El 72 por ciento de los campesinos mexicanos quebraron después de entrar en vigor el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (TLCAN), según informaron académicos de la Facultad de Economía de la UNAM.
Bajo el título “Resultados de 18 años del TLCAN” el estudio realizado por los académicos que entre 2006 y 2011, las familias que vivían en el medio rural tuvieron una pérdida acumulada del poder adquisitivo del 44 por ciento, más de 29.2 millones de agricultores no contaban con acceso a la canasta básica, y sólo 3.9 millones pudieron consumir algunos productos que la integran.
“En algunos lugares, ocho de cada 10 integrantes de una familia debieron migrar a Estados Unidos“, de acuerdo con el documento elaborado por David Lozano Tovar, Luis Lozano Arredondo, Guadalupe Zavala, Irma Otero Fonseca, Javier Lozano Tovar, Jaime Vázquez y David Moctezuma, integrantes del Centro de Análisis Multidisciplinario (CAM) de la FE.
El TLC tiene efectos definitivos e irreversibles. El flujo constante de migrantes separa familias y quiebra lazos comunitarios, deja grandes zonas despobladas y devastadas ecológicamente, que hoy son sitios difíciles de habitar por las implicaciones a la salud provocadas por desechos tóxicos no regulados.
Los especialistas también evaluaron las remesas: El 81 por ciento que enviaron los migrantes el año pasado fue destinado al gasto en alimentos, renta y salud; siete por ciento, al ahorro; seis por ciento, a gastos escolares; uno por ciento, a negocios, y el cinco por ciento restante, a gastos diversos. Nuestro país sobrevive con los más de 23 mil millones de dólares que mandan los mexicanos que residen en la Unión Americana.
“Quienes trabajan en el vecino país del norte cuentan con pésimas condiciones laborales y sueldos poco competitivos. El ingreso mensual del siete por ciento de los migrantes equivale a mil 600 pesos; 44 por ciento gana entre mil 600 y cuatro mil pesos, y el 24 por ciento, entre cuatro mil y seis mil 400 pesos al mes”.
En 1970 y 1979, la población nacional era 70 por ciento urbana y 30 por ciento rural. En 2010, el 22 por ciento de los mexicanos vivían en comunidades agrícolas, y el 78 por ciento en ciudades, como resultado del constante deterioro de las condiciones de vida en el campo.
El 88 por ciento de los connacionales en el país cuenta con el recurso hídrico, mientras que sólo el 68.7 de las comunidades agrarias pueden disponer del líquido; en el área urbana, el 78.1 de la población tiene acceso a drenaje, mientras que en el medio rural, sólo el 38.2 por ciento cuenta con el servicio.
La cobertura de electrificación es del 95 por ciento, y en el campo, de 68 por ciento. El grado de marginación y el acceso limitado a servicios de agua potable, drenaje y energía eléctrica en el agro es similar al de 1933, se considera en el documento.
En febrero de 2010, más de 32 millones de mexicanos se encontraban en el sector, y de éstos, sólo 8.5 millones estaban ocupados en actividades agrícolas y ganaderas.
Del total, el 34 por ciento no recibían ingreso (10.2 millones); 25 por ciento percibían hasta un salario mínimo (8.7 millones); 27.9 por ciento, de uno hasta dos salarios mínimos (8.4); siete por ciento, de dos hasta cinco (2.1 millones), y sólo 6.1 por ciento de los obreros agrícolas recibía un ingreso superior a cinco minisalarios (1.8 millones de personas).
La deforestación y el mal manejo de los recursos en el campo, señalan los universitarios, agudizan la situación de las familias campesinas, y dejan el escenario para la eventual incorporación a la pobreza de cinco millones de mexicanos en este año.
En la región del Pacífico Sur y la Península de Yucatán, zonas caracterizadas por sus actividades agrícolas y el predominio de la población indígena, al concentrar el 56.2 por ciento del total nacional, se registran los indicadores de bienestar más bajos de México. El 70 por ciento de la población en esas regiones es urbana, aunque concentran el mayor porcentaje de analfabetas del país y el menor número de escuelas a nivel nacional, ejemplifican.
A 20 años de la reforma al artículo 27 constitucional, las comunidades indígenas organizadas bajo la modalidad de tierra colectiva están desmanteladas y la participación del sector primario en el Producto Interno Bruto (PIB) se redujo, lo que se traduce en un cambio paulatino de posesión de la tierra, y en un despoblamiento gradual y constante del campo.
El 51.3 por ciento de los ejidatarios poseen sólo 13 por ciento del total de las tierras nacionales. Para diciembre de 2011, de acuerdo al Centro de Estudios y Publicaciones de la Procuraduría Agraria, el 29 por ciento del total de tierras ejidales y comunales se encontraba en proceso de cambio de dominio para ser propiedad de empresas transnacionales.
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