“Aidesep se compromete a mantener indemne y a eximir de cualquier reclamo, acción o demanda entablada en contra de Petrobras, sea de índole administrativo, penal, civil, comercial, etc.” reza una de las cláusulas del convenio suscrito por Alberto Pizango Chota con la empresa brasileña Petrobras.
Los compromisos suscritos por Pizango a nombre de la Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana (Aidesep) se encuentran detallados en la página 4 del convenio que recién se han dado a conocer por las redes sociales en esta semana.
En esa página aparece la claúsula séptima sobre “Liberación de Responsabilidades de las Partes” en la que Aidesep se compromete a evitar cualquier reclamo o demanda sea de diversa índole y sin que la “enumeración sea limitativa”.
Quienes asumen este compromiso son los “integrantes de su organización [Aidesep] que se relacionen al presente Convenio sea de manera directa o indirecta”.
A buen entendedor eso significa que si bien el convenio lo suscribe Alberto Pizango el compromiso se extiende a los integrantes de la organización estén relacionadas al convenio “de manera directa o indirecta”.
La situación es crítica debido a que la suscripción de un convenio de este tipo con la quinta empresa más grande del mundo en el sector hidrocarburos no fue puesto en conocimiento del Consejo Ampliado de Aidesep reunido en el mes de agosto en Lima a pesar que el acuerdo fue suscrito el 11 de julio.
El contrato mediante el cual Petrobras acuerda con Alberto Pizango financiar actividades en las comunidades ubicadas en el área de impacto de proyectos extractivos a fin de prevenir conflictos planteó la interrogante de si ¿es éticamente correcto que una organización indígena nacional reciba dinero directamente de una empresa extractivista dedicada a la minería, gas o petróleo?
La pregunta cayó de madura pues Alberto Pizango en varias ocasiones criticó públicamente el desempeño obsecuente de la Confederación de Nacionalidades Amazónicas del Perú (Conap) que se ha caracterizado por responder dócilmente ante el gobierno de turno y las empresas, precisamente por recibir dinero de éstas.
En marzo de este año, Pizango Chota, en declaraciones a Radio San Borja, mostró al director del programa “No Hay Derecho”, Glatzer Tuesta, un documento que probaría la existencia de un convenio de “reforzamiento institucional” entre Transportadora de Gas del Perú (TgP) y la Conap por un monto de 50 mil dólares.
“Sabemos que Conap siempre ha estado haciéndole el juego político al Estado Peruano y a los gobiernos de turno. Esa es la simple explicación, hay contratos, hay un convenio de fortalecimiento institucional de Conap con Transportadora de Gas del Perú”, afirmó Pizango en dicha ocasión.
La Asociación Interétnica de Desarrollo de la Selva Peruana en un comunicado público difundido el domingo 18 de octubre consideró justo el recibir aportes de “las multimillonarias ganancias de las empresas extractivas” para financiar directamente el Plan Nacional de Vida Plena.
Sin embargo, como lo han hecho notar comentaristas y observadores, el propósito del dinero entregado por Petrobras no se refiere a ningún plan de vida plena sino a prevenir y atenuar conflictos en las áreas de impacto de los proyectos de la empresa.
En todo caso, está en manos de Aidesep hacer público el Plan de Trabajo que se elaboró como anexo al convenio para ejecutar los fondos y de esta manera hacer transparente el uso final de los recursos financieros.
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