martes, 11 de septiembre de 2012

Perú: El gobierno vuelve a cero en su intento de llevar el gas al sur


Juan Carlos Soto

Hasta el 29 de marzo todo andaba bien. Ese día el presidente Ollanta Humala, enfundado en la indumentaria de un líder machiguenga, en la plaza de Quillabamba, puso “la primera piedra” del Gasoducto Sur Andino (GSA). Después del discurso, el mandatario bajó del estrado y colocó un tubo en la plaza principal de la capital de La Convención, provincia cusqueña, cuyo suelo provee del recurso a la naciente industria gasífera. Era un gesto simbólico que ponía en marcha una obra ofrecida en la campaña electoral y fundamental para el desarrollo del sur peruano. El GSA tiene previsto transportar gas seco y líquidos de Camisea a 16 ciudades.

Kuntur obtuvo la concesión en el 2008 para ejecutar el trazo y lo ha presentado como un proyecto integral. Masificará el uso del combustible barato en viviendas domésticas, vehículos, industria, generación eléctrica y un polo petroquímico en la costa sur. Los tres últimos rubros dan rentabilidad al GSA tasado en US$ 5.616 millones.  Cuatro meses después hubo un cambio de planes. El gasoducto sureño pasó a segundo plano. En el mensaje de Fiestas Patrias, el presidente anunció la construcción de otros ductos invocando la seguridad energética del país. Uno de Pisco (Ica) a la costa sur para trasladar etano. Otro de Camisea a Quillabamba que operaría como repuesto al gasoducto  de Lima y del que depende el 40% de la energía del país. El Ejecutivo oficializó estas intenciones días después con el proyecto de ley 1396 pero con un añadido: consignó un ramal a Cusco y Puno.

Para el Ejecutivo esas iniciativas son complementarias al GSA, un proyecto privado que a pesar de los polémicos antecedentes de Odebrecht, el principal accionista de Kuntur, tenía la bendición del sur. Consenso difícil de conseguir en regiones de naturaleza pleitista y enfrentadas entre sí por líos de agua, límites, etc.

CRÉDITO PUENTE TRUNCO

El GSA nace en el 2008. Ese año, Kuntur obtiene la buena pro. Este gobierno quiso apretar el acelerador para concretarlo. Por ello, en diciembre pasado, pidió al Congreso la autorización de un crédito puente para el primer tramo. El préstamo al inversionista para tender las tuberías de Camisea a Quillabamba se estimó en US$ 1.200 millones. Kuntur devolvería el aporte una vez obtenido el préstamo bancario. La aprobación de este estaba sujeto a recertificación de reservas, es decir, la cantidad de gas para sostener el proyecto en el tiempo.

El objetivo del crédito puente era ganar tiempo. Bancarizar el GSA demanda mínimo dos años en trámites.

Dos días antes del mensaje presidencial, Kuntur recibió una carta del Estado en la que anunciaba su retiro de la negociación. Según el ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, Kuntur no definía números. El costo de la obra podía aumentar entre 50% más y 30% menos. El sinceramiento recién se conocería en abril del 2013. Fuentes del Ejecutivo afirman que debió idearse una salida ingeniosa al entrampamiento y apostar por un proyecto con estudios terminados. Con las nuevas iniciativas se empieza de cero. Ricardo Campis, uno de los funcionarios de Kuntur, dijo que la empresa tiene interés en continuar con o sin el Ejecutivo. Llevan invertidos US$ 100 millones en estudios de ingeniería, de impacto ambiental ya aprobado, etc. Esperan del Ejecutivo la firma de una adenda autorizando el poliducto de líquidos no incluido en el primer contrato y la recertificación de reservas para buscar financiamiento.

NO SOLO DE ETANO SE VIVE

Los nuevos proyectos anunciados por el Ejecutivo son complementarios al GSA. El gobierno sostiene este argumento ante las críticas. Sin embargo, le quitan rentabilidad y lo descuartizan. Esa percepción la suscriben el congresista Javier Diez Canseco, el ex funcionario del régimen Manuel Dammert, congresistas y varios especialistas entrevistados por este medio.

El anunciado ducto costero que traerá etano de Pisco a los puertos del sur tiene varios cuestionamientos. El gas seco que llega a Lima es una composición de 90% de metano y 10% de etano. Todo se quema en la generación de energía eléctrica. En otros países, el etano alimenta la petroquímica de plásticos. Se planea construir una planta separadora en Pisco. Así se recuperarían 100 millones de pies cúbicos diarios del hidrocarburo. Para Merino seguirlo quemando y no industrializarlo representa una pérdida al país de US$ 220 millones al año. 

Dammert afirma que con etano solo se pensaría en gas para petroquímica. No habría masificación en Arequipa, Moquegua y Tacna, regiones excluidas en el otro ducto ofrecido por el gobierno y que solo abarca a Cusco y Puno. Diez Canseco argumenta que la materia prima extraída en Pisco será cara por el sobrecosto del transporte. ¿Tiene sentido trasladarla 800 kilómetros a los puertos sureños de Ilo o Matarani si la petroquímica puede quedarse en Pisco? En una entrevista a Canal N, el ministro dio algunas cifras.

