Editorial de "La República" sobre el pedido de indulto a Fujimori

Insulto a la memoria

La familia de Alberto Fujimori ha decidido solicitar que sea indultado por razones humanitarias. Si el pedido prospera saldrá en libertad un ex presidente condenado a 25 años de prisión por homicidio calificado, secuestro agravado y corrupción, los dos primeros delitos de lesa humanidad.

El debate de este pedido importa mucho, tanto a los peticionarios como a los deudos y a las víctimas de los crímenes por los que fue condenado. Sobre todo, les importa a la sociedad y al régimen político democrático. Fujimori ha realizado durante los últimos años movimientos calculados para eludir su responsabilidad y obtener su libertad. Resistió a su extradición negándole al Estado peruano competencias para juzgarlo, y luego de su condena presentó un hábeas corpus que fracasó en el Poder Judicial y en el Tribunal Constitucional. Desde hace tres años ha jugado con la solicitud del indulto, renunciando a él a pesar de considerar que su enfermedad es muy grave, y luego aceptándolo.

Quienes consideran que su condena es política no podrán sustraer su pedido de libertad de los elementos políticos y jurídicos que le son inherentes. Los impedimentos legales del indulto a Fujimori son conocidos y su fuerza jurídica es invulnerable. El mismo Fujimori propuso y promulgó en 1995 una ley que excluye expresamente de este beneficio a los autores del delito de secuestro agravado, uno de los ilícitos por los que fue condenado. Del mismo modo, la jurisprudencia de la Corte Interamericana de DDHH descalifica claramente el indulto y la amnistía para delitos de lesa humanidad. En ese campo hay mucho para recordar y poco para debatir.

La discusión se ha centrado en el papel del presidente de la República y más de un interesado ha señalado que basta su decisión. Sin embargo, el indulto es una facultad presidencial y no imperial. Como cualquier potestad pública en un Estado de derecho, no es absoluta e irrestricta. En democracia, ningún atributo del poder político se ejerce desde el libre albedrío, un uso propio de las monarquías absolutas. El pacto republicano consagra los principios del gobierno responsable y previsible, es decir, deposita en sus representantes determinadas funciones cuyo ejercicio debe guardar armonía con los estándares democráticos y con los valores de justicia y de libertad.

En ese sentido, el poder discrecional de un jefe de Estado no puede derivar en un acto arbitrario y antijurídico porque ninguna de sus facultades es ilimitada. Por esa razón, la potestad de indultar no es distinta a otras referidas a los actos de presidir, nombrar, recibir, administrar, autorizar, negociar y regular. Desde ese punto de vista no tienen asidero jurídico las versiones que señalan que dependerá del presidente de la República conceder el indulto en cualquier circunstancia, sin tomar en cuenta el delito, el marco jurídico vigente, la gravedad del daño causado y la identidad del sentenciado.

Los impedimentos legales y la condición especial del condenado, un ex presidente que ofendió con sus actos la primera magistratura que el pueblo le encargó, hacen imposible el indulto. Ese imposible jurídico reside en su prohibición interna expresa y en las disposiciones igualmente precisas de la justicia internacional. A esa inadmisibilidad concurre la extraña circunstancia de que el solicitante relativiza la gravedad de su enfermedad; se ha negado al arrepentimiento y sigue descalificando la decisión judicial; no ha pedido disculpas a la sociedad y a las víctimas por sus actos; y no ha pagado la reparación civil impuesta por el Estado. El debate debe continuar porque enriquecerá a la sociedad en sus valores cívicos y en su memoria; aunque queda muy claro que si el presidente de la República concede el indulto, este sería ilegal, y si lo adopta incurrirá en un delito.

La Ley 26478 que Fujimori dio en 1995 le impide acceder al indulto

César Romero.

La mañana del 13 de junio de 1995, el entonces presidente Alberto Fujimori firmó en Palacio de Gobierno la Ley N° 26478 que prohíbe el indulto para los autores del delito de secuestro agravado.

Dicha norma fue dada el 31 de mayo de 1995, el último día de la Legislatura Ordinaria del Congreso Constituyente Democratico (CCD), que había nacido con el autogolpe del 5 de abril de 1992.

Sin embargo, el CCD siguió sesionando en los días siguientes, pese a la protesta de los nuevos legisladores elegidos en abril de ese año, aprobando sin mayor discusión y de madrugada nuevas leyes que consolidaran el gobierno de Fujimori.

Por eso la promulgación y la publicación de la ley N° 26478 en el diario El Peruano pasaron inadvertidas, pues el mismo día que Fujimori mandó que se publique y cumpla, el CCD aprobó la amnistía al grupo Colina, responsable, entre otros crímenes, de las matanzas de Barrios Altos y La Cantuta.

Eran tiempos en los que los fujimoristas imponían al país sus leyes, sin mayor discusión y debate, pues si era necesario luego venía la "interpretación auténtica" para que se cumpla de acuerdo con sus intereses.

Por cierto, la Ley de Amnistía tiene el número correlativo siguiente a la ley que prohíbe el indulto a los secuestradores, fue la Ley N° 26479 dada por el Congreso la madrugada del 14 de junio de 1995 y ese mismo día, promulgada por Fujimori.

SECUESTRO

La Ley N° 26478, vigente hasta hoy, consta de dos artículos. "Artículo 1°. Quedan excluidos del beneficio del indulto los autores del delito de secuestro agravado previsto en el último párrafo del artículo 152° del Código Penal". "Deróguense, modifíquense o déjense en suspenso, en su caso, las disposiciones que se opongan a la presente ley", dice el artículo 2.

En dicha ley no se distingue indulto común o humanitario, porque esta diferencia solo apareció después de que el 7 de abril del 2009 Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de prisión por delitos de homicidio calificado, lesiones graves y secuestro agravado.

La Constitución de 1993 aprobada por el mismo CCD que dio la Ley N° 26478, en el capítulo IV, Poder Ejecutivo,   artículo 118° inciso 21 precisa que corresponde al Presidente de la República "conceder indultos y conmutar penas. Ejercer el derecho de gracia en beneficio de los procesados en los casos en que la etapa de instrucción haya excedido el doble de su plazo más su ampliatoria".

Como se puede observar, al revisar la Constitución de 1993, el indulto humanitario no aparece por ningún lado como una facultad del presidente de la República.

CORTE IDH

La ley N° 26478 sigue vigente hasta hoy, pero la amnistía que Fujimori dio a los violadores de derechos humanos en junio de 1995 fue anulada por una sentencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH).

Una sentencia que hoy, como advierte el ex fiscal supremo Avelino Guilllén, se convierte en otro obstáculo para que el presidente Ollanta Humala le otorgue el indulto  a Fujimori, como pretenden sus familiares.

Luego de que se aprobó la ley de amnistía y el Poder Judicial fue obligado a ejecutarla, a las víctimas de la matanza de Barrios Altos solo les quedó recurrir a los tribunales internacionales en busca de justicia.

Tuvieron que pasar muchos años y la caída del gobierno de Fujimori para que el Estado peruano reconociera ante la Corte IDH su responsabilidad y la violación de los derechos humanos de las víctimas de Barrios Altos.

Así, el 14 de marzo del 2001, la Corte IDH expidió sentencia contra el Perú por "no investigar, juzgar y sancionar" a los responsables de la matanza de Barrios Altos.

En dicha sentencia se establece: Esta Corte (IDH) considera que son inadmisibles las disposiciones de amnistía, las disposiciones de prescripción y el establecimiento de excluyentes de responsabilidad que pretendan impedir la investigación y la sanción de  los responsables de las violaciones graves de los derechos humanos tales como la tortura, las ejecuciones sumarias, extralegales o arbitrarias y las desapariciones forzadas, todas ellas prohibidas por contravenir derechos inderogables reconocidos por el Derecho Internacional de los Derechos Humanos".

