROGA!!

EL COMITÉ TRANSITORIO SUTEP AREQUIPA

Sobre la ley del aborto en Uruguay

Emilio Cafassi

Uruguay volvió a ubicarse esta semana en un lugar destacado por la prensa internacional, que informó genéricamente que allí se había “legalizado el aborto”, subrayando a la vez el hecho de que es el segundo país latinoamericano -después de Cuba- en conquistar ese derecho para las mujeres. Sin embargo esa conclusión resulta inexacta, tanto jurídica, ideológica como sociológicamente. Inclusive es curioso que la ilustración de las notas informativas haya sido casi excluyentemente la fotografía de la protesta del colectivo “Mujer y salud” en los jardines del parlamento, donde mujeres desnudas y pintadas de naranja -el color de la campaña por el aborto libre, seguro y gratuito- llamaban la atención sobre las limitaciones del proyecto sometido a votación. La sanción de la nueva ley de interrupción voluntaria del embarazo que el senado uruguayo aprobó luego del pasaje por la otra cámara legislativa (que a su vez modificó dramáticamente el proyecto original del senado) representa, antes bien, un grave paso atrás seguido por dos adelante. Al menos respecto a la anterior ley finalmente vetada por el ex Presidente Vázquez y a la plena disposición libre del cuerpo y la planificación consciente y voluntaria de la vida de las mujeres y sus parejas, sin restricciones ni obstáculos de cualquier laya. La larga historia de las diversas iniciativas de “ley del aborto” en Uruguay (nueve intentos concretos) está plagada de remilgos, hipocresías y escondrijos. Devela además en su devenir, dubitaciones conservadoras, inconsistencias y cierto personalismo al interior del propio progresismo, a pesar de que éste sea el verdadero impulsor del avance actual y que no haya en Uruguay otro sujeto político en el que las mujeres (ni los movimientos sociales feministas) puedan apoyarse para la conquista de sus derechos.

Es que las leyes concretas, difícilmente resultan la respuesta especular y mecánica de las expectativas y elaboraciones de quienes más luchan por su sanción. Suponen la negociación y solución de compromiso de los agentes encargados del tratamiento y aprobación definitiva, tarea que en ausencia o uso circunstancial de formas de democracia directa, recae necesariamente en el poder legislativo. En particular en algunos de sus actores que, cuando las mayorías son ajustadas, adquieren mediante el mágico y caprichoso arbitrio de la oportunidad, un poder inusitado de chantaje para realizar modificaciones sustantivas o hasta ejercer una suerte de poder de veto. Luego la atracción por los flashes hace el resto. La interposición de disciplinas partidarias en los casos de los partidos conservadores liderados por sus alas derechistas y el desconocimiento del compromiso programático en un legislador frenteamplista en el otro, obligó a un excurso aliancista personalizado para suplir esa falta en un diputado específico del exiguo bloque de dos representantes con los que cuenta un partido casi inexistente y de imprecisa configuración ideológica: el Partido Independiente. A él probablemente deba atribuírsele el mérito de haber llegado a esta desembocadura, tanto como las humillaciones que contribuyó a incluir en la ley, a pesar de que el pobre respaldo obtenido por parte del electorado no le concedía esas facultades. Nada comparado con el doblemente ominoso veto presidencial con el que Vázquez abortó la ley del período anterior, oponiendo convicciones personales a las partidarias y a la mayoría legislativa, mediante el uso de un instituto monárquico al que dediqué una contratapa en 2008 (“Abortando ciudadanía”). El compromiso del actual Presidente Mujica de no apelar por principios a este instituto esperpéntico y promulgar rápidamente la ley garantiza la consolidación de este pequeño avance, aunque el semanario ultraderechista “Búsqueda” anuncie una contraofensiva conservadora, como la de los ultramontanos que hoy hegemonizan el partido colorado con el senador Bordaberry a la cabeza.

