Andrew Gavin Marshall
En la cumbre de dirigentes de los Estados miembros del Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) en noviembre de 2010 participaron: Japón, Vietnam, Australia, Chile, Singapur, EE.UU., Nueva Zelanda, Brunei, Perú y Malasia.
El Acuerdo Estratégico Trans-Pacífico de Asociación Económica (TPP) es la negociación comercial más secreta y “menos transparente” de la historia.
Afortunadamente para las poblaciones y sociedades a las que afectará, hay organizaciones de investigación pública y medios alternativos que hacen campaña contra el Acuerdo e incluso han publicado diversas filtraciones de capítulos del borrador. De esas filtraciones, que han sido cubiertas por medios noticiosos dominantes controlados por las corporaciones, podemos llegar a un mejor entendimiento de lo que realmente abarca el Acuerdo Trans-Pacífico.
Por ejemplo, algunos grupos de interés público advierten de que el TPP podría llevar a la pérdida de millones de puestos de trabajo. Como señaló una carta del Congreso al Representante Comercial de EE.UU., Ron Kirk, el TPP “creará políticas vinculantes de futuros congresos en numerosas áreas”, incluyendo “las relacionadas con la mano de obra, patentes y derechos de autor, uso de la tierra, alimentos, agricultura y estándares de productos, recursos naturales, medioambiente, licencias de profesionales, empresas de propiedad estatal y políticas de adquisición de los gobiernos, así como regulaciones financieras, de los sistemas de salud, energía, telecomunicaciones y otras del sector servicios”-
En otras palabras, el TPP va mucho más allá del “comercio”.
Apodado por muchos “NAFTA2 (TLCAN) a lo grande” y “golpe corporativo”, solo dos de los 26 capítulos del TPP tienen realmente algo que ver con comercio. En su mayor parte otorga nuevos derechos y privilegios de largo alcance a las corporaciones, especialmente en lo relacionado con los derechos de propiedad intelectual (leyes de derechos de autor y de patentes), así como limitaciones de las regulaciones gubernamentales.
Los documentos filtrados revelaron que el gobierno de Obama “se propone conceder nuevos poderes políticos radicales a las multinacionales”, ya que Obama y Kirk han emergido como grands propugnadores “de políticas que han sido rechazadas desde hace tiempo por activistas ecológicos, defensores de reformas financieras y sindicatos, porque erosionan protecciones cruciales de las leyes internas”.
En otras palabras, las ya inefectivas y en su mayoría desdentadas regulaciones ecológicas, financieras y laborales existentes son inaceptables para el gobierno de Obama y las 600 corporaciones alineadas con el TPP al que imparten sus órdenes.
El acuerdo estipula que las corporaciones extranjeras que operen en EE.UU. ya no estarán sometidas a leyes internas de EE.UU. respecto a las protecciones del medio ambiente, las finanzas o los derechos laborales, y podrían apelar a un “tribunal internacional” que tendría la potestad de invalidar la ley estadounidense e imponer sanciones a EE.UU. por violar los nuevos “derechos” de las corporaciones.
El “tribunal internacional” que dictaría las leyes de los países estaría compuesto de abogados corporativos que actuarían como “jueces”, asegurando así que los casos presentados tengan un juicio “justo y equilibrado”, equilibrado y justo a favor de los derechos corporativos por sobre todo lo demás.
Una coalición de interés público conocida como Campaña Comercial Ciudadana publicó un borrador del capítulo del TPP sobre “inversión” revelando información sobre el “tribunal internacional” que permitiría que las corporaciones exigieran directamente a los gobiernos que impongan barreras a los “beneficios potenciales”.
Arthur Stamoulis, director ejecutivo de la Campaña Comercial Ciudadana, explicó que los borradores “contienen claramente propuestas diseñadas para dar a las corporaciones transnacionales derechos especiales que van mucho más allá de los que tienen los negocios nacionales y los ciudadanos estadounidenses. Una propuesta que tendría efectos tan amplios en las regulaciones medioambientales, la seguridad del consumidor y otros intereses públicos, merece un escrutinio y un debate público. No se debería elaborar a puerta cerrada”.