CORTE INTERAMERICANA VIGILA SANCIÓN A LOS ASESINOS DE BARRIOS ALTOS

Como Estado Parte de la Convención Americana de DDHH, el 21 de enero de 1981, el Perú reconoció la competencia de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (Corte IDH) y se comprometió a cumplir de manera inmediata e integral sus decisiones.

El 14 de marzo del 2001, la Corte IDH sentenció que el Perú violó los derechos humanos y negó protección judicial a las víctimas y sus familiares del caso Barrios Altos, y le impuso la obligación de investigar, juzgar y "sancionar a los responsables" del caso Barrios Altos.

Desde marzo del 2001, la Corte IDH vigila que el Perú cumpla dicha sentencia, por eso, ante el fallo de Villa Stein que rebaja las condenas al grupo Colina, emitió una resolución que exige se corrija esa decisión. El Perú cumplió de inmediato ese pedido.

En la resolución del 7 de setiembre último, la Corte IDH ha dicho que la protección de las víctimas incluye la sanción real a los responsables.

ENFOQUE

No cumple los requisitos para indulto

Julio Arbizu Procurador anticorrupción

Previo al indulto humanitario tendríamos que ver si procede el indulto por otro tipo de razones, y no. Definitivamente esa posibilidad está absolutamente vedada en razón de que el ex presidente Fujimori ha sido condenado por delitos de lesa humanidad, por los casos de Barrios Altos y La Cantuta, y en segundo lugar por secuestro agravado contra Gustavo Gorriti y Samuel Dyer. Eso imposibilita absolutamente la concesión de un indulto que no sea de carácter humanitario.

Respecto a la concesión de un indulto humanitario tendrían que presentarse las condiciones debidas, y según las informaciones que tenemos todos, el señor Fujimori no califica.

Tiene que haber una serie de requisitos: debe existir una situación de grave riesgo en la salud del que solicita el indulto, es decir, que haya una enfermedad terminal, como lo reconoce el Tribunal Constitucional en su sentencia en el caso del ex viceministro de Hacienda Alfredo Jaililie. Que la situación carcelaria sea tan grave que pueda incidir en la salud del peticionante y ponerla en riesgo mortal o que tenga alguna enfermedad mental.

Miguel Ángel Quinteiro, el hombre que se convirtió en símbolo de las protestas en España

El video de 59 segundos que circula en YouTube es uno de los tantos que se grabaron con celulares en el momento en que Miguel Ángel Quinteiro, de 72 años, fue detenido. En él, se ve cómo dos policías lo sacan a rastras de la marcha del 25 de setiembre en España y lo reducen violentamente. Hoy, ese hombre está acusado de haber agredido a las fuerzas del orden.

La historia que revela el diario “El País” y que fue extraído de los expedientes oficiales dice que Quinteiro, un ex empleado de banca en Pontevedra que había llegado para la manifestación, fue visto increpando de forma “muy agresiva” a los policías y que su actitud “generaba un incremento de la hostilidad por los otros manifestantes”.

La versión oficial dice que un inspector jefe se acercó a Quinteiro para que deponga su actitud y que el manifestante intentó golpearlo. Luego, indica el expediente, el hombre forcejeó con el agente para quitarle su porra y casi lo hizo caer el suelo.

Esa versión culmina con dos agentes sacándolo de la manifestación y reduciéndolo. El video muestra que un policía le grita: “¡No haga resistencia que es peor!”. “¡No hago resistencia, es que me duele, hostia!”, replica a gritos Quinteiro.

Quinteiro ahora tiene un brazo vendado. “Me lo retorcieron durante la detención. Los médicos me dijeron que era un problema de tendones”, cuenta.

“Mi actitud es pacífica, nunca me pegué con nadie, ¿cómo voy a abofetear a un antidisturbios? (...) Yo no vine a montar follón”, agregó para luego indicar que estaba sentado cuando lo extrajeron del lugar y que solo intentó agarrar la porra para defenderse. Esa es la otra cara de las manifestaciones.

Perú: Familiares de las víctimas se oponen a un indulto para Fujimori

Raida Cóndor, la valerosa mujer que busca justicia para los estudiantes de La Cantuta, convalece en su casa a la espera de que se levante la huelga médica para ser operada. Su voz se oía débil por la pancreatitis que la afecta, pero no lo que tiene que decir. Y es que para ella Alberto Fujimori no merece un indulto humanitario. 

"Aquí las únicas que merecemos trato humanitario somos nosotras, que hace 20 años buscamos los cuerpos de nuestros hijos. Es una desvergüenza pretender un indulto. ¿Por qué no dicen dónde están nuestros hijos?", reclama.

Raida Cóndor es madre del estudiante Armando Amaro Cóndor, asesinado por el Grupo Colina. La noticia de que los familiares de Alberto Fujimori pedirán un indulto humanitario no la ha sorprendido. Hace días, dice, ya se escuchaba a uno de los hijos de Fujimori emplazando al presidente Ollanta Humala a que actúe de oficio para concederle el indulto humanitario a su padre, por razones de salud.

Ayer la familia Fujimori, sin embargo, cambió de parecer. Luego de visitar al ex presidente en la Clínica San Felipe, Keiko Fujimori anunció que en los próximos días presentarán el pedido de indulto humanitario. 

Los hijos toman esa decisión, según explicó, motivados por las declaraciones del presidente Ollanta Humala, quien dijo que para pronunciarse sobre el indulto era necesario primero que este sea pedido.

"Hemos entendido –y mi padre también– que estaría (el presidente Humala) a la espera de ese pedido. Esperamos un cambio de actitud de los diferentes voceros del gobierno y que se vea el pedido como debe ser, por razones humanitarias, y no políticas", manifestó.

“ES UNA OFENSA”

Esa sola posibilidad fue considerada como ofensa por los familiares de las víctimas de La Cantuta, uno de los casos por los cuales Alberto Fujimori fue condenado a 25 años de cárcel. 

"Me duele que la muerte de mi hijo y de  muchos jóvenes pueda quedar en el olvido", protestó Raida Cóndor.

A su lado, Carmen Oyague, madre de la estudiante Dora Oyague, considera que ese pedido es como un golpe mortal para su persistente reclamo de justicia. Ella ha enterrado solo un pedazo del cráneo de su hija porque los responsables del crimen hasta ahora se niegan a revelar dónde escondieron los cuerpos de cinco de las víctimas.

"En sus manos está que nos devuelvan los restos. Si quieren darle libertad, por lo menos deben considerar que seguimos buscando a nuestros hijos. Que digan dónde están. Keiko al menos tiene a su padre vivo, lo visita, le festeja su cumpleaños, lo lleva a la clínica... ¿a nosotros quién nos ve?", se preguntó.

Por ello consideró que sería una vergüenza para el país que se le conceda la libertad. Legalmente, asegura, le corresponde estar en la cárcel pagando la sentencia impuesta hasta el último día de su condena, salvo que su vida se encuentre en peligro.

NO SE JUSTIFICA INDULTO

Los familiares de las víctimas de La Cantuta dudan sobre el real estado de la salud de Alberto Fujimori. Antonia Pérez, viuda del profesor Hugo Muñoz, recordó que los médicos ya dijeron que la enfermedad de Alberto Fujimori no es un cáncer terminal, y en consecuencia no se justificaría que le concedan un indulto humanitario.

"Tiene la atención médica que necesita para garantizar su salud. Puede estar mal, puede estar deprimido, pero no debemos olvidar que está en la cárcel pagando una condena. Su libertad será un golpe para nuestra dignidad y para la propia justicia. Avanzamos un paso pero con estos hechos retrocedemos tres", señaló.

