miércoles, 13 de abril de 2011

Agonía y fracaso del Extractivismo

La minería es causa de graves problemas ambientales y de estremecedores conflictos sociales. ¿Porqué los gobiernos del mundo insisten en un modelo de desarrollo en base a las industrias extractivas y a la exportación de materias primas?
Hace unos días, visitó el Perú el experto internacional Eduardo Gudynas, investigador del Centro Latinoamericano de Ecología Social, CLAES, quien cuestiona los poderosos intereses económicos detrás del modelo extractivista. Por ello plantea la necesidad de empezar a pensar y trabajar hacia una TRANSICIÓN, es decir hacia un modelo post-extractivista donde se oriente el desarrollo a una reconversión productiva que atienda las demandas de las mayorías.
En los últimos años, el mundo está viviendo una mayor demanda de minerales y otras materias primas. Por ejemplo en el Perú ha crecido la presencia de las industrias extractivas transnacionales. Además, el ingreso de millones de dólares al país ha convencido a los diferentes gobiernos de turno a apostar por un modelo extractivista.
Sin embargo, el crecimiento de las industrias extractivas no ha mejorado la vida de la gente. A pesar de haber dinero: Hay una pésima redistribución de la riqueza, se han incrementado los conflictos sociales. La contaminación ambiental es innegable, y con tanto dinero en las arcas del Estado se evidencia graves problemas de corrupción de los funcionarios.
Uno de los problemas ocasionados por la proliferación de las industrias extractivas es la contaminación ambiental. En varias regiones del país se han presentado graves problemas de contaminación del aire, agua y suelos, y por consiguiente ha dañado la salud de la población. ¿Qué plantean los partidos políticos: Gana Perú y fuerza 2011, para eliminar o disminuir el grave impacto ambiental que causan las industrias extractivas?
El nuevo gobierno debe atender esta urgente demanda.
Presentamos una entrevista a Eduardo Gudynas realizada por el colega Ricardo Marapi.

martes, 12 de abril de 2011

La victoria del pueblo de Islay y la lucha que continúa

La Resolución Nº 105-2011-MEM-AAM significa una derrota política de este gobierno frente a un pueblo que ha demostrado no doblegarse a pesar de la fuerte represión sufrida. 

El gobierno tomó la decisión de retroceder por la decisión del pueblo de Islay de continuar con su justa lucha, por el desgaste político en el contexto electoral y por dejar de mostrar internacionalmente un rostro autoritario que recurre a la violencia y a la criminalización de la protesta
El gobierno ha tomado la decisión política de retirar el proyecto minero y le ha dado una forma legal al rechazar el EIA del proyecto Tía María. Con la victoria del pueblo de Islay será muy difícil imponer un proyecto minero; sin embargo, la resolución no niega la posibilidad de que la empresa Southern presente otro estudio de impacto ambiental, así como lo podrían hacer otras concesiones en la zona. Por lo tanto, la lucha continúa y debemos estar alertas.
¿Qué Lecciones podemos extraer de la lucha del Pueblo de Islay?
·         Ha triunfado la consulta vinculante, haciendo valer la decisión del pueblo de Islay que se manifestó a través de un referéndum en el 2009.

·         Ha triunfado la opción de desarrollo agropecuario y de vida que la población de Islay ha decidido hace muchos años, desechando el riesgo a un daño irreparable de una actividad como la minería, contaminante y dominante de todos los aspectos de la vida de los poblaciones en las que se asienta.

·         Ha colocado la obligatoriedad de implementar planes de uso u ordenamiento del territorio que sea la materialización de la opción de desarrollo sostenible por la que opten las poblaciones.

