No era una prestigiosa abogada ni practicaba el activismo ambiental. Tampoco cuenta con una titulación secundaria superior ni alberga conocimientos sobre química o ciencias biológicas. Sofía Gatica es, sencillamente, una madre argentina que cuando perdió a su hija al poco de nacer por una repentina parada de riñón decidió averiguar por qué. Desde aquel momento, hace casi 13 años, emprendió una lucha por acabar con las fumigaciones sobre los campos de plantaciones de soja que rodean Ituzaingó, un barrio en la provincia de Córdoba (Argentina) con cientos de casos parecidos al suyo.
Sus reivindicaciones le han hecho valedora del premio Goldman 2012, considerado como el Nobel de Medio Ambiente. Fundó, junto con otras vecinas afectadas, el grupo 'Madres de Ituzaingó' y recorrió el municipio puerta por puerta para documentar y demostrar los efectos nocivos para la salud del glifosato, el herbicida más vendido del mundo, comercializado por la multinacional Monsanto. Los resultados desprendieron datos alarmantes: niños con malformaciones, problemas respiratorios y de riñón, lupus, púrpura, leucemia y un altísimo porcentaje de afectados por cáncer (alrededor de 300 en una población de tan sólo 6.000 habitantes).
"El problema es el enorme negocio que hay detrás", asegura a Público Gatica, de gira estos días por Europa para contar su experiencia y reunirse con otros colectivos ambientalistas en la Good Food March (marcha por los buenos alimentos) que culminó este miércoles en Bruselas en protesta por la repercusión de las políticas agrarias en la sociedad y la inminente reforma de la PAC.
En efecto, el cultivo de esta leguminosa se mueve en un círculo cerrado. Cerca del 80% de los terrenos agrícolas en Argentina están dedicados al cultivo de soja transgénica, esto es, soja cuyas semillas han sido modificadas genéticamente para hacerlas resistentes al glifosato o Roundup, como se vende en el mercado. Tanto las semillas como el agroquímico que debe tratarlas son propiedad de la compañía norteamericana Monsanto.
"A medida que crecieron las plantaciones de soja y por ende las fumigaciones, aumentan las malformaciones en los niños. Además, la cantidad de glifosato necesario para tratar los cultivos va aumentando por la resistencia que desarrollan las plantas", asegura María Godoy, otra de las ‘madres' que acompaña a Gatica en su movilización.
Entre otras cosas, ambas han cruzado a este lado del charco para advertir de los "riesgos" que entrañan los transgénicos, una cuestión con fuertes posiciones contradictorias dentro del mismo seno comunitario. Mientras que el rechazo al cultivo de estos alimentos ha ido creciendo en buena parte de Europa, España no sólo ha aumentado el número de hectáreas dedicadas a los organismos genéticamente modificados (OGM), sino que acapara la gran mayoría de esta agricultura. Según datos del Ministerio de Agricultura, Alimentación y Medio Ambiente, de las 114.624 hectáreas que hay en Europa de cultivos transgénicos, el 85% (97.326 hectáreas) son españolas. En todas se cultiva la variedad de maíz MON810, también de la empresa Monsanto y también cuestionado por diversos estudios independientes, entre ellos el patrocinado por el Ministerio de Medio Ambiente y Salud de Austria, que evidenció problemas significativos en el descenso de la fertilidad en ratones alimentados con esta variedad de grano.
En todo caso, y aunque las superficie de cultivos biotecnológicos en Europa supone sólo el 0,1% del total de terrenos agrícolas, la importación de este tipo de productos, sobre todo la soja transgénica, dedicada en su mayor parte a la elaboración de piensos para la ganadería, se mide en millones de toneladas. "La Unión Europea está importando toneladas y toneladas de soja transgénica envenenada de Argentina para consumo animal. Y estos animales son consumidos por todos los habitantes de Europa y a la larga van a tener las mismas consecuencias que estamos teniendo nosotros", denuncia Gatica.
España acapara el 85% de los cultivos transgénicos que hay en la UE
La dependencia europea de los cultivos transgénicos provenientes de terceros países es enorme. Según la Federación Europea de Fabricantes de Alimentos Compuestos (FEFAC), el 68% de la materia prima de proteína que se utiliza en la alimentación animal en la UE se compone de harina de soja. Sólo el 2% es producida dentro de las fronteras comunitarias. El resto se importa, mayoritariamente de Argentina (el 51%).
"Acá y allá, estamos peleando por lo mismo, que no nos impongan qué comer, que los cultivos salgan de los campesinos, de los pequeños productores y no de las multinacionales. Se está haciendo un genocidio encubierto a nivel mundial. Se está matando gente, destruyendo el planeta y nadie dice nada", lamenta.
El glifosato no está prohibido en la Unión Europea, aunque sí se encuentra dentro de la lista de compuestos químicos que serán revisados en 2015. Debido a la controversia que ha generado este producto, Monsanto ha dedicado un espacio en su página web para desmentir la supuesta alta toxicidad del agroquímico. En él asegura que "los herbicidas a base de glifosato se encuentran entre los de menor riesgo respecto de sus efectos para la salud y el ambiente". Por su baja toxicidad, añade, "es un herbicida utilizado con éxito en más de 140 países del mundo desde hace 30-40 años, y su seguridad ha sido ratificada por organismos internacionales como la EPA (Environmental Protection Agency de los Estados Unidos) y por su inclusión en el Anexo I de la Directiva 91/414/CE (Comunidad Europea)".
Pese a los múltiples estudios que se realizaron en Ituzaingó gracias a la presión del colectivo de vecinas, las fumigaciones masivas cercanas a zonas pobladas no están prohibidas en todo el territorio nacional. Un informe de 2009 encargado por la presidenta Cristina Fernández reveló que sólo en este pequeño barrio cordobés el 33% de la población muere de cáncer y que aproximadamente el 80% de los menores tienen entre 6 y 7 tipos de agroquímicos en la sangre. Sin embargo, sólo algunas directivas a nivel local y provincial limitan estas prácticas. Gatica y las demás ‘madres' luchan por que se apruebe una ley con vigencia para todo el Estado, donde se estima que cerca de 12 millones de personas están en riesgo de contaminación.
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