Gisela Ortiz, hermana del estudiante Luis Enrique Ortiz, es también contraria al indulto humanitario. A Fujimori no le corresponde, asegura, pues nunca ha mostrado actitud de reconocimiento del daño que ha causado, por el contrario mantiene una posición política de justificar sus crímenes. 

"De humanos ellos no tienen nada", dijo.

Ortiz recordó, además, que el ex presidente no cumplió con todos los extremos de la sentencia pues no ha cumplido con pagar la reparación económica de 27 millones impuesta a favor del Estado.

SOSPECHOSO PEDIDO

Ortiz consideró como sospechoso que la familia de Fujimori anuncie el pedido de indulto después de que el presidente Ollanta Humala dijo no entender por qué la familia no había pedido indulto. 

"Hubiera sido mejor que el jefe del Estado guarde silencio hasta no tener un documento oficial en la mano", precisó.

"¡Cómo puede estar recomendando pasos previos...! Parece demasiado sospechoso, es como si todo fuera parte de un acuerdo negociado previamente. Actúan con la seguridad de que habrá un indulto y eso no solo preocupa sino que da miedo de cómo se están manejando las cosas", puntualizó.

Los familiares de La Cantuta esperarán a que los Fujimori presenten el pedido de indulto para acordar las acciones que tomarán. Si ello ocurre, Ortiz demandó que haya una opinión seria de médicos reconocidos que puedan señalar cuál es el estado real de su salud, pues los médicos que lo trataron dijeron que el cáncer que padece no compromete su vida.

"Aquí hay una responsabilidad política del presidente Ollanta Humala. Si lo deja libre, lo recordarán como el que fue cómplice de la impunidad. La justicia que hemos alcanzado les costó a los familiares arrancárselo al Estado, nadie nos ha regalado nada", sentenció.

Igual sensación de rechazo generó la noticia en los familiares de los desaparecidos de El Santa y el periodista Pedro Yauri, por cuya muerte se procesa a los miembros del grupo Colina. 

Jacqueline Yauri, hija del periodista desaparecido, aseveró que los criminales de Colina no tuvieron consideración con su padre, cuyos restos todavía no aparecen.

OPERACIÓN POLÍTICA

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos rechazó la intención de otorgar un indulto humanitario al ex presidente  Alberto Fujimori y denunció que habría un acuerdo político para concederle ese beneficio.

"Un indulto reforzaría en todas sus líneas la impunidad en el Perú", aseguran.

Para la Coordinadora por el momento no hay estudio médico que demuestre que la salud Alberto Fujimori cumple con los requisitos para acceder a un indulto por razones humanitarias; por el contrario, aseguran, solo se ha visto un lamentable montaje mediático y político para colocar en la opinión pública esa posibilidad.

"No habiendo razón para dar este indulto, se trataría de un deplorable cálculo político o acuerdos por debajo de la mesa, por lo que alertamos a la opinión pública", señalan.

Así también lo reconoce el propio Alberto Fujimori. En una carta escrita antes de ser trasladado a la Diroes, comprometió su gratitud para quienes "incluso teniendo diferencias políticas con el fujimorismo han generado una corriente a favor del indulto por razones humanitarias".

Estudio: El aire en países europeos es dañino para la salud

La Agencia Europea de Medio Ambiente (AEMA), que evalúa la calidad del aire y los contaminantes que afectan a la salud en ese continente, ha presentado un estudio que concluye diciendo que el aire europeo está repleto de partículas nocivas. El artículo, que contiene información del año 2010, analiza la presencia de ocho tipos de partículas contaminantes en suspensión, ozono, dióxido de nitrógeno, CO2, metales pesados, benzeno, benzopireno y dióxido de sulfuro.

La información obtenida es bastante preocupante, como la exposición de gran parte de la población europea a partículas contaminantes en el aire que afectan la salud, sobre todo para las vías respiratorias. Casi un tercio de la población urbana de Europa respira concentraciones excesivas de estos contaminantes. Este dato, al ser comparado con el límite máximo impuesto por la Organización Mundial de la Salud (OMS), lo excede en mucho. Los más perjudicados son los países de Europa del Este.

En la Unión Europea (UE) se han dado varias medidas para reducir las emisiones de gases contaminantes, pero vistos los resultados, queda mucho por hacer. Jacqueline McGlade, directora ejecutiva de la AEMA, comentó: “En muchos países, las concentraciones de contaminantes atmosféricos son superiores a los límites legales establecidos para preservar la salud de los ciudadanos europeos“.

El ozono es uno de los elementos peligrosos, puede provocar problemas respiratorios y hasta muerte prematura, y es un elemento que afecta a los países mediterráneos. En las ciudades, el 17% de los habitantes europeos está expuesto a niveles excesivos según el límite de la UE. Un dato positivo, es que las emisiones de dióxido de azufre se han reducido gracias a las políticas de la UE que exigen la depuración de las emisiones y a un menor contenido de azufre en los combustibles, pero preocupa la exposición al benzopireno, que es cancerígeno.

España refleja una destacada mejoría en cuanto a la presencia de partículas contaminantes en el aire junto a Gran Bretaña, Suecia y Portugal. Es lo contrario respecto al nivel de ozono, y se encuentra entre los países con mayor cantidad de emisiones, pero no supera el límite establecido por la UE. Hay mucho trabajo pendiente para dar continuidad a la reducción de contaminantes perjudiciales para la salud. Se debe lograr que 2013 “sea el año de la atmósfera”, como desea el comisario de Medio Ambiente Janez Potočnik.

Los transgénicos no solo son una amenaza para la vida, son un mal negocio para el país

Alberto Acosta

Cuando me comprometí con la soberanía alimentaria y con la prohibición a los transgénicos, lo hice con la responsabilidad de ser economista, no solo de ser conocedor de los temas ambientales. Los transgénicos son una verdadera amenaza no sólo a la salud, el ambiente, y el patrimonio genético de nuestra biodiversidad. Son sobre todo una amenaza económica para los agricultores, erosionando a su vez, las oportunidades del país de entrar con su producción y sus ventajas comparativas a mercados internacionales diversos. Si bien es cierto que en diversos países hay agricultores que están adoptando con entusiasmo las semillas transgénicas, lo hacen porque hay una simplificación del manejo de las malezas y con esto se disminuye el uso de mano de obra. Son los grandes hacendados que buscan como objetivo tener cada vez menos trabajadores. Quiero indicar que en países como Argentina, la motivación para el uso de los transgénicos proviene de la expansión del área dedicada al cultivo de soja con menor dedicación por parte del productor.

Es decir, un ahorro en mano de obra en el manejo de malezas. Tengamos presente, que la mayor parte de cultivos transgénicos han sido manipulados para que los herbicidas no les afecten, lo que facilita las fumigaciones aéreas con sus correspondientes consecuencias. También es importante indicar, que no es verdad que se genere a través de los transgénicos un incremento de la productividad. Es una falacia que los transgénicos ayuden a los pequeños productores, o que con ellos se pueda triplicar o cuadruplicar la producción agrícola. Más bien sucede todo lo contrario. Los transgénicos generan mayor concentración de la tierra, no ayudan a aumentar la producción y restan puestos de empleo en el sector rural. En este sentido, no debemos olvidar que el trabajo no es solo un medio, sino que es un fin en sí mismo. Los transgénicos no tienen nada que ver con la producción de alimentos como la papa o el tomate, tal y como se ha sugerido recientemente. Los transgénicos que se comercializan en la actualidad son la soya, el maíz, algodón y canola; siendo productos para insumos de alimentos procesados, alimentación animal o combustibles. Sin embargo el problema es aún más complejo. El uso continuo del mismo herbicida provoca el surgimiento de malezas tolerantes al herbicida, situación que demanda nuevos herbicidas. De esta manera, se requiere de más y más inversión, lo que genera un negocio redondo para las empresas productoras de estos herbicidas. Hasta el momento ya se han reportado 21 malezas diferentes resistentes al herbicida.