Trasportar una tonelada de etano de Pisco a Ilo cuesta US$ 83. Justifica la planta petroquímica en el sur porque descentralizará el desarrollo industrial hoy centrado en Lima. Sin embargo, al inversionista le interesa la rentabilidad del negocio. Ahí viene el otro problema. Se ha embarcado a Petroperú para que aporte US$ 400 millones en esta aventura. También se propone en el proyecto el mecanismo de red de ingresos garantizados. Si el operador del etanoducto obtiene pérdidas el Estado las asume, es decir, todos los peruanos. Merino dice que es legal aplicarlo. El segundo vicepresidente del Congreso, Juan Carlos Eguren, cuestiona que si el gobierno otorga el beneficio a los futuros operadores, por qué no lo hace también con el gasoducto andino. Hay para todos o no hay para nadie, precisa. El congresista Vicente Zevallos lamenta que se arriesgue dinero público en proyectos cuya rentabilidad no está sustentada en ningún estudio. Además hay la certeza de que el etanoducto representa una amenaza económica para el GSA. Esa tesis se ampara en un pronunciamiento del Ministerio de Energía y Minas que declaró en el 2008 inviable una iniciativa de Suez Energy de llevar gas al sur por la costa.

Adujo que perjudicaba al ducto andino en ese entonces en proceso de gestación. Qué ha cambiado para que ahora el panorama sea diferente. Ricardo Campins dijo que, con el proyecto de Kuntur, ellos se veían como únicos transportadores de etano. Según Merino, con la petroquímica del etano producirá un millón de toneladas de plástico, de esa cantidad el país consume la tercera parte y lo demás es exportación. Kuntur podría abastecer a otra planta que fabrique para afuera. Para Eguren la cosa no es tan sencilla. ¿Vamos a tener dos plantas separadoras de etano, una en el sur y otra en Pisco, y dos petroquímicas? La idea era que la industria petroquímica duplique esfuerzos y sea competitiva.

EL RAMAL A CUSCO

Sobre el ducto de seguridad de Malvinas a Quillabamba no hay muchas objeciones. Aunque su trazo se sobrepone al gasoducto andino, es decir, este pudo funcionar de auxilio o de redundante. En el proyecto del Ejecutivo se plantea otro ramal Quillabamba-Cusco-Puno. Se trata de una tubería de ocho pulgadas con gas solo para consumo doméstico, vehicular. Se excluyen los líquidos.  También está protegido por red de ingresos garantizados.

El ingeniero Carlos Gordillo afirma que un trazo de esas características no tiene las evidencias de que sea rentable. No se podría generar ni electricidad. Las centrales funcionan muy mal en áreas por encima de los 2.400 metros de altura. ¿Y cómo se compensa a Arequipa, Moquegua y Tacna? Con el gas virtual, trasladarlo desde Melchorita comprimido en camiones. Según Gordillo, este mecanismo resulta insuficiente y caro.

Habrá abastecimiento para consumo doméstico y vehicular.

Lo energético y el consumo industrial a gran escala quedarán postergados. Mientras en Lima un empresario paga entre $ 2,5 y $ 3,5 por millón de BTU, el gas traído en camiones le costaría a uno del sur entre $ 9 y $ 12 por millón de BTU. Estas cifras confirman la ventaja competitiva de hacer empresa en la capital.

¿Qué hay detrás del cambio de planes del gobierno? Las tesis son variadas. Los congresistas entrevistados coinciden en que empieza a pesar el componente político. Humala quiere pasar a la historia de que él trajo el gas al sur a cualquier costo. Sin embargo, no será tan fácil. Los nuevos proyectos también demandan tiempo. Hacer los estudios por lo menos consumirán de dos a tres años. Entre la investigación de ingeniería y el estudio de impacto ambiental, Kuntur demoró cuatro años. También se sindica a funcionarios del Estado y grupos de poder que persisten en bloquear la llegada del gas al sur y que siga el predominio del consorcio Camisea que abastece a Lima y a la exportación.

RESERVAS DE GAS GARANTIZADAS

En el papel, el gasoducto sur andino tiene asegurados un trillón de pies cúbicos (1 TCF) del lote 88 asignado en el gobierno de García. Para ser viable necesita de 7 a 12 TCF. El ministro de Energía y Minas, Jorge Merino, aseguró que el abastecimiento está garantizado. Además del lote 88, se surtirá de los lotes 57 y 58 operados por Petrobras, empresa socia de Kuntur, donde se estiman reservas previstas de hasta 10 TCF. El jueves pasado Repsol, el otro operador del 57, confirmó hallazgos de 1 a 2 TCF. Kuntur también es optimista. Ricardo Campis, uno de sus funcionarios, dijo que la tasa de éxito en la exploración es alta. Por eso ellos apuestan por el negocio.

CLAVES

Tubería inflada. En tres años el precio del gasoducto andino se triplicó. De US$ 1.575 millones a US$ 5.616. Kuntur ha explicado que el encarecimiento se debe al incremento del acero en 39% y la variación del ducto.

Nuevas dimensiones. Cuando Kuntur ganó la buena pro, solo pretendía trasladar gas seco. Ahora es una doble cañería, una de gas y otra de líquidos. Aún le falta firmar la adenda con el Estado para transportar líquidos como el propano, butano y otros que, entre otras cosas, permiten fabricar combustibles para consumo doméstico y vehicular.

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