·         La unidad y la lucha sostenida del pueblo; la reafirmación en la opción de un desarrollo agropecuario sostenible; y el respaldo regional, nacional e internacional a la justa lucha de Islay, han sido los soportes más importantes del éxito.
Fuente: Bajo la Lupa

Los olvidados heridos de la lucha del Valle de Tambo y su futuro incierto

El drama de los heridos es revelador. Se han entregado noblemente a la justa causa del pueblo del Valle de Tambo y es un deber no dejarlos desamparados, ni mucho menos enterrarlos en el olvido.
Dilvia Gálvez salazar, una de las voceros del Comité de Heridos de la Lucha de la Provincia de Islay, aseguró que la indiferencia de las autoridades es indignante y hace un llamado a  la solidaridad del pueblo arequipeño para que mínimamente visiten a los heridos.
SIN PATRONES, para relatar un poco la historia de cada uno de ellos ha hecho el esfuerzo de conseguir unas imágenes que evidentemente dicen mucho más que las palabras.
FOTOS TOMADAS, EL LUNES 11 DE ABRIL
LUIS A. PINO GUTIÉRREZ (35), EL MÁS DELICADO. DECÍAN QUE TENÍA MUERTE
 CEREBRAL, FELIZMENTE NO ES ASÍ. HOSPITAL HONORIO DELGADO
MARIO PAYE CONDORI (43), LE DISPARARON UNA BOMBA LACRIMÓGENA
 EN LA CARA Y LE OPERARAN EL TABIQUE. HOSPITAL HONORIO DELGADO

SANTOS FLORES CARBAJAL (38) TIENE UNA BALA EN EL GLÚTEO IZQUIERDO,
SE ENCUENTRA EN EL HOSPITAL HONORIO DELGADO

SIMÓN PARQUE RAMOS (46), PRESENTA TRAUMATISMO ENCÉFALO
CRANEANO Y LE OPERARÁN EL TABIQUE. HOSPITAL HONORIO DELGADO

JUAN PEREA QUISPE (19), FUE BALEADO EN LA PIERNA IZQUIERDA, TIENE
ROTURA DE TIBIA Y LE PONDRÁN 8 CLAVOS. HOSPITAL GOYENECHE

LUIS QUISPE CHARA (24), UNA BALA LE ENTRO POR LA
ESPALDA Y SALIÓ POR EL PECHO. TIENE DAÑO EN LOS
PULMONES. HOSPITAL HONORIO DELGADO

BRUNO GUTIERREZ CONDORI (31), PERDIÓ EL OJO
DERECHO, AYER LE DIERON DE ALTA EN EL
HOSPITAL HONORIO DELGADO


lunes, 11 de abril de 2011

Organizaciones internacionales de DD.HH. exigen investigar asesinatos en la provincia de Islay

Las tres organizaciones internacionales más prestigiosas en el mundo en materia de defensa de los derechos Humanos como La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH), Amnistía Internacional y Human Rights Watch, exigen a autoridades peruanas investigar a los responsables de brutal represión policial en contra del pueblo provincia de Islay.

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH)

La Federación Internacional de Derechos Humanos (FIDH) condenó la utilización desproporcionada de la violencia en la represión de las protestas realizadas en contra del proyecto minero conocido como Tía María en la región de Arequipa, en el contexto de las tomas de carreteras llevadas a cabo por grupos de agricultores que se manifiestan en contra de la concesión por el gobierno del subsuelo del territorio cultivado ancestralmente por la población de Islay que ha dejado una secuela de tres muertos y más de 50 heridos.

«Estamos muy preocupados por la ausencia de voluntad del gobierno peruano de dialogar con los manifestantes y aún más por las ejecuciones extrajudiciales de tres personas que muy legítimamente reivindicaban el derecho al medioambiente y a la consulta. No hemos olvidado el nefasto precedente ocurrido en Bagua en el 2009», dijo Souhayr Belhassen, Presidenta de la FIDH. «El gobierno debe entender que no puede implementar su política minera en total irrespeto de los derechos de la población afectada», agregó Souhayr Belhassen.

Amnistía Internacional

Por su parte los representantes de Amnistía Internacional, indicaron que “las autoridades peruanas deben investigar los homicidios y emprender un proceso imparcial de consulta con las comunidades que puedan verse afectadas por el proyecto”, ha declarado Nuria García, investigadora de Amnistía Internacional sobre Perú.

Las protestas y el malestar social entre las comunidades que reclaman su derecho a ser consultadas respecto a los proyectos mineros y petrolíferos son generalizados en Perú, indican.