El problema es tan grave, que la transnacional Monsanto -empresa líder del mercado internacional- ha comenzado a pagar a los agricultores de algodón en Estados Unidos, 12 dólares por hectárea con el fin cubrir el costo de otros herbicidas que han de utilizarse junto con el producto Roundup -marca de su propiedad- “para aumentar su eficacia”. Esto confirma la tesis de que la biotecnología no reduce el uso de químicos en el largo plazo. Es un hecho que en las zonas con cultivos transgénicos se ha aumentado el uso de herbicidas. Un caso documentado e incuestionable es el del glifosato, donde de una sola aplicación de 3 litros por hectárea llevada a cabo a fines de la década de 1990, se pasó a mediados de la década del 2000 a más de 3 aplicaciones de más de 12 litros por hectárea. La producción de semillas transgénicas y la producción de glifosato son un monopolio. Entre los ejercicios del 2008 y 2009, Monsanto aumentó en un 16% la tasa sobre el valor de la semilla y 40% el precio del glifosato [1], incrementando considerablemente sus beneficios económicos en perjuicio de los agricultores. Otro de los problemas a destacar es la contaminación de ciertos productos de exportación, cuya calidad debe estar garantizada para los consumidores.

El mercado internacional prefiere productos libres de transgénicos. Los países europeos establecieron una moratoria de facto a los transgénicos desde 1998, como respuesta a una demanda generalizada por parte de los consumidores. Recientemente, el gobierno francés, frente a los resultados científicos derivados de experimentos realizados con ratas alimentadas con maíz transgénico, en las que se desarrollaron diversos tumores, decidió abrir un periodo de verificación de los estudios y afirmó que de confirmarse su toxicidad, podría prohibirse cualquier importación y su uso incluso como forraje. Cabe recordar, que cuando discutíamos en la Asamblea Constituyente el tema de los transgénicos, el parlamentario europeo Helmuth Markov -presidente de la Comisión de Comercio Internacional-, nos envió, el 5 de junio del 2008, una misiva en la que se destacaba las oportunidades económicas para el Ecuador al mantener una producción libre de transgénicos. “La prohibición de la importación y uso de transgénicos” ya la incluímos en el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, que lo elaboramos cientos de personas, incluyendo el actual presidente de la República, en el año 2006.

Eso demuestra que desde mucho antes hemos estado conscientes de esta cuestión. Nuestro país tiene inmensas oportunidades para entrar competitivamente en los mercados exigentes, dada la calidad de la que gozan nuestras semillas. Tenemos el mejor cacao, el mejor café, el mejor banano, y diferentes pisos climáticos, lo cual se convierte en indudables ventajas comparativas si sabemos utilizarlo inteligentemente. Contaminar con transgénicos nuestra producción sería un error imperdonable en múltiples sentidos. Por poner un caso a modo de ejemplo, veamos el caso de la miel. La presencia de polen transgénico en la miel chilena limitó las posibilidades de nuestro país hermano para acceder al mercado Europeo. Así lo señala las conclusiones de una investigación realizada por el Centro de Genómica y Bioinformática, y el laboratorio de biotecnología de la Universidad Mayor de Chile. [2] Con sinceridad, cuesta entender que el gobierno nacional esté planteando una medida tan perjudicial para el Ecuador. El presidente de la República solicitaría a la Asamblea Nacional declarar la introducción de transgénicos una demanda de interés nacional. Dicho requerimiento es una demostración de incoherencia, dado que afectará tanto a la soberanía alimentaría, como a la economía nacional, la salud y nuestro ambiente. El presidente de la República pretende justificar dicha decisión sobre la base de un altamente cuestionado criterio científico, olvidando las bases más elementales de la economía y la generación de empleo.

¡¡Todo para la Patria, nada para nosotros!!

Alberto Acosta es Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional

Día Mundial de la Despenalización del Aborto: 28 de setiembre

Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que cada año, unos 20 millones de abortos se practican alrededor del mundo, la mayoría de ellos en condiciones precarias, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Más información: 99% de los casos de mortalidad materna resultan de abortos mal hechos se realizados en los países más pobres, los menos desarrollados. Ante esta realidad, un caso claro de salud pública y de justicia social, es que los movimientos en diversas regiones exigen la despenalización del aborto.

El sitio web ‘Hacelos valer’, parte oficial de la Campaña por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Uruguay, indica que cada 20 minutos se realiza un aborto clandestino en el país. Con base en esta realidad, se hace necesario crear mecanismos de protección que garanticen la vida de las mujeres y la libertad de elegir.

“Para la mayoría de las mujeres de la región, este acto de soberanía sobre la propia vida es hecho en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres, que vulneran la dignidad y la salud”, explica en el texto publicado el día 28 de septiembre: Día Mundial de la Despenalización del Aborto.

En Chile, la realidad no es muy diferente. Debido a una ley que no permite el aborto terapéutico, el número de mujeres que se someten a procedimientos riesgosos es expresivo. Desde 1989 este tipo de aborto [terapéutico] está prohibido en el país y las demandas de los movimientos femeninos organizados a menudo se enfocan en esta prohibición.

Para la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, integrada por diferentes colectivos y organizaciones, la penalización del aborto transgrede los pilares mínimos de justicia social y equidad y los compromisos que el Estado chileno asumió en conferencias mundiales y ante el sistema internacional de derechos humanos, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés).

“Toda mujer enfrenta la decisión de abortar y leyes punitivas no evitan los abortos, más bien fomentan su práctica clandestina y peligrosa. Ponen así en peligro la vida y la salud de las mujeres pobres y de las jóvenes, lo que refuerza las desigualdades de género y clase. Despenalizar el aborto significa respetar los principios de libertad y autonomía y asegurar el derecho de las mujeres a decidir, basándose en sus propias convicciones, deseos, creencias y circunstancias”, expresó la Articulación.

En Argentina, el grupo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) pide que la legislación esté más acorde con la vida cotidiana de miles de mujeres, que tienen el tema del aborto, en pleno debate porque es urgente. El grupo considera que la educación, como requisito imprescindible para que se eviten abortos, pero hasta que eso ocurra no debemos criminalizarlo. “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal no para morir”. Este es el lema de la CDD.

El Foro de Mujeres de Pernambuco, nordeste de Brasil, lanza hoy la “Campaña 30 días de Movilización por la Vida de las Mujeres”. Esta Campaña va a debatir con las mujeres, el modo de proporcionar espacios de reflexión sobre el problema en la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos y contra la visión que criminaliza a las mujeres. Durante el periodo electoral, en los barrios y comunidades en las ciudades, los discursos proferidos por sectores religiosos conservadores amenazan la autonomía de las mujeres.

Perú: CNDDHH rechaza propuesta de indulto a Alberto Fujimori

La Coordinadora Nacional de Derechos Humanos, en representación de 78 organizaciones dedicadas a la defensa de la vida, la democracia y los derechos humanos, rechaza la intención de otorgar un indulto humanitario al condenado por violaciones a los derechos humanos, Alberto Fujimori.

El indulto humanitario se concede a los que padecen enfermedades terminales y no terminales, irreversibles o degenerativas; así como a quienes pese a padecer enfermedades de naturaleza no terminales se encuentran en condiciones carcelarias que pueden colocar en grave riesgo su vida, salud e integridad. El caso de Fujimori no cumple ninguno de estos requisitos.