La contradicción irresoluble del genéricamente autodenominado movimiento “pro-vida” y de los legisladores que los acompañan, con su profusamente adjetivada dureza discursiva, es la inconsecuencia política y jurídica de sus aseveraciones, cosa que fue tangencialmente señalada en el debate por los legisladores progresistas. Si el aborto es una acción criminal, no deberían ser tan indolentes ante el crimen y sus perpetradores. No es difícil adivinar la razón: buena parte de ellos practican o contribuyen a la práctica de tales supuestos crímenes. No tienen otro horizonte que el de la continuidad en la inseguridad sanitaria, la doble moral y el ocultamiento público, además de favorecer negocios mafiosos. Como esbozó la diputada Daisy Tourné en su intervención, las mujeres de menores recursos no son las que más recurren a abortar en las clínicas clandestinas. La causa es socioeconómica: les es mucho más difícil por razones materiales y simbólicas. Más aún: si un horizonte ideal puede deducirse de las intervenciones de los antiabortistas es la libertad abortiva y planificación familiar para las clases acomodadas y la represión para las vulnerables. Entre otras cosas, la sobrepoblación relativa obrera reduce el valor de la fuerza de trabajo con el consecuente beneficio para los patrones, además de la ratificación ideológica de castigo al placer popular y la libertad sexual. No son, a pesar de sus pretensiones, consecuentes defensores de los derechos humanos sino que circunscriben su lucha a los prehumanos o embrionarios, polisémicamente hablando. Si alguna víctima de la tortura o las vejaciones del Estado terrorista les reprochara encubrimiento de sus verdugos o simple indiferencia, probablemente responderían que si padecieron es suficiente prueba de haber nacido con la consecuente ajenidad a la interposición de sus esfuerzos y oficios militantes.

Por otra parte, ni la criminalización ni la condena religiosa o moral contribuyen a que haya menos abortos. A la vez, eluden el más mínimo análisis de la sociedad patriarcal y el lugar de subordinación en que ubica a las mujeres. Los hombres abortamos “legalmente” con sólo decir “no es mío”, aunque las tecnologías genéticas hoy contribuyan a mitigar esta forma de dominio y desigualdad, tanto como las farmacológicas a los padecimientos femeninos. En efecto el misoprostol, en forma de comprimidos vaginales, no sólo aumenta el acceso al aborto seguro sino que puede realizarse de manera domiciliaria y convierte en ridículo el argumento de objeción de conciencia ya que es la misma paciente la que se coloca estas pastillas. La situación tecnológica actual no es la de los años ´60 en los que se practicaba el raspaje sin anestesia que además el modelo médico hegemónico utilizaba como mortificación y castigo ante el “desborde lujurioso” de las mujeres.

Las modificaciones introducidas al proyecto original desconocen estas transformaciones y ratifican tanto el modelo médico disciplinador y docilizador como la subsunción patriarcal. Entre varios obstáculos procedimentales (sin el pasaje por los cuales, en caso de abortar, se incurriría en delito), obligan finalmente a las mujeres a exponer razones personales ante un tribunal médico y a someterse a 5 días de humillante meditación tutelada. Un ejemplo de aquello que Foucault llamó biopoder para referirse a la práctica de los estados modernos de explotar diversas técnicas para controlar a los cuerpos, para volverlos dóciles y sumisos.

Las limitaciones con las que finalmente fue aprobada la ley fueron profusamente señaladas por diversos movimientos feministas. Sin embargo algunas resultan pesimistamente exageradas, ya que, por ejemplo, el principio de objeción de conciencia al que pueden apelar algunas instituciones médicas privadas es fácticamente impracticable, debido a la vigencia de la propia ley de salud. Como señala Isabel Villar, editora del suplemento feminista de este diario en la edición de hoy, si bien la ley habilita a apelar al “ideario” de algunas prestadoras, no las exime de realizar la práctica, por ejemplo a través de terceros. Es así que caracteriza a la ley como un primer adelanto que, agrego, deberá complementarse con la reglamentación y con el control del servicio, para el cual será muy importante la participación del movimiento feminista.

