El Congreso de la República decidió, por unanimidad, la
modificación del artículo 41 de la Constitución, que tendrá que ser refrendada
en una segunda votación en la siguiente legislatura. La medida no es
retroactiva.
En el 2001, por primera vez, se
intentó aprobar la imprescriptibilidad de los delitos de corrupción. Se
presentaron doce proyectos, todos se quedaron el camino. Dieciséis años más
tarde, por unanimidad, el pleno del Congreso ha empezado a corregir ese error.
Con la norma aprobada ayer por 111
votos a favor y ninguno en contra, se duplicará el plazo de prescripción de los
ilícitos cometidos contra la administración pública o el patrimonio del Estado,
tanto para los funcionarios o servidores públicos como para los particulares.
Asimismo, en el texto aprobado se
plantea que habrá imprescriptibilidad en los delitos considerados "más
graves o recurrentes".
Este proyecto, que juntó varias
iniciativas legislativas de las bancadas del Frente Amplio, Peruanos por el
Kambio y Acción Popular, plantea modificar el artículo 41 de la Constitución
del Perú.
En tanto, el presidente de la
Comisión de Constitución, Miguel Torres, explicó a La República que se deberá
precisar (a través de un proyecto de ley) la calificación de los tipos de
delitos que no prescribirán.
Además, dijo que será necesaria una
modificación del Código Penal.
Torres, de Fuerza Popular, opinó que
los delitos de colusión, peculado, asociación ilícita para delinquir y cohecho
pasivo podrían convertirse en imprescriptibles.
Se debe precisar que esta norma, por
modificar la Constitución, requiere de una segunda votación en la próxima
legislatura, la cual se inicia en julio.
Además, la imprescriptibilidad solo
alcanzará a los delitos cometidos después de la aprobación de esta norma. Es
decir, no es retroactiva.
Se debe resaltar que Ecuador,
Bolivia, Venezuela y Colombia ya han aprobado la mencionada ley de
imprescriptibilidad.
Glave: Día histórico
Por su parte, la legisladora del
Frente Amplio, Marisa Glave, consideró como algo "histórico" que el
Pleno haya aprobado la norma. Resaltó que "esta ley alcanzará ahora a los
corruptores, a los corruptos y a los socios privados de los mismos".
El debate de esta ley empezó a las
diez de la mañana y su desarrollo fue accidentado.
El congresista fujimorista Héctor
Becerril intercambió pullazos con los parlamentarios Marco Arana y con la
propia Glave.
Con la legisladora fue que el tono de
la discusión alcanzó altos niveles de tensión.
Becerril dijo que el Frente Amplio
tiene doble moral y que Glave fue una regidora revocada que viene de una
gestión municipal (de Susana Villarán) "muy cuestionada".
Glave no se quedó callada y resaltó
que, a diferencia del fujimorismo, su grupo parlamentario jamás se opondrá a
ninguna investigación y menos blindará a ningún integrante de su bancada. En
ese sentido, recordó que gracias al voto dirimente de Segundo Tapia, de Fuerza
Popular, Kenji Fujimori no será investigado en la Comisión de Ética por
presuntamente hacer regalos durante la semana de representación.
En tanto, durante el debate, algunos
congresistas hicieron algunas propuestas.
Yeni Vilcatoma, hoy sin bancada,
planteó que la imprescriptibilidad alcance a los delitos de asociación ilícita
u organización criminal. Alberto Quintanilla, del Frente Amplio, formuló que se
pongan limites a la inmunidad parlamentaria.
Por su parte, el aprista Mauricio
Mulder consideró que el debate es un "engañamuchachos", pues a su criterio
se debería reformar el Código Penal.
El congresista del oficialismo
Gilbert Violeta sostuvo que el dictamen aprobado no contempla el artículo
referido a la prohibición para que los sentenciados por corrupción regresen al
sector público.
Según dijo, el equipo técnico de la
Comisión de Constitución retiró este artículo.
La República le consultó al respecto
a Torres, quien respondió que este punto ya estaba contemplado en los Decretos
Legislativos que envió el Ejecutivo en materia de lucha contra la corrupción.
Richard Arce (Frente Amplio)
consideró que los delitos de abusos sexuales contra menores de edad también
deberían ser imprescriptibles.
El congresista oficialista Alberto de
Belaunde dijo compartir la misma opinión e informó a este diario que presentará
un proyecto de ley al respecto.
Claves
Lo real. Actualmente el plazo de
prescripción es igual al máximo de la pena. Es decir, si el peculado tiene una
condena de ocho años, la prescripción corre a partir de los ocho años de
cometido el presunto delito.
Los casos. El ex procurador
anticorrupción Julio Arbizu precisó que al menos 150 casos de corrupción de la
época del fujimorismo prescribirían.
Compañero. Las denuncias contra Alan
García por presuntos delitos en su primer gobierno (1985 a 1990) ya
prescribieron.
Es una ley contra los corruptos, por Ronald Gamarra
Como parte de un conjunto de medidas,
es necesaria y conveniente la imprescriptibilidad. Sin embargo, para que todo
funcione, los aparatos administradores de justicia tienen que hacer su trabajo
a la brevedad y sancionar e investigar todos los casos de corrupción. Habrá un
debate sobre si es una norma penal o procesal penal. La reforma constitucional
aún no se ha aprobado y luego de ello se necesita una modificación del Código
Penal para saber los delitos que serán considerados imprescriptibles.
Yo calculo que la segunda votación
que se requiere será en diciembre de este año. Me ha sorprendido gratamente que
se apruebe este dictamen porque hasta ayer muchísimas de las organizaciones
políticas eran contrarias a la imprescriptibilidad. Lo que sucede es que los
congresistas se han dado cuenta de que hay una creciente indignación ciudadana.
Es una garantía para los ciudadanos
Debemos de partir de algo importante:
la prescripción de los delitos, es decir, la imposibilidad de perseguir delitos
sin una fecha límite, es una garantía para el ciudadano. Está orientada a
evitar que se le mantenga en condición de sospechoso por siempre y, de ese
modo, se le exige al Estado (a través de la Fiscalía o el Poder Judicial) que
resuelva su situación en un tiempo prudencial, caso contrario su potestad
persecutoria se extingue, prescribe. No obstante ello, no todos los delitos
tienen la misma naturaleza y efectos. Nuestra realidad nos muestra al fenómeno
de la corrupción profundamente enquistada en la administración pública y han
sido varias las experiencias en las que personas contra las que claramente
existieron indicios para su procesamiento se libraron de condenas a través de
pedidos de prescripción, dando lugar a la impunidad de tales hechos.
La imprescriptibilidad se presenta
como una ley que podría contribuir a la lucha anticorrupción, aunque con un
sistema judicial inoperante, sin presupuesto, sin sistemas de prevención o
control eficientes y sin especialización de los operadores, poco o nada podremos
obtener.
Fuente: La República
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