Alberto Fujimori se encuentra recluido en una prisión unipersonal, en el local de la DINOES, donde goza de un conjunto de situaciones y facilidades como atención de salud permanente, visitas frecuentes de sus familiares y amigos, y donde además desarrolla actividades como pintura y jardinería.

Por el momento no existe ningún estudio médico que demuestre que alguna de las opciones antes señaladas se le pueda aplicar al referido. Solo hemos visto un lamentable montaje mediático y político para colocar en la opinión pública esta posibilidad.

Nos genera gran preocupación las declaraciones del Presidente Ollanta Humala, deslizando la intención de indultar a Fujimori. No habiendo ninguna razón para dar este indulto, se trataría entonces de un deplorable cálculo político o acuerdos por debajo de la mesa, por lo que alertamos a la opinión pública.

Cabe recordar que Fujimori ha sido sentenciado en un proceso limpio, transparente y con todas las garantías que la justicia y la democracia brinda. En ese sentido, un posible indulto reforzaría en todas sus líneas la impunidad en el Perú.

CONSEJO DIRECTIVO NACIONAL DE LA COORDINADORA NACIONAL DE DERECHOS HUMANOS

Rocío Silva Santisteban Manrique (Secretaria Ejecutiva – CNDDHH)
Miguel Jugo Viera (Secretario Ejecutivo Adjunto – CNDDHH)
Mirtha Vásquez – (GRUFIDES),
Francisco Soberón (APRODEH),
Germán Vargas, Milton Campos (Paz y Esperanza),
Víctor Mendoza (CJS-Chimbote),
Miguel Huerta (COMISEDH),
Jacinto Cajo (Vicaría de Jaén),
Jorge Luis Gutiérrez, (Vicariato Apostólico de San José del Amazonas),
Carolina Montes Zegarra (CODEH PUCALLPA),
Víctor Vergara (Codeh Pasco),
Cecilia Serpa (IDL),
Norbel Mondragón, (COSDEJ)
David Velasco (FEDEPAZ),
Ruth Luque (Vicaría de Sicuani),
Adda Chuecas, (CAAAP)

Lima 28 de Setiembre del 2012

Lea la carta en la que Alberto Fujimori agradece pedido de indulto

ÚLTIMO MINUTO: Alberto Fujimori solicitará el indulto humanitario

“Él, por pedido de todos sus hijos, y por el pedido de muchísimas personas, incluso escuchando voces de personas que van más allá del fujimorismo, se ha tomado la decisión que en los próximos días se presentará el pedido de indulto por razones humanitarias para mi padre, Alberto Fujimori”, anunció hoy Keiko Fujimori.

La ex candidata presidencial también expresó su rechazo a las recientes afirmaciones del jefe de Estado, Ollanta Humala, quien dejó entrever que en la negativa de solicitar el indulto, por parte de la familia, podría existir un cálculo político.

No obstante, Keiko Fujimori expresó que tanto la familia como su padre han entendido de lo dicho por Humala, que está a la espera de la presentación de la solicitud.

Sin Gasoducto no hay paraíso

El fin de semana, el Presidente de la República Ollanta Humala señaló que quisiera ser recordado como el presidente que logró sacar adelante el desarrollo petroquímico del Perú. Señaló además que este es un gran proyecto para el país pues el Perú es fundamentalmente minero y el gas permite balancear el tema minero. Desde Otra Mirada saludamos esta intención presidencial. Consideramos fundamental que el desarrollo petroquímico en el Perú sea una realidad ya que no sólo se trata de una deuda histórica con el país, sino que permitirá la industrialización del gas al mercado mundial, como lo hemos analizado en nuestro Suplemento de Setiembre 2012. Sin embargo, debemos alertar al presidente haciendo de aguafiestas y señalándole que el proyecto presentado por el Ejecutivo, en el cual se propone un ducto de etano entre otras cosas, hace imposible que se logre desarrollar el polo petroquímico que necesita el país.

El presidente ha indicado que este ducto complementa el Gasoducto del Sur y que éste será construido de todas maneras. Esto es inexacto. Lo primero que hay que señalar es que no hay suficiente etano para dos petroquímicas, una con el etano-ducto costero sur y la otra con el gasoducto surandino y su petroquímica. Sólo para uno de ambos.  El diseño presentado al entregar el etano del lote 88 y 56 al gasoducto central, le quita rentabilidad a la petroquímica y anula el gasoducto surandino y sus ramales, los cuales se entrelazan con ella. Fragmenta en tres áreas, lo cual restringe la seguridad energética nacional. Esto cancela el diseño integrador asumido por las leyes vigentes. Se beneficia así el consorcio Camisea (monopolio) pues los usuarios del gas quedan cautivos al abastecimiento y precio que imponga el monopolio y, por tanto, son perjudicados.

Pero además, hay que develar el cuento del “etano-ducto costero”, ¿para quién es este etano-ducto si no existe complejo petroquímico? Vale decir, ¿de qué sirve tener el ducto que transportará el etano si no contamos con la petroquímica que lo trabaje, lo separe, etc.? Y si está dedicado a ser exportado y es separado en Pisco, que tiene puerto, ¿Quién lo va a llevar hasta Ilo con un sobrecosto de mil kilómetros de transporte? ¿Qué es lo que transportará este ducto? ¡Vaya misterio sin resolver!   

Recordemos que con el Gasoducto en el Sur, además de rentabilizar con su demanda el gasoducto surandino,  se entraría a un nuevo momento en la industria petroquímica de nuestro país. Esta, la petroquímica, es decisiva para dejar de ser un país exportador de materias primas y pasar a ser uno con desarrollo industrial nacional, teniendo en cuenta, además, que los avances de la industria petroquímica a nivel mundial son muchos y las nuevas técnicas de refinamiento y cracking permiten generar materias primas para diversas industrias derivadas y reemplazar gran parte de las materias primas naturales. 

Por ello, el complejo Petroquímico del Sur, que se localizaría en una zona muy excluida y postergada de nuestro país, constituye no sólo un proyecto industrialista, sino descentralista e inclusivo para el país. Querer variarlo a último momento o beneficiar a un monopolio en lugar de tomar la batuta en esta revolución es además de irresponsable, decepcionante para millones de ciudadanos que creyeron en estas promesas. Un ducto de etano no complementa el gasoducto. El etano-ducto costero propuesto elimina la posibilidad de que sobreviva un proyecto integral y la nueva propuesta cambia la original por una  con enfoque inferior y local que, finalmente, no soluciona nada.

El Presidente debe considerar que sí es posible ser recordado como aquel que desarrolló la petroquímica en el Perú, pero para ello necesita releer sus planes originales asumidos con la ciudadanía, recordar sus propuestas y compromisos con la nación, honrarlos y dejar de variarlos en función de intereses con nombre propio. Así, sí valdría la pena ser recordado.

Reseña de "Destrucción masiva: Geopolítica del hambre" de Jean Ziegler

Jesús Aller

Rebelión

Reseñaba hace poco un libro de Felipe Aranguren (“El negocio del hambre”) que nos acerca a los datos concretos de la catástrofe alimentaria que vive el planeta, analizando sus causas y los intentos de solucionar el desastre que se están desarrollando. Otro libro reciente en la misma línea es “Destrucción masiva: Geopolítica del hambre” del suizo Jean Ziegler. Este profesor emérito de sociología en la Universidad de Ginebra fue además relator especial de la ONU para el Derecho a la Alimentación entre 2000 y 2008, y es en la actualidad miembro del comité consultivo del Consejo de Derechos Humanos de la misma institución. Sus profundos conocimientos acerca de los entresijos de la depredación económica que sufre una gran parte de la población mundial han quedado plasmados en libros imprescindibles como “Saqueo en África” (Siglo XXI, 1979), “Los señores del crimen” (Planeta, 1998), “Los nuevos amos del mundo y aquellos que se les resisten” (Destino, 2003), “El imperio de la vergüenza” (Taurus, 2006) o “El odio a Occidente” (Península, 2010), por citar sólo algunos.