A la vez, de la devoción católica no puede concluirse mecánicamente la condena de las prácticas abortivas seguras. Como sostiene la socióloga argentina Eugenia Zicavo en un artículo cuyo título he tomado prestado para estas líneas y cuya tesis doctoral se centra en el análisis de la maternidad, “la iglesia católica no siempre consideró al aborto un homicidio. Santo Tomás de Aquino, por ejemplo, sostenía que el aborto no constituía un pecado de homicidio al menos que el feto ya se encontrase unido al alma y fuese, por lo tanto, un ser plenamente humano. Teólogos como San Agustín argumentaban que el aborto no era un crimen durante las primeras semanas de embarazo ya que: “Según la ley, el acto no se considera homicidio, porque aún no se puede decir que haya un alma viva en un cuerpo que carece de sensación, ya que todavía no se ha formado la carne y no está dotada de sentidos”. El mandamiento “no matarás” siempre ha sido parte de la fe católica. Pero hasta 1869, cuando Pío IX publicó su Apostolica Sedis -que castiga el aborto en cualquier momento del embarazo- la mayoría de los teólogos enseñaba que el feto no era un ser dotado de alma humana hasta al menos 40 días después de la concepción (teoría de la “hominización tardía”). Por lo tanto un aborto practicado dentro de ese lapso sólo era considerado pecado por tratarse de la prueba de un pecado anterior: el sexual”.

La vicaría de la Familia y la Vida de la Arquidiócesis de Montevideo calificó la ley votada como “una ofensa a Dios Creador”. Podría contribuir a saldar la controversia si aprovechando el diálogo y la cercanía con él, le recomendara que deje de andar creando si explícitamente no se le solicita.

Emilio Cafassi es profesor titular e investigador de la Universidad de Buenos Aires, escritor, ex decano.

La cocina del diablo

Cajamarca: Mujeres guerreras en defensa del agua

Autoretrato de Ollanta

Fujimori dirige la campaña psicosocial desde la Diroes

Lejos de encontrarse con la salud deteriorada, Alberto Fujimori tendría la energía suficiente para dirigir desde la Diroes la campaña psicosocial a favor de su ‘indulto humanitario’. Fuentes de diario16 confirmaron que el expresidente coordina estrechamente con un grupo de cinco ‘amigos’ allegados a él, entre ellos, Carlos Raffo, su médico de cabecera Alejandro Aguinaga y el empresario y exalcalde de Miraflores, Germán Kruger, quien fue una de las personas que aconsejó a Fujimori viajar a Chile en el 2005.

A través de ellos Fujimori habría filtrado las cartas, fotografías y pinturas, con el objetivo de “sensibilizar” a la opinión pública. Sin embargo, al no tener los efectos esperados, estos ‘operadores’ -‘amigos de Fujimori’- están siendo blancos de críticas por un sector de fujimoristas encabezados por Keiko Fujimori y Jaime Yoshiyama.

Precisamente ayer, el diario La Razón, conocido por su histórica vinculación con el fujimorismo, publicó una nota titulada: “Foto y cuadro de Fujimori desatan cisma al interior de fujimorismo. Keiko Fujimori y su familia rechazan maniobras de Carlos Raffo”.

En el desarrollo del texto responsabilizan al publicista de haber difundido la foto de Fujimori, en la que aparece supuestamente “demacrado”, pero que en realidad lo que más se nota es la burda maniobra que inmediatamente mereció el rechazo de la opinión pública. “La foto en la que se ve a Fujimori en un aspecto lamentable también las hizo públicas Raffo”, dice La Razón.

Según ese mismo medio, “la gota que colmó la paciencia fue el autorretrato” en el que supuestamente Fujimori “pide perdón” pero que en realidad no proyecta esa imagen sino la de un Fujimori feliz, sonriente y en un buen estado de salud. Ese cuadro fue pintado en este mes, como consta en la propia firma de Fujimori en el autorretrato.

