Cuando me comprometí con la soberanía alimentaria y con la prohibición a los transgénicos, lo hice con la responsabilidad de ser economista, no solo de ser conocedor de los temas ambientales. Los transgénicos son una verdadera amenaza no sólo a la salud, el ambiente, y el patrimonio genético de nuestra biodiversidad. Son sobre todo una amenaza económica para los agricultores, erosionando a su vez, las oportunidades del país de entrar con su producción y sus ventajas comparativas a mercados internacionales diversos. Si bien es cierto que en diversos países hay agricultores que están adoptando con entusiasmo las semillas transgénicas, lo hacen porque hay una simplificación del manejo de las malezas y con esto se disminuye el uso de mano de obra. Son los grandes hacendados que buscan como objetivo tener cada vez menos trabajadores. Quiero indicar que en países como Argentina, la motivación para el uso de los transgénicos proviene de la expansión del área dedicada al cultivo de soja con menor dedicación por parte del productor.
Es decir, un ahorro en mano de obra en el manejo de malezas. Tengamos presente, que la mayor parte de cultivos transgénicos han sido manipulados para que los herbicidas no les afecten, lo que facilita las fumigaciones aéreas con sus correspondientes consecuencias. También es importante indicar, que no es verdad que se genere a través de los transgénicos un incremento de la productividad. Es una falacia que los transgénicos ayuden a los pequeños productores, o que con ellos se pueda triplicar o cuadruplicar la producción agrícola. Más bien sucede todo lo contrario. Los transgénicos generan mayor concentración de la tierra, no ayudan a aumentar la producción y restan puestos de empleo en el sector rural. En este sentido, no debemos olvidar que el trabajo no es solo un medio, sino que es un fin en sí mismo. Los transgénicos no tienen nada que ver con la producción de alimentos como la papa o el tomate, tal y como se ha sugerido recientemente. Los transgénicos que se comercializan en la actualidad son la soya, el maíz, algodón y canola; siendo productos para insumos de alimentos procesados, alimentación animal o combustibles. Sin embargo el problema es aún más complejo. El uso continuo del mismo herbicida provoca el surgimiento de malezas tolerantes al herbicida, situación que demanda nuevos herbicidas. De esta manera, se requiere de más y más inversión, lo que genera un negocio redondo para las empresas productoras de estos herbicidas. Hasta el momento ya se han reportado 21 malezas diferentes resistentes al herbicida.
El problema es tan grave, que la transnacional Monsanto -empresa líder del mercado internacional- ha comenzado a pagar a los agricultores de algodón en Estados Unidos, 12 dólares por hectárea con el fin cubrir el costo de otros herbicidas que han de utilizarse junto con el producto Roundup -marca de su propiedad- “para aumentar su eficacia”. Esto confirma la tesis de que la biotecnología no reduce el uso de químicos en el largo plazo. Es un hecho que en las zonas con cultivos transgénicos se ha aumentado el uso de herbicidas. Un caso documentado e incuestionable es el del glifosato, donde de una sola aplicación de 3 litros por hectárea llevada a cabo a fines de la década de 1990, se pasó a mediados de la década del 2000 a más de 3 aplicaciones de más de 12 litros por hectárea. La producción de semillas transgénicas y la producción de glifosato son un monopolio. Entre los ejercicios del 2008 y 2009, Monsanto aumentó en un 16% la tasa sobre el valor de la semilla y 40% el precio del glifosato [1], incrementando considerablemente sus beneficios económicos en perjuicio de los agricultores. Otro de los problemas a destacar es la contaminación de ciertos productos de exportación, cuya calidad debe estar garantizada para los consumidores.
El mercado internacional prefiere productos libres de transgénicos. Los países europeos establecieron una moratoria de facto a los transgénicos desde 1998, como respuesta a una demanda generalizada por parte de los consumidores. Recientemente, el gobierno francés, frente a los resultados científicos derivados de experimentos realizados con ratas alimentadas con maíz transgénico, en las que se desarrollaron diversos tumores, decidió abrir un periodo de verificación de los estudios y afirmó que de confirmarse su toxicidad, podría prohibirse cualquier importación y su uso incluso como forraje. Cabe recordar, que cuando discutíamos en la Asamblea Constituyente el tema de los transgénicos, el parlamentario europeo Helmuth Markov -presidente de la Comisión de Comercio Internacional-, nos envió, el 5 de junio del 2008, una misiva en la que se destacaba las oportunidades económicas para el Ecuador al mantener una producción libre de transgénicos. “La prohibición de la importación y uso de transgénicos” ya la incluímos en el Plan de Gobierno del Movimiento País 2007-2011, que lo elaboramos cientos de personas, incluyendo el actual presidente de la República, en el año 2006.
Eso demuestra que desde mucho antes hemos estado conscientes de esta cuestión. Nuestro país tiene inmensas oportunidades para entrar competitivamente en los mercados exigentes, dada la calidad de la que gozan nuestras semillas. Tenemos el mejor cacao, el mejor café, el mejor banano, y diferentes pisos climáticos, lo cual se convierte en indudables ventajas comparativas si sabemos utilizarlo inteligentemente. Contaminar con transgénicos nuestra producción sería un error imperdonable en múltiples sentidos. Por poner un caso a modo de ejemplo, veamos el caso de la miel. La presencia de polen transgénico en la miel chilena limitó las posibilidades de nuestro país hermano para acceder al mercado Europeo. Así lo señala las conclusiones de una investigación realizada por el Centro de Genómica y Bioinformática, y el laboratorio de biotecnología de la Universidad Mayor de Chile. [2] Con sinceridad, cuesta entender que el gobierno nacional esté planteando una medida tan perjudicial para el Ecuador. El presidente de la República solicitaría a la Asamblea Nacional declarar la introducción de transgénicos una demanda de interés nacional. Dicho requerimiento es una demostración de incoherencia, dado que afectará tanto a la soberanía alimentaría, como a la economía nacional, la salud y nuestro ambiente. El presidente de la República pretende justificar dicha decisión sobre la base de un altamente cuestionado criterio científico, olvidando las bases más elementales de la economía y la generación de empleo.
¡¡Todo para la Patria, nada para nosotros!!
Alberto Acosta es Candidato presidencial de la Unidad Plurinacional
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