Human Rights Watch

Perú debería llevar a cabo una investigación oportuna, exhaustiva e imparcial para esclarecer la muerte de tres manifestantes y las lesiones sufridas por al menos otras 31 personas durante enfrentamientos con la policía en la provincia de Islay, señaló Human Rights Watch.

"Los reportes que señalan que policías habrían disparado contra los manifestantes son sumamente preocupantes", afirmó José Miguel Vivanco, director para las Américas de Human Rights Watch. "Quienes hayan hecho un uso excesivo de la fuerza en Islay deben ser llevados ante la justicia", asevero.

Los Principios Básicos de las Naciones Unidas sobre el empleo de la fuerza y de armas de fuego por los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley disponen que estos funcionarios, en el desempeño de sus funciones, utilizarán en la medida de lo posible medios no violentos antes de recurrir al empleo de la fuerza y de armas de fuego. Cuando el empleo de las armas de fuego sea inevitable, los funcionarios encargados de hacer cumplir la ley ejercerán moderación y actuarán en proporción a la gravedad del delito. El cumplimiento del objetivo legítimo requiere reducir al mínimo los daños y las lesiones y proteger la vida humana, explicó Vivanco.



Cruz Roja Internacional llegó para ver condición de heridos en los hospitales arequipeños

La Cruz Roja Internacional, de manera sorpresiva se hizo presente hoy en los hospitales arequipeños, para indagar la condición en la que se encuentran los heridos y causas del por qué se encuentran en esa situación.

El delegado  Iñigo Torres, de nacionalidad española, informó que visitó los hospitales de Mollendo  donde encontró 3 heridos con perdigones. Aseveró, que los casos de mas gravedad se encuentran en Arequipa, específicamente en los hospitales Honorio Delgado Espinoza y Goyeneche.

En dichos nosocomios pudo entrevistarse directamente con las víctimas de la brutal represión policial en Mollendo y también con los familiares, comprobando la precaria situación en la que se encuentran los heridos y la pésima atención que reciben por parte del personal. Además, de los maltratos que padecen los familiares.

El representante de la Cruz Roja Internacional llegó al Perú hace algunos días atrás, hoy partió a Lima y luego al viejo continente donde presentará un informe detallado.


REPRESENTANTE DE LA CRUZ ROJA INTERNACIONAL TOMA APUNTE DEL
 TESTIMONIO DE UNO DE LOS FAMILIARES

DELEGADO IÑIGO TORRES VISITA HOSPITAL GOYENECHE DONDE SE ENCUENTRA
EL HERIDO JUAN PEREA QUISPE

TÍA MARÍA: ¿Quién se debe retirar?


Por Jesús Gómez Urquizo
La declaración pública del Presidente del Gobierno Regional de Arequipa, Dr. Juan Manuel Guillén Benavides, de fecha 07/abril/2011, dice en su PUNTO 4°:

“EL GOBIERNO NACIONAL DEBE CANCELAR DEFINITIVAMENTE EL PROYECTO MINERO TÍA MARÍA Y DISPONER EL RETIRO DE LA EMPRESA SOUTHERN PERÚ DE LA PROVINCIA DE ISLAY”
1.    La Resolución Directoral Nº 105-2011-MEM-AAM, cuyo expediente administrativo iniciado en julio del año 2009, ante la Dirección General de Asuntos Ambientales Mineros es el Nº 1903285,  ha procedido a declarar INADMISIBLE y en consecuencia rechazar el trámite administrativo de la evaluación del Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero Tía María, presentado por la empresa Southern Perú Copper Corporation.

Igualmente  se dispone que la empresa Southern deberá abstenerse de ejecutar cualquier actividad como parte del proyecto. Y, en consecuencia, deberá efectuar el retiro de equipos, maquinarias e insumos del lugar, ello es lógico ya que no hay razón para realizar cualquier tipo actividad, o tener equipos y/o maquinaria, si la evaluación del EIA, ha sido declarado nulo.

2.    Es obvio que el titular minero podría volver a presentar más adelante, una nueva solicitud para la evaluación del estudio de impacto ambiental, o si lo desea, puede transferir sus derechos a otra persona jurídica, siempre que esté interesado.