Public Citizen’s Global Trade Watch, una organización de interés público, hizo un análisis del documento filtrado sobre inversión y explicó que el tribunal corporativo internacional permitiría que las corporaciones revoquen las leyes y regulaciones nacionales o demanden enormes sumas compensatorias ante el tribunal “empoderado para ordenar el pago de fondos ilimitados del Tesoro del gobierno a inversionistas extranjeros por demandas según el TPP”.
Incluso bajo NAFTA, más de 350 millones de dólares han sido pagados por gobiernos alineados con el NAFTA a corporaciones por “barreras” a los “derechos” de inversión, incluyendo vertederos de desechos tóxicos, reglas de corte de árboles, así como prohibiciones de diversos productos químicos tóxicos.
Porque, seamos claros: para las corporaciones, semejantes regulaciones y preocupaciones por los temas de salud, seguridad y medio ambiente se perciben solo como “barreras” a la inversión y los beneficios. Por lo tanto su “gobierno” demandaría al gobierno extranjero por cuenta de la corporación, basándose en la premisa de que semejantes regulaciones condujeron a una potencial pérdida de beneficios, por los cuales se debería compensar a la corporación.
El TPP permite que las corporaciones demanden directamente al gobierno en cuestión. Todos los países miembros del TPP, excepto Australia, han aceptado adherirse a la jurisdicción de este tribunal internacional, un tribunal irregular y arbitrario no elegido, antidemocrático y dotado de personal por las corporaciones, con autoridad legal por lo menos sobre diez naciones y sus poblaciones.
Además, los países del TPP no han aceptado un conjunto de obligaciones que deberían cumplir las corporaciones en relación con los estándares de salud, trabajo o ecología, y por lo tanto se abre una puerta a que las corporaciones obtengan todavía más derechos y privilegios para saquear y explotar. Mientras se amplían los derechos corporativos se desmantelan los derechos humanos y democráticos.
Una de las áreas más importantes en las que el TPP tiene un profundo efecto se relaciona con los derechos de propiedad intelectual o derechos de autor y de patentes. Las corporaciones han sido grandes defensoras de la expansión de los derechos de propiedad intelectual, es decir, de sus derechos de propiedad intelectual.
Las corporaciones farmacéuticas son muy partidarias de esos derechos y probablemente estarán entre los grandes beneficiarios del capítulo de propiedad intelectual del TPP. La industria farmacéutica se aseguró de que el acuerdo de 1995 de la Organización Mundial del Comercio incluyera contundentes reglas de patentes, pero finalmente consideró que esas reglas no lo bastante duras.
Dean Baker explica en The Guardian que reglas más duras de las patentes establecen “un monopolio garantizado por el gobierno, a menudo de hasta 14 años, que prohíbe que los competidores genéricos entren en un mercado basado en los resultados de las investigaciones de otras compañías que demuestran la seguridad y efectividad de un medicamento”. Baker señaló que semejantes leyes en realidad es “lo contrario del libre comercio” ya que “implican un aumento de la intervención gubernamental en el mercado”, “restringen la competencia y conducen a precios más elevados para los consumidores”.
Esencialmente, lo que esto significa es que en países pobres en los que más gente necesita acceso a medicamentos que salvan vidas, y a menor coste, sería imposible que las compañías o gobiernos fabriquen y vendan marcas genéricas más baratas de medicamentos exitosos cubiertos por patentes corporativas multinacionales. Un acuerdo semejante entregaría un monopolio de controles de precios a esas corporaciones, permitiendo que fijen los precios que consideren adecuados, haciendo así que los medicamentos sean increíblemente caros y frecuentemente inaccesibles para la gente que más los necesita.
Como señaló correctamente el congresista estadounidense Henry Waxman: “En muchas partes del mundo, el acceso a los medicamentos genéricos significa la diferencia entre la vida y la muerte”.
Se espera que el TPP aumente tales derechos de patente corporativos más que ningún otro acuerdo de la historia. Los fabricantes de medicamentos genéricos en países como Vietnam y Malasia resultarían afectados. También afectaría a las ventas de los grandes fabricantes de genéricos en EE.UU., Canadá, y Australia, que suministran medicamentos a bajo coste a gran parte del mundo.
