La Confederación Nacional de Comunidades del Perú Afectadas por la Minería, CONACAMI PERÚ, expresa su satisfacción por la decisión adoptada por el Gobierno Central al cancelar definitivamente el proyecto minero Tía María, que pretendía desarrollar la empresa Southern Perú en la provincia arequipeña de Islay.
Debemos tener en cuenta que el Ejecutivo al declarar inadmisible el Estudio de Impacto Ambiental del proyecto minero, debido a que algunas observaciones a este documento son insalvable, reafirma la posición de los pobladores del Valle del Tambo, quienes desde el inicio se pronunciaron en contra de la imposición minera en esa parte del país por los efectos negativos que ocasionaría en la agricultura y ganadería, principales fuentes de sustento para los ciudadanos de Islay.
Lamentamos, sin embargo, que se haya tenido que esperar que se registre la muerte de tres de nuestros hermanos de Islay para que cesen las intenciones de imponer la actividad minera en una zona donde la población libre y democráticamente se había pronunciado en contra de la misma.
Estas muertes pudieron haberse evitado si tal y como correspondía el EIA de Tía María hubiese sido rechazado tras conocerse el informe de la Oficina de las Naciones Unidas de Servicios para Proyectos (UNOPS), el cual reveló 132 observaciones, muchas de ellas insalvables, al documento en cuestión.
En estos momentos queremos resaltar la decidida acción de nuestros hermanos de Islay en la defensa de su medio ambiente, en la defensa del agua necesaria para el desarrollo de sus actividades y en la defensa de la vida misma.
Lo sucedido en estos días en Mollendo, Matarani, Cocachacra y otras localidades del Valle de Tambo debe dejarnos una serie de enseñanzas, de las que deben principalmente nuestras autoridades para que en el futuro antepongan los intereses y derechos de la ciudadanía y no el interés económico de las grandes empresas mineras.
En diversas localidades de nuestro país aun se encuentran pendientes de atención muchos conflictos generados por la imposición de actividades económicas ajenas a las comunidades dentro de sus territorios. No esperemos que ocurran más situaciones como en Islay o Bagua, aprendamos de nuestros errores y evitemos más hechos sangrientos.
Fuente: Conacami
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