“La familia está indignada con Carlos Raffo”, precisa el diario. La Razón también “aclara” que “ese cuadro sí lo pintó el ingeniero, pero no ahora. Si ha bajado más de 20 kilos porque no tiene ganas de comer, cómo se puede creer que va a ponerse a pintar”.

Esta fuente del diario La Razón, según pudimos averiguar, sería nada menos que Jaime Yoshiyama, quien contaría con el pleno respaldo de Keiko Fujimori. Ambos y un gran sector de la cúpula y bancada del fujimorismo creen que estos psicosociales están perjudicando y no ayudan al indulto de su líder. Por el contrario, están generando el rechazo de la opinión pública.

Carlos Raffo les respondió ayer con una frase muy propia de él: “Nos quieren acorralar con el cuento del psicosocial y hay gente que se deja arrinconar”.

EL AUTOR INTELECTUAL

No obstante, Raffo negó ser “el oscuro o siniestro operador”; admitió a este diario y en el programa de Rosa María Palacios que es el propio Fujimori quien está dirigiendo esta campaña mediática. El publicista confirmó, por ejemplo, que fue el expresidente preso quien entregó el cuadro que fue difundido el miércoles. “Es evidente que ese cuadro sale por propia voluntad de Alberto Fujimori. Una persona cercana tenía el lienzo y me lo pasa y me dice ‘haz lo que sabes hacer’”.

CAMPAÑA DE SENSIBLERÍA 

Nota del diario español El País da cuenta del psicosocial de Fujimori para que el presidente Humala le otorgue el indulto.

Los juegos del hambre

Esther Vivas

La crisis alimentaria azota el mundo. Se trata de una crisis silenciosa, sin grandes titulares, que no interesa ni al Banco Central Europeo, ni al Fondo Monetario Internacional, ni a la Comisión Europea, pero que afecta a 870 millones de personas, que pasan hambre, según indica el informe 'El estado de la inseguridad alimentaria en el mundo 2012', presentado esta semana [09/10] por la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y la Alimentación (FAO).

El hambre, creemos, cae muy lejos de nuestros confortables sofás. Poco tiene que ver, pensamos, con la crisis económica que nos afecta. La realidad, pero, es bien distinta. Cada vez son más las personas que pasan hambre en el Norte. Obviamente no se trata de la hambruna que afecta a países de África u otros, pero consiste en la imposibilidad de ingerir las calorías y proteínas mínimas necesarias, y esto tiene consecuencias sobre nuestra salud y nuestras vidas.

Desde hace años nos llegan las terribles cifras del hambre en Estados Unidos: 49 millones de personas, un 16% de las familias, según datos del Departamento de Agricultura de los Estados Unidos, que incluyen a más de 16 millones de niñas y niños. Números a los que el escritor y fotógrafo David Bacon pone rostro en su trabajo 'Hungry By The Numbers' (Famélicos segun las estadísticas). Las caras del hambre en el país más rico del mundo.

En el Estado español, el hambre se ha convertido, también, en una realidad tangible. Sin trabajo, sin sueldo, sin casa y sin comida. Así se han encontrado muchísimas personas golpeadas por la crisis. Según datos del Instituto Nacional de Estadística, en 2009, se calculaba que más de millón de individuos tenían dificultades para consumir lo mínimo necesario. Hoy la situación, aún sin cifras, es mucho peor. Las entidades sociales están desbordadas, y en los últimos dos años se han duplicado las demandas de ayuda por falta de alimentos, compra de medicinas, etc. Y según informa la organización Save the Children, con cifras de un 25% de pobreza infantil, cada vez son más las niñas y niños que sólo realizan una comida al día, en el comedor escolar y gracias a becas, debido a las dificultades económicas que enfrentan sus familias.