Mientras EE.UU. ha renunciado al derecho de negociar los precios de los medicamentos con las corporaciones farmacéuticas (de ahí el precio exorbitante de los medicamentos adquiridos en EE.UU.), países como Nueva Zelanda e incluso Canadá, en menor grado, negocian precios de medicamentes a fin de mantener bajos los costes para los consumidores. El TPP otorgará nuevos privilegios de negociación a las corporaciones, permitiendo que apelen las decisiones de los gobiernos para cuestionar el alto coste de los medicamentos, o preferir alternativas más baratas. Refiriéndose a esos cambios, el jefe estadounidense de la Campaña Acceso a Medicinas de Médicos Sin Fronteras declaró: “Bush fue mejor que Obama al respecto”.
Pero el TPP no solo amenaza en estos aspectos: la libertad en Internet también es un objetivo importante.
El Consejo de Canadienses y OpenMedia, importantes paladines de la libertad en Internet, han señalado que el TPP “criminalizaría algunos usos comunes de Internet”, incluyendo la descarga de música así como la combinación de diferentes trabajos mediáticos. OpenMedia advirtió de que el TPP “obligará a los proveedores de servicios a recoger y suministrar datos privados sin protección de la privacidad y dará a los conglomerados mediáticos más poder para enviar multas por correo, eliminar contenidos en línea –incluyendo páginas web completas– e incluso cortar el acceso a Internet”.
El capítulo del TPP sobre los derechos de propiedad intelectual también propone nuevas leyes que tendrían que imponer los gobiernos para regular el uso de Internet. OpenMedia también advierte de que, según los documentos filtrados sobre derechos de propiedad intelectual, “puede haber fuertes multas a los ciudadanos comunes y corrientes en línea”, agregando: “podrían multarte por pulsar un enlace, se podrá excluir de Internet a la gente y se podrían clausurar páginas web”.
El TPP, advirtió el fundador de Open Media Steve Anderson: “limitará la innovación y la libertad de expresión”. Bajo el TPP no existe distinción entre violación del derecho de autor comercial y no comercial. Por lo tanto los usuarios que descargan música para su uso personal se enfrentarían a las mismas sanciones que los que venden música pirateada con fines de lucro.
La información creada o compartida en sitios de redes sociales podría llevar a que los usuarios de Internet sean multados, que les confisquen sus ordenadores, les corten el acceso a Internet e incluso a sentencias de prisión. El TPP impone un sistema de “tres golpes” por quebrantamiento del derecho de autor, según el cual tres infracciones llevarían a cortar el acceso a Internet de un grupo familiar.
¿Por qué, entonces, tanto secreto? Los responsables corporativos y políticos estudian muy de cerca la opinión pública; saben cómo manipular al público sobre la base de lo que piensa y cree la mayoría. Cuando se trata de acuerdos de “libre comercio” la opinión pública ha obligado a los negociadores a acuerdos a puertas cerradas y a un secreto inaudito precisamente porque las poblaciones se oponen a semejantes acuerdos de una manera abrumadora.
Un sondeo de opinión de 2011 reveló que el público estadounidense ha pasado –en los últimos años– de una “amplia oposición” a una “oposición abrumadora” contra los acuerdos comerciales del estilo NAFTA.
Un importante sondeo de NBC News-Wall Street Journal de septiembre de 2010 reveló que “el impacto del comercio y de la deslocalización es uno de los pocos temas en los cuales estadounidenses de diferentes clases, ocupaciones y opiniones políticos están de acuerdo”: un 86% dice que la deslocalización de puestos de trabajo por parte de las compañías estadounidenses a países pobres es “una de las principales causas de nuestros problemas económicos”, y un 69% piensa que los “acuerdos de libre comercio entre EE.UU. y otros países cuestan puestos de trabajo en EE.UU.” Solo un 17% de los estadounidenses opinó en 2010 que los “acuerdos de libre comercio” benefician a EE.UU., en comparación con un 28% en 2007.
Porque la opinión pública se opone fuerte –y crecientemente– a los “acuerdos de libre comercio” es necesario hacerlos en secreto con el fin de impedir que el público llegue a conocer acuerdos como el TPP, por no hablar de oponerse a ellos activamente. Y esta, como explicó el representante comercial de EE.UU., es una razón muy “práctica” para todo el secreto.
Andrew Gavin Marshall es un investigador y escritor independiente basado en Montreal, Canadá, que escribe sobre una serie de temas sociales, políticos, económicos e históricos. También es Project Manager de The People's Book Project.
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