3.    Southern Perú Copper Corporation tiene una concesión minera otorgada por el Estado Peruano para el proyecto minero Tía María, ellos siguen siendo los legítimos titulares de dicha concesión minera, en consecuencia no se han retirado de la provincia de Islay. De acuerdo a la Ley General de Minería, la concesión solo se pierde por renuncia de titular o por caducidad por no haber pagado el Derecho  de Vigencia, o por no haber logrado poner en explotación la concesión otorgada dentro del plazo de ley.

¿Entonces, quién debe irse? ¿Quién maneja la escopeta de 2 cañones?

CONACAMI saluda solución al conflicto en Islay

La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, expresa su satisfacción por la decisión adoptada por el Gobierno Central al cancelar definitivamente el proyecto minero Tía María, que pretendía desarrollar la empresa Southern Perú en la provincia arequipeña de Islay. 

Debemos tener en cuenta que el Ejecutivo al declarar inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, debido a que algunas observaciones a este documento son insalvable, reafirma la posición de los pobladores del Valle del Tambo, quienes desde el inicio se pronunciaron en contra de la imposición minera en esa parte del país por los efectos negativos que ocasionaría en la agricultura y ganadería, principales fuentes de sustento para los ciudadanos de Islay.
Lamentamos, sin embargo, que se haya tenido que esperar que se registre la muerte de tres de nuestros hermanos de Islay para que cesen las intenciones de imponer la actividad minera en una zona donde la población libre y democráticamente se había pronunciado en contra de la misma.
Estas muertes pudieron haberse evitado si tal y como correspondía el EIA de Tía María hubiese sido rechazado tras conocerse el informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el cual reveló 132 observaciones, muchas de ellas insalvables, al documento en cuestión.
En estos momentos queremos resaltar la decidida acción de nuestros hermanos de Islay en la defensa de su medio ambiente, en la defensa del agua necesaria para el desarrollo de sus actividades y en la defensa de la vida misma.

Lo sucedido en estos días en Mollendo, Matarani, Cocachacra y otras localidades del Valle de Tambo debe dejarnos una serie de enseñanzas, de las que deben principalmente nuestras autoridades para que en el futuro antepongan los intereses y derechos de la ciudadanía y no el interés económico de las grandes empresas mineras.

En diversas localidades de nuestro país aun se encuentran pendientes de atención muchos conflictos generados por la imposición de actividades económicas ajenas a las comunidades dentro de sus territorios. No esperemos que ocurran más situaciones como en Islay o Bagua, aprendamos de nuestros errores y evitemos más hechos sangrientos.
Fuente: Conacami

domingo, 10 de abril de 2011

Tía María... ¿Es qué acaso siempre debe ser así?

Por Marfil Francke

Los integrantes de Bajo La Lupa estamos hoy desgarrados por sentimientos contradictorios: nos invaden, a la par una enorme alegría por el triunfo de los pobladores y pobladoras de Islay y Deán Valdivia, y una tristeza aun mayor por el costo inadmisible de dicho triunfo: 3 muertos y medio centenar de heridos.