En “Destrucción masiva”, Jean Ziegler nos acerca al horror con una estructura enormemente lógica, que se enriquece además con retratos de los protagonistas de estas luchas, a muchos de los cuales conoce personalmente, y con experiencias propias. La primera parte del libro la dedica, así, a mostrarnos a la magnitud del desastre. Es la geografía del hambre con sus diversos escenarios: pobres rurales explotados hasta la miseria o dueños de pequeñas fincas improductivas; pobres urbanos cuyas vidas dependen trágicamente de las fluctuaciones de los precios de los alimentos esenciales con los que los criminales especulan; y junto a esta hambre estructural, el hambre coyuntural asociada a eventos catastróficos. El resultado no es sólo la muerte por inanición, Ziegler nos describe también las enfermedades ligadas a la desnutrición crónica y sus efectos espantosos. Y lo más terrible es que todo esto ocurre en países que fácilmente podrían ser ricos, como es el caso de Níger, segundo productor de Uranio del mundo, con una economía destruida por las políticas de ajuste del FMI. La multiplicación de ejemplos resulta imprescindible para saber en qué mundo vivimos, para conocer todos los rostros de este infierno creado por el hombre.

Y tras esta acumulación de datos, la segunda parte del libro nos describe el despertar de la conciencia del desastre que se produjo tras la II Guerra Mundial. En este proceso, tuvieron un papel destacado investigadores y activistas como Josué de Castro, el médico brasileño cuya “Geopolítica del hambre” (1952) fue un aldabonazo que sacudió conciencias en todo el mundo. Ziegler repasa su biografía, tan ligada a la trágica historia de su país en el siglo XX, y describe los años de esperanza en que surgieron instituciones como la FAO en 1945 o el PMA (Plan Mundial de Alimentos) en 1963. En 1948, la ONU aprueba la Declaración Universal de los DerechosHumanos que establece la alimentación como un derecho básico.

Sin embargo, estos esfuerzos se encontraron con enemigos poderosos que son desenmascarados en la tercera parte del libro. Se trata de organizaciones mercenarias de los Estados Unidos, como la OMC, el FMI y el Banco Mundial, que defienden a sangre y fuego los intereses de unas pocas empresas multinacionales. Resulta fácil entender que cuando el derecho a la especulación y el lucro se impone sobre el derecho a la alimentación, la tragedia es inevitable. Un estudio de Oxfam demuestra que en todos los lugares en que el FMI aplicó a lo largo del decenio 1990-2000 sus planes de ajuste estructural, millones de nuevos seres humanos fueron empujados al abismo del hambre. Los ejemplos se multiplican y son necesarios para comprender a fondo cómo asesinan estos criminales de cuello blanco y vestidos elegantes: India, Níger, Haití, Zambia, Ghana… Vemos también sin embargo el caso de Sudáfrica, donde con una legislación que garantizaba el derecho a la alimentación y un poder judicial independiente pudieron conseguirse importantes victorias.

La cuarta parte del libro nos describe la ruina actual de las dos instituciones que deberían velar por que el derecho a la alimentación pudiera materializarse. En 2009 el insuficiente presupuesto del PMA se vio reducido a la mitad cuando los estados europeos eligieron dar ese dinero a sus bancos. Esto obligó a suspender el plan de comidas escolares y empujó a la muerte por hambre a muchos millones de personas en el Cuerno de África o Bangla Desh entre otros sitios. Esclavitud y hambre en este pauperizado territorio son el precio de nuestra ropa de marca barata y el éxito de los multimillonarios del textil. Los esfuerzos de la FAO por promover en la ONU políticas de control de la especulación con alimentos son frenadas continuamente por los Estados Unidos y sus aliados a las órdenes de las multinacionales. Comprendemos gracias a la información que se presenta aquí cómo existen ciertamente instituciones que tratan de avanzar en la dirección correcta y de qué modo estos empeños son saboteados.

El papel de los biocombustibles es analizado en la quinta parte del libro. Es ésta una política enloquecida, pues pensemos que para fabricar un litro de bioetanol destinado a ser quemado hay que destruir más de siete kilos de maíz, pero hay que decir también que la extensión de este tipo de cultivos se produce eliminando otros tradicionales y acaparando un agua escasa en muchas regiones. No faltan ejemplos por todo el mundo: Camerún, República Democrática del Congo, Sierra Leona y un largo etcétera. Es una triste experiencia, además, que el acaparamiento de estas tierras va acompañado de violencias. En Colombia, entre 2002 y 2007, 13634 personas, entre ellas muchas mujeres y niños, fueron asesinados a consecuencia fundamentalmente de los ataques de los paramilitares. Son bien conocidas las conexiones de estos criminales con el expresidentes Álvaro Uribe.

La sexta parte del libro se dedica a describir el funcionamiento de los fondos de inversión que especulan con alimentos. El aumento de los precios de estos en 2008 fue en un principio resultado de causas climáticas y el auge de los biocombustibles sobre todo, pero esto sirvió de carnaza a los especuladores que aprovecharon la ocasión y exacerbaron esta subida. La crisis provocó además que países con gran densidad de población se plantearan el acaparamiento de tierras en distintos lugares del mundo para producir alimentos allí. El escenario creado nos muestra a millones de agricultores expulsados de sus tierras y condenados al hambre, así como la extensión en muchas regiones de monocultivos que emplean mano de obra próxima a la esclavitud. Aquí también se multiplican los ejemplos a la vez que se presentan casos de resistencia.

Concluye el libro con una sección titulada “La esperanza” en la que se desgranan argumentos para la planificación de la lucha que ha de permitir superar estas desgracias. Es esencial aquí la toma de conciencia acerca de la magnitud del desastre por parte de sectores cada vez más amplios, y la toma de conciencia también de que esta es una catástrofe contra el que existen y se están desarrollando en este momento estrategias correctas de lucha. Nada más necesario que conocer estas para poder sumarse a ellas y potenciarlas, porque es una verdad incontestable que el espanto que se denuncia en el libro puede tener solución. Como Mahatma Gandhi dijo: “El mundo tiene suficiente para satisfacer las necesidades de todos, pero no la codicia de todos.”

En Kañaris decidirán permanencia de proyecto Cañariaco en consulta comunal

Los pobladores de la comunidad campesina San Juan de Cañaris, provincia de Ferreñafe, región La Libertad, decidirán la continuidad o no del proyecto minero Cañariaco, a través de una consulta comunal que se desarrollará este domingo 30 de setiembre de 2012.

La comunidad es considerada una de las últimas quechuahablante de la costa, cuyos orígenes ancestrales estarían vinculados a la etnia Kañaris.

Los kañaris realizarán una consulta a través de la asamblea comunal para decidir la ejecución del proyecto de extracción de cobre, oro y plata que desarrollaría la empresa canadiense Candente Copper.

La compañía ya cuenta con los estudios ambientales aprobados, pero aún no cuenta con la autorización de la comunidad como propietaria de las tierras, lo que es requisito obligatorio para realizar dicha actividad.

La población teme que el proyecto provoque la desaparición de bosques de neblina, la contaminación de las cabeceras de cuenca del río Kañaris y la afectación de por lo menos 33 mil hectáreas de agricultura.

El año pasado, con la ley de consulta previa aprobada, la comunidad solicitó al Viceministerio de Interculturalidad que aplique la consulta previa, pero este pedido no fue aceptado porque los estudios ambientales estaban aprobados.

