Datos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) indican que cada año, unos 20 millones de abortos se practican alrededor del mundo, la mayoría de ellos en condiciones precarias, poniendo en riesgo la vida de las mujeres. Más información: 99% de los casos de mortalidad materna resultan de abortos mal hechos se realizados en los países más pobres, los menos desarrollados. Ante esta realidad, un caso claro de salud pública y de justicia social, es que los movimientos en diversas regiones exigen la despenalización del aborto.
El sitio web ‘Hacelos valer’, parte oficial de la Campaña por los Derechos Sexuales y Reproductivos en Uruguay, indica que cada 20 minutos se realiza un aborto clandestino en el país. Con base en esta realidad, se hace necesario crear mecanismos de protección que garanticen la vida de las mujeres y la libertad de elegir.
“Para la mayoría de las mujeres de la región, este acto de soberanía sobre la propia vida es hecho en la clandestinidad, en condiciones inseguras e insalubres, que vulneran la dignidad y la salud”, explica en el texto publicado el día 28 de septiembre: Día Mundial de la Despenalización del Aborto.
En Chile, la realidad no es muy diferente. Debido a una ley que no permite el aborto terapéutico, el número de mujeres que se someten a procedimientos riesgosos es expresivo. Desde 1989 este tipo de aborto [terapéutico] está prohibido en el país y las demandas de los movimientos femeninos organizados a menudo se enfocan en esta prohibición.
Para la Articulación Feminista por la Libertad de Decidir, integrada por diferentes colectivos y organizaciones, la penalización del aborto transgrede los pilares mínimos de justicia social y equidad y los compromisos que el Estado chileno asumió en conferencias mundiales y ante el sistema internacional de derechos humanos, en particular la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (Cedaw por sus siglas en inglés).
“Toda mujer enfrenta la decisión de abortar y leyes punitivas no evitan los abortos, más bien fomentan su práctica clandestina y peligrosa. Ponen así en peligro la vida y la salud de las mujeres pobres y de las jóvenes, lo que refuerza las desigualdades de género y clase. Despenalizar el aborto significa respetar los principios de libertad y autonomía y asegurar el derecho de las mujeres a decidir, basándose en sus propias convicciones, deseos, creencias y circunstancias”, expresó la Articulación.
En Argentina, el grupo Católicas por el Derecho a Decidir (CDD) pide que la legislación esté más acorde con la vida cotidiana de miles de mujeres, que tienen el tema del aborto, en pleno debate porque es urgente. El grupo considera que la educación, como requisito imprescindible para que se eviten abortos, pero hasta que eso ocurra no debemos criminalizarlo. “Educación sexual para decidir. Anticonceptivos para no abortar. Aborto legal no para morir”. Este es el lema de la CDD.
El Foro de Mujeres de Pernambuco, nordeste de Brasil, lanza hoy la “Campaña 30 días de Movilización por la Vida de las Mujeres”. Esta Campaña va a debatir con las mujeres, el modo de proporcionar espacios de reflexión sobre el problema en la perspectiva de los derechos sexuales y reproductivos y contra la visión que criminaliza a las mujeres. Durante el periodo electoral, en los barrios y comunidades en las ciudades, los discursos proferidos por sectores religiosos conservadores amenazan la autonomía de las mujeres.
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