Así no es de extrañar que incluso el prestigioso periódico estadounidense The New York Times publicara, en septiembre 2012, una galería fotográfica de Samuel Aranda, ganador del World Press Photo 2011, que bajo el título 'In Spain, austerity and hunger' (En España, austeridad y hambre) retrataba las consecuencias dramáticas de la crisis para miles de personas: hambre, pobreza, deshaucios, paro... pero también lucha y movilización. Y es que el Estado español cuenta con las tasas de pobreza más elevadas de toda Europa, sólo por detrás de Rumanía y Letonia, según recoge un informe de la Fundación Foessa. Una realidad que se impone hacia a fuera a pesar de que algunos la quieren silenciar.

La crisis económica, por otro lado, está íntimamente ligada a la crisis alimentaria. Los mismos que nos condujeron a la crisis de las hipotecas subprime, que dio lugar al estallido de la “gran crisis” allá en septiembre del 2008, son lo que ahora especulan con las materias primas alimentarias (arroz, maíz, trigo, soja...), generando un aumento muy importante de sus precios y convirtiéndolos en inaccesibles para amplias capas de la población, especialmente en los países del Sur. Fondos de inversión, compañías de seguros, bancos... compran y venden dichos productos en los mercados de futuros con el único fin de especular con los mismos y hacer negocio. Qué hay más seguro que la comida para invertir, si todos, se supone, tenemos que comer cada día.

En Alemania, el Deutsche Bank anunciaba ganancias fáciles si se invertía en productos agrícolas en auge. Negocios similares proponía otro de los principales bancos europeos, el BNP Paribas. El Barclays Bank ingresaba, en 2010 y 2011, casi 900 millones de dólares a costa de especular con la comida, según datos del World Development Movement. Y no tenemos porque ir tan lejos. Catalunya Caixa ofrecía a sus clientes jugosos beneficios económicos a costa de invertir en materias primas bajo el eslogan: “depósito 100% natural”. Y el Banco Sabadell contaba con un fondo especulativo que operaba con alimentos.

El hambre, a pesar de lo que nos digan, no tiene tanto que ver con sequías, conflictos bélicos, etc., sino con quienes controlan y dictan las políticas agrícolas y alimentarias y en manos de quienes están los recursos naturales (agua, tierra, semillas...). El monopolio del actual sistema agroalimentario, por parte de un puñado de multinacionales, con el apoyo de gobiernos e instituciones internacionales, impone un modelo de producción, distribución y consumo de alimentos al servicio de los intereses del capital. Se trata de un sistema que genera hambre, pérdida de agrodiversidad, empobrecimiento campesino, cambio climático... y donde se antepone el lucro económico de unos pocos a las necesidades alimentarias de una gran mayoría.

'Los juegos del hambre' era el título de una película de ficción dirigida por Gary Ross, basada en el best-seller de Suzanne Collins, donde unos jóvenes, en representación de sus comunidades, tenían que enfrentarse a vida o muerte para conseguir ganar y obtener, así, el triunfo: comida, bienes y regalos para el resto de su vida. A veces la realidad no dista tanto de la ficción. Hoy algunos “juegan” con el hambre para ganar dinero.

Intervención de Iván Márquez en la instalación de la segunda fase del proceso de paz

Iván Márquez, vocero de las FARC en el proceso de paz, insistió en su intervención que sin justicia social, la paz sería una "quimera". Advirtió que "Una paz que no aborde la solución de los problemas políticos y sociales (...) equivaldría a sembrar de quimeras el suelo de Colombia".

Megaminería en Argentina

James Petras: El capitalismo extractivo de Evo, Cristina, Ollanta, Correa, Dilma y Chávez

Por James Petras*

Introducción

Los principales países exportadores en el sector agro-minero, entre los que se encuentran los más implicados con las principales multinacionales energéticas y de la minería del mundo, son también los que se caracterizan por ejercer las políticas más independientes y progresistas. En apariencia, la primacía de las economías basadas en el «capitalismo extractivo» y la exportación de bienes, ya no guardan correlación con gobiernos «neocoloniales».