Los comuneros solicitan la presencia de la Defensoría del Pueblo, la Unidad de Prevención de Conflictos de la Presidencia del Consejo de Ministros (PCM) y las autoridades regionales y locales, en un evento trascedental para la comunidad.

Según el sitio web de Candente Copper el proyecto Cañariaco Norte es un yacimiento de cobre a “gran escala”: el depósito contiene un total de 752.4 millones de toneladas de recursos medidos.

Además, el depósito contiene 157,7 millones de toneladas de recursos inferidos que contienen 1,434 mil millones libras de cobre en el yacimiento.

Desde 2004, Candente Copper ha trabajado en más de 240 pozos de perforación.

Datos sobre el distrito de Kañaris

El distrito de Kañaris comprende las comunidades campesinas de Tupac Amaru, San Juan, Tongorrape y José Carlos Mariátegui.

Cuenta con 38 caseríos incluyendo la capital distrital: Illambe, Mollepampa, Atupampa, Mitobamba, Sigues, Quirichina, Shin shin, Alcanfor, Quinua, Tute, Pamaca, Mamagpampa, Taurimarca, Huacapamapa, Pandachí.

Así mismo, Chillasqui, Suchco, Saucepampa, Congona, Casa quemada, Sauce, Huallabamba, Naranjo, Machucará, Espinal, San Cristobal, Pozuzo, Rodeopampa, Palo Blanco, Santa Lucía, La Sucha, Hualte, T. P. Verde, Hierba Buena, Corralpampa y Cangrejera.

La mayoría de pobladores habla el quechua Incahuasi-Cañaris o quechua lambayecano, una variante de quechua hablada en las partes altas del occidente de la provincia de Ferreñafe.

Comunicado público de niño prisionero político mapuche desde Cárcel para menores

Mari Mari Peñi, Mari Mari Lamngen:

Mi nombre es G.V.M, menor de edad, prisionero político mapuche, detenido injustamente en el CIP CRC Chol-Chol, desde el 4 de septiembre de 2012, acusado de dar muerte a un parcelero en el sector de San Ramón, cerca de la comunidad a la que pertenezco (Wente Winkul Mapu). Homicidio que jamás sería capaz de cometer, pues tengo una crianza basada en el respeto a la naturaleza y las personas, a diferencia del Estado Chileno.

Lo que está sucediendo a todos los peñi y lamngen son persecuciones políticas, como resultado de nuestra lucha por nuestros derechos y demandas territoriales pero que el Estado con su sistema de represión responde encarcelándolos, violando los Derechos de la infancia, de mujeres, en general, violando los Derechos Humanos a través de maltratos físicos y psicológicos y sus innumerables montajes absurdos que lo único que logran es alejarnos de nuestras familias y de nuestro territorio. Territorio que ancestralmente a sido nuestro, el que nos ha permitido vivir y fortalecernos como Pueblo. No pedimos nada que no nos pertenezca por derecho, por historia.

La situación que estoy pasando no es nueva, desde el año 2009 han estado encarcelando a niños mapuche, no siendo suficiente, después de maltratos que en muchos niños han dejado secuelas de por vida. Como en el caso de mi peñi Leonardo Quijón, quien siendo absuelto de todos los cargos que se le acusaban, fue encarcelado por casi un año, sufriendo de vejámenes por parte de Gendarmería de Chile, quiénes no respetaban su condición de salud, con más de 200 perdigones alojados en una de sus piernas, como producto de un ataque de Carabineros de Chile. Después, la encarcelación de niños mapuche siguió con Cristián Cayupan y Luis Marileo, a quienes después de varios meses privados de libertad se les absolvió de toda culpa y en otros casos aún no encuentran pruebas que los condenen. Lo que deja en evidencia el gran montaje del Estado, que sigue persiguiendo y hostigando, ya que hoy dos de los peñis que pasaron por este Centro, están presos en la cárcel de Temuco, acusados por lo mismo que yo.

¡¡¡¡Basta de militarizar nuestro Territorio y violentar a nuestras familias. Fuerza para los peñi en huelga de hambre en Angol. A resistir y seguir luchando!!!!!!,

G.V.M.

Marrichiweu!!!!

Mundo: Julian Assange y su discurso completo ante la Asamblea General de la ONU

El fundador de WikiLeaks, Julian Assange, apareció hoy entre los relatores en la Asamblea General de la ONU. Habló de los derechos humanos, de la política de EE.UU., de la tragedia personal de Bradley Manning y de los cambios en el mundo.

Buenos días, señores delegados, señoras y señores,Hoy hablo con ustedes como un hombre libre porque a pesar de que estoy detenido desde hace 659 días sin cargos, soy libre en el sentido básico y más importante, soy libre para decir lo que pienso.

Esta libertad existe porque la nación de Ecuador me ha concedido el asilo diplomático. Y otras naciones tuvieron la voluntad de apoyar esta decisión. Es por el artículo 19 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos de la ONU, gracias a la cual WikiLeaks fue capaz de recibir y difundir informaciones e ideas de toda índole, sin consideración de fronteras. Y es por el artículo 40.1 de la Declaración Universal de los Derechos Humanos, que estipula el derecho de buscar asilo de la persecución y la 1951 Convención sobre el Estatuto de los Refugiados y otras convenciones producidas por Naciones Unidas, con las cuales puedo ser protegido igual que otros, de la persecución política.

Gracias a las Naciones Unidas puedo realizar en este caso, mi derecho inalienable a buscar protección de las acciones opresoras que algunos gobiernos emprenden en mi contra, contra los empleados y los seguidores de mi organización. Es gracias a la prohibición absoluta de la tortura, estipulada por la norma ordinaria internacional y la Convención de la ONU contra la Tortura, que seguimos firmemente denunciando las torturas y crímenes de guerra, sin importarnos quiénes son los perpetradores. Quisiera agradecer la cortesía del Gobierno de Ecuador, de facilitarme la posibilidad de hablar otra vez ante la ONU en unas circunstancias muy diferentes a las que tuve durante el "Universal Periodic Review” en Ginebra en 2010.

Hace casi 2 años hablé ante la ONU sobre nuestro trabajo de descubrir las torturas y los asesinatos de casi 100.000 ciudadanos en Irak. Pero hoy les quiero contar una historia estadounidense. Les quiero contar una historia sobre un joven soldado estadounidense en Irak. El soldado nació en Oklahoma, de madre galesa y padre de la Armada de EE.UU. Sus padres se enamoraron. Su padre fue enviado a una base militar estadounidense en Gales. Desde la niñez, el soldado parecía que iba a tener un futuro muy prometedor, ganó varios premios principales en las ferias de ciencias locales, durante tres años seguidos. Creía en la verdad y le gustábamos todos nosotros. Él odiaba la hipocresía.

Él creía en la libertad y en el derecho para todos nosotros de buscar felicidad. Él creía en los valores que fundaron el país independiente de Estados Unidos.

Él creía en Madison, en Jefferson, creía en Paine. Igual que muchos adolescentes era inseguro en qué hacer con su vida pero sabía que quería defender a su país y sabía que quería conocer el mundo. Ingresó en el Ejército de EE.UU. y como su padre se hizo un analista de inteligencia.

A finales de 2009 cuando tenía 21 años fue enviado a Irak. Allí supuestamente fue donde vio que el Ejército estadounidense no sigue la ley de manera estricta, de hecho está involucrado en homicidios y apoya la corrupción política. Se supone que esto fue en Bagdad en 2010 cuando envió a WikiLeaks, me entregó a mí y de hecho al mundo, los detalles que mostraban torturas de iraquíes, los asesinatos de periodistas y las cintas con la información sobre más de 120.000 homicidios de civiles en Irak y en Afganistán. Está acusado de haber entregado a WikiLeaks 251.000 cables diplomáticos de EE.UU., con ayuda de los cuales luego se encendió la Primavera Árabe. El nombre de este joven soldado es Bradley Manning.

