Hidroaysén es un mega-proyecto que plantea la construcción y puesta en práctica de cinco centrales hidroeléctricas en la región sureña de Aysén, dos en el río Baker y tres en el río Pascua, y su principal objetivo será trazar una línea que transportará energía desde la región de Aysén hasta Santiago. El complejo tendrá una potencia instalada de 2.750 MW y una capacidad de 18.430 GWH de energía media anual y el costo de estimación es US $3.200 millones. El proyecto cubrirá una demanda del 21% de la demanda del SIC (Sistema Interconectado Central). La administración estará a cargo de un “duopolio” constituido por las dos más grandes empresas generadoras de energía eléctrica del país, ENDESA y Colbún.
El día 9 de mayo del 2011 el proyecto fue aprobado mediante un procedimiento autoritario, desatendiéndose así todas las críticas que ha traído consigo su implementación. Se trata, en fin, de uno de los proyectos hidroeléctricos más ambiciosos de los muchos que han tenido lugar en América Latina. Y si bien sus orígenes hay que encontrarlos en los planes de los gobiernos de la Concertación, el gobierno Piñera pasará a la historia como el fundador de Hidroaysén.
Sin embargo, ni la Concertación ni Piñera esperaban el enorme grado de oposición que ha traído consigo Hidroaysén. A pesar de que Hidroaysén ha sido lanzado con una gigantesca propaganda, las encuestas dan un 61% de desaprobación a su construcción. Más aún: las movilizaciones en el sur de Chile no han cesado después de su aprobación y estudiantes, grupos ecologistas, religiosos, intelectuales, así como campesinos y sectores de la población mapuche, se manifiestan en contra. A ellos se han sumado algunos personajes de la oposición quienes pese a haber tenido una actitud favorable al proyecto durante el reciente pasado, no escabullen la posibilidad de obtener capitales electorales. “Fiesta de disfraces” fue el término utilizado por el popular comentarista Tomás Mosciatti (Radio BíoBío) para referirse a los políticos neo-ecológicos provenientes de la Concertación.
El mismo Tomás Mosciatti ha presentado en su programa radial cinco razones por las cuales no debe ser aceptado el proyecto. Son las siguientes:
1. Su aprobación no fue democrática
2. No hay una política social adicional al proyecto
3. No hay autoridades gubernamentales competentes en materia energética y mucho menos en política ambiental
4. La mayoría de los informes técnicos dejan deducir que no hay ninguna urgencia que haga necesario su implementación y
5. No es integral, creándose así un desnivel energético a lo largo del país.
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