El Chichón de Chinchero

Renuncia de Martín Vizcarra al MTC salta como la opción para ahorrarse el desgaste de posible censura.

Revista Caretas

Al cierre de esta edición, quedaba claro en Palacio de Gobierno que Martín Vizcarra, vicepresidente de la República y titular del Ministerio de Transportes y Comunicaciones, no se iba a someter al trance de la interpelación en el Congreso con riesgo de posterior censura.

Si bien en los días previos el presidente Pedro Pablo Kuczynski declaró que “sin lugar a dudas” interpondría la cuestión de confianza en caso de extremarse el escenario, al final se impuso la perspectiva de medir la temperatura en el Congreso. Si el escenario se veía cuesta arriba, Vizcarra renunciaría al MTC en los próximos días.

El enfrentamiento Ejecutivo-Legislativo en estas circunstancias conlleva un alto riesgo de desastre. La pregunta de hasta dónde es capaz de llegar el fujimorismo todavía no tiene respuesta y Keiko Fujimori es llamada a dirimir entre facciones partidarias que apuestan por un cauce sereno y otras capaces de apostar hasta por la temida vacancia presidencial.

La última información, entre reuniones y llamadas telefónicas, daba cuenta de una renuncia de Vizcarra para el miércoles 8. Para el día siguiente se esperaba el debate para aprobar la interpelación, que fue presentada por Acción Popular y para la que se necesitan 44 votos. El martes por la noche, el vocero de Fuerza Popular, Luis Galarreta, anunció que su bancada apoyaría la interpelación, con lo que esta se daba por descontada. Se calculó que sería convocada para dentro de dos semanas.

Pero lo más probable es que Vizcarra ya no sea ministro para entonces. La intención del gobierno es evitar quemar a un primer vicepresidente de la República que es clave para Pedro Pablo Kuczynski. Hay que recordar que fue uno de los voceados para ocupar la Presidencia del Consejo de Ministros. Pero uno de los argumentos que determinó la decisión del  presidente por Fernando Zavala fue precisamente no exponerlo innecesariamente, y antes de tiempo en una gestión que dura cinco años.

PROCURADURÍA SÚPER ESTRELLA

Porque expuesto es lo que ha estado en estos días. El caso del aeropuerto de Chinchero ha terminado en lo que puede calificarse como un gesto político de la Procuraduría Anticorrupción.

¿Cómo explicarse sino que el procurador Amado Enco presente una denuncia por colusión contra Vizcarra? ¿Y justo cuando el gobierno decide suspender el inicio del proyecto en espera del informe de la Contraloría y va a ser interpelado por el Congreso de total mayoría opositora?

Según Enco, la adenda de Chinchero “desnaturaliza” el contrato de la APP, pero las críticas son por incluir en su pedido las fotos publicadas en medios donde aparece Carlos Loret de Mola del consorcio Kuntur Wasi, ganador de la buena pro de Chinchero, en un evento del partido PPK con empresarios y otra de la viceministra Fiorella Molinelli con el expresidente chileno Sebastián Piñera en la última CADE. 

Fue apenas el primer episodio que involucró a la Procuraduría en unos pocos días. Luego se conoció que la procuradora ad hoc para el caso Odebrecht, Katherine Ampuero, confirmó que solicitó a la fiscalía investigar preliminarmente al presidente Pedro Pablo Kuczynski a partir de un reportaje emitido por un canal de internet estadounidense. Allí se consigna un informe de la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) citado por la comisión dirigida por el excongresista Juan Pari, que consigna pagos de Odebrecht a una empresa que, según se explicó, pertenece al 100% a Gerardo Sepúlveda, el cercano exsocio chileno que tuvo PPK. Esa empresa hizo trabajos de estructuración financiera para la constructora.

Ampuero también demandó al expresidente Alan García y al ex ministro Enrique Cornejo por el caso de la Línea 1 del Metro. Sus acusaciones se basan sobre todo en el sustento legal que permitió que el proyecto pase de la Municipalidad de Lima al MTC. Razones que, por cierto, han sido discutidas a profundidad por los protagonistas en varias entrevistas.

Ampuero, a quien se le ha cuestionado la poca experiencia para asumir el cargo que le fue asignado por la presidente del Consejo Jurídico de Defensa del Estado, Julia Príncipe, fue protagonista de una extraña conferencia en la que aseguró no ser “figureti” y “tener los ovarios bien puestos”.

¿Quiere decir que los ex presidentes se encuentren libres de sospechas en un caso de esta magnitud? Como están las cosas, de ningún modo. Pero la batería de denuncias con dudoso sustento deja la sensación de un gran desorden, donde la Procuraduría pica antes de tiempo y sin seriedad.

Detrás se encuentra, además, la manifiesta incomodidad de la Procuraduría con la estrategia del Ministerio Público, que ha decidido bajo reserva sus investigaciones y el acuerdo de colaboración eficaz con Odebrecht. En respuesta, Ampuero declaró que no negociaría ningún monto de colaboración eficaz, lo que a estas alturas  ya pone en peligro el destino de  proyectos relevantes y la propia salud de la economía.

Todo parte de una especie de síndrome por el que los procuradores –abogados del Estado, ni más ni menos– se convirtieron a punta de afán protagónico en una Fiscalía paralela. Ya se habían visto casos de exprocuradores que tomaron el camino político, como el ex vicepresidente Omar Chehade. Pero la cúspide llegó con la actual congresista Yeni Vilcatoma, que se unió al fujimorismo a partir de su rivalidad con el exministro de Justicia Daniel Figallo (y que ya salió de la bancada por estrepitosas diferencias personales). El concepto de autonomía para la Procuraduría trascendió los cauces correspondientes a la separación de poderes y terminó, en enero, con el Decreto que crea la Procuraduría General del Estado. Para reorganizar el ente fue convocada la doctora Príncipe, que a su vez vio elevar su perfil con su salida del gobierno pasado, tras sus intentos de investigar a Nadine Heredia. A esa elocuencia, por ejemplo, se opuso el silencio durante la campaña, cuando investigaciones cruciales relacionadas con el fujimorismo, y que ella trabajó, fueron puestas sobre la mesa.

La ministra de Justicia, Marisol Pérez Tello, terminó por sucumbir ante la idea mediática de una súper Procuraduría, y hoy el precio ya se hace evidente. Lo más probable es que,  luego de la salida de Vizcarra, pasen algunas semanas para el recambio en varias carteras. Empezando por la de Justicia.