Diversas organizaciones sociales rechazaron categóricamente la promulgación del Decreto Supremo 003-201, que faculta al gobierno autorizar el ingreso de transgénicos, poniendo en riesgo la biodiversidad del país. Los únicos beneficiados serían las grandes trasnacionales productoras de transgénicos.
La norma, promulgada por el Ministerio de Agricultura (Minag) el 15 de abril, aprueba el reglamento interno sectorial de bioseguridad para el uso de productos transgénicos denominados -Organismos Vivos Modificados (OVM)–, en actividades agropecuarias y forestales.
Para el director de Agronoticias, Reynaldo Trinidad, el decreto favorece a las transnacionales que producen este tipo de productos así como a los importadores de semillas, entre los que se encontraría el mismísimo asesor del Ministerio de Agricultura, Alexander Grobman.
Igualmente, informó que los agricultores que usen semillas transgénicas tendrían que pagar un royaltie de entre 50 y 100 dólares por hectárea a los dueños de dichas semillas, que en este caso se trataría de la firma Monsanto.
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