Se puede argumentar que las concesiones a las multinacionales del sector extractivo y las clases «dirigentes» locales garantizan estabilidad e ingresos constantes y financian los crecientes gastos sociales que permiten la reelección de gobiernos de centro-izquierda. Dicho de otro modo: el fundamento no declarado de los éxitos electorales del centro-izquierda es una alianza de facto entre «la cúpula» y «la base» de la estructura de clases, a pesar de la creciente divergencia política entre los gobiernos y algunos sectores de los movimientos sociales.

El bando progresista

Existe consenso generalizado acerca de que hay siete gobiernos de siete países de América Latina que constituyen lo que se podría denominar el «bando progresista»: Bolivia, Ecuador, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú y Venezuela.

Algunos rasgos definitorios que se suelen atribuir a los gobiernos de estos países son: 1) la trayectoria política anterior: la mayoría están encabezados por dirigentes y activistas de movimientos sociales, sindicatos o grupos guerrilleros, 2) las declaraciones relativamente independientes que hacen en el ámbito de la política exterior, en especial en lo referente a la intervención y las medidas sancionadoras estadounidenses, 3) la retórica ideológica que rechaza el liderazgo estadounidense en organismos regionales y favorece a organizaciones centradas en América Latina, 4) los programas electorales populistas acerca de la igualdad social, el ecologismo y los derechos humanos, 5) el rechazo vehemente del «neoliberalismo» y de las personalidades, partidos y privatizaciones neoliberales tradicionales, 6) la perspectiva estratégica que concibe un proceso prolongado de transformación social que subraya un calendario compuesto de modernización, prioridades desarrollistas y altos niveles de inversión orientada a los mercados globales y, 7) la permanencia política en el tiempo basada en reformas constitucionales que les permiten ser reelegidos amparándose en la necesidad de completar esa concepción transformadora.

El bando progresista tiene de sí mismo una imagen, que se proyecta hacia su electorado, según la cual representa una ruptura o quiebra «histórica» con el pasado; en primer lugar, en lo relacionado con la oligarquía neoliberal tradicional y, en segunda instancia, con la izquierda «estatalista». En los casos de Bolivia, Ecuador y Venezuela, suelen recurrir a una retórica alusiva al «socialismo del siglo XXI». La potencia del llamamiento a la originalidad radical tiene un alcance temporal limitado que depende del grado con el que los gobiernos desarrollan políticas discrepantes con el gobierno neoliberal predecesor.

La “División entre izquierda y derecha” tal como la presenta el bando progresista (BP)

Las percepciones de la divergencia objetiva y subjetiva entre el bando progresista y la derecha varían en función de si emanan de fuentes oficiales o de una investigación empírica crítica. Según los ideólogos del BP, hay al menos cinco ámbitos políticos importantes que reflejan la ruptura radical con la derecha neoliberal tradicional:

1. Nacionalismo: a) mediante la renegociación de contratos con las multinacionales del sector extractivo, el BP garantiza una elevada tasa de recaudación de impuestos e incrementa los ingresos para las arcas públicas; b) mediante el aumento de la inversión estatal, convierte empresas de titularidad íntegramente privada en iniciativas conjuntas del sector público y privado; c) mediante el incremento del pago de regalías suaviza la «explotación extranjera»; y d) mediante una mayor presencia de «tecnócratas locales» acrecienta el control nacional de decisiones estratégicas.

2. Política Exterior: El bando progresista ha desarrollado una política exterior independiente, cuando no explícitamente antiimperialista. Para evitar deliberadamente la presencia de países imperiales norteamericanos y europeos, el bando progresista ha consolidado varias organizaciones regionales latinoamericanas y caribeñas, como ALBA (Alianza Bolivariana para los Pueblos de Nuestra América) y UNASUR (Unión de Naciones Suramericanas). El BP ha rechazado las sanciones contra Cuba, Irán, Siria y Gaza y se ha opuesto a la guerra estadounidense contra Libia respaldada por la OTAN. Criticaron la posición estadounidense en la reunión de la Cumbre de las Américas celebrada en abril de 2012 en, al menos, tres cuestiones importantes: la inclusión de Cuba, la oposición al control británico de las Malvinas y la despenalización de las drogas. El BP ha manifestado su oposición a la hegemonía estadounidense, a las «reformas estructurales» del FMI y al control euro-estadounidense de las principales instituciones de crédito. Con la excepción de Venezuela, el BP ha diversificado sus mercados de exportación. Brasil, por ejemplo, exporta a Estados Unidos solo el 12,5 por ciento de sus bienes y servicios; Argentina, el 6,9 por ciento; y Bolivia, el 8,2 por ciento.