Una vez más, el gobierno actual ha demostrado que los intereses de las empresas privadas, de los insaciables mercados internacionales de materias primas, le son más importantes que los deseos y sueños y proyectos de vida pacífica, en armonía con la naturaleza, de sus ciudadanos y ciudadanas. Una vez más, el gobierno aprista ha recurrido a la violencia indiscriminada para tratar de poner fin al legitimo reclamo de pueblos que se ven invadidos en sus territorios ancestrales por empresas privadas codiciosas de extraer a la tierra sus recursos minerales sin importarles el costo y las consecuencias sobre el medio ambiente, sobre los modos de vida de los pobladores, sobre la salud de los niños y niñas que allí viven. Empresas trasnacionales, sin patria y sin más ley que la ganancia, que gastan enormes cantidades en publicidad y programas asistenciales para tratar de convencer a la población de que sus intervenciones no serán dañinas, que ofrecen premios y prebendas para corromper a sus dirigentes, que contratan estudios inescrupulosos y falsean la información, y que desesperadas cuando nada de eso funciona –porque los pobladores no son tontos- exigen a los gobernantes, leyes especiales, "orden y mano dura". Gobernantes que les hacen caso.
Tres muertos, más de cincuenta heridos. Hay quienes piensan que no es tanto. En el Perú es cada vez más aceptada la idea de que si una población tiene un reclamo no bastará que acuda a la Justicia con sus las firmas de la mayoría, que será necesario además marchar por las calles, cerrar el transito, enfrentar disparos y lacrimógenas, y aun así, es alto el riesgo de no ser escuchada. En Bajo La Lupa pensamos que tres muertos son demasiados: sobran tres. Cincuenta heridos son demasiados: sobran cincuenta.
Y nos preguntamos ¿Por qué? ¿Porqué las ganancias de una empresa están por encima de las personas, de sus derechos más elementales, de la vida misma? ¿Porqué los ciudadanos no pueden contar con la ley para hacer valer sus derechos, porqué una y otra vez se ven obligados a usar la fuerza para defenderlos? ¿Porqué un gobierno que se dice democrático se atribuye la potestad de dar la orden de disparar y asesinar a personas que defienden sus derechos? Esta noche tres familias del valle del Tambo (y muchas más ) no celebrarán. No podrán estar alegres porque les han matado a un esposo, a un hijo, a un ser querido. ¿Quién les devolverá a esos peruanos la vida, quién a sus esposas, hijos, amigos, la alegría de su compañía?
Nos preguntamos, también: ¿Es qué acaso siempre debe ser así?

Equipo Editorial
Grupo Bajo La Lupa

Voto por Cocachacra

Por Hugo Blanco

Cocachacra (Islay) acaba de enseñarnos la correcta actitud política que los peruanos debemos adoptar si queremos salvar al país de la depredación de la naturaleza matando la agricultura y sumiendo a nuestro pueblo en la miseria.

Con acciones, no con palabras, ha manifestado: ¡Acá no manda la Southern ni su sirviente el gobierno peruano! ¡Acá manda democráticamente la asamblea de los pobladores de Cocachacra! ¡Vida sí, mina no!

Y triunfó, aunque le costó 3 muertos y más de 50 heridos.

Fueron persistentes, no quisieron “Ir a Lima para conversar con el gobierno”, no por soberbios, sino por el criterio democrático de que es la asamblea la que debe decidir y no los dirigentes. Respondieron: “Que vengan acá”, a conversar con la asamblea. Les pidieron “tregua hasta después de las elecciones”, correctamente se negaron a aceptar la engañosa “tregua”.

Es cierto que ellos decían que su lucha no era “política”, porque el pueblo peruano ha sido domesticado en que su única participación política debe ser “votar en las elecciones” y después dejar la política en manos de los “políticos profesionales” que seguirán defendiendo a los opresores.

El diccionario dice que política es cómo gobernar una sociedad, y esa es la lección que acaba de darnos Cocachacra: Es la sociedad en su conjunto la que debe gobernarse a sí misma.

¿Quién gobierna el Perú?

Los que lo gobiernan no son los que el Perú “elije”. Los verdaderos gobernantes son las voraces compañías multinacionales, a las que no les interesa un comino la población peruana ni la naturaleza. Se dedican a saquear nuestros “recursos naturales”, mediante la extracción del petróleo depredando la selva y contaminando sus ríos; depredando la sierra con la minería a tajo abierto, robando el agua de la agricultura y envenenándola; robando el agua y alterando la hidrografía para la construcción de hidroeléctricas para la minería (piensan desalojar miles de indígenas y campesinos de tres departamentos para construir una represa que dote de electricidad  a empresas establecidas en Brasil); instalando empresas agroindustriales que depredan el suelo con el monocultivo y el uso de agroquímicos, cultivando no para alimentar al Perú sino para exportar, cultivando agrocombustibles para alimentar a los carros, no a la gente; superexplotando a los obreros agrícolas.

Esas empresas tienen a su servicio a gobiernos, a la mayoría parlamentaria, a los grandes medios de comunicación (televisión, radio, prensa escrita), al ejército, a la policía (que acaba de asesinar impunemente a tres en Islay).