Presuntamente fue arrestado en Bagdad tras ser traicionado por un informante, primero fue encarcelado en Kuwait y luego llevado a Virginia, donde fue recluido durante 9 meses en régimen de aislamiento y fue donde sufrió severos abusos. Abusos que el relator Especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Juan Méndez, investigó y denunció ante EE.UU. Un portavoz de Hillary Clinton rechazó estas acusaciones.

Bradley Manning, el que fuera estrella de las ferias de ciencias, soldado y patriota… fue degradado, maltratado y torturado psicológicamente por su propio Gobierno. Fue acusado de delitos penales. Todo esto le sucedió porque el Gobierno de EE.UU. intentó romper su voluntad y forzarle a testificar contra WikiLeaks y contra mí.

Hasta el día de hoy, Bradley Manning lleva detenido sin juicio 856 días. El máximo legal para el Ejército de los Estados Unidos es de 120 días.

La Administración de los Estados Unidos está tratando de erigir un régimen nacional de secretos, un régimen de ofuscación. Un régimen donde cualquier empleado público que revele información delicada a una organización de la prensa puede ser sentenciado a muerte, a cadena perpetua por espionaje, y a la organización mediática junto al informante.

No debemos subestimar la investigación a la cual ha sido sujeta WikiLeaks por el FBI. Lo único que desearía decir es que Bradley Manning ha sido la única víctima de toda esta situación, pero el asalto a WikiLeaks en relación a ese asunto y a otros ha producido una investigación a la que un diplomático australiano se ha referido como "sin precedentes" en su naturaleza. Eso es lo que el Gobierno de EE.UU. llamó "toda la investigación gubernamental". Las agencias de inteligencia identificadas que se han visto involucradas en esta investigación incluyen la Agencia de Inteligencia de la Defensa, la división de investigación contra el crimen del Ejército de los EE.UU., las fuerzas aliadas en Irak, la primera división del Ejército, la unidad de investigación del Ejército de crímenes cibernéticos, la CCIU, el segundo cibercomando del Ejército.

En el marco de estas tres investigaciones que se llevan a cabo, hay una del departamento de Justicia que es la más significante, y la del jurado de EUU en Alexandria, Virginia. La oficina Federal de Investigación (FBI), según el testimonio en la Corte, elaboró un archivo de 42.135 páginas sobre WikiLeaks. De las que casi ocho mil, están dedicadas a Bradley Manning. El departamento de Estado y los servicios de seguridad diplomáticos realizan sus indagaciones. Adicionalmente fuimos investigados por la Oficina del director general del Servicio de Inteligencia Nacional, la Oficina del ejecutivo del servicio de contraespionaje, la CIA, el comité de supervisión doméstica, además de la plantilla del Servicio de Seguridad Nacional, el comité interdepartamental de inteligencia y por La Junta Asesora de Inteligencia exterior del Presidente.

El portavoz del departamento de Justicia, Dean Boyd, confirmó en julio del 2012 que la investigación de su oficina contra WikiLeaks continúa. Ayer Barack Obama pronunció muchas palabras buenas. Pero es precisamente su Administración la que publica en su sitio dedicado a la campaña electoral, más espacio sobre la criminalización de la libertad de expresión que todos los presidentes anteriores.

Yo recuerdo la frase sobre la audacia de la esperanza. ¿Quién puede decir que el presidente de EEUU no es audaz? No fue un paso audaz por parte del Gobierno norteamericano, atribuirse el progreso de los últimos dos años. ¿Fue audaz por su parte declarar el martes que EEUU respaldó a las fuerzas de cambio, durante la Primavera Árabe? La historia de Túnez no comenzó en diciembre del 2010, y Mohamed Bouazizi no se incendió para que Barack Obama tuviera posibilidad de ser reelegido. Su muerte fue fruto de la desesperación que soportaba viviendo bajo el régimen de Ben Ali. El mundo conoció tras leer las publicaciones de Wikileaks, que Ben Ali y su Gobierno, disfrutaron durante muchos años de la indiferencia o quizá hasta del respaldo de EEUU que era consciente de sus crímenes y sus desmanes. Así que para los tunecinos sería una sorpresa conocer que EEUU respaldó a las fuerzas de cambio en su país. Y sería una sorpresa para los jóvenes egipcios, que limpiaban de sus ojos el gas lacrimógeno norteamericano, que la

Administración estadounidense apoyaba los procesos de cambio en Egipto.

Debería ser una sorpresa para aquellos que escucharon a Hillary Clinton insistir en que el régimen de Mubarak era "estable", y cuando estaba claro para todos que no era así, que su odiado jefe de inteligencia, Suleiman, de quien nosotros demostramos que EE.UU. sabía que era un verdugo, debería tomar el cargo. Debería ser una sorpresa para todos los egipcios que escucharon al vicepresidente Joseph Biden que declaró que Hosni Mubarak era un demócrata y Julian Assange era un terrorista informático. Es irrespetuoso para los muertos y encarcelados en la revuelta de Bahréin que reivindican a EE.UU. "apoyo a las fuerzas de cambio".

De hecho esto es atrevido. ¿Quién puede decir que no es atrevimiento que el presidente que trata de comparecer como líder mira hacia atrás en este gran cambio, el cambio de la gente, y después lo llama a su manera? Pero podemos animarnos aquí también porque eso significa que la Casa Blanca vio que este progreso es inevitable. En este "tiempo de progresos" el presidente ha visto en qué dirección sopla el viento. Y ahora él debe fingir que es su Administración la que lo hizo estallar. Muy bien, esto es mejor que la alternativa: inclinarse hacia la irrelevancia mientras el mundo sigue adelante. Tenemos que ser claros aquí: EE.UU. no es el enemigo. Su Gobierno no es uniforme. En algunos casos gente buena en Estados unidos apoya las fuerzas de cambio. Y quizá Barack Obama personalmente fue uno de ellos. Pero en otros, y en masa, en etapas tempranas, se opusieron activamente. Este es un problema histórico y no es justo y no es apropiado para el presidente distorsionar esa cuestión para obtener ganancias políticas o por pronunciar buenas palabras.

Y en cuanto a las palabras buenas, son solo las palabras buenas. Nosotros las alabamos y estamos de acuerdo con estas palabras. Estamos de acuerdo con lo que el presidente Obama dijo ayer de que las personas pueden resolver sus divergencias pacíficamente. Estamos de acuerdo con que la diplomacia puede sustituir la guerra y estamos de acuerdo que esto es un mundo independiente. Estamos de acuerdo en que la libertad y la libre determinación de las personas no son valores meramente estadounidenses u occidentales, sino valores universales. Y estamos de acuerdo con el presidente cuando dice que debemos hablar con honestidad si somos serios sobre estos ideales. Pero las palabras buenas languidecen sin acciones proporcionales. El presidente Obama habló con firmeza a favor de la libertad de expresión. "Los que están en el poder", dijo, "tienen que resistir la tentación de reprimir a los disidentes".

Hay tiempo para las palabras y hay tiempo para las acciones. Ya el tiempo de las palabras se ha agotado. Es hora de que EE.UU. cese la persecución de WikiLeaks, cese la persecución de nuestro pueblo y cese la persecución de otras fuentes. Es hora de que el presidente Obama haga lo correcto y se una a los cambios en el mundo no con buenas palabras, sino con buenos hechos.

Gracias.