3. Política Social: El BP ha incrementado el gasto social, en especial en lo relacionado con la reducción de la pobreza en zonas rurales; ha elevado el salario mínimo; ha aprobado incrementos salariales. En unos cuantos países ofrecen créditos y financiación asequible para pequeñas y medianas empresas, han concedido títulos de propiedad legal a ocupantes de tierras y han distribuido parcelas de terreno público sin cultivar al modo de pequeña «reforma agraria».

4. Regulación: Con un grado de coherencia dispar, el BP ha impuesto controles al sector financiero y ha regulado el flujo de capital especulativo y la volatilidad de los mercados financieros. En lo que se refiere a las normativas que rigen el sector extractivo, se han suavizado para favorecer la afluencia a gran escala de capital y para que las empresas agrarias puedan utilizar de forma generalizada productos químicos tóxicos y semillas transgénica. Han autorizado la expansión de la minería, la agricultura y la industria maderera en reservas indígenas y naturales. Han financiado proyectos de infraestructura a gran escala que vinculan a empresas del sector extractivo con mercados exportadores, invadiendo hábitats naturales protegidos anteriormente protegidos. La normativa se ha justificado aduciendo que pretende facilitar el desarrollismo extractivo «productivo» y limitar la «financiarización» de la economía.

5. Política Laboral: Se ha basado en un «modelo corporativista» de negociación y conciliación empresa-Estado-sindicato (tripartito) para limitar las huelgas y los paros patronales y para mantener el crecimiento, las exportaciones y los flujos de ingresos. La política laboral ha quedado condicionada a la de limitar los déficits presupuestarios a la tasa de inflación mediante la fijación de los incrementos salariales.

En sintonía con las medidas fiscales ortodoxas, las pensiones de los trabajadores del sector público se han congelado o reducido, en especial entre los funcionarios de rango medio y alto. Las garantías laborales tradicionales se han mantenido intactas y la indemnización por despido no se ha aumentado.

Las huelgas de trabajadores del sector público, sobre todo de profesores, personal sanitario y trabajadores sociales, han sido frecuentes y han desembocado en conquistas menores a través de la mediación gubernamental. La política gubernamental se ha orientado a la protección de las prerrogativas de la dirección, al tiempo que se respetaba la situación legal y los derechos de negociación colectiva de los sindicatos.

En las empresas nacionalizadas gobiernan directivos nombrados por el Estado y no hay movimientos hacia la autogestión obrera o la «co-gestión», salvo en casos muy concretos de Venezuela. La estructura de las relaciones laborales sigue el modelo jerárquico de la empresa privada. La mano de obra, en el mejor de los casos, desempeña un papel consultivo en lo referente a la salud y la seguridad, pero no ejerce influencia determinante, ni invierte en el interior de este marco empresarial.

Ha sido necesaria la presión sindical a través de la huelga y las protestas, a menudo aliada con grupos comunitarios, para corregir las violaciones más atroces de la normativa sanitaria o de seguridad por parte de las empresas. Aunque los gobiernos progresistas evitan públicamente las medidas neoliberales de «flexibilidad laboral», han hecho muy poco para ampliar y profundizar en las prerrogativas laborales sobre la mano de obra y el proceso de producción.

La principal diferencia de política laboral entre los gobiernos progresistas y la derecha tradicional es la «puerta abierta» a los dirigentes sindicales, su disposición a mediar y garantizar el incremento de los salarios, en especial el salario mínimo y, por lo general, la disminución de la represión brutal y violenta.