Afirmamos que el agua no es una mercancía. Numerosos pueblos en la Tierra reconocen su carácter sagrado. Es un bien común de los seres vivos. Afirmamos el derecho al agua y al saneamiento para todos como un derecho humano fundamental. Cada Estado ha de asumir la responsabilidad de garantizar la aplicación de dicho derecho en su territorio con total transparencia, en relación con los territorios transfronterizos.
Afirmamos que la información, la participación efectiva de los pueblos y de los ciudadanos y la consulta pública vinculante en el tema del agua y el saneamiento deben revestir un carácter obligatorio y efectivo, y tienen que estar resguardadas de los intereses financieros y económicos.
Afirmamos el derecho de los pueblos a disponer de tecnologías accesibles, sostenibles, justas y que respeten los conocimientos tradicionales y culturales fundados en las buenas prácticas de protección del agua.
Afirmamos que, en virtud de su papel preponderante en el suministro y la gestión del agua, las mujeres deben estar asociadas a todas las decisiones relativas a la gestión de los recursos hídricos a nivel local, nacional e internacional.
Afirmamos que han de alentarse los equilibrios necesarios para una correcta gestión del agua entre las actividades humanas y el respecto del agua, los ecosistemas y la naturaleza.
Afirmamos la necesidad de promover en nuestras sociedades una transformación social, económica y política, así como una transición energética, de carácter justo.
Afirmamos la necesidad de cambiar nuestra manera de vivir en el planeta.
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