A todo eso llaman “progreso”, “El Perú avanza”. Y nos muestran cifras macroeconómicas de lo bien que está el Perú económicamente. Pero cuando vemos la situación de hambre, miseria y desocupación de la población entendemos lo que ese “progreso” significa: Saqueo de nuestras riquezas por las grandes compañías multinacionales (la bendita “inversión extranjera”), depredación de la naturaleza, aumento de la desocupación y el hambre de nuestro pueblo.

¿Quién ha de gobernar el Perú?

Ninguno de los 5 candidatos que están a la cabeza de las encuestas denuncia lo arriba expuesto ni dice que hay que acabar con eso.

Humala tímidamente ha dicho que respetará el derecho de consulta de los pueblos y que gravará a las empresas extractivas. Eso ha causado la furia del sistema que se lanza ferozmente contra él usando los grandes medios de comunicación en sus manos, acusándolo de “estatista” (él no ha planteado ni siquiera una tímida estatización). Alan García dice que 4 candidatos (Kuzinski, Castañeda, Toledo y Keiko) continuarán su “correcta política de progreso”.  Toledo lo llama “salto al vacío”. El gran capital siembra el miedo para que se mantengan inalterados sus privilegios.

Después de las elecciones

Lo que debemos hacer es aprender la lección que nos ha dado Cocachacra: “La lucha es el camino”.

Actualmente está luchando el pueblo de Espinar por defender el agua de la agricultura contra el robo del gobierno para la agroindustria, está luchando Canchis contra la hidroeléctrica de Salkapucara para la minería, están luchando los agricultores de Puno, Madre de Dios y Cusco contra la represa de Inambari que dará electricidad a capitalistas en Brasil, está luchando la población de Puno contra la minería, están luchando los amazónicos contra la contaminación del río Marañón, y muchos otros más.

Esperamos que esos luchadores se sientan fortalecidos e impulsados por el triunfo de Cocachacra, que coordinen entre sí.

Quien sea que entre al gobierno reprimirá al servicio de los grandes capitales. Probablemente si entra Humala le costará más, ya que la gente que quiere el cambio es la que ha de votar por él, pero también lo hará y así la gente aprenderá que sólo puede confiar en ella misma como lo hizo Cocachacra.

Cuando el Perú entero actúe como Cocachacra, conseguiremos el triunfo. Por eso: ¡Voto por Cocachacra! 

10 de abril de 2011


El Gobierno no debe ser capturado por los intereses empresariales

Entrevista a Javier Arellano Yanguas. Investigador de la Universidad de Deusto, España. Experto español afirma  que el  canon minero no generó desarrollo. Y que  el “óbolo minero” causó más conflictos. Impuesto a sobreganancias sería parte de la solución.

Por Richard Manrique.

¿Por qué suceden conflictos mineros como el de Islay (Arequipa)?

Yo creo que la población tiene razones de peso. Si viven de la agricultura y este proyecto los afectará, es normal que se opongan. Lo peor que puede hacer el Gobierno es utilizar la represión.  Está claro que la minería en el Perú no va ser sostenible si se hace contra la voluntad de la población.

¿Cuál es el problema de fondo?

Esto sucede cuando el Gobierno está capturado por intereses de las empresas (mineras). Si no ocurriera eso, todo sería más fácil para el sector. Deben tomarse en cuenta los Estudios de Impacto Ambiental y la participación de la población a través del derecho a la consulta. La mayoría de conflictos relacionados con la minería no son por gente que se opone radicalmente a dicha actividad, sino por la redistribución del canon. 

¿Y el canon ha traído buenos resultados?

En el periodo 2001-2009, según un estudio que realicé, las regiones que recibieron mayor canon minero no se desarrollaron económicamente respecto al resto. Esto no quiere decir que no hayan avanzado, sino que no han avanzado más que las otras regiones.

¿La realidad es la misma a nivel distrital?

He comparado los 97 distritos  que recibieron más canon en el periodo 1993-2007, es decir, las localidades aledañas a los grandes proyectos extractivos,  y tampoco han crecido más en comparación con otros distritos con iguales indicadores económicos y sociales.

¿No hay ninguna mejora?

Sí. La tendencia general es que el conjunto de distritos tiene una cobertura eléctrica mayor en 4% o 5% que el resto de localidades. Pero ese efecto desaparece si le restamos los 23 distritos de Áncash, en donde la empresa Antamina tiene un aporte positivo. Y más bien, se acentúan los resultados negativos respecto al acceso de agua potable en el hogar: entre 8% y 9% peor que el resto del país.

¿Cómo explica esa situación?

Las grandes mineras tienen muy poca capacidad de movilizar la economía de sus alrededores. Puede mejorar la economía de la capital de la región, en las zonas urbanas, pero no de los distritos aledaños, porque no dan trabajo a la gente del entorno, y las compras no se hacen en el entorno. Entonces, no hay capacidad de encadenamiento. Lo que queda de nexo entre las grandes extractivas y el desarrollo es el vínculo fiscal a través del canon minero, y allí es donde se producen los graves problemas en los últimos años.

¿Cuáles son?

Radica en el discurso del Gobierno y las empresas (mineras). El discurso oficial es que los gobiernos regionales son ineptos y corruptos, y no ejecutan bien el canon. Sin embargo, es errónea esa explicación. Se trata de un círculo vicioso más complejo.
Tienes por una parte que la población de alrededor de las minas sabe que las empresas perciben unas ganancias extraordinarias y se las están quedando, además tienen en sus manos el aporte voluntario (denominado óbolo minero). Entonces, las comunidades locales tienen muchos incentivos políticos para generar conflictos para capturar  parte de esa renta. Y a ello se les suman las peleas de distintos sectores de la población para capturar el canon.

¿Al final, cómo se logra distribuir el dinero?

Ante los conflictos sociales descritos, el Gobierno central y las empresas extractivas presionan a los gobiernos regionales para que gasten el dinero del canon lo más rápido posible, sumado también a la presión de la población. Así, al gobierno regional no le queda otra que generar empleo público, sea útil o improductivo, porque lo que importa solo es gastar el dinero. Lo que se busca es contentar a la gente en el corto plazo, y entonces no se logra un desarrollo (regional).

¿Un impuesto a las sobreganancias contribuiría a resolver estos problemas?

Es parte de la solución.  Pero más importante es modificar el régimen tributario y la regulación de las industrias extractivas. ¿Por qué? Para dar legitimidad al Estado, porque no todo es recaudar más impuestos. El Estado debe tener legitimidad, que los ciudadanos vean que defiende los intereses de los ciudadanos y que simplemente no está capturado por intereses empresariales.

¿En cuánto contribuyó el óbolo minero?

El óbolo minero estaba pensado como un mecanismo rápido para disminuir los conflictos. Pero  lo que ha hecho es exacerbar un tipo de conflicto distinto, al poner a las empresas mineras en el frente de todas las demandas sociales. El óbolo ha deslegitimado al Estado.

¿Gravar más a las mineras ahuyentaría la inversión?

No. Las empresas quieren estabilidad. Quieren hacer bien las cosas, y se encontrarían más a gustas con un modelo más estable, con menos conflictos y con más regulación del Estado.

“El próximo Gobierno tendrá que ser inclusivo”

¿Ha notado alguna propuesta electoral que resuelva los conflictos mineros?

Se han centrado solo en lo tributario. Y me parece insuficiente. Eso tan solo es una parte. Yo creo que el candidato que gane tendrá que abordar este tema con seriedad. Ir a un diseño de políticas que sean más inclusivas, que no se centren en las empresas extractivas, el Ministerio de Economía y Finanzas, y el Ministerio de Energía y Minas, como cosas muy técnicas, con las cuales se encierran en una habitación y de manera técnica llegan a una conclusión.

La población debe participar...

Hay que escuchar a la gente, porque la gente no es tonta. Deben participar diversos sectores, con políticas inclusivas. Eso generará un marco de estabilidad para que las mineras puedan operar.

Se acusa a las protestas de la población como reacciones ideológicas. ¿Es así?

Yo creo que algo mal están haciendo las extractivas y el Gobierno para que sucedan casos como el de Islay. La gente es calculadora y sabe bien qué les puede perjudicar. Las mineras no deben empujar proyectos en contra de la voluntad de la población, porque por sacar adelante un proyecto más, van a poner en riesgo proyectos que sí podrían ser importantes para el Perú.
  
FUENTE: